Ana María Peña Silva

Expediente 901/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
901/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Ana María Peña Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el catorce de marzo del año que transcurre (fojas 155 a 158), la Delegada de las autoridades responsables denominadas Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad y Tesorero adscrito al mismo, informaron que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de quince de marzo del año en curso (foja 159), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 58 a 80), se determinó conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el 13, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le reintegre a la parte quejosa el importe pagado mediantes recibo oficial 023121042017006344, de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, por concepto de refrendo de licencia de funcionamiento y tarjeta de identificación de giro correspondiente al año fiscal dos mil diecisiete, por su establecimiento de "minisúper/abarrotes con cerveza" e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Delegado de las autoridades responsables municipales, interpuso recurso de revisión (fojas 82 a 86), asimismo mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil diecisiete (fojas 113 y 114), Eduardo Carrillo Sandoval, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, se adhirió al medio de impugnación de previa mención, el que fue admitido en auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete (foja 119) para que resolviera el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por lo que el veinticinco de febrero de la presente anualidad, allegó a este juzgado federal el testimonio de la ejecutoria de catorce de febrero del presente año, dictada en los autos del recurso de revisión 857/2017, del registro del órgano colegiado mencionado, en la que se aprecia que confirmó la sentencia recurrida misma que concedió el amparo y protección de la justicia federal de la misma manera. En consecuencia, se requirió únicamente al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (foja 149 a 150). En atención a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de marzo del año que transcurre (fojas 155 a 158), la Delegada de las autoridades responsables denominadas Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad y Tesorero adscrito al mismo, informaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, y para ello emitió un cheque número 0123696, por la cantidad de $2,033.05 (dos mil /100 moneda nacional), mismo que le fue entregado a la quejosa (foja 158), situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $1,868.61 (mil ochocientos sesenta y ocho pesos 61/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, y el siete de marzo de este año, se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por el cual la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero de esta anualidad a marzo de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones del mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero dos mil diecinueve fue 103.79 y para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue 94.722 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0957. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $1,868.61 (mil ochocientos sesenta y ocho pesos 61/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $2,047.43 (dos mil cuarenta y siete pesos 43/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $178.82 (ciento setenta y ocho pesos 82/100 moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $2,033.05 (dos mil /100 moneda nacional); sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de ***********, es decir, tiene un déficit de $14.38 (catorce pesos 38/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Luego, con fundamento en lo que dispone el ordinal 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. De otra parte, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión dado que no se solicitó su apertura.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Delegada de las autoridades responsables denominadas Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad y Tesorero adscrito al mismo, así como con los anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con las documentales que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Delegada de las autoridades responsables denominadas Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad y Tesorero adscrito al mismo, así como con los anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con las documentales que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el catorce de febrero del presente año, en el amparo en revisión número 857/2017, relativo al presente juicio de amparo 901/2017, en la que se aprecia entre otras cosas, que en materia de la revisión CONFIRMÓ la sentencia recurrida, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por tanto, atendiendo al sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de la materia, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. De igual forma, solicítese a la responsable que en las constancias que envíe a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Además, con sustento en el dispositivo 192, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Finalmente, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada.

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