Ana María Damian Figueroa

Expediente 217/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
217/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • Ana María Damian Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Ministro Ejecutor del Juzgado Único Menor Mixto, con residencia en Uriangato, Guanajuato; mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 9231/2019 de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, por el que se le notificó que quedó firme el sobreseimiento decretado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Titular del Juzgado Único Menor Mixto, con residencia en Uriangato, Guanajuato; mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 9230/2019 de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y de las constancias que le adjuntaron relativas al juicio ejecutivo mercantil 88/2015-M, en tres tomos.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que el terminó de diez días para interponer recurso de revisión no ha transcurrido para las autoridades responsables, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del sobreseimiento decretado en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se decretó el sobreseimiento, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 88/2015-M (tres tomos), que remitió la Juez responsable, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: Agréguense a sus autos el oficio y anexo que remite el Juez Único Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 192/2019 del índice de este juzgado, que se le envió para emplazar al tercero interesado ********** también conocido como **********. Dese de baja la citada comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial. Lo anterior, aplicado contrario sensu, evidencia que cuando el acto reclamado no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, el juicio de amparo será improcedente. Y es que la finalidad de esta disposición, es permitir el respeto del derecho a la seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa, se tiene que el acto reclamado por la solicitante del amparo se hace consistir en la resolución dictada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, por la Juez Mixto Menor, con residencia en Uriangato, Guanajuato, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 88/2015-M, en la que se resolvió confirmar el auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en el cual se le requirió a la ahora quejosa para que en un término de tres días hábiles otorgara la correspondiente escritura del inmueble a favor de la parte actora, con apercibimiento que de no hacerlo, se emitiría en rebeldía. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, en especial la diligencia de remate en primera almoneda celebrada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 88/2015-M, se advierte que entre otras cosas se ordenó: ".se requiere a la demandada **********, por medio de notificación personal, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que quede firme esta Diligencia de Remate, otorgue a favor de la parte actora material la escritura correspondiente a lo rematado; apercibida que, en caso de no hacerlo, éste Juzgado la otorgará en su rebeldía en los términos del artículo 495 del Ordenamiento legal en cita; siendo en todo caso la demandada responsable de la evicción." Por tanto, es indudable, que la determinación aquí reclamada no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia; pues es evidente que existe un mandamiento anterior, en los mismos términos que la resolución que ahora se reclama y que en realidad ésta determinación participa de las características legales que el artículo 107, último párrafo de la fracción IV de la Ley de Amparo, confiere a la denominada "última resolución". Por ende, es patente que la determinación que pudiera considerarse como la "última resolución", es en realidad la de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dado que fue la que, en términos del numeral 494 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenó el otorgamiento de la escritura; destacando que en contra de esa resolución se interpuso el juicio de amparo 526/2017-I, del índice de este Juzgado, en el cual se le negó la protección constitucional a la quejosa, determinación que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en la ejecutoria de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, pronunciada en el amparo en revisión civil 44/2018, como se constata de las constancias objeto de valoración. De modo y manera que, si en el presente asunto se reclama la resolución del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número **********, en el cual se ordenó requerir nuevamente a la quejosa para que en un término de tres días, voluntariamente, otorgara la correspondiente escritura del inmueble a favor de la parte actora, con apercibimiento que de no hacerlo, se otorgaría en rebeldía; ello constata el hecho de que el acto que aquí se impugna no es la última resolución emitida en el procedimiento de remate, sino en realidad constituye un acto posterior a la última resolución, respecto del cual el amparo ya no es procedente, pues se itera la determinación que en términos del artículo 167, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se consideró la última resolución para estos efectos, fue la providencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete; la que incluso, como se dijo fue objeto de juzgamiento constitucional dentro del expediente. Toda vez que, como lo pretende la Ley de Amparo, ante esta instancia únicamente se puede recurrir la última resolución, a fin de garantizar una correcta seguridad jurídica para las partes; esto, debido a que si se permitieran impugnar todas y cada una de las resoluciones que se dictaran dentro de la etapa de remate, estas serían susceptibles de ser impugnadas infinidad de veces, por el solo hecho de que, ante una conducta rebelde o contumaz, en ellas se requiriera nuevamente tirar la escritura, no obstante que sea solo una mera consecuencia del primer requerimiento -como acontece en la especie- . Esto se corrobora, si se toma en consideración que a la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la cual se considera la última, le recayó el carácter de cosa juzgada, debido a que en contra de dicha resolución, previamente, se interpuso el juicio de amparo en cita, en el que se resolvió negar la protección constitucional a la quejosa, por lo que en este juicio no resultaría viable un nuevo análisis constitucional respecto del procedimiento de remate, al considerar como la última resolución la determinación que hoy se reclama, al ser esta, una mera reiteración de lo ordenado en el primigenio auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, dado que existe un pronunciamiento anterior, que ordena el otorgamiento de la escritura. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

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