Ana Patricia Camacho Hernandez

Expediente 1436/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1436/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Ana Patricia Camacho Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido; Autoriza devolución de documentos. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución del documento que refiere, para lo cual deberá comparecer ante este Juzgado con copia simple de éstos, y se realice su cotejo y compulsa, para que obren en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, vuelvan los presentes autos al archivo de donde fue extraído. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de diciembre de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que fue confirmada en fallo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO1 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, en el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.2 Notifíquese por lista; y mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. De conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Domicilio y delegados. Como lo solicita la autoridad oficiante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere y con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, como delegados de su parte a las personas que menciona. Contenido del informe. En su informe el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado, por una parte, informó que no existía el acto reclamado y por otra afirmó que solicitaba el sobreseimiento del juicio de amparo porque los efectos de los actos reclamados habían cesado. A efecto de evidenciar la actualización de la causa de sobreseimiento en comento, acompañó el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del expediente laboral 1201/2021/E-1 del índice de la citada autoridad responsable, en el que acordó que no existían pruebas pendientes de desahogar, con lo que concedió un término de tres días para que las partes formularan alegatos. Documento público certificado que merece valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Conforme lo citado, la suscrita considera fundado ese argumento tocante a que respecto de la omisión reclamada en la presente instancia constitucional, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia de cesación de efectos, de conformidad con las siguientes consideraciones. Precisión de actos. En principio, como lo establece el numeral 74 de la Ley de Amparo, es de precisar que en su ocurso inicial de demanda, la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de quien reclama: La omisión de acordar y dar respuesta a su escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en el cual solicitó que se certificara que si no había pruebas pendientes de acordar, se procediera a la etapa de alegatos. Marco legal. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Caso concreto. En la especie, se recuerda que la parte quejosa reclamó la omisión de acordar su escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en el cual solicitó que se certificara que si no había pruebas pendientes de acordar, se procediera a la etapa de alegatos. Ahora bien, del informe de cuenta se advierte que la responsable, el doce de septiembre de dos mil veintidós, dictó una determinación dentro del expediente 1021/2021, mediante el cual acordó la apertura del periodo de alegatos en dicho procedimiento. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada ha desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Decisión. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No pasa desapercibido para la suscrita el que en el auto en el cual se acordó la petición de la parte quejosa no exista el pronunciamiento de la diversa solicitud de certificar la respuesta a los pliegos de posiciones a las entidades demandadas en el contencioso de origen, pues lo cierto es que esa determinación no corresponde a un acto desvinculado del procedimiento laboral, por tanto, en caso de que el quejoso no se encuentre satisfecho con el completo desahogo de pruebas se encuentra expedito su derecho de hacerlo valer -como una violación procesal- mediante el juicio de amparo uniintancial en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese, personalmente y por oficio las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veinte de octubre del año en curso, dictado en los autos del recurso de revisión administrativa 308/2021, por medio del cual acusa de recibido del oficio a través del cual se le envió un anexo que fue exhibido en el juicio de amparo del cual deriva el presente cuadernillo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Así lo acordó y firma Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho, por licencia académica autorizada a la titular por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta a Carrera Judicial, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/4705/2022, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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