Anallely Leyva Paredes
Expediente 484/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Anallely Leyva Paredes
Actuaciones
- Principal
Razón: En veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Anallely Leyva Paredes, contra actos del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades; que estima es violatorios de los artículos 14, 16, 19, 21 y 22 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 484/2018-IV. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la Materia, expone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables los actos que precisó de la siguiente manera: a) De las Autoridades señaladas como ORDENADORAS se reclama la ORDEN DE APREHENSIÓN, COMPARECENCIA Y/O PRESENTACIÓN en contra del suscrito Quejoso, mediante la cual se viola la garantía y derecho humano a la libertad personal, prevista por el numeral 22 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, considerada como ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial; en relación a la violación de la Garantía de Audiencia en relación con el Principio In Dubio Pro Reo previsto en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Federal. b) De las Autoridades responsables señaladas como Ejecutoras se reclama la ejecución de la Orden de Aprehensión, Presentación y/o Comparecencia dictada por la autoridad ordenadora en perjuicio del suscrito, por contravenir lo establecido en la Ley Fundamental de la Nación, en sus diversos numerales 14 y 16, así como 19, 21, 22 y demás relativos y aplicables. Asimismo, como antecedentes de dichos actos, señala bajo protesta de decir verdad, en síntesis, lo siguiente: La quejosa señala que el día diecinueve de abril del año en curso, se presentó a su domicilio una mujer de nombre María del Socorro Álvarez Uresti, quien aseguró ser la dueña del inmueble que habita y le exigió el desalojo del mismo; a lo cual manifiesta que se encuentra en posesión del inmueble por un contrato de renta que celebró con el señor Juan Manuel Álvarez Ramírez, por seis años a partir del día quince de mayo de dos mil dieciséis; a lo que señala que ". la Tercero Interesada María del Socorro Álvarez Uresti me dijo que ella es muy influyente porque es amiga de "Los Gallardo" y trabaja en el municipio de Soledad y que si no desalojaba el inmueble me denunciaría por despojo". Por el temor que le causa el que exista una orden de aprehensión en su contra, es que ocurre ante este Juzgado de Distrito a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación al acto reclamado en la presente demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.].". Los numerales en comentario, en sentido contrario, llevan a concluir la improcedencia del juicio constitucional, cuando tenga por objeto resolver controversias que implican hechos que no pueden considerarse actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. El citado artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, establece que la autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 -considerada aplicable dado que el artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente participa de contenido similar al artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada- visible a página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció las notas distintivas de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre las autoridades responsables y la parte quejosa. Para sustentar tal afirmación debe tenerse presente que si la autoridad no despliega en sus relaciones con el gobernado actos imperativos y coercitivos, entonces para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúe con el carácter de autoridad en términos del artículo 5º, fracción II, en cita. Es ese sentido, no obstante que la quejosa reclama la orden de aprehensión, comparecencia y/o presentación dictada en su contra, así como su ejecución, sin embargo, no puede perderse de vista que de conformidad con los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad, los actos que reclama no los hace derivar de la actuación de alguna autoridad (verbigracia, porque algún agente policial haya ido a buscarla con el fin de cumplir la(s) orden(es) que reclama), sino más bien, de la sola circunstancia de que se presentó en su casa, la señora María del Socorro Álvarez Uresti, quien dijo ser la dueña del inmueble, le exigió el desalojo del mismo y amenazó con denunciarla por el delito de despojo. Esto es, sin que en dichos actos se aluda a la intervención de alguna autoridad y menos a que haya tenido conocimiento de que cualquiera de las que señala como responsables emitió o ha tratado de ejecutar alguna orden de aprehensión, comparecencia y/o presentación como las que reclama, ya que la preindicada "María del Socorro Álvarez Uresti" ni siquiera los mencionó, y no se ostentó como parte de alguna de aquellas autoridades. Lo anterior, implican que no se está propiamente ante una actuación entre gobernante y gobernado, sino frente a una conducta derivada de la interacción y la posible relación entre Anallely Leyva Paredes y María del Socorro Álvarez Uresti, de donde se desprende que al tenor de la demanda de amparo, entre aquella (quejosa) y las autoridades que señala como responsables no se invoca una relación y menos de supra a subordinación, tampoco que incida en su esfera de derechos, como es la realización de cualquier conducta que sea atribuida directamente a la autoridad, en el caso, en relación con su libertad personal. Dicho de otra manera, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si los actos que reclama no los hace derivar de la actuación de alguna autoridad, sino únicamente de que se presentó en su casa la señora María del Socorro Álvarez Uresti, en los términos antes descritos y sin que de los antecedentes de los actos reclamados aluda a la intervención de alguna autoridad, deviene inconcuso que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizados en términos amplios del artículo 12 párrafo primero de la citada ley de la materia, a Alberto Leija López, y Roció Leija López, con cédulas profesionales números 4112130 y 1925988, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Con fundamento en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo, se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa mas no limitativamente, se precisa: no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada, como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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