ANA SOFIA LOPEZ CANALES y Otros.
Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- ANA SOFIA LOPEZ CANALES y Otros.
- Ana Sofia Lopez Canales
- Alejandra Lopez Canales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de once de agosto de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de dicha Dirección. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese; y mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los autos y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: " (i) No se aplique a las quejosas Ana Sofía y Alejandra, ambas de apellidos López Canales, ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. (ii) Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa las imposiciones que se establecen a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y que se ven reflejadas en el comprobante de pago con número de folio 11-12208271. Y además, quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución de los importes respectivos; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que proceda a recalcular los montos de los derechos a pagar por esas operaciones conforme a la tarifa de cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente prevista por el artículo 40, fracción V, en correlación con el último párrafo de este numeral, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y deberá devolver al justiciable la diferencia que resulte a su favor. Ello es así, ya que la disposición combatida fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el monto del crédito otorgado en los contratos que se pretende inscribir, pero existe una diversa disposición complementaria que prevé una cantidad a pagar por concepto de pago de derechos de inscripción de instrumentos jurídicos, tal y como se advierte del contenido del referido numeral 40 de la aludida Ley de Hacienda. En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 932 de la citada ley, ya que su cálculo depende de la suma del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre esa nueva cantidad deberá calcularse ese porcentaje y la diferencia resultante se deberá devolver al agraviado. De ahí que deba requerirse al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por ser la autoridad que realiza funciones específicas de recaudación para su debido cumplimiento. En la inteligencia de que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado de San Luis Potosí, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias expidieron y promulgaron la ley que contiene los artículos tildados de inconstitucionales, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página ciento treinta y cinco, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." En tal virtud, al resultar fundado el argumento analizado, mismo que incidirá de manera determinante dado que la autoridad receptora deberá dejar insubsistente el entero relativo al recibos de pago folio número 11- 12208271 y procederá a recalcular el monto del derecho a pagar y devolver a la parte quejosa la diferencia que resulte a su favor, tal circunstancia hace innecesario resolver sobre los restantes motivos de inconformidad. Se declara firme la sentencia. Por proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la misma. Informes sobre el cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y el Delegado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante oficios SGG/DGAJ/3317/2021, SF/PF/1076/2021, SF/PF/1160/2021, SF/PF/1200/2021, SF/PF/1208/2021 y SF/PF/2019/2022 respectivamente, recibidos el doce y dieciséis de noviembre, seis, veintidós y veintiocho de diciembre de dos mil veintidós y el último, con fecha veinticuatro de marzo último, remitieron copias certificadas de las constancias correspondientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se desprende, por una parte: - Que las autoridades responsables desincorporaron de la parte jurídica de la quejosa las imposiciones que se establecieron a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, aunado a los efectos jurídicos que la misma produzcan incluyendo la inaplicación de los mencionados numerales. - Se dejó insubsistente el recibo (comprobante de pago) folio 11-12208271, de trece de julio de dos mil veintiuno, y se informó sobre la realización y procedimiento de recalculo del monto del derecho a pagar por la parte quejosa. - Finalmente, se remitió copia certificada de la póliza del cheque con folio 0009241, expedido el doce de noviembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $103,080.00 (ciento tres mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), en la cual aparece que fue recibido por la quejosa Ana Sofía López Canales. Constancias con las cuales se dio vista a dicha parte procesal, corriéndole traslado con las copias respectivas, sin que hubiese realizado manifestación alguna. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de las autoridades responsables se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la disconforme en el goce de su derecho infringido; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los autos y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: " (i) No se aplique a las quejosas Ana Sofía y Alejandra, ambas de apellidos López Canales, ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. (ii) Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa las imposiciones que se establecen a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y que se ven reflejadas en el comprobante de pago con número de folio 11-12208271. Y además, quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución de los importes respectivos; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que proceda a recalcular los montos de los derechos a pagar por esas operaciones conforme a la tarifa de cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente prevista por el artículo 40, fracción V, en correlación con el último párrafo de este numeral, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y deberá devolver al justiciable la diferencia que resulte a su favor. Ello es así, ya que la disposición combatida fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el monto del crédito otorgado en los contratos que se pretende inscribir, pero existe una diversa disposición complementaria que prevé una cantidad a pagar por concepto de pago de derechos de inscripción de instrumentos jurídicos, tal y como se advierte del contenido del referido numeral 40 de la aludida Ley de Hacienda. En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 932 de la citada ley, ya que su cálculo depende de la suma del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre esa nueva cantidad deberá calcularse ese porcentaje y la diferencia resultante se deberá devolver al agraviado. De ahí que deba requerirse al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por ser la autoridad que realiza funciones específicas de recaudación para su debido cumplimiento. En la inteligencia de que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado de San Luis Potosí, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias expidieron y promulgaron la ley que contiene los artículos tildados de inconstitucionales, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página ciento treinta y cinco, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." En tal virtud, al resultar fundado el argumento analizado, mismo que incidirá de manera determinante dado que la autoridad receptora deberá dejar insubsistente el entero relativo al recibos de pago folio número 11- 12208271 y procederá a recalcular el monto del derecho a pagar y devolver a la parte quejosa la diferencia que resulte a su favor, tal circunstancia hace innecesario resolver sobre los restantes motivos de inconformidad. Se declara firme la sentencia. Por proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la misma. Informes sobre el cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y el Delegado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante oficios SGG/DGAJ/3317/2021, SF/PF/1076/2021, SF/PF/1160/2021, SF/PF/1200/2021, SF/PF/1208/2021 y SF/PF/2019/2022 respectivamente, recibidos el doce y dieciséis de noviembre, seis, veintidós y veintiocho de diciembre de dos mil veintidós y el último, con fecha veinticuatro de marzo último, remitieron copias certificadas de las constancias correspondientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se desprende, por una parte: - Que las autoridades responsables desincorporaron de la parte jurídica de la quejosa las imposiciones que se establecieron a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, aunado a los efectos jurídicos que la misma produzcan incluyendo la inaplicación de los mencionados numerales. - Se dejó insubsistente el recibo (comprobante de pago) folio 11-12208271, de trece de julio de dos mil veintiuno, y se informó sobre la realización y procedimiento de recalculo del monto del derecho a pagar por la parte quejosa. - Finalmente, se remitió copia certificada de la póliza del cheque con folio 0009241, expedido el doce de noviembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $103,080.00 (ciento tres mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), en la cual aparece que fue recibido por la quejosa Ana Sofía López Canales. Constancias con las cuales se dio vista a dicha parte procesal, corriéndole traslado con las copias respectivas, sin que hubiese realizado manifestación alguna. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de las autoridades responsables se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la disconforme en el goce de su derecho infringido; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Recepción de oficio Agréguese a los autos el oficio y anexo(s) de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, mediante el cual remite comunicado signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Visto el oficio y anexo(s) de cuenta que remite el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual rinde informe respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Vista con informe. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia del oficio y anexo(s) señalado, así como del diverso oficio 1208/2021 recibido el veintinueve de diciembre del año próximo pasado, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente y por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
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