Ana Maria Mata Noriega Y Otros
Expediente 682/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ana Maria Mata Noriega Y Otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con el que envía testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 44/2023 de su estadística, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el homólogo Juzgado Quinto de Distrito en el Estado con residencia en Ciudad Valles, para conocer de la demanda promovida por Ana María Mata Noriega y otros. Determinación Ahora, la resolución pronunciada por la superioridad concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. SÍ EXISTE conflicto competencial SEGUNDO. SE DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ana María Mata Noriega y otros. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Archivo Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este cuaderno de antecedentes al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, puesto que se trata de una incompetencia cuyo conocimiento ha sido decretado al órgano declinante, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. Destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el plazo referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido el oficio de cuenta y agréguese a los autos. Determinación En relación con el oficio signado por Gloria Elisa Andrade Macías, Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, téngasele por informando que el referido órgano Jurisdiccional se avoca al conocimiento del expediente 44/2023, formado para la substanciacion del conflicto competencial laboral, suscitado entre esta autoridad y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, para conocer de la demanda promovida por los quejosos. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; así como los anexos que acompaña. Determinación Téngase a la mencionada funcionaria judicial informando que el órgano de su adscripción no aceptó la competencia que le fue declinada. Conflicto competencial Al respecto, respetuosamente, este juzgado no comparte la decisión emitida por Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles. I. Motivo del disenso del juzgado requerido Es así, pues las razones que se dan en el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, para rechazar la competencia, sustancialmente, tienen que ver con lo siguiente: De acuerdo a la precisión de actos reclamados antes realizada, se concluye que en el caso, adversamente a lo considerado por la autoridad federal declinante, se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el aludido inciso c), prevista en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que dispone que tratándose de actos reclamados que no requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente lo será aquel ante quien se presente la demanda. En el caso concreto, como quedó precisado, los actos combatidos por la parte quejosa se dividen en dos tipos de omisiones, a saber: la primera de ellas relacionada con la omisión de contestar diversos escritos presentados por la parte solicitante del amparo (identificada anteriormente como 1); la segunda consistente en las diversas omisiones de proteger y garantizar el derecho a la integridad psicológica, salud mental, dignidad personal y profesional; de propiciar un trabajo digno y decente en la relación laboral, evitar que se reproduzcan roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, exclusión, discriminación que repercuten en la relación de trabajo, así como los comportamientos de abuso de autoridad en el entorno de trabajo; de poner fin al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de las victimas (parte quejosa) frente a una autoridad agresora en el ámbito laboral; de poner un alto al hostigamiento laboral del que se dicen objeto y con ello, dejarles en peligro y riesgo su salud mental; de prevenir y concretar acciones para un tener un trabajo libre de violencia, hostigamiento y acoso laboral (antes marcada como 2). En tal virtud, se conviene con la juzgadora declinante en el sentido de que estas últimas omisiones anteriormente identificadas en el punto 2 se trata de actos reclamados de naturaleza omisiva con efectos positivos, así como que su ejecución material tendrá lugar en los municipios de Ébano y Tamuín, al ser donde se encuentran los centros de trabajo de los agraviados. Sin embargo, se estima que no existe certeza de que la omisión de dar contestación a los diversos escritos reseñados en el ocurso aclaratorio presentado por la parte quejosa (acto marcado como 1) tenga naturaleza omisiva con efectos positivos. Lo anterior se afirma así, pues aun cuando la autoridad declinante menciona que para tener por actualizada una omisión debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, así como que en el caso las omisiones reclamadas constituyen actos que generan consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, tienen ejecución material, en tanto derivan de un deber legal de las autoridades; empero, lo cierto es que omitió puntualizar de dónde deviene el deber de hacer legal que refiere, por lo menos, por parte de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) a quien la parte quejosa atribuye el carácter de autoridad responsable, para así concluir, como lo hizo, que se está ante una omisión con efectos positivos. Incluso, para arribar a la conclusión sostenida por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí se tendría que haber examinado si la totalidad de escritos que la parte solicitante del amparo detalló en su ocurso aclaratorio, cuya falta de contestación reclama, efectivamente se acompañaron a la demanda inicial y si en ellos se ponía en conocimiento de las aquí señaladas como autoridades responsables los deberes y obligaciones de proteger y garantizar el derecho a la integridad psicológica, salud mental, dignidad personal y profesional, que se pusiera fin al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de las víctimas, poner alto al hostigamiento laboral, prevenir y concretar acciones para un trabajo libre de violencia, entre otras cuestiones, como se sostuvo en un primer segmento del auto de dieciséis de junio del año en curso; o bien, alguna otra cuestión diversa. En tales condiciones, este juzgado federal considera que con los datos que se desprenden hasta este momento del juicio de amparo número 686/2023 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, concretamente del ocurso inicial de demanda y escrito aclaratorio, no existe certeza de que el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a los diversos escritos reseñados en el ocurso aclaratorio presentado por la parte quejosa (anteriormente marcado como 1), tenga naturaleza omisiva con efectos positivos, o bien, se traduzca simplemente en un no hacer, sin repercusión alguna en términos normativos, por no estar conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de un deber. Por tanto, no se acepta la competencia planteada, pues de carecer de ejecución material al menos uno de los actos reclamados, la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo recaería en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, al ser ante quien se presentó la demanda, en términos del último párrafo del ordinal 37 de la Ley de Amparo. II. Consideraciones de incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional En auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, este juzgado declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: En ese contexto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales - acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 - el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Ahora, para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1241/1997, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Expuesto lo anterior, ahora se reitera que los actos reclamados son: ? El deber y obligación de proteger y garantizar el derecho a la integridad psicológica, salud mental, dignidad personal profesional; brindar condiciones que propicien un trabajo digno y decente en la relación laboral, evitar que se reproduzcan roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, exclusión, discriminación, repercuten en la relación de trabajo, así como el deber de prevenir comportamientos de abuso de autoridad en la relación laboral, que atentan contra la autoestima, salud, integridad y libertad de las personas quejosas. - Poner fin al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de las víctimas (parte quejosa) frente a una autoridad agresora en el ámbito laboral. - Poner alto al hostigamiento laboral del que se dicen objeto y con ello, dejarles en peligro y riesgo su salud mental. - Prevenir y concretar acciones para un trabajo libre de violencia, hostigamiento y acoso laboral. La subsunción de lo anterior, permite a la suscrita afirmar que las personas quejosas, adscritas a diversos planteles educativos en Ébano y Tamuín, aducen encontrarse en condiciones de hostigamiento laboral y con afectación a la dignidad humana y demás derechos que se derivan de ello, mientras que la obligación de prevenir, reparar, resolver tales eventos, queda a cargo de las autoridades que señalan como responsables, en su carácter de entes educativos que supervisan las condiciones laborales de sus trabajadores. Consecuentemente, las omisiones que nos ocupan, para los efectos del juicio de amparo, constituyen actos que generan consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de las autoridades, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos humanos de las personas de la enseñanza. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleven las acciones que reparen las conductas de que se inconforman. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver los planteamientos sobre el estado de hostigamiento y otros más, en que se encuentra la parte agraviada, implicando con ello, un actuar que, en su caso y de resultar procedente la acción constitucional, tendrá alcances materiales en la situación particular del profesorado. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tendrán ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción las Juezas de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, pues es en su jurisdicción en donde los efectos positivos de las omisiones señaladas a las autoridades responsables de dar contestación a las solicitudes, tendrán efectos. Lo anterior, porque de los documentos que acompañaron la demanda de amparo, se observa que sus centros de trabajo se encuentran en los municipios de Ébano y Tamuín, mismos que según el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales, se encuentran en la jurisdicción de los juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles. Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que, quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es alguna de las Juezas de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno. Estas afirmaciones son acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. III. Consideraciones que derivan en un conflicto competencial Adverso a la conclusión a la que arribó el juzgado requerido, este órgano jurisdiccional considera que los actos combatidos conforman una unidad, sin que pueda dividirse la continencia de la causa para dar lugar a una clasificación entre simples omisiones de dar respuesta a escritos y otras, relativas a las condiciones laborales de las personas quejosas. Es así, pues como se indicó en el acuerdo por el que se declinó la competencia, las omisiones que nos ocupan, se derivan precisamente de dar respuesta a los escritos donde se pone en conocimiento de las responsables el ambiente y condiciones de trabajo; por ello, para los efectos del juicio de amparo, tanto las omisiones de responder sus escritos, como las condiciones de trabajo respecto de las cuales se inconforman las y los agraviados, constituyen actos que generan consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de las autoridades, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos humanos de las personas de la enseñanza. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleven las acciones que reparen las conductas de que se inconforman y que se derivará o no, de atender los escritos cuya omisión se duelen los peticionarios del amparo. De ahí que se diga que tales actos -la omisión de dar respuesta a los escritos donde se da noticia de las condiciones de trabajo (hostigamiento, acoso y otros) no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver los planteamientos sobre el estado de hostigamiento y otros más, en que se encuentra la parte agraviada, implicando con ello, un actuar que, en su caso y de resultar procedente la acción constitucional, tendrá alcances materiales en la situación particular del profesorado. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado, como una unidad, es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Al respecto se invoca, por las razones que la sustentan, la tesis I.1o.P.35 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con cuatro antecedentes en igual sentido y sin ninguno en contrario, visible en la página 2350 del libro 36, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 2016, de la Décima Época, con registro 2013097, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Asimismo, se cita, igualmente por las razones que la sustentan, la tesis II.2o.P.16 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece en la página 2093 del libro 32, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de julio de 2016, de la Décima Época, con registro 2012019, que dispone: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. En esas condiciones, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta, por ser ajeno a la jurisdicción de este órgano de control constitucional el lugar en el que habrá de tener ejecución los actos reclamados -se insiste, y de hecho tiene ejecución- el acto reclamado, es decir, en los municipios de Ébano y Tamuín, ambos pertenecientes al Estado de San Luis Potosí; por lo que ante tal circunstancia, la Jueza Federal competente debe ser la que ejerza jurisdicción en esa localidad. Incluso, como el propio órgano requerido lo señala, al tener ejecución en su jurisdicción las cuestiones propias del hostigamiento, acoso laboral y otros actos, que reclama la parte quejosa; entonces, aún sin aceptar que las omisiones de dar respuesta" son actos distintos, se considera que sobre los mismos habría un conocimiento aprovechable y que también sería sujeto de la competencia de ese órgano jurisdiccional. Sin que tampoco deba soslayarse lo aducido por el órgano requerido, en cuanto a que: Sin embargo, se estima que no existe certeza de que la omisión de dar contestación a los diversos escritos reseñados en el ocurso aclaratorio presentado por la parte quejosa (acto marcado como 1) tenga naturaleza omisiva con efectos positivos. Lo anterior se afirma así, pues aun cuando la autoridad declinante menciona que para tener por actualizada una omisión debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, así como que en el caso las omisiones reclamadas constituyen actos que generan consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, tienen ejecución material, en tanto derivan de un deber legal de las autoridades; empero, lo cierto es que omitió puntualizar de dónde deviene el deber de hacer legal que refiere, por lo menos, por parte de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) a quien la parte quejosa atribuye el carácter de autoridad responsable, para así concluir, como lo hizo, que se está ante una omisión con efectos positivos. Incluso, para arribar a la conclusión sostenida por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí se tendría que haber examinado si la totalidad de escritos que la parte solicitante del amparo detalló en su ocurso aclaratorio, cuya falta de contestación reclama, efectivamente se acompañaron a la demanda inicial y si en ellos se ponía en conocimiento de las aquí señaladas como autoridades responsables los deberes y obligaciones de proteger y garantizar el derecho a la integridad psicológica, salud mental, dignidad personal y profesional, que se pusiera fin al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de las víctimas, poner alto al hostigamiento laboral, prevenir y concretar acciones para un trabajo libre de violencia, entre otras cuestiones, como se sostuvo en un primer segmento del auto de dieciséis de junio del año en curso; o bien, alguna otra cuestión diversa. Sin embargo, será precisamente al conocer los informes justificados en relación a los actos reclamados como una unidad, es decir, en cuanto a las condiciones de trabajo de que son objeto los y las quejosas, donde ese juzgado de Distrito, deberá establecer el deber de las responsables de actuar de alguna forma determinada o no, pues no puede perderse de vista que la cuestión nuclear que le da competencia, es las condiciones de trabajo que se reclaman y que están interrelacionadas con los escritos que fueron presentados y de cuya omisión de dar respuesta se duelen los inconformes. Además, sobre lo que refiere la jueza requerida, en el sentido de que este órgano jurisdiccional omitió puntualizar de dónde deviene el deber de hacer legal que refiere, por lo menos, por parte de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) a quien la parte quejosa atribuye el carácter de autoridad responsable, para así concluir, como lo hizo, que se está ante una omisión con efectos positivos; debe decirse que es suficiente remitirse a la esencia de los entes representativos para conocer que se encuentran en la obligación de defender y velar por los derechos de sus agremiados. Al respecto, es suficiente la consulta al Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), particularmente a su artículo 10, para comprender que el sindicato tiene como objeto social y fines: Artículo 10. El Sindicato tiene como objeto social y fines: I. Defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros; Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que para arribar a la conclusión sostenida originalmente, era innecesario examinar si la totalidad de escritos que la parte solicitante del amparo detalló en su ocurso aclaratorio, cuya falta de contestación reclama, efectivamente se acompañaron a la demanda inicial y si en ellos se ponía en conocimiento de las aquí señaladas como autoridades responsables los deberes y obligaciones de proteger y garantizar el derecho a la integridad psicológica, salud mental, dignidad personal y profesional, que se pusiera fin al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de las víctimas, poner alto al hostigamiento laboral, prevenir y concretar acciones para un trabajo libre de violencia, pues basta remitirse a las consideraciones y argumentos expresados en la demanda, así como a los anexos existentes que fueron adjuntados con la misma, para comprender que la problemática correspondiente tiene que ver con las condiciones de trabajo de las y los quejosos. Siendo que, el órgano requerido, para el caso de admitir la demanda (cuestión que no es posible para este juzgado por aspectos de competencia) y al recibir los informes justificados, podría constatar la existencia o no de la totalidad de las omisiones reclamadas. Por lo cual, con fundamento en el artículo 38, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, a fin de que resuelva a qué órgano judicial le corresponde conocer de la demanda de amparo. Sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedentes, toda vez que ya se encuentra aperturado uno; por tanto, únicamente agréguense al mismo, copia autorizada de la comunicación de cuenta y del presente proveído. Comuníquese esta determinación al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en ciudad con residencia en Ciudad Valles, para su conocimiento. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Consulta del expediente De la revisión de este juicio de amparo, se conoce que: I. La demanda que dio origen a este expediente, se mandó aclarar mediante determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. II. La parte quejosa desahogó la prevención de demanda y al respecto, se dictó auto de uno de junio del año en curso, en donde se le requirió para que ratificaran el ocurso aclaratorio. III. Las y los promoventes del amparo (con excepción de una persona), ratificaron dentro del término otorgado, su escrito de desahogo de prevención, lo que sucedió mediante comparecencia de siete de junio de dos mil veintitrés. IV. Uno de los quejosos, de nombre: *****, no ratificó su escrito aclaratorio. Además, el término para ello, ya transcurrió, pues fueron notificados, previo citatorio, por medio de lista, el siete de los actuales, surtiendo efectos dicha notificación el ocho siguiente, transcurriendo el término del nueve al trece del presente mes y año, sin que lo hubiera hecho. Sin embargo, no resulta jurídicamente posible hacer pronunciamiento en cuanto a esa circunstancia, pues la suscrita carece de competencia legal, por las razones que más adelante se expondrán. Desahogo de prevención. Hechas las anteriores precisiones, se tiene a ******* y otros, por desahogando la prevención efectuada mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Fijación del acto reclamado En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado, según el escrito inicial de demanda y el diverso aclaratorio, se hace consistir en: La omisión de las responsables Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, Supervisora de la Zona Escolar 62 de Telesecundarias y Jefe de Sector 07 de Telesecundarias de responder diversas solicitudes donde ponen en conocimiento -como trabajadores de telesecundarias- con adscripción en los centros educativos y/o planteles educativos ubicados en los municipios de Ébano y Tamuín, del Estado de San Luis Potosí: ? El deber y obligación de proteger y garantizar el derecho a la integridad psicológica, salud mental, dignidad personal profesional; brindar condiciones que propicien un trabajo digno y decente en la relación laboral, evitar que se reproduzcan roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, exclusión, discriminación, repercuten en la relación de trabajo, así como el deber de prevenir comportamientos de abuso de autoridad en la relación laboral, que atentan contra la autoestima, salud, integridad y libertad de las personas quejosas. - Poner fin al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de las víctimas (parte quejosa) frente a una autoridad agresora en el ámbito laboral. - Poner alto al hostigamiento laboral del que se dicen objeto y con ello, dejarles en peligro y riesgo su salud mental. - Prevenir y concretar acciones para un trabajo libre de violencia, hostigamiento y acoso laboral. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Declaración de incompetencia legal por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo Ahora, es indispensable precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales - acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 - el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Ahora, para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1241/1997, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Expuesto lo anterior, ahora se reitera que los actos reclamados son: ? El deber y obligación de proteger y garantizar el derecho a la integridad psicológica, salud mental, dignidad personal profesional; brindar condiciones que propicien un trabajo digno y decente en la relación laboral, evitar que se reproduzcan roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, exclusión, discriminación, repercuten en la relación de trabajo, así como el deber de prevenir comportamientos de abuso de autoridad en la relación laboral, que atentan contra la autoestima, salud, integridad y libertad de las personas quejosas. - Poner fin al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de las víctimas (parte quejosa) frente a una autoridad agresora en el ámbito laboral. - Poner alto al hostigamiento laboral del que se dicen objeto y con ello, dejarles en peligro y riesgo su salud mental. - Prevenir y concretar acciones para un trabajo libre de violencia, hostigamiento y acoso laboral. La subsunción de lo anterior, permite a la suscrita afirmar que las personas quejosas, adscritas a diversos planteles educativos en Ébano y Tamuín, aducen encontrarse en condiciones de hostigamiento laboral y con afectación a la dignidad humana y demás derechos que se derivan de ello, mientras que la obligación de prevenir, reparar, resolver tales eventos, queda a cargo de las autoridades que señalan como responsables, en su carácter de entes educativos que supervisan las condiciones laborales de sus trabajadores. Consecuentemente, las omisiones que nos ocupan, para los efectos del juicio de amparo, constituyen actos que generan consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de las autoridades, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos humanos de las personas de la enseñanza. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleven las acciones que reparen las conductas de que se inconforman. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver los planteamientos sobre el estado de hostigamiento y otros más, en que se encuentra la parte agraviada, implicando con ello, un actuar que, en su caso y de resultar procedente la acción constitucional, tendrá alcances materiales en la situación particular del profesorado. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tendrán ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción las Juezas de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, pues es en su jurisdicción en donde los efectos positivos de las omisiones señaladas a las autoridades responsables de dar contestación a las solicitudes, tendrán efectos. Lo anterior, porque de los documentos que acompañaron la demanda de amparo, se observa que sus centros de trabajo se encuentran en los municipios de Ébano y Tamuín, mismos que según el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales, se encuentran en la jurisdicción de los juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles. Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que, quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es alguna de las Juezas de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno. Estas afirmaciones son acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En las relatadas condiciones, este Juzgado se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita a la Jueza de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
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