Ana María Rosales Vázquez
Expediente 1271/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/10/2018
Partes del expediente
- Ana María Rosales Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el veinticinco de septiembre y tres de octubre, ambos de este año (fojas 105 a 106 y 108 a 109, respectivamente), la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de cuatro del actual mes y año, se dio vista a la parte quejosa con las constancias antes indicadas para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa personalmente el once de octubre de esta anualidad (foja 113); sin que en tal período dicha parte hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiuno de agosto de esta anualidad (fojas 54 a 79), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que las autoridades responsables ejecutoras realicen las gestiones necesarias y devuelva a la peticionaria de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación de las normas tildadas inconstitucionales, esto es, desde el quince de mayo de dos mil dieciocho. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado aquí quejosa, los preceptos 11 fracción II, 13 segundo párrafo y 46, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete y se abstegan de aplicarlos en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos; asimismo, para que le devolvieran a la peticionaria de amparo las cantidades que se le hubieran descontado desde el quince de mayo de dos mil dieciocho. Así, el diez de septiembre de este año (fojas 95 a 96), causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el cumplimiento a las responsables. Luego, mediante libelo y anexo recibidos en este Juzgado Federal el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 105 a 106), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, informó que se habían desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales; asimismo, le notificó dicha circunstancia. Posteriormente, por auto de tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 108 a 109), la responsable citada en el párrafo que antecede, remitió copia de la transferencia efectuada a la promovente del amparo, por la cantidad de ***, correspondientes de la primera quincena de mayo a la primera de julio de esta anualidad, cada una por ****, según se advierte del anexo que adjuntó la propia quejosa (foja 25). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que en parte se concedió la suspensión de los actos reclamados; por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa. En tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el veinticinco de septiembre y tres de octubre, ambos de este año (fojas 105 a 106 y 108 a 109, respectivamente), la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de cuatro del actual mes y año, se dio vista a la parte quejosa con las constancias antes indicadas para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa personalmente el once de octubre de esta anualidad (foja 113); sin que en tal período dicha parte hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiuno de agosto de esta anualidad (fojas 54 a 79), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que las autoridades responsables ejecutoras realicen las gestiones necesarias y devuelva a la peticionaria de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación de las normas tildadas inconstitucionales, esto es, desde el quince de mayo de dos mil dieciocho. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado aquí quejosa, los preceptos 11 fracción II, 13 segundo párrafo y 46, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete y se abstegan de aplicarlos en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos; asimismo, para que le devolvieran a la peticionaria de amparo las cantidades que se le hubieran descontado desde el quince de mayo de dos mil dieciocho. Así, el diez de septiembre de este año (fojas 95 a 96), causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el cumplimiento a las responsables. Luego, mediante libelo y anexo recibidos en este Juzgado Federal el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 105 a 106), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, informó que se habían desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales; asimismo, le notificó dicha circunstancia. Posteriormente, por auto de tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 108 a 109), la responsable citada en el párrafo que antecede, remitió copia de la transferencia efectuada a la promovente del amparo, por la cantidad de ***, correspondientes de la primera quincena de mayo a la primera de julio de esta anualidad, cada una por ****, según se advierte del anexo que adjuntó la propia quejosa (foja 25). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que en parte se concedió la suspensión de los actos reclamados; por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa. En tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio certificado de la resolución pronunciada el veinte de septiembre del año en curso, del cual se aprecia que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable denominada Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en contra de la resolución interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado citado, en cuanto hace a la reposición del procedimiento, referente a que se recabe la mayor información necesaria para determinar los actos de autoridad que la parte quejosa señala como transgresores de las suspensiones de plano decretadas; en virtud de lo anterior, de autos se aprecia que mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se admitió la prueba pericial en materia de topografía, a efecto de establecer la ubicación real de los inmuebles de los predios denominados El Tescalame, La Concha I y II, El Ahuatal, Palmarito, La Fortuna y El Naranjo o San Vicente, a efecto de determinar si las licencias y registros realizados por las autoridades responsables violaron la suspensión decretada. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de once de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a la perito oficial Joaquina Rivas Chaparro, con el plano de ejecución de cinco de marzo de dos mil diez, a fin de que estuviera en condiciones de emitir su correspondiente dictamen pericial, sin que a la fecha lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción I de la ley adjetiva civil federal, aplicada de forma supletoria a la ley de la materia abrogada, por así disponerlo su precepto 2°, requiérase nuevamente a la perito oficial Beatriz Pérez Hernández, en el domicilio señalado en autos, para efecto de que dentro del término de DIEZ DÍAS, emita su dictamen pericial o manifieste si tiene algún impedimento para hacerlo. Finalmente, visto el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió una prórroga al Administrador Postal de Correos de México, con sede en esta ciudad, a efecto de que remitiera el acuse de recibo relativo al oficio número 30375/2018, de doce de julio del año en curso, a consignación del Encargado del Distrito Regional del Registro Público de Bahía Banderas, Nayarit, sin que hasta la fecha lo haya informado; por tanto, con sustento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo anterior, por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérase al Administrador Postal de esta ciudad, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, se sirva informar el tratamiento que le dio a la pieza postal que le hubiera correspondido al oficio 30375/2018, de doce de julio de dos mil dieciocho, a consignación de la autoridad precisada con anterioridad, o en su caso, remita el acuse respectivo, en la inteligencia de que éste fue depositado en esa oficina postal el trece de julio de la presente anualidad, como se acreditó con las constancias que se le acompañaron al diverso oficio número 338795, de uno de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se le requirió por la citada pieza postal. Se le apercibe que en caso de omisión dentro del término indicado, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa por la cantidad de cincuenta días de salario mínimo general vigente, de conformidad con la fracción I, del precepto 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia abrogada, por disposición expresa de su numeral 2°.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de diecisiete de septiembre del año en curso (fojas 268 a 272); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal, por disposición expresa en su dispositivo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la ley en comento, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la suspensión definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 42 a 45, del cuaderno incidental original); en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Luego, en virtud de no ser necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvase en un legajo a la Junta responsable, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Finalmente, visto el estado de los autos, se advierte que el quince de agosto del año en curso (fojas 253 y 254), se giró atento exhorto número 285/2018-VIII, del índice de este órgano jurisdiccional, al Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco en Turno, con residencia en Zapopan, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento a juicio de los terceros interesados "Autotransportes Medina Puerto Vallarta" Sociedad Anónima de Capital Variable y Salvador Beltrán, por conducto de su apoderado legal; sin embargo, el día de hoy se ordena el archivo definitivo del presente juicio de garantías como asunto totalmente concluido; por tanto, se deja sin efecto el citado exhorto número 285/2018-VIII, ordenándose dar de baja en el libro de gobierno respectivo, para los efectos legales correspondientes.
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