Ana Sofia Zuñiga Cabañez
Expediente 151/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Sofia Zuñiga Cabañez
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, a través del cual devuelve SIN DILIGENCIAR el exhorto 197/2021 (394/2021), que se envió para que dicha autoridad notificara personalmente a la quejosa Ana Sofía Zuñiga Cabañez, el proveído de siete de abril de dos mil veintiuno; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas y acúsese el recibo de estilo, sin necesidad de remitir el acuse respectivo, habida cuenta que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente. Ahora, toda vez que de las constancias que integran la comunicación oficial citada, se advierte que la actuaria judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, al constituirse en el domicilio designado por la quejosa para oír y recibir notificaciones en aquella ciudad, la persona que la atendió le refirió que ese lugar no guarda relación alguna con la quejosa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de abril de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vistos; los oficios 8685/2021 y anexos que lo acompañan, remitidos por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 252/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 151/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, toda vez que el acto de ejecución se llevará acabo donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. ESTUDIO Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". De la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado:***** En el caso, se considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El numeral trascrito contempla la causa de improcedencia relativa a que, previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debe observar el principio de definitividad, por lo que es necesario interponer el recurso o medio de defensa establecido en la ley ordinaria, por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, de conformidad con la causa de improcedencia aludida se tiene que el principio de definitividad en el juicio de amparo, consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables de la ley que rige el acto; lo anterior es así, toda vez que el principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa orientado a la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria los recursos o medios de defensa que procedan. Así, se tiene que para que pueda actualizarse la hipótesis de improcedencia aludida es necesario: I. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y; II. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que pueda tener por efecto revocar, modificar o anular el acto reclamado. En el caso, de la lectura de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: "El auto que se combate es la CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, que el C. Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Papantla de Olarte, Veracruz, decreta en el juicio antes señalado." Sentado lo anterior, se advierte que la quejosa no cumplió con el principio de definitividad, pues en contra del auto que decreta la caducidad de la instancia origen, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, que literalmente dice: En efecto, el aludido artículo 509 establece textualmente lo siguiente: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Asimismo, cabe traer a colación los diversos numerales 510, 512, 514, primer párrafo, 515, 516 y 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establecen: "ARTICULO 510. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo." "ARTICULO 512. La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto." "ARTÍCULO 514. Al interponerse la apelación se expresará el motivo que originó la inconformidad, los puntos que deben ser materia de la segunda instancia o los agravios que en concepto del apelante irrogue la resolución recurrida. [.]" "ARTICULO 515. Interpuesta una apelación el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando si la admite en ambos efectos o en uno sólo." "ARTICULO 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto..." "ARTICULO 517. Se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias; II. De los autos que paralizan o ponen término al juicio, haciendo imposible su terminación; III. De otras resoluciones que especifique la ley." De los preceptos anteriores se advierte que las partes en el juicio civil pueden interponer el recurso de apelación en contra de sentencias, autos que resuelvan un incidente y aquéllos que causan un daño irreparable en la sentencia, en los términos que establece el propio Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. En esa tesitura, puede apelar el litigante, si creyere haber recibido algún agravio, de modo que, si la solicitante de la protección constitucional pretende combatir el auto que decreta la caducidad dentro del juicio ordinario civil 613/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, es inconcuso que debió interponer, previamente a instar el juicio constitucional, el recurso de apelación, el cual, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para modificar o revocar el auto de que se duele el impetrante. Bajo esa óptica, de conformidad con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto del cual se duele la quejosa admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de apelación en términos del dispositivo referido, pues el mismo procede en contra de los autos que ponen término al juicio, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la viabilidad del juicio constitucional está condicionada a que si existe en contra del acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia, de rubro y texto, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sin que se esté en alguno de los casos de excepción que contempla el precitado numeral, en virtud de que el juicio de amparo indirecto de que se trata, no se promovió por persona extraña a la controversia de origen, dado que la quejosa es la parte actora en dicha controversia, ni se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Tampoco se impugnan actos que establezcan providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, alguna orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Por el contrario, lo que se reclama en la especie, según se ha visto, es el auto por el cual el Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, decretó la caducidad de la instancia del juicio ordinario civil 613/2015 de su índice; lo que al tenor de las razones que anteceden, es impugnable mediante el recurso de apelación que prevé el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz. En esa tesitura, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la interposición del recurso de apelación, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ana Sofía Zúñiga Cabañez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz, por su manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADO Téngase como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Armenta Pimentel, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la impetrante del amparo señaló como domicilio procesal uno ubicado en Xalapa de Enríquez, Veracruz, y que los terceros interesados también tienen su domicilio fuera del lugar donde este juzgado ejerce su jurisdicción; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia; y, artículo 4° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación. Gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional y seguro de reciprocidad en casos análogos, notifique personalmente el contenido del presente proveído a la quejosa Ana Sofía Zúñiga Cabañez en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número trescientos quince de la Avenida Ruiz Cortínez en Xalapa, Veracruz, Asimismo, deberá requerirlos para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y 27, fracción III, de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. De igual forma, se solicita al homólogo federal que una vez diligenciada en sus términos la comunicación oficial, se sirva remitir a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas únicamente por la vía electrónica; sin que resulte necesario solicitarle acuse de recibo, toda vez que el acuse de envío generado en el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), hace las veces del mismo. Finalmente, se faculta al juzgado exhortado para que habilite días y horas inhábiles, acuerde todo tipo de promociones, imponga medidas de apremio, y realice todas las actuaciones tendientes al desahogo de la actuación encomendada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, mediante proveído de siete de abril del año en curso, se giró el exhorto 197/2021 (394/2021) al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, sin que se advierta que se haya enviado, en tal virtud, en obvio de mayores dilaciones procesales, envíese la citada comunicación a fin de hacer del conocimiento de la parte quejosa el proveído de siete de abril de la presente anualidad, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de abril de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vistos; los oficios 8685/2021 y anexos que lo acompañan, remitidos por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 252/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 151/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, toda vez que el acto de ejecución se llevará acabo donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. ESTUDIO Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". De la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado:***** En el caso, se considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El numeral trascrito contempla la causa de improcedencia relativa a que, previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debe observar el principio de definitividad, por lo que es necesario interponer el recurso o medio de defensa establecido en la ley ordinaria, por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, de conformidad con la causa de improcedencia aludida se tiene que el principio de definitividad en el juicio de amparo, consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables de la ley que rige el acto; lo anterior es así, toda vez que el principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa orientado a la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria los recursos o medios de defensa que procedan. Así, se tiene que para que pueda actualizarse la hipótesis de improcedencia aludida es necesario: I. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y; II. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que pueda tener por efecto revocar, modificar o anular el acto reclamado. En el caso, de la lectura de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: "El auto que se combate es la CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, que el C. Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Papantla de Olarte, Veracruz, decreta en el juicio antes señalado." Sentado lo anterior, se advierte que la quejosa no cumplió con el principio de definitividad, pues en contra del auto que decreta la caducidad de la instancia origen, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, que literalmente dice: En efecto, el aludido artículo 509 establece textualmente lo siguiente: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Asimismo, cabe traer a colación los diversos numerales 510, 512, 514, primer párrafo, 515, 516 y 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establecen: "ARTICULO 510. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo." "ARTICULO 512. La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto." "ARTÍCULO 514. Al interponerse la apelación se expresará el motivo que originó la inconformidad, los puntos que deben ser materia de la segunda instancia o los agravios que en concepto del apelante irrogue la resolución recurrida. [.]" "ARTICULO 515. Interpuesta una apelación el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando si la admite en ambos efectos o en uno sólo." "ARTICULO 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto..." "ARTICULO 517. Se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias; II. De los autos que paralizan o ponen término al juicio, haciendo imposible su terminación; III. De otras resoluciones que especifique la ley." De los preceptos anteriores se advierte que las partes en el juicio civil pueden interponer el recurso de apelación en contra de sentencias, autos que resuelvan un incidente y aquéllos que causan un daño irreparable en la sentencia, en los términos que establece el propio Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. En esa tesitura, puede apelar el litigante, si creyere haber recibido algún agravio, de modo que, si la solicitante de la protección constitucional pretende combatir el auto que decreta la caducidad dentro del juicio ordinario civil 613/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, es inconcuso que debió interponer, previamente a instar el juicio constitucional, el recurso de apelación, el cual, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para modificar o revocar el auto de que se duele el impetrante. Bajo esa óptica, de conformidad con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto del cual se duele la quejosa admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de apelación en términos del dispositivo referido, pues el mismo procede en contra de los autos que ponen término al juicio, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la viabilidad del juicio constitucional está condicionada a que si existe en contra del acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia, de rubro y texto, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sin que se esté en alguno de los casos de excepción que contempla el precitado numeral, en virtud de que el juicio de amparo indirecto de que se trata, no se promovió por persona extraña a la controversia de origen, dado que la quejosa es la parte actora en dicha controversia, ni se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Tampoco se impugnan actos que establezcan providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, alguna orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Por el contrario, lo que se reclama en la especie, según se ha visto, es el auto por el cual el Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, decretó la caducidad de la instancia del juicio ordinario civil 613/2015 de su índice; lo que al tenor de las razones que anteceden, es impugnable mediante el recurso de apelación que prevé el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz. En esa tesitura, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la interposición del recurso de apelación, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ana Sofía Zúñiga Cabañez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz, por su manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADO Téngase como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Armenta Pimentel, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la impetrante del amparo señaló como domicilio procesal uno ubicado en Xalapa de Enríquez, Veracruz, y que los terceros interesados también tienen su domicilio fuera del lugar donde este juzgado ejerce su jurisdicción; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia; y, artículo 4° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación. Gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional y seguro de reciprocidad en casos análogos, notifique personalmente el contenido del presente proveído a la quejosa Ana Sofía Zúñiga Cabañez en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número trescientos quince de la Avenida Ruiz Cortínez en Xalapa, Veracruz, Asimismo, deberá requerirlos para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y 27, fracción III, de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. De igual forma, se solicita al homólogo federal que una vez diligenciada en sus términos la comunicación oficial, se sirva remitir a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas únicamente por la vía electrónica; sin que resulte necesario solicitarle acuse de recibo, toda vez que el acuse de envío generado en el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), hace las veces del mismo. Finalmente, se faculta al juzgado exhortado para que habilite días y horas inhábiles, acuerde todo tipo de promociones, imponga medidas de apremio, y realice todas las actuaciones tendientes al desahogo de la actuación encomendada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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