Anai Lira Raya
Expediente 1391/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1391/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Anai Lira Raya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. EXHIBE GARANTÍA Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, al que acompaña el billete de depósito número N 898263, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que ampara la suma de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) misma que se le fijó como garantía con motivo de la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión en que se actúa; en esa virtud, téngase a la parte quejosa cumpliendo con la obligación impuesta; lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Hágase entrega del referido billete a la encargada de la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional, para su registro y guarda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1391/2023, promovido por Anaí Lira Raya, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. EL JUEZ: Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VIII- 1391/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de noviembre de la presente anualidad, ANAHÍ LIRA RAYA, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de noviembre siguiente, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como acto reclamado a la Jueza Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial: ".EL NULO EMPLAZAMIENTO A JUICIO A MI PODERDANTE (Sic) Y QUE NUNCA FUE PRACTICADO POR LA RESPONSABLE, dentro del juicio Sumario Civil Hipotecario con número de expediente 483/2016 de los índices del Juzgado Cuarto Civil del Distrito de Morelia, Michoacán." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Por lo que respecta a los efectos y consecuencias del acto reclamado, entendiéndose por tales los relativos al procedimiento de origen, traducidos en la posible desposesión y privación de la propiedad predio rustico denominado "El Manzanillal", ubicado en el rancho de Turirán, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, y una fracción que se desprende del predio rustico denominado "El Manzanillal" y Potrero de la Orilla del Agua", ubicado en el rancho de Turirán, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, respecto de los cuales la quejosa se ostenta propietaria, que son susceptibles a la medida cautelar solicitada, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en relación a los efectos del acto reclamado, como ya se dijo, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, como lo es que, de ejecutarse los actos y sus consecuencias, se podría privar a la quejosa de la posesión y propiedad de los inmuebles que aduce son de su dominio. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, pues el hecho de que la amparista solicite la suspensión provisional da la presunción de un interés para obtenerla al menos en forma indiciaria, al manifestar en su libelo que ella es poseedora y propietaria del inmueble en comento, además de exhibir copia fotostática certificada del contrato compraventa con Luis Humberto Bueno Fierros, documento con el que se permite establecer que se tiene acreditado al menos en forma indiciaria, el interés que le asiste para obtener la medida suspensiva que solicita. Además de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. Máxime, que en la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos del acto reclamado, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, que al menos de manera indiciaria acredita el interés que le asiste para obtener la medida que solicita con las documentales que adjuntó a su libelo, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 128 en relación con el diverso precepto 139 y 151 todos de la Ley de Amparo; además, que refiere ser tercera extraña al no ser parte en el procedimiento de origen; SE CONCEDE a Anaí Lira Raya, la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran con el fin de que la quejosa no sea privada de la posesión y propiedad del predio rustico denominado "El Manzanillal", ubicado en el rancho de Turirán, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, y una fracción que se desprende del predio rústico denominado "El Manzanillal" y Potrero de la Orilla del Agua", ubicado en el rancho de Turirán, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, ni se realicen actos que tiendan a privarla de los derechos que tiene respecto de dichos inmuebles. Lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. Sirve de apoyo: "Época: Novena Época Registro: 187053 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Común Tesis: XVII.4o.1 K Página: 1364 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SI EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, PROCEDE SU CONCESIÓN. El interés público que existe para que se cumplimenten las sentencias ejecutorias, sólo subsiste cuando lo resuelto en éstas constituye la verdad constitucional y legal para el quejoso; pero tal interés no surge cuando la resolución jurisdiccional carece de la fuerza legal, definitiva e inmodificable que le atribuye la ley frente a las partes litigantes, porque al continuar sub júdice la decisión de los tribunales, ya no puede representar válidamente la verdad de la ley ante la sociedad, como sucede cuando en un juicio de amparo indirecto se reclaman los actos de ejecución de una sentencia, ostentándose el peticionario de la suspensión del acto reclamado como tercero extraño al juicio, caso en que resulta procedente otorgarle la suspensión provisional de los actos reclamados emitidos dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, si se satisfacen los demás requisitos fijados en la ley, pues no existe esa vinculación definitiva y total de la resolución para con el quejoso." Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante la propia quejosa, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte impetrante no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la autoridad responsable, la que quedará en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia que sigue: "Época: Novena Época Registro: 202563 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.3o.C. J./3 Página: 571 "SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la citada ley que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." La suspensión que se concede NO SURTIRÁ SUS EFECTOS, en caso de que a la fecha ya se hubieren ejecutado los actos reclamados, es decir, si ya se desposeyó a la amparista de los mencionados inmuebles, lo que no la autoriza entrar nuevamente en posesión de los mismos; tal medida tampoco surtirá sus efectos, si los actos reclamados son de fecha posterior a la presentación de la demanda. Determinación anterior, que habrá de notificarse a la parte tercero interesada una vez que sea emplazada. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que, en caso de que no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior, no surtirá efectos en caso de que se haya ejecutado una orden de autoridad judicial, en la que se haya determinado que la guarda y custodia corresponden a su contraparte en el juicio de origen. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a ANAHÍ LIRA RAYA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1391/2023, promovido por Anaí Lira Raya, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. EL JUEZ: Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VIII- 1391/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de noviembre de la presente anualidad, ANAHÍ LIRA RAYA, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de noviembre siguiente, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como acto reclamado a la Jueza Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial: ".EL NULO EMPLAZAMIENTO A JUICIO A MI PODERDANTE (Sic) Y QUE NUNCA FUE PRACTICADO POR LA RESPONSABLE, dentro del juicio Sumario Civil Hipotecario con número de expediente 483/2016 de los índices del Juzgado Cuarto Civil del Distrito de Morelia, Michoacán." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Por lo que respecta a los efectos y consecuencias del acto reclamado, entendiéndose por tales los relativos al procedimiento de origen, traducidos en la posible desposesión y privación de la propiedad predio rustico denominado "El Manzanillal", ubicado en el rancho de Turirán, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, y una fracción que se desprende del predio rustico denominado "El Manzanillal" y Potrero de la Orilla del Agua", ubicado en el rancho de Turirán, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, respecto de los cuales la quejosa se ostenta propietaria, que son susceptibles a la medida cautelar solicitada, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en relación a los efectos del acto reclamado, como ya se dijo, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, como lo es que, de ejecutarse los actos y sus consecuencias, se podría privar a la quejosa de la posesión y propiedad de los inmuebles que aduce son de su dominio. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, pues el hecho de que la amparista solicite la suspensión provisional da la presunción de un interés para obtenerla al menos en forma indiciaria, al manifestar en su libelo que ella es poseedora y propietaria del inmueble en comento, además de exhibir copia fotostática certificada del contrato compraventa con Luis Humberto Bueno Fierros, documento con el que se permite establecer que se tiene acreditado al menos en forma indiciaria, el interés que le asiste para obtener la medida suspensiva que solicita. Además de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. Máxime, que en la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos del acto reclamado, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, que al menos de manera indiciaria acredita el interés que le asiste para obtener la medida que solicita con las documentales que adjuntó a su libelo, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 128 en relación con el diverso precepto 139 y 151 todos de la Ley de Amparo; además, que refiere ser tercera extraña al no ser parte en el procedimiento de origen; SE CONCEDE a Anaí Lira Raya, la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran con el fin de que la quejosa no sea privada de la posesión y propiedad del predio rustico denominado "El Manzanillal", ubicado en el rancho de Turirán, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, y una fracción que se desprende del predio rústico denominado "El Manzanillal" y Potrero de la Orilla del Agua", ubicado en el rancho de Turirán, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, ni se realicen actos que tiendan a privarla de los derechos que tiene respecto de dichos inmuebles. Lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. Sirve de apoyo: "Época: Novena Época Registro: 187053 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Común Tesis: XVII.4o.1 K Página: 1364 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SI EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, PROCEDE SU CONCESIÓN. El interés público que existe para que se cumplimenten las sentencias ejecutorias, sólo subsiste cuando lo resuelto en éstas constituye la verdad constitucional y legal para el quejoso; pero tal interés no surge cuando la resolución jurisdiccional carece de la fuerza legal, definitiva e inmodificable que le atribuye la ley frente a las partes litigantes, porque al continuar sub júdice la decisión de los tribunales, ya no puede representar válidamente la verdad de la ley ante la sociedad, como sucede cuando en un juicio de amparo indirecto se reclaman los actos de ejecución de una sentencia, ostentándose el peticionario de la suspensión del acto reclamado como tercero extraño al juicio, caso en que resulta procedente otorgarle la suspensión provisional de los actos reclamados emitidos dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, si se satisfacen los demás requisitos fijados en la ley, pues no existe esa vinculación definitiva y total de la resolución para con el quejoso." Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante la propia quejosa, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte impetrante no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la autoridad responsable, la que quedará en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia que sigue: "Época: Novena Época Registro: 202563 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.3o.C. J./3 Página: 571 "SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la citada ley que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." La suspensión que se concede NO SURTIRÁ SUS EFECTOS, en caso de que a la fecha ya se hubieren ejecutado los actos reclamados, es decir, si ya se desposeyó a la amparista de los mencionados inmuebles, lo que no la autoriza entrar nuevamente en posesión de los mismos; tal medida tampoco surtirá sus efectos, si los actos reclamados son de fecha posterior a la presentación de la demanda. Determinación anterior, que habrá de notificarse a la parte tercero interesada una vez que sea emplazada. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que, en caso de que no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior, no surtirá efectos en caso de que se haya ejecutado una orden de autoridad judicial, en la que se haya determinado que la guarda y custodia corresponden a su contraparte en el juicio de origen. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a ANAHÍ LIRA RAYA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. REMISIÓN DE EXPEDIENTE Y ANEXOS A TRIBUNAL DE ALZADA Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que mediante proveído de seis de noviembre del año en curso, se tuvo interpuesto el recurso de revisión que hizo valer el quejoso Sergio Gómez Pulido, en contra de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa; así como que todas las partes dentro del presente expediente han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata; en tal virtud, se provee lo siguiente: Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase el juicio de amparo en que se actúa; un tomo de pruebas; así como el escrito original de agravios y copia correspondiente al agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del citado medio de impugnación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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