Ana Maria Medrano Saucedo

Expediente 456/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
456/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Ana Maria Medrano Saucedo
  • Magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia En el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad Determinación. Agréguese al expediente el oficio signado por la aludida autoridad; en atención a la solicitud que realiza, remítasele copia certificada de las constancias que indica. Se precisa al referido juzgador que el presente juicio fue promovido por Ana María Medrano Saucedo, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales A.K.H.M. y C.A.H.M y no por Evelyn Josefina Huerta Lara. Hecho lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, visto su contenido, se advierte que desechó de plano por notoriamente improcedente la recusación promovida por la parte quejosa, dentro del presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Ana María Medrano Saucedo, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales A.K.H.M. y C.A.H.M., contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y otra autoridad, con siete copias que se acompañan; que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 456/2021-I. Atento a su contenido, esta juzgadora procede a su estudio en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por el cual se determinó no admitir el recurso de apelación extraordinario, dentro del toca de apelación 226/2021 relativo al juicio de jurisdicción voluntaria, del índice de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Con base en lo anterior y por las razones que enseguida se expondrán, la suscrita considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En primer término, resulta conveniente destacar que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo y que se encuentran consignados en el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que para ser procedente éste, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. Pues bien, en el caso, debe precisarse que el artículo 971, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, es del tenor siguiente: "Artículo 971.- El recurso de queja procederá: (.) III.- Contra la resolución que niegue admitir una apelación; (.)". En efecto, el numeral transcrito admite la procedencia del recurso de queja contra la resolución que niegue admitir una apelación. En este caso, en contra del el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por el cual no fue admitido el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la ahora parte quejosa en el toca de apelación 226/2021 relativo al juicio de jurisdicción voluntaria, del índice de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (acto reclamado), la parte agraviada se encontraba obligada a agotar el recurso de mérito previo a la interposición del juicio de amparo, por virtud de que a través de dicho recurso pudo lograr la modificación, revocación o nulificación del auto reclamado; de ahí entonces, que el proveído combatido carezca de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el citado artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que señala, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, se destaca que las consideraciones aquí expresadas, son acordes con el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver la queja 54/2019 en materia civil, donde declaró infundado un medio de impugnación contra el auto que desechó una demanda en la que se reclamó el acuerdo que no admite la apelación extraordinaria.

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