Ana Maria Ortiz Ramirez

Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
645/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Ana Maria Ortiz Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve ANA MARIA ORTIZ RAMIREZ, JOSE ORTIZ VELAZQUEZ y JOSE ROGELIO LEYVA LEYVA, en su carácter de Presidenta, Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Directiva del Comisariado Ejidal del Ejido "Garita de Jalisco", personalidad que se les reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor de la documental que acompañan, contra actos del REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA AGRARIA EN EL ESTADO y de otra autoridad; con veintiocho copias y seis anexos que acompañan; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 645/2021-I. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida contra actos que atribuyen al Representante de la Procuraduría Agraria, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violaciones que estima a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 27 constitucionales, se advierten que los actos reclamados consisten en la primer y segunda convocatoria para la celebración de una asamblea de ejidatarios del núcleo agrario denominado "Garita de Jalisco", emitida por el Representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, así como el acta de Asamblea de tres de julio del presente año. Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El dispositivo legal y fracción citados, prevén que el juicio de amparo es improcedente en materia administrativa, cuando en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre y cuando conforme a la ley que rija dicho recurso o medio ordinario de defensa, se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra su explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están exaltados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos fundamentales del hombre. Por su parte, el principio de definitividad estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente cuando se hayan agotado previamente todos los recursos ordinarios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, está a su alcance el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De la lectura integral de la demanda, se tiene que la parte quejosa se inconforma de la primer y segunda convocatoria lanzada por el representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, así como la asamblea de tres de julio del año en curso. Pues bien, conforme a la Ley Agraria vigente, dichos actos reclamados admiten un medio de defensa ordinario en virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; medio de defensa que debió agotarse en forma previa a la presentación de la demanda de amparo. Dicho lo anterior, es menester recordar que la parte quejosa ANA MARIA ORTIZ RAMIREZ, JOSE ORTIZ VELAZQUEZ y JOSE ROGELIO LEYVA LEYVA, comparecen en su carácter de Presidenta, Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Directiva del Comisariado Ejidal del Ejido "Garita de Jalisco" y, por ende, están sujetos a las disposiciones legales contenidas en las leyes agrarias. En tal virtud, si los promoventes tienen carácter de Presidenta, Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Directiva del Comisariado Ejidal del Ejido "Garita de Jalisco", conforme a lo dispuesto por los artículos referidos, es evidente que previo a la promoción del juicio de amparo indirecto deben acudir ante el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, con sede en esta ciudad, a fin de demandar el juicio de nulidad de las actuaciones reclamadas, consistentes en la emisión de las convocatorias para llevar a cabo la asamblea de ejidatarios del núcleo agrario denominado "Garita de Jalisco", programada para el tres de julio del año en curso, así como la celebración de la misma, en lo que respecta a todos y cada uno de los acuerdos tomados en ella. Pues bien, de todo lo mencionado anteriormente, se concluye entonces que corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios, conocer de la impugnación de las actuaciones de las autoridades agrarias que pueden alterar, modificar o extinguir los derechos de los interesados, a través del juicio de nulidad contemplado en la ley correspondiente al acto reclamado. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; y por ende, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y toda vez que el presente asunto es en materia agraria, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia, la persona que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve ANA MARIA ORTIZ RAMIREZ, JOSE ORTIZ VELAZQUEZ y JOSE ROGELIO LEYVA LEYVA, en su carácter de Presidenta, Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Directiva del Comisariado Ejidal del Ejido "Garita de Jalisco", personalidad que se les reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor de la documental que acompañan, contra actos del REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA AGRARIA EN EL ESTADO y de otra autoridad; con veintiocho copias y seis anexos que acompañan; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 645/2021-I. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida contra actos que atribuyen al Representante de la Procuraduría Agraria, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violaciones que estima a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 27 constitucionales, se advierten que los actos reclamados consisten en la primer y segunda convocatoria para la celebración de una asamblea de ejidatarios del núcleo agrario denominado "Garita de Jalisco", emitida por el Representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, así como el acta de Asamblea de tres de julio del presente año. Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El dispositivo legal y fracción citados, prevén que el juicio de amparo es improcedente en materia administrativa, cuando en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre y cuando conforme a la ley que rija dicho recurso o medio ordinario de defensa, se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra su explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están exaltados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos fundamentales del hombre. Por su parte, el principio de definitividad estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente cuando se hayan agotado previamente todos los recursos ordinarios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, está a su alcance el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De la lectura integral de la demanda, se tiene que la parte quejosa se inconforma de la primer y segunda convocatoria lanzada por el representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, así como la asamblea de tres de julio del año en curso. Pues bien, conforme a la Ley Agraria vigente, dichos actos reclamados admiten un medio de defensa ordinario en virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; medio de defensa que debió agotarse en forma previa a la presentación de la demanda de amparo. Dicho lo anterior, es menester recordar que la parte quejosa ANA MARIA ORTIZ RAMIREZ, JOSE ORTIZ VELAZQUEZ y JOSE ROGELIO LEYVA LEYVA, comparecen en su carácter de Presidenta, Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Directiva del Comisariado Ejidal del Ejido "Garita de Jalisco" y, por ende, están sujetos a las disposiciones legales contenidas en las leyes agrarias. En tal virtud, si los promoventes tienen carácter de Presidenta, Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Directiva del Comisariado Ejidal del Ejido "Garita de Jalisco", conforme a lo dispuesto por los artículos referidos, es evidente que previo a la promoción del juicio de amparo indirecto deben acudir ante el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, con sede en esta ciudad, a fin de demandar el juicio de nulidad de las actuaciones reclamadas, consistentes en la emisión de las convocatorias para llevar a cabo la asamblea de ejidatarios del núcleo agrario denominado "Garita de Jalisco", programada para el tres de julio del año en curso, así como la celebración de la misma, en lo que respecta a todos y cada uno de los acuerdos tomados en ella. Pues bien, de todo lo mencionado anteriormente, se concluye entonces que corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios, conocer de la impugnación de las actuaciones de las autoridades agrarias que pueden alterar, modificar o extinguir los derechos de los interesados, a través del juicio de nulidad contemplado en la ley correspondiente al acto reclamado. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; y por ende, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y toda vez que el presente asunto es en materia agraria, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia, la persona que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente.

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