Ana María Muro Delgado

Expediente 2850/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2850/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Ana María Muro Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta presentado por el quejoso *******, mediante el cual en atención a la vista otorgada por auto de cinco de diciembre del presente año (foja 352), amplía su demanda de amparo respecto de los actos reclamados al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 111, fracción II, 115 y relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, respecto del Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, toda vez que se actualiza uno de los momentos procesales para solicitarla dentro del juicio de amparo, a saber, cuando el gestionante del amparo tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, como en el presente caso, siempre que el libelo relativo se presente dentro de los plazos que establece el arábigo 117 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 15/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doce, Tomo XVIII, correspondiente a julio de dos mil tres, Materia Común, Novena del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:**************." Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado y no encontrarse en los supuestos del artículo 127 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les requiere, ello de conformidad a lo previsto en el dispositivo 117 de la ley de la materia; de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del precitado dispositivo, se presumirá la certeza del acto que se les reclama. Luego, en virtud de que se trata de actos materialmente administrativos, de conformidad con el último párrafo del artículo citado la autoridad debe complementar su informe justificado con la fundamentación y motivación correspondiente; apercibidas que de ser omisas se procederá de conformidad con el artículo 124, último párrafo de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en los numerales 75 y 117, párrafo quinto, de la ley en cita, requiéraseles a las autoridades responsables para que juntamente con su respectivo informe remitan copias certificadas, completas y legibles de las constancias en que apoyen el acto que se les reclama, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de notificación de mérito; lo anterior, con independencia de la certeza o no del acto reclamado, apercibidas que en caso de ser omisas, esto es, en caso de no rendir el informe aludido o de no remitir las constancias indicadas en líneas precedentes, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Con base en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, se requiere a las partes para que tan pronto como tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a esta autoridad, se les impondrá una multa equivalente a treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del párrafo que precede. En otro aspecto, con sustento en lo establecido por el ordinal 108, fracción I, en relación con el numeral 27, fracción I de la legislación en cita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que indica en el ocurso de ampliación de demanda revocando el anterior. Por otro lado, en cuanto a su diversa petición, acorde a lo establecido en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve y toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de ésta última, las partes previa autorización del Juzgado, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos y por economía procesal, se autoriza al quejoso el uso de medios electrónicos, para obtener reproducción de las constancias que obren en este expediente, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "*****************." Con sustento en el arábigo 5, fracción IV, de la ley en comento, dese de nueva cuenta al Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, infórmeseles que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE Y MEDIANTE OFICIO A LAS RESPONSABLES.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad y anexo, a través del cual informa la manera en que dio cumplimiento al fallo protector, como lo acredita con el anexo que adjunta; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias de cuenta, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Juzgado Federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintiuno de noviembre del presente año (fojas 151-157), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintidós de noviembre del año en curso (foja 158), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintiocho de noviembre del año en que se actúa (foja 161); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del dos al cuatro del mes y año en que se actúa, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el siete de junio de dos mil diecinueve (fojas 36-50), la que quedó firme por ejecutoria de veintisiete de septiembre del mismo año, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 24, fracción ********************, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y los diversos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado previstas en el artículo 24, fracción ******************** de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y los diversos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación con el pago que efectuó el impetrante de garantías. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. "." Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada, sin incluir la comisión bancaria de tres pesos. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de noviembre del presente año (fojas 151-157), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió copia certificada del cheque número "0001541" de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, expedido por la Secretaría de Administración de Finanzas, a favor de la parte quejosa Ma. Guadalupe Rodríguez Rodarte, por la cantidad de $5,635.53 pesos, mismo que fue recibido por la propia quejosa el catorce de noviembre del año en curso (foja 156). Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en cuatro de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 14), y que el veintidós de octubre del mismo año, se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecinueve, al mes de ********************. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el ******************** entre el índice para el mes de ********************(al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de ******************** fue de ******************** y para el mes de ********************fue de ********************, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0083. En consecuencia, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de ********************menos la suma de ********************pesos, por concepto de comisión bancaria arroja la cantidad de ********************pesos que multiplicada por el factor anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ******************** pesos; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ********************pesos. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso *******, a través del cual solicita se declare que causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente sumario constitucional; al respecto, indíquese al promovente que deberá estarse a lo ordenado en proveído de dos diciembre del año en actual, en el cual se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos y se requirió el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE.

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