Ana María Ayala Rosas
Expediente 86/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana María Ayala Rosas
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio y anexo signado por el Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en Guanajuato, capital, únicamente para que obre como corresponde, toda vez que el veintiuno de marzo del año en curso, se acordó lo conducente.
- Principal
Agréguese en autos el oficio y anexo signado por la Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 39/2021 del índice de este Juzgado, que se envió a efecto de notificar a la quejosa *************, el proveído de fecha nueve de marzo del año en curso. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juzgado Primero de Distrito en Guanajuato, capital mediante el cual, informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por ****************, en ese sentido, Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso j) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho contra actos del Juez Noveno de Control de Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación Arraigo e Intervención de Comunicaciones en la Ciudad de México; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 86/2021-VI. A efecto de proveer respecto de la demanda, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la promovente del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: La abstención de entrar al estudio de la EXCEPCIÓN consagrada en el dispositivo signado como 303 en su sexto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, EXCEPCIÓN, relativa a uno de los supuestos contemplados en dicho párrafo siendo precisamente el que se refiere a hechos relacionados con el delito de SECUESTRO, abstención que se materializo al momento de emitir su resolución, respecto a la ratificación de la solicitud de entrega de datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, instada por el Fiscal General del Estado de Guanajuato, dentro del expediente REDC 59/2021-I, de fecha 15 quince de enero de dos mil veintiuno. Como consecuencia de ello, la destrucción de los datos proporcionados al procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, por la empresa de telefonía Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida regularmente como "Telcel". Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón del territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. Se afirma lo anterior, porque según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda, la autoridad que llevó a cabo la pesquisa cuya revisión fue enviada al Juez Noveno de Control de Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación Arraigo e Intervención de Comunicaciones en la Ciudad de México, a efecto de su ratificación, fue el Procurador General de Justicia en el Estado de Guanajuato, y es a él a quien le corresponde ejecutar la resolución dictada por el Juez de Control. Entonces, de la presente demanda le corresponde conocer al Juez de Distrito, en turno, en Guanajuato, capital, al ejercer jurisdicción territorial en el lugar donde se llevará a cabo la ejecución, en términos del artículo 4, fracción XIII, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado es de carácter positivo, puesto que trae aparejado un acto de ejecución, por lo que este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Se invoca por aplicable el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En razón de lo anterior, de conformidad al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno en Guanajuato, capital, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial en el que se ejecutara el acto reclamado. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, se ordena: a. Remitir el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en turno en Guanajuato, capital, para lo que tenga a bien ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda, así como del escrito aclaratorio, el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, de conformidad con los artículos 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en turno, en Guanajuato, capital, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa por medio de su asesora jurídica, licenciada ***********, en el domicilio ubicado en calle **************, Guanajuato, capital. Asimismo, téngase a la quejosa señalando el correo electrónico ************ y teléfono ********** para recibir notificaciones, lo anterior, de conformidad términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En atención a lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, se le tiene otorgando el correo electrónico personal que refiere en su ocurso. En otro orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita al promovente para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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