Anahí Trinidad Castillo

Expediente 290/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
290/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Anahí Trinidad Castillo y Otros.
  • Anahí Trinidad Castillo
  • Alejandro Chávez Barriga
  • Alejandro Chávez Barriga y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés.********************CUENTA CON AUTOS.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el once de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente asunto, promovido por********************por tanto, se acuerda lo siguiente.********************Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO ********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo.********************DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Finalmente, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo plenario, destrúyase el mismo una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Notifíquese. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra actos de la Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y Género, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, ********************, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y Género, en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación; y,. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte como acto reclamado a la autoridad responsable, el siguiente: La resolución emitida el uno de abril de dos mil veintiuno dentro del número único de caso ********************, número de expediente ********************, en la que se decretó como medida de protección de emergencia y preventiva, la separación inmediata de Alberto ********************, del domicilio ubicado en la calle ********************, de esta ciudad (habitado por ********************; medida que se estableció por un término de sesenta días naturales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y Género, en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado; además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. Análisis de causa de improcedencia. Ahora, toda vez que el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe estudiar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la haga valer alguna de las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio. En ese orden, de oficio, este Juzgador considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto de la medida de protección reclamada por el aquí quejoso, al quedar consumada de modo irreparable, conforme a los razonamientos que enseguida se exponen. En primer término, se trae a contexto el invocado numeral 61, fracción XVI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable; [.]." Conforme al precepto reproducido con antelación, se advierte que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Al respecto, es conveniente destacar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, para lo cual se invoca el diverso precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]." Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que, por actos consumados de modo irreparable, debe entenderse aquéllos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que, para el caso de que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable que se examina, es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que, si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien, aun cuando las consecuencias materiales que produjeron pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis que dice: Registro digital: 323032 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXII, página 1478 Tipo: Aislada "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad". Asimismo, resulta aplicable la tesis que dice: Registro digital: 219471 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Mayo de 1992, página 537 Tipo: Aislada "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven". Lo anterior se corrobora, si se tiene presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho humano, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada contrario sensu -esto es, en sentido contrario-, en relación con el indicado numeral 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, la cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. En ese orden, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por lo tanto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí, que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de derechos en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Acorde con lo anterior, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente -jurídica y materialmente- del derecho que tiene tutelado, y que sostiene le fue transgredido. Al caso concreto es aplicable la tesis del siguiente contenido: Época: Octava Época Registro: 209662 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. 150 K Página: 325 "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". Una vez desarrolladas las premisas sobre las que descansa dicha causa de improcedencia, en el caso, como se ha evidenciado, los quejosos reclaman la medida de protección dictada en su contra, el uno de abril de dos mil veintiuno dentro del número único de caso ********************, número de expediente ********************, en la que se decretó como medida de protección de emergencia y preventiva, la separación inmediata de ********************, del domicilio ubicado en la calle ********************, de esta ciudad, habitado por ********************; medida que se estableció por un término de sesenta días naturales. Ahora de las constancias remitidas se pone de manifiesto que esa medida se ejecutó el seis de abril de dos mil veintiuno, en punto de las nueve horas con treinta y cuatro minutos, puesto que se desalojó a los ahora quejosos del domicilio señalado en líneas anteriores. De igual forma, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó que la referida medida de protección en contra del aquí justiciable, tendría una temporalidad de sesenta días, y que dicha medida fue ratificada por el juez de control en la Región Morelia, en audiencia de doce de abril de dos mil veintiuno. En las relatadas circunstancias, como la subsistencia de la medida de protección fue limitada a cierto tiempo, es claro que esa medida se ejecutó y fue confirmada por el juez de control; aunado a que a la fecha en que se resuelve, tal providencia concluyó, y por tanto, dejó de surtir sus efectos, pues los peticionarios de amparo no demostraron con prueba alguna que la misma continuara vigente una vez transcurrido dicho término. Bajo esa perspectiva, resulta inconcuso que la multicitada medida de protección dictada en contra de los quejosos y que se reclama en la presente instancia constitucional, se consumó de modo irreparable, precisamente, por haberse ejecutado, así como por haber fenecido su vigencia el treinta de mayo de dos mil veintiuno, puesto que la medida se notificó a los quejosos el uno de abril de dos mil veintiuno, sin que se emitiera diversa determinación en la que se ordenara su prórroga o subsistencia, pues no obran medios de convicción de los cuales se pudiera advertir tal circunstancia, aunado a que, se insiste, los peticionarios de derechos tampoco los ofrecieron De ahí que ningún beneficio conllevaría a los promoventes la concesión eventual del amparo respecto de la medida de protección reclamada, toda vez que sería imposible restituirlos en el goce de los derechos humanos que estimaron violados, por resultar físicamente imposible devolver temporalmente las cosas al estado que guardaban, ya que a la fecha en que se actúa, ese acto se consumó en todos sus efectos. Así es, lo narrado líneas arriba permite concluir que se actualiza la causa de improcedencia analizada, ya que a ningún fin práctico conduciría examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues, se reitera, para una eficaz concesión del amparo, debe atenderse a la reparabilidad física y material de tal acto, siendo que en la especie, física y materialmente se consumó de un modo irreparable el mismo. Es aplicable, por las razones que contiene, la tesis jurisprudencial P./J. 90/97 definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: 'SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.'; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, página 9). Luego, al actualizarse el referido motivo de improcedencia contemplado en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por todo lo anterior, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por los quejosos, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Es orientador por no ser contrario a la actual Ley de Amparo, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción II de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ********************, contra el acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de febrero de dos mil veintidós. DOY FE.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra actos de la Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y Género, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, ********************, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y Género, en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación; y,. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte como acto reclamado a la autoridad responsable, el siguiente: La resolución emitida el uno de abril de dos mil veintiuno dentro del número único de caso ********************, número de expediente ********************, en la que se decretó como medida de protección de emergencia y preventiva, la separación inmediata de Alberto ********************, del domicilio ubicado en la calle ********************, de esta ciudad (habitado por ********************; medida que se estableció por un término de sesenta días naturales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y Género, en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado; además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. Análisis de causa de improcedencia. Ahora, toda vez que el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe estudiar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la haga valer alguna de las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio. En ese orden, de oficio, este Juzgador considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto de la medida de protección reclamada por el aquí quejoso, al quedar consumada de modo irreparable, conforme a los razonamientos que enseguida se exponen. En primer término, se trae a contexto el invocado numeral 61, fracción XVI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable; [.]." Conforme al precepto reproducido con antelación, se advierte que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Al respecto, es conveniente destacar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, para lo cual se invoca el diverso precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]." Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que, por actos consumados de modo irreparable, debe entenderse aquéllos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que, para el caso de que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable que se examina, es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que, si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien, aun cuando las consecuencias materiales que produjeron pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis que dice: Registro digital: 323032 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXII, página 1478 Tipo: Aislada "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad". Asimismo, resulta aplicable la tesis que dice: Registro digital: 219471 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Mayo de 1992, página 537 Tipo: Aislada "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven". Lo anterior se corrobora, si se tiene presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho humano, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada contrario sensu -esto es, en sentido contrario-, en relación con el indicado numeral 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, la cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. En ese orden, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por lo tanto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí, que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de derechos en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Acorde con lo anterior, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente -jurídica y materialmente- del derecho que tiene tutelado, y que sostiene le fue transgredido. Al caso concreto es aplicable la tesis del siguiente contenido: Época: Octava Época Registro: 209662 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. 150 K Página: 325 "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". Una vez desarrolladas las premisas sobre las que descansa dicha causa de improcedencia, en el caso, como se ha evidenciado, los quejosos reclaman la medida de protección dictada en su contra, el uno de abril de dos mil veintiuno dentro del número único de caso ********************, número de expediente ********************, en la que se decretó como medida de protección de emergencia y preventiva, la separación inmediata de ********************, del domicilio ubicado en la calle ********************, de esta ciudad, habitado por ********************; medida que se estableció por un término de sesenta días naturales. Ahora de las constancias remitidas se pone de manifiesto que esa medida se ejecutó el seis de abril de dos mil veintiuno, en punto de las nueve horas con treinta y cuatro minutos, puesto que se desalojó a los ahora quejosos del domicilio señalado en líneas anteriores. De igual forma, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó que la referida medida de protección en contra del aquí justiciable, tendría una temporalidad de sesenta días, y que dicha medida fue ratificada por el juez de control en la Región Morelia, en audiencia de doce de abril de dos mil veintiuno. En las relatadas circunstancias, como la subsistencia de la medida de protección fue limitada a cierto tiempo, es claro que esa medida se ejecutó y fue confirmada por el juez de control; aunado a que a la fecha en que se resuelve, tal providencia concluyó, y por tanto, dejó de surtir sus efectos, pues los peticionarios de amparo no demostraron con prueba alguna que la misma continuara vigente una vez transcurrido dicho término. Bajo esa perspectiva, resulta inconcuso que la multicitada medida de protección dictada en contra de los quejosos y que se reclama en la presente instancia constitucional, se consumó de modo irreparable, precisamente, por haberse ejecutado, así como por haber fenecido su vigencia el treinta de mayo de dos mil veintiuno, puesto que la medida se notificó a los quejosos el uno de abril de dos mil veintiuno, sin que se emitiera diversa determinación en la que se ordenara su prórroga o subsistencia, pues no obran medios de convicción de los cuales se pudiera advertir tal circunstancia, aunado a que, se insiste, los peticionarios de derechos tampoco los ofrecieron De ahí que ningún beneficio conllevaría a los promoventes la concesión eventual del amparo respecto de la medida de protección reclamada, toda vez que sería imposible restituirlos en el goce de los derechos humanos que estimaron violados, por resultar físicamente imposible devolver temporalmente las cosas al estado que guardaban, ya que a la fecha en que se actúa, ese acto se consumó en todos sus efectos. Así es, lo narrado líneas arriba permite concluir que se actualiza la causa de improcedencia analizada, ya que a ningún fin práctico conduciría examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues, se reitera, para una eficaz concesión del amparo, debe atenderse a la reparabilidad física y material de tal acto, siendo que en la especie, física y materialmente se consumó de un modo irreparable el mismo. Es aplicable, por las razones que contiene, la tesis jurisprudencial P./J. 90/97 definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: 'SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.'; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, página 9). Luego, al actualizarse el referido motivo de improcedencia contemplado en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por todo lo anterior, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por los quejosos, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Es orientador por no ser contrario a la actual Ley de Amparo, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción II de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ********************, contra el acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de febrero de dos mil veintidós. DOY FE.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 290/2021 promovido por Alejandro Chávez Barriga y Anahí Trinidad Castillo contra actos del Agente del Ministerio Púbico adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resultó el carácter de tercero interesado a José Luis Chávez Santoyo, quien fue debidamente emplazado al presente juicio como se corrobora de las constancias que obran en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de General de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda; asimismo, obran las documentales que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe y a su oficio de uno de diciembre de dos mil veintiuno, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación MOR/053/25835/2021, con número único de caso 1003202112186, medios de convicción que se tuvieron por admitidos y desahogados, dada su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, a través del pedimento 118/2021, presentado ante el oficial de partes de este órgano jurisdiccional el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. EL JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA

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