Ana Valeria Alonso Aveleyra

Expediente 1059/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Ana Valeria Alonso Aveleyra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De lo anterior, este juzgado toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Ana Valeria Alonso Aveleyra; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. PRECISIÓN DE PUNTO A CUMPLIR DE EJECUTORIA En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la autoridad responsable para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: Para el caso de que a la fecha no haya cerrado la etapa probatoria, y aún existen pruebas pendientes por desahogar, provea lo que corresponda para impulsar su desahogo dentro del juicio laboral 3A-1877/2019. SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que haya lugar a notificar la presente determinación a autoridad alguna en cuanto superior jerárquico de la junta responsable, toda vez que no tiene superioridad alguna que sea corresponsable ante la falta de cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE VI-1059/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-1059/2023, promovido por********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 13623, para su acuerdo. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Glósese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; mediante el cuales rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la presente audiencia constitucional. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería el mismo. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería el mismo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad responsable remitió un legajo de copias certificadas relativas al juicio laboral 3A-1877/2019 de su índice, con el cual se ordenó formar un tomo de pruebas por separado; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 689/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VI-1059/2023, promovido por********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diez de agosto de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal,********************, promovió demanda de amparo indirecto contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°,14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En once de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se ordenó formar el expediente VI-1059/2023; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, previo diferimiento, la que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de la responsable de ordenar el cierre de instrucción y emitir el laudo dentro del juicio laboral número 3A-1877/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia de la omisión que se le reclama. En esos términos, en razón de que la responsable aceptó la omisión que se le reclama, lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, dicha existencia de la omisión reclamada se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió relativas al juicio de origen 3A-1877/2019. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de la que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Por lo que respecta al acto que por esta vía se reclama, debe decirse, que no hay término para la presentación de la demanda de amparo, pues se trata de un acto de abstención por parte de la autoridad responsable, el cual puede reclamarse en cualquier tiempo, además, el término razonable de que habla el precepto Constitucional no está definido en forma precisa, por lo que, no puede tomarse como base ningún día para iniciar el término para computar la oportunidad de la demanda, ni puede obligarse a nadie, tratándose de abstenciones, a que promueva el amparo antes de que estime que hacerlo conviene a su derecho; por tanto, la demanda se encuentra presentada en tiempo, sin encontrarse sujeta al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis del texto literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 178476 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Común Tesis: III.5o.C.21 K Página: 1451 DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE MPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso concreto las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Es fundado el único concepto de violación expuesto por la parte quejosa. En esencia, la requirente de protección de garantías alude que la omisión en que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, ha omitido decretar el cierre de instrucción y dictar el laudo respectivo, vulnera en su perjuicio la pronta y expedita impartición de justicia, prerrogativa consagrada en el artículo 17 Constitucional, la cual impone a los tribunales a impartir justicia en los términos establecidos en las leyes que rige el acto. No obstante, de las constancias que la responsable remitió con su informe justiciado, se aprecia que en el juicio natural desde el veinte de septiembre de dos mil veintidós, se proveyó sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas, mismas de acuerdo a lo proveído por la responsable el doce de junio de dos mil veintitrés, aún no han sido desahogadas en su totalidad, sin que a la fecha se haya proveído sobre el impulso procesal de dicha etapa. Al respecto asiste razón a la demandante de amparo al referir que se viola en su perjuicio el derecho consagrado en artículo 17 Constitucional. Ello es así, porque el justiciable goza de los derechos fundamentales que otorga a su favor la Constitución Federal, entre los que destaca la impartición de justicia pronta. Efectivamente, la junta responsable como órgano de administración de justicia en el ramo del derecho del trabajo, está compelido por disposición constitucional a tramitar las controversias que son de su conocimiento, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo o en las legislaciones aplicables de manera supletoria, a efecto de que pronuncie el laudo con que dirima la litis en la temporalidad que para tal efecto previene el citado ordenamiento legal. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" De la interpretación literal de la invocada disposición primaria permite advertir una obligación dirigida a los órganos de impartición de justicia (como en el caso acontece con la junta responsable), que de suyo los constriñe a resolver las controversias sujetas a su potestad dentro de los lapsos de tiempo establecidos en los ordenamientos legales que regulan su función, con el objeto de que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como se anticipó, tales argumentos resultan fundados, toda vez que de las constancias aportadas por la responsable se conoce que la aquí quejosa demandó ante la responsable a Total Play S.A. de C.V., Gelsam Consultores S.A. de C.V. y quien resulte responsable, propietario, usufructuario, beneficiario o arrendatario de la fuente de trabajo ubicada en avenida Camelinas y/o periférico Paseo de la República, número 2376, colonia Bosques Camelinas, código postal 58290, en esta ciudad, radicándose el juicio laboral 3A-1877/2019, que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se proveyó sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofertadas; que a la fecha aún no se han desahogado en su totalidad, al menos no hasta antes de que la responsable rindiera su informe justificado esto es, hasta el treinta de agosto del año en curso. Luego, como ya se mencionó los actos que por esta vía reclama el quejoso consisten en la omisión de decretar el cierre de instrucción y la emisión del laudo respectivo en el expediente laboral 3A-1877/2023, del índice de la Junta responsable. Como se señaló, la parte quejosa en su demanda de amparo se duele de la dilación en que incurre la junta señalada responsable al no decretar el cierre de instrucción ni emitir el laudo respectivo, puesto que ha transcurrido con exceso el término de diez días a que hace referencia los artículos 885, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, considerando que tal proceder es atentatorio de su derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal. Tal argumento como se anunció, es fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, como se verá a continuación: El artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 604, Tomo XXII, y 1013, Tomo XLVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 "ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. Amparo civil directo 1485/25. Lukín viuda de Schacht Catalina y coagraviados. 13 de marzo de 1928. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 "ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada. En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Precisado lo anterior, conviene señalar el contenido de los artículos 685, 686, 750, 771, 871, 872 y 873, de la vigente Ley Federal del Trabajo de aplicación. "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley.". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.." "Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta." "Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandado haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." Del contenido de los artículos trascritos, se colige que el trámite del derecho laboral es inmediato, teniendo la autoridad la obligación de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, en modo tal que se cumpla con el imperativo de dar celeridad a los juicios, ya que en su defecto se alargarían indefinidamente. Asimismo, que el procedimiento laboral inicia con la presentación del escrito de demanda, la cual se turna al Pleno o a la Junta que corresponda el mismo día, antes de que concluyan las labores, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento de su recepción, se dictará el acuerdo en el que se señale hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda; acuerdo que debe notificarse personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia, cuando menos. Lo anterior, particularmente, para que el demandado prepare sus defensas y pruebas. Una vez concluido el periodo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y desahogadas las pruebas pendientes, el auxiliar, de oficio declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de la ley en cita. En el caso a estudio, en el juicio de origen hasta el doce de junio de dos mil veintitrés, la junta responsable determinó que todavía quedaban pruebas pendientes por desahogarse; sin embargo, hasta antes de rendir su informe justificado (treinta de agosto de la presente anualidad), la responsable no se pronunció sobre el impulso que correspondería a esa etapa procesal, no obstante haber transcurrido casi más de un año desde que se apertura la etapa probatoria. De ahí que la responsable pasó por alto el contenido del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, dado que ha sido omisa en proveer lo que corresponda para impulsar la etapa probatoria, lo que evidencia su actuar de manera contraria a los términos previstos por la ley, generando una violación en perjuicio del gobernado. Así, es claro que la actuación de la responsable violenta derechos humanos del quejoso, específicamente, el derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 constitucional, el cual entre otros aspectos, como ya se dijo, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente, circunstancia que como se acaba de demostrar no aconteció en el caso a estudio. Consecuentemente lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado a la parte quejosa. Ahora, a fin de establecer cuáles son los efectos para los que se habrá de conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, es necesario precisar lo siguiente: El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter negativo, produce el doble efecto de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Por lo tanto, si el artículo 17 constitucional, en la parte que interesa, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, debe otorgarse el amparo para que respete y cumpla lo que exige dicho precepto constitucional. Sin embargo, los alcances de dicha protección federal deben limitarse a la etapa procesal específica donde ocurrió la violación, pues así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CV/2013 (10ª.) de rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. De ahí, que si se tiene en cuenta que la parte quejosa compareció a reclamar en la presente instancia constitucional, substancialmente, la omisión de la junta responsable de decretar el cierre de instrucción y dictar el laudo correspondiente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para el efecto de que dicha autoridad, en el ámbito de su competencia, realice lo siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya cerrado la etapa probatoria, y aún existen pruebas pendientes por desahogar, provea lo que corresponda para impulsar su desahogo dentro del juicio laboral 3A-1877/2019. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción II de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, respecto de la omisión reprochada a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y de su presidente, por las razones y para los efectos precisados en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. FORMULA ALEGATOS Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene por hechas las diversas manifestaciones que vierte en el ocurso de cuenta en vía de alegatos, de las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional correspondiente. En cuanto a su solicitud en el sentido de que se le expida copia de la resolución que se dicte en autos, una vez que ello acontezca expídasele la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

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