Anabel Iglecia Castro
Expediente 833/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Anabel Iglecia Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la pieza postal que contiene el siguiente oficio: Oficio Autoridad responsable Acuse 27844 5. Secretaría de Educación Pública del estado de Veracruz. Xalapa, Veracruz La cual se envió con la finalidad de notificar el contenido del proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, por el cual se le hace del conocimiento del recurso de queja interpuesto en autos. Ahora bien, en atención al estado procesal de autos de los que se advierta que la responsable en su informe justificado autorizó para oír y recibir notificaciones la vía electrónica mediante el usuario ********************Por tanto, se ordena a la actuaria adscrita a este juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, notificarle a la autoridad responsable el contenido de la determinación judicial de veintiuno de septiembre pasado, a fin de que imponga de su contenido. Notifíquese en términos de ley. En consecuencia, como se encuentra ordenado líneas anteriores con esta fecha se notifica a la autoridad responsable Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, el diverso proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado legal y Subdirector Jurídico de la 4. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con residencia en la Ciudad de México; en atención al escrito de cuenta, se tiene INTERPONIENDO RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintiocho de agosto de la presente anualidad en términos del artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, notifíquese a las demás partes la interposición del recurso con copia del escrito de queja, para que en el plazo de tres días señalen constancias. Ahora, ríndase el informe en relación con la queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, como justificación del mismo y de conformidad con el citado precepto legal, una vez que se encuentren debidamente notificadas las partes, y transcurran los tres días para que señalen constancias, remítase a la superioridad el escrito original y copia del recurso, el informe sobre la materia de la queja, copias de las constancias que señaló la parte recurrente, y las que en su caso señalen las demás partes, así como los que este juzgado estime necesarias para resolverse el recurso interpuesto, al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, a través de su Oficina de Correspondencia Común. Ahora, se reserva de proveer respecto de la suspensión del procedimiento del presente juicio de amparo, hasta en tanto la Superioridad informe sobre la admisión de la queja antes referida. Por otra parte, se instrúyase al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de que se trate, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Ahora bien, en relación a los correos electrónicos que proporciona, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. Finalmente, en relación a la autorización para que se haga uso de todos los medios electrónicos, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de inicio, por el que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
se notifica vía electrónica a la autoridad responsable: En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 833/2023, promovido por ********************en representación de la infante con iniciales********************, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes y con las piezas postales que contienen los siguientes oficios: Oficio Autoridad responsable Acuse 27359 Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaria de Educación Pública, en representación de la 2. Titular de la Subsecretaría de Educación Básica 27360 Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaria de Educación Pública, en representación de la 3. De la Titular de la Dirección General de Materiales Educativos. Ciudad de México 27362 5. Secretaría de Educación Pública del estado de Veracruz. Xalapa, Veracruz Los cuales se enviaron con la finalidad de notificar la suspensión definitiva dictada el diecinueve de septiembre del año en curso y que fueron devueltos por el Servicio Postal Mexicano de los que se advierten la imposibilidad de entregar las citadas misivas. 27359, 27360 y 27362. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Ahora bien, en atención al estado procesal de autos de los que se advierta que en relación a las piezas postales que contienen los oficios 27359 y 27360, de autos se advierte que las responsables señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Doceles número cien (100), colonia centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06020, en la ciudad de México y por lo que refiere a la misiva 27362 la responsable autorizó como medio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica mediante el usuario ********************Por lo anteriormente expuesto, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, acorde a lo señalado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena reexpedir los oficios 27359 y 27360, al domicilio antes citado. Por otro lado, por cuanto hace a la comunicación con folio 27361, se ordena a la actuaria adscrita a este juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, notificarle a la autoridad responsable el contenido de la resolución de diecinueve de septiembre, a fin de que imponga de su contenido. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda y la autoridad 4. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con residencia en la Ciudad de México, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 833/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************en representación de la infante con iniciales********************, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Secretaría de Educación Pública (SEP). Acuse foja 58 Presume cierto (resolvió) 2. Subsecretaría de Educación Básica. Electrónico Niega (resolvió) 3. Dirección General de Materiales Educativos. Electrónico Parcialmente Cierto (resolvió) 4. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 62 a 72 Cierto (resolvió) Ciudad de México 5. Secretaría de Educación Pública del estado de Veracruz. Electrónico Niega Xalapa, Veracruz De las que reclama: a) La emisión de la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: - Segundo y tercero de preescolar. - Primero a sexto de primaria. - Segundo y tercero de secundaria. b) La omisión de cumplir el acuerdo secretarial que establece los "Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación del doce de marzo de dos mil veintidós. c) La emisión de la orden para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares sin la adecuación al plan y programas vigentes. d) La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la "Lista de Libros de Texto Gratuito" actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública. e) La omisión de consultar a los padres de familia en el proceso de la creación de los planes y programas de estudio, previsto en el artículo 3° constitucional. En auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. SEGUNDO. En interlocutoria de diecinueve de septiembre del año en curso, este juzgado resolvió la suspensión definitiva en relación con las autoridades identificadas con los números 2 y 3, reservándose por las restantes, es decir, las señaladas con los arábigos 1, 4 y 5. TERCERO. En interlocutoria de cinco de octubre del año en curso, este juzgado resolvió la suspensión definitiva en relación con las autoridades identificadas con los dígitos 1 y 4, reservándose por la restante, es decir, el número 5. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 140 y 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por la autoridad responsable, en virtud de haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, lo cual les confiere el carácter de documento público, por lo que tiene valor de prueba plena. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados a la autoridad responsable 5. Secretaría de Educación Pública del estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, negó la existencia de los actos reclamados e identificadas con los incisos a), b), c), d) y e). La inexistencia referida, deriva de que la autoridad mencionada, al rendir su informe previo, negó la certeza de los actos a ella reclamados al no estar facultado para su realización o emisión de los actos atribuidos por la parte quejosa, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por las autoridades responsables. En consecuencia, ante la negativa expresa de las autoridades responsables mencionadas, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************en representación de la infante con iniciales********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos que ahí se exponen. Notifíquese en términos de ley. y como esta ordena se notifica el oficio número 37362 a la Secretaria de Educación Pública del Estado de Veracruz que a la letra dice: En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 833/2023, promovido por Anabel Iglecia Castro en representación de la infante con iniciales H.O.I., sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. De igual forma, da cuenta de que no obran constancias en el sumario que acredite que las autoridades responsables 1. Secretaría de Educación Pública (SEP) y 4. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con residencia en la Ciudad de México y la 5. Secretaría de Educación Pública del estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, hayan recibido los oficios mediante los cuales les fueron requeridos sus informes previos, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Por otro lado, puesto que a la fecha no existe constancia de que las responsables 1. Secretaría de Educación Pública (SEP) y 4. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con residencia en la Ciudad de México y la 5. Secretaría de Educación Pública del estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, hayan recibido los oficios mediante los cuales les fueron solicitados sus informes previos, y ya que dichas autoridades funcionan fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, resulta razonable estimar que los oficios de referencia se encuentran en tránsito de correos del Servicio Postal Mexicano; por tanto, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, SE RESERVA la celebración de la audiencia respecto de dichas autoridades, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia respectiva. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 833/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Anabel Iglecia Castro en representación de la infante con iniciales H.O.I., promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Secretaría de Educación Pública (SEP). - Reserva 2. Subsecretaría de Educación Básica. Electrónico Niega 3. Dirección General de Materiales Educativos. Electrónico Parcialmente Cierto 4. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. - Reserva Ciudad de México 5. Secretaría de Educación Pública del estado de Veracruz. - Reserva Xalapa, Veracruz De las que reclama: a) La emisión de la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: - Segundo y tercero de preescolar. - Primero a sexto de primaria. - Segundo y tercero de secundaria. b) La omisión de cumplir el acuerdo secretarial que establece los "Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación del doce de marzo de dos mil veintidós. c) La emisión de la orden para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares sin la adecuación al plan y programas vigentes. d) La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la "Lista de Libros de Texto Gratuito" actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública. e) La omisión de consultar a los padres de familia en el proceso de la creación de los planes y programas de estudio, previsto en el artículo 3° constitucional. En auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados a la autoridad responsable 2. Titular de la Subsecretaría de Educación Básica de la Ciudad de México, de igual forma, la diversa autoridad 3. Titular de la Dirección General de Materiales Educativos, con residencia en la Ciudad de México, negó la existencia de los actos reclamados e identificadas con los incisos b), c) y d). La inexistencia referida, deriva de que las autoridades mencionadas, al rendir sus informes previos, negaron la certeza de los actos a ellas reclamados al no estar facultados para su realización o emisión de los actos atribuidos por la parte quejosa, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por las autoridades responsables. En consecuencia, ante la negativa expresa de las autoridades responsables mencionadas, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". QUINTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 3. Titular de la Dirección General de Materiales Educativos, con residencia en la Ciudad de México, negó los actos identificados con los incisos a), e) y f) que se le imputa; sin embargo, dentro del contenido de su informe reconoce el mismo, al mencionar que los materiales educativos resultan acordes al Acuerdo número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria; que tuvo dialogo con niñas, niños, adolescentes y sus familias para la construcción de la propuesta curricular de Educación Básica; por ello, se presume cierto los actos identificados con los incisos antes aludidos. SEXTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En primer orden, es de precisar que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: 1. Cese la impresión de los libros de texto gratuito que no tengan respaldo en planes y programas vigentes. 2. Se paralice la distribución de los libros de texto gratuito. 3. Para que se ordene la publicación de la lista de libros de texto aprobados conforme a planes y programas vigentes. En ese sentido, el pronunciamiento de la suspensión definitiva atenderá exclusivamente al efecto solicitado, en atención a los razonamientos establecidos por la tesis jurisprudencial de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En ese contexto, atendiendo los efectos para los cuales la parte quejosa solicita la medida cautelar, el suscrito estima que no se reúnen los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva, por las consideraciones que en seguida se exponen. Interés suspensional. Del análisis minucioso de la demanda de amparo, así como de sus anexos, se advierte que la promovente Anabel Iglecia Castro acude a esta instancia jurisdiccional por propio derecho, como madre de familia, y en representación de su hija menor de edad de iniciales H.O.I. Asimismo, de los anexos de la demanda de amparo se observa el acta de nacimiento de la infante quejosa de iniciales H.O.I. número 04990, de la cual se aprecia que a la fecha cuenta con siete años de edad. De lo anterior, se puede concluir que, de conformidad con los artículos 3° y 4° constitucionales, la niña tiene derecho a recibir educación básica y se encuentra en edad de cursar la primaria. Orden público e interés social. En primer término, conviene precisar que las nociones de orden público e interés social han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en esos términos, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio otorgado por las leyes o se infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis correspondiente a la Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 47, Tercera Parte, página cincuenta y ocho; así como en la jurisprudencia 8, Séptima Época, Informe mil novecientos setenta y tres, Parte II, página cuarenta y cuatro; ambas sustentadas por la entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que a continuación se reproducen: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría" "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior, encuentra fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, pues ahí se establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado, esto es, no sólo comprende el concepto de violación aducido por la parte quejosa, implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. La disposición referida constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se afecte el orden público ni se siga perjuicio al interés social, cuya preservación igualmente se encomienda al juez, por ello a éste corresponde adoptar la decisión más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin, esto es, se responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido, a cuyo efecto debe ajustar la ponderación a los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de Amparo. Ahora bien, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Derecho a la educación. En esa línea, cabe precisar que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en esencia, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, que su ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidas en la propia ley. Prevé también las interpretaciones conforme y pro persona, de las normas relativas a los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el artículo 3° constitucional establece que todas las personas tienen derecho a la educación, por lo que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primera, secundaria, media superior y superior. Asimismo, establece que la educación básica se conforma por la educación inicial, preescolar, primera y secundaria. Lo anterior, también se encuentra sustentado en la tesis jurisprudencial siguiente: "DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. El artículo 3o. constitucional configura un contenido mínimo del derecho a la educación que el Estado Mexicano está obligado a garantizar con efecto inmediato; contenido que puede y debe ser extendido gradualmente por imperativo del principio de progresividad. De una lectura sistemática del párrafo primero y las fracciones IV y V de esa norma constitucional se advierte una diferencia entre la educación básica y la educación superior, en cuanto a sus características, por lo que, en principio, éstas no necesariamente deben ser las mismas. En efecto, del artículo 3o. de la Constitución Federal se advierte que el Estado está obligado a impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Que la educación básica está conformada por la educación preescolar, primaria y secundaria. Que la educación básica y media superior son obligatorias. Que, además, la educación que imparta el Estado, entendiendo por ésta la educación básica y media superior, será gratuita y laica. Así como que el Estado tiene el deber de promover y atender todos los tipos y modalidades de educación, como la inicial y la superior, que sean necesarias para la consecución de distintos objetivos sociales. De aquí se sigue que en nuestro sistema constitucional, la configuración mínima del derecho a la educación implica que la educación básica y media superior que imparta el Estado debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica. Y que la educación superior que imparta el Estado no es obligatoria ni debe ser, en principio, necesariamente gratuita, aunque no está prohibido que lo sea, pues bien puede establecerse su gratuidad en virtud del principio de progresividad; y además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base de las capacidades y la no discriminación en el acceso, permanencia y conclusión, entre otros." También, dicho precepto constitucional señala que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. En ese contexto se advierte que, además, la educación es un bien básico indispensable para la formación de autonomía personal y, por ende, para ejercer el libre desarrollo de la personalidad, de ahí que se le dote con el carácter de derecho humano. Por tanto, al ser un bien básico la educación, ésta debe ser obligatoria, universal y gratuita. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, uno de los derechos fundamentales tutelados por nuestro sistema jurídico, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, expresión jurídica del principio de autonomía personal; por lo que, al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida e ideales de excelencia humana, el Estado tiene prohibido interferir indebidamente con su elección y materialización, debiendo limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija. De ahí que, la posibilidad de elegir y materializar un plan de vida o un ideal de virtud personal, en nuestra sociedad, requiere la provisión de, por lo menos, un nivel básico de educación. Así, el derecho a la educación sólo constituye un bien básico capaz de generar las condiciones necesarias para el ejercicio de la autonomía personal si satisface un contenido mínimo, a saber: 1. La provisión de principios de racionalidad y del conocimiento científico disponible socialmente. 2. La exposición a una pluralidad de planes de vida e ideales de excelencia humana (incluido el conocimiento, desde un punto de vista crítico, de distintos modelos de vida y de virtud personal, ideas religiosas, no religiosas y antirreligiosas, etcétera). 3. La discusión crítica de la moral social vigente. 4. El fomento de los valores inherentes a una sociedad democrática como los derechos humanos, la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad. 5. La construcción de las capacidades requeridas para ser miembro activo de una sociedad democrática, como la de discusión racional sobre las cuestiones públicas. De lo anterior, es que se concluye que la educación debe ser el desarrollo de las capacidades del ser humano y el fomento de los derechos humanos y otros valores democráticos. Las anteriores consideraciones, se encuentran sustentadas en la jurisprudencia siguiente: "DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. La educación es un bien básico indispensable para la formación de autonomía personal y, por ende, para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de aquí su carácter de derecho humano. Y en tanto bien básico para toda persona, la educación elemental debe ser obligatoria, universal y gratuita. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que uno de los derechos fundamentales tutelados por nuestro sistema jurídico es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, expresión jurídica del principio de autonomía personal, de acuerdo con el cual, al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida e ideales de excelencia humana, el Estado tiene prohibido interferir indebidamente con su elección y materialización, debiendo limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como impedir la interferencia injustificada de otras personas en su consecución. La posibilidad de elegir y materializar un plan de vida o un ideal de virtud personal, en nuestra sociedad, requiere la provisión de, por lo menos, un nivel básico de educación. Sin embargo, la estrecha conexión que el derecho a la educación tiene con la generación de condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la autonomía personal, condiciona el contenido de la educación. En efecto, el derecho a la educación sólo constituye un bien básico capaz de generar las condiciones necesarias para el ejercicio de la autonomía personal si satisface un contenido mínimo, a saber: la provisión de principios de racionalidad y del conocimiento científico disponible socialmente; la exposición a una pluralidad de planes de vida e ideales de excelencia humana (incluido el conocimiento, desde un punto de vista crítico, de distintos modelos de vida y de virtud personal, ideas religiosas, no religiosas y antirreligiosas, etcétera); la discusión crítica de la moral social vigente; el fomento de los valores inherentes a una sociedad democrática como los derechos humanos, la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad; y la construcción de las capacidades requeridas para ser miembro activo de una sociedad democrática, como la de discusión racional sobre las cuestiones públicas. De aquí que tanto la Constitución General como los tratados internacionales reconozcan, convergentemente, que el objetivo de la educación debe ser el desarrollo de las capacidades del ser humano y el fomento de los derechos humanos y otros valores democráticos." De todo lo anterior, se aprecia que el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a los niños y habilitarlos como miembros de una sociedad, y que además asegura la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales, con la finalidad de un buen funcionamiento de la sociedad. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis jurisprudencial a./J. 80/2017 (10a.) de siguiente rubro y texto: "EDUCACIÓN. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES. De una lectura funcional del artículo 3o. constitucional es posible concluir, de manera general, que el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática. Pero además, la educación es un factor esencial para garantizar una sociedad justa, pues resulta condición sine qua non para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales; para el funcionamiento de un bien público de gran relevancia como lo es una sociedad democrática de tipo deliberativo; además de un bien indispensable para el desarrollo de una pluralidad de objetivos colectivos (científicos, culturales, sociales, económicos, ecológicos, etcétera) y, por ello, un aspecto indisociable de un estado de bienestar." Así como la jurisprudencia 1a./J. 81/2017 (10a.) que a continuación se ilustra: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA. TIENE UNA DIMENSIÓN SUBJETIVA COMO DERECHO INDIVIDUAL Y UNA DIMENSIÓN SOCIAL O INSTITUCIONAL, POR SU CONEXIÓN CON LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. El contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática. Por ello, el derecho humano a la educación, además de una vertiente subjetiva como derecho individual de todas las personas, tiene una dimensión social o institucional, pues la existencia de personas educadas es una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que la deliberación pública no puede llevarse a cabo sin una sociedad informada, vigilante, participativa, atenta a las cuestiones públicas y capaz de intervenir competentemente en la discusión democrática. Así, el derecho humano a la educación, al igual que otros derechos como la libertad de expresión e información, tiene además una dimensión social que lo dota de una especial relevancia, porque es una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática de tipo deliberativo, por lo que cualquier afectación a este derecho exige una justificación y un escrutinio especialmente intensos." Interés superior del menor. Ahora bien, es necesario precisar que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional, previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basado en que todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos, el cual implica que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los artículos 2° y 6° de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes prevén que uno de los principios rectores de esa legislación, es precisamente el interés superior de la niñez, el que deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO." Así, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales deben atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de las menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas, el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En tal sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador. Dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro de los derechos". La jurisprudencia ha reconocido que el interés superior de la niñez permite y en ciertas circunstancias incluso obliga al Juez a actuar oficiosamente en los litigios que conozca, entendiendo que, de lo contrario, no se hace efectivo tal principio, como se aprecia en la jurisprudencia 30/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS". A su vez, el Pleno del Máximo Tribunal del país ha reconocido que el interés superior del menor implica tomar medidas reforzadas para la protección de los derechos de la niñez, criterio contenido en la jurisprudencia 7/2016 (10a.), de rubro siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LAS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES". Lo precisado, permite sustentar que los jueces de amparo también están facultados y, en ciertas circunstancias, obligados a actuar de oficio cuando se encuentra de por medio el interés superior de la niñez, de modo tal que tienen a su alcance una serie de atribuciones que les facultan a actuar de forma más activa por la trascendencia social de tal interés superior previsto en el artículo 4° constitucional, con la finalidad de hacer efectivos los derechos de los niños de forma integral. Pronunciamiento. En principio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta ser un hecho notorio para el suscrito que de datos recabados del sitio oficial de internet de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, se advierte el "Calendario Escolar 2023-2024 de Educación Básica vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos", del que se observa que las clases para el nivel de educación básica (preescolar, primera y secundaria) inician el veintiocho de agosto de la presente anualidad, es decir, el día de hoy, como se ilustra a continuación: En ese contexto, atendiendo los efectos para los cuales la parte quejosa solicita la medida cautelar, se encuentran en contraposición a los principios de interés social y orden público; toda vez que a juicio del suscrito no se reúnen los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues como establece el artículo 1° constitucional, es obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el interés superior de las niñas y los niños es un principio de rango constitucional, basado en que todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos, el cual implica que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Así tenemos que, dentro del catálogo de derechos humanos se encuentra el derecho a la educación previsto en el numeral 3° de la Constitución Federal, el cual todo niño posee, lo que incluye a la infante quejosa de iniciales H.O.I. En ese contexto, de concederse la suspensión provisional para los efectos solicitados por la promovente, tendría por efecto suspender la entrega de los libros de texto a la niña quejosa, y atendido a que las clases comienzan el día de hoy (veintiocho de agosto de dos mil veintitrés) ello a todas luces contravendría el interés superior de la infante, así como su derecho a la educación, pues se le privaría de la entrega de libros. Y como consecuencia, no recibiría de manera adecuada, completa y eficaz la educación básica a que tiene derecho, pues como se advierte de la copia del acta de nacimiento que se anexó al escrito de demanda, la niña cuenta con siete años de edad, lo que presume se encuentra cursando el nivel primaria. Aunado a ello, el suscrito toma en consideración el contexto social en el que se encontraba el país por más de dos años, con la pandemia de COVID-19 que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte. Pues, al ser el COVID-19 una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2) se tuvieron que tomar severas medidas a fin de evitar su propagación entre la población nacional y mundial; entre esas medidas, estuvo la suspensión total de las clases presenciales, para todos los niveles educativos, por lo que dicha educación tuvo que ser recibida a través de diversas herramientas tecnológicas remotas desde casa. De ahí que, como ya se dijo de conceder la suspensión definitiva para los efectos solicitados por la parte promovente, se estaría contraviniendo el orden público e interés social, así como violentando el derecho a la educación que tiene la niña quejosa al privársele de la entrega de los libros de texto, pues las clases inician el día de hoy y no estaría recibiendo una educación completa y adecuada; aunado a que la sociedad mexicana apenas se encuentra retomando sus actividades cotidianas con normalidad y adaptándose nuevamente a su estilo de vida anterior, después de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 que se vivió. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis IV.2o.A.65 K (10a.), de rubro y textos siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ELEMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTROL PARA EXAMINAR SU PROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 128, 138 Y 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como antecedente los de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en los cuales el Constituyente Permanente patentizó su voluntad de transformar al juicio de amparo en un instrumento de protección y restauración de derechos humanos y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento a ser congruentes con esa voluntad; asimismo, por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, fijó como premisas orientadoras de la reforma, evitar el abuso de dicha institución y los efectos perjudiciales para el interés social, al ampliar, por un lado, la discrecionalidad de los Jueces en las decisiones al respecto y, por otro, establecer mecanismos de control y exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, para que quede a cargo del Poder Legislativo, mediante la expedición de la ley mencionada, transformar al instituto suspensional, en función de las premisas señaladas. Algunas de las manifestaciones concretas de dichos propósitos se proyectaron en que, conforme a los artículos 128, 138 y 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión procede, siempre que la solicite el quejoso, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; promovida la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, como presupuesto para establecer si existe alguna contravención a dicho interés, con la finalidad de determinar sobre la procedencia de la medida; cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando éste acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; y, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Por tanto, las disposiciones referidas establecen los requisitos que deben actualizarse para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados solicitada por el quejoso, que también constituyen los elementos o parámetros normativos del control que tanto el Constituyente como el legislador ordinario previeron para decidir sobre medidas decretadas en cualquier instancia del incidente de suspensión, para evitar una lesión al interés social, al incluirlo como un elemento del juicio de ponderación, precisamente junto con la apariencia del buen derecho; consistentes en que: I. El quejoso solicite la suspensión; lo que a su vez, supone la demostración de su interés, aun en forma presuntiva, en atención al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo; II. Se demuestre la apariencia del buen derecho, para efectuar el análisis ponderado con el interés social, y no se siga perjuicio a éste ni se contravengan disposiciones de orden público, en la inteligencia de que la presencia del concepto del "buen derecho", revela que esa ponderación se basa en una apreciación provisional o anticipada al fondo del asunto; III. El otorgamiento de la medida cautelar nunca podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; y, IV. Se fijen los requisitos y efectos de la medida y la situación en que habrán de quedar las cosas, en caso de que sea concedida." En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se RESERVA la celebración de la audiencia respecto de los actos reclamados a las autoridades denominadas 1. Secretaría de Educación Pública (SEP) y 4. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con residencia en la Ciudad de México y la 5. Secretaría de Educación Pública del estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz,; por los motivos precisados en la audiencia; por tanto, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia incidental respecto de estas autoridades. SEGUNDO. Se NIEGA a Anabel Iglecia Castro en representación de la infante con iniciales H.O.I., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto y quinto de esta resolución, por los motivos que se exponen en los considerandos cuarto y sexto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios recibidos en línea con su anexo, signados de manera electrónica por el apoderado legal de la 5. Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, personalidad que acredita con el documento que acompaña, y por el Director de Procesos Jurisdiccionales de la Secretaría de Educación Pública, en ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, este último, en representación del 1. Titular de la Secretaría de Educación Pública, 2. Titular de la Subsecretaría de Educación Básica y el 3. Titular de la Dirección General de Materiales Educativos, con sede en la Ciudad de México, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a sus contenidos, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y con los mismos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofreciendo como pruebas de su parte, la información contenida en el enlace electrónico https://acortar.link/rRDjtu; al respecto dígasele que, una vez que se dicte sentencia en el presente juicio de amparo se tendrá a la vista a fin de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, conforme al artículo 124 de la ley de la materia. Lo anterior, sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional, toda vez que la información tiene valor probatorio acorde a lo dispuesto en los artículos 188 y el 210A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; siempre y cuando las mismas se puedan direccionar. Sirve de apoyo la tesis aislada V.3o.10 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 1306, Tomo XVI, Agosto de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 186243, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO." Por otra parte, téngaseles señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en sus informes y designando como delegados de su parte a las personas que aluden en los mismos, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Ahora, no obstante que la autoridad señalada con el arábigo 5, señala un domicilio procesal en Xalapa, Veracruz, como lo solicita, realícense las notificaciones a la autoridad responsable por la vía electrónica con el usuario ********************, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que, se instruye al personal de la actuaría, a fin de que realice la vinculación correspondiente, pueda consultar el presente expediente de manera electrónica y tener acceso a través de los medios implementados por el Consejo de la Judicatura Federal. En relación a la autorización para que se haga uso de todos los medios electrónicos, dígasele a las autoridades identificada con los números 1, 2 y 3 que se estén a lo acordado en proveído de inicio, por el que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó el uso de aparatos electrónicos. En atención a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el diecisiete de noviembre del año en curso, es claro que el plazo de ocho días de vista a que se refiere el artículo 117 de la ley de la materia se encontraría transcurriendo; por tanto, en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que este juzgador determina diferirla anticipadamente y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la pieza postal que fue devuelta por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, del que se advierte la imposibilidad de entregar el siguiente oficio: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE 25169 5. Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz. Xalapa, Veracruz Ahora, toda vez que constituye es un hecho notorio para el suscrito que en diverso juicio de amparo del índice de este juzgado, la autoridad en cita al rendir su informe justificado señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la avenida Murillo Vidal número noventa, colonia Cuauhtémoc, C.P. 91069, en Xalapa, Veracruz. Por lo tanto, se ORDENA REEXPEDIR el citado oficio al domicilio antes mencionado, a fin de que la autoridad responsable se imponga de su contenido. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Ana Ruth Canton Morfin416/2015
- Ana Ruth Reyes Rojas931/2014
- Ana Silvia Morales Hernández914/2015
- Ana Victoria Díaz Contreras307/2023
- Ana Yajaira Bonilla Vázquez702/2021
- Ana Yeni Licona Canela Hernández740/2017
- Anabel Varela Huerta1119/2023
- Anacleto Vázquez Hernández665/2019
- Anahí Espinoza Rodríguez695/2023
- Anahí Scarñet Caro Yáñez121/2021
- Analí Mendoza Najera1192/2015
- Anastacia Marcial Salazar975/2014