Ana María García Camacho
Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana María García Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente y el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en el artículo 21, incisos a) y c) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y se negó la suspensión; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, en particular los informes rendidos por las autoridades responsables, y las constancias allegadas por las mismas como sustento de su informe justificado, se obtiene que: Ante la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en Guanajuato, capital, se lleva a cabo la integración de la carpeta de investigación ********************dentro de la cual, mediante entrevista de dos de diciembre de dos mil veinte y proveído de cuatro del mismo mes y año, se le hizo del conocimiento a la quejosa********************el aseguramiento de la unidad motriz de la marca ********************, con número de serie ******************** con número de motor ******************** del cual detenta su propiedad, así como la negativa de su devolución. Que dentro del cuadernillo ********************de la estadística del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, su titular en resolución de ocho de enero de dos mil veintiuno, declaró improcedente la solicitud de tutela de derechos peticionada por la quejosa********************la cual solicitó en virtud del aseguramiento de la unidad motriz de la marca ********************, con número de serie ******************** con número de motor ******************** que refiere de su propiedad. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna establece: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Numeral que reconoce como derecho fundamental de las personas, la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que fijen las leyes. En ese sentido, si bien es cierto la separación de juicios no está regulada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atendiendo al precepto constitucional citado, así como a la interpretación armónica de la legislación de amparo citada, el suscrito juzgador considera que es procedente dicha separación, cuando se advierta que en un mismo juicio de amparo se reclamen actos provenientes de diversos juicios, siempre y cuando éstos tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, para evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento, así como la tramitación y resolución de una eventual revisión. Atento a los razonamientos expuestos, así como a los criterios citados, este juzgador federal advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, toda vez que la negativa a devolver el vehiculo que la quejosa refiere de su propiedad atribuida al titular de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en Guanajuato, capital, dentro de la carpeta de investigación ********************resulta ser un acto independiente a la improcedencia de la tutela de derechos, imputada a la titular del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, en el cuadernillo ********************de su estadística, lo que los hace ser autónomos. En tales circunstancias, al resultar necesaria la tramitación y estudio en forma separada de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se decreta la separación de la afectación que reclama la parte quejosa en la carpeta de investigación ************* del índice de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en Guanajuato, capital, y el cuadernillo ********************de la estadística del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, para que se tramiten por cuerda separada. Lo anterior, con apoyo además, aplicada a contrario sensu, la tesis de Jurisprudencia P./J. 51/2004, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, página 5, que prescribe: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva. En esas condiciones, se ordena: Obtener copia certificada de la demanda presentada por la parte quejosa y del informe justificado rendido por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, así como desglosar el disco en formato DVD de los registros que integran el cuadernillo número ********************que remitió en apoyo a su informe justificado, para la formación del nuevo juicio de amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para los efectos de registro correspondiente de la demanda de que se trata, se sirva remitir al órgano jurisdiccional que por turno le corresponda conocer para su tramite correspondiente, únicamente en lo relativo al acto reclamado respecto del cuadernillo número ********************de la estadística del Juzgado responsable. En tales condiciones, en el presente expediente se conocerá del juicio de amparo promovido por la aquí quejosa********************en contra de la negativa del titular de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en Guanajuato, capital, de devolverle la unidad motriz de la marca ********************, con número de serie ******************** con número de motor ******************** plasmada en el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, de la carpeta de investigación ********************dentro de la que decretó su aseguramiento por la posible configuración del delito contra la salud; en ese sentido, se provee: En virtud de que la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio, debe decirse que en el caso en concreto el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis X.1o.1 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, materia penal, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Tesis X.1o.1 P (10a.): "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar tales medios ordinarios de impugnación. Ello porque el referido principio de definitividad, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior, no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto, a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a elección de dicho gobernado determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna, lo que está reservado únicamente a los tribunales de control constitucional. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, lo que encuentra su justificación porque esa carencia impediría al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer el fundamento del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede cuando se atribuye infracción a la garantía de audiencia. Fuera de las dos hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que, de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, por una parte, porque no se trata de falta de fundamentación, como tampoco exclusivamente violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad con base en determinados preceptos legales; por otra, tal medio de impugnación permite al interesado expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Asimismo, por su parte la tesis X.1o.1 P (10a.), establece que, para la procedencia del juicio de amparo en los asuntos donde se reclame el aseguramiento de objetos por parte del Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación, y respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, debe previamente agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, con la finalidad de poder garantizar los derechos humanos de los indiciados, victimas y ofendidos, tal y como lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, en virtud de que dicho acto es considerado como aquellos que requieren de un control judicial inmediato, el cual debe ser confrontado ante el Juez de Control, a efecto de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal; pues es, a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En relatadas condiciones, debe decirse que, del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: La negativa del titular de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en Guanajuato, capital, de devolverle la unidad motriz de la marca ********************, con número de serie ******************** con número de motor ******************** plasmada en el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, de la carpeta de investigación ********************dentro de la que se decretó su aseguramiento por la posible configuración del delito contra la salud. Por tanto, como previamente se estableció el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un medio ordinario de defensa, al señalar que: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la citada trascripción, así como del contenido de la tesis X.1o.1 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, materia penal, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."; se puede observar claramente que, respecto de la negativa de devolver el vehículo, reclamada por la quejosa y atribuida al titular de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alto Impacto, existe un medio de defensa ordinario, que puede revocar, modificar o nulificar, dicha determinación; por lo que, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de impugnación previstos en la legislación en comento, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Luego, si la parte quejosa pretende impugnar en la vía de amparo el acto de autoridad de que se habla, sin previamente agotar el medio ordinario de defensa que le permite revocar, modificar o nulificar, resulta inconcusa la improcedencia del presente juicio de amparo, al quedar incumplido el principio de definitividad que lo rige. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la actualización de la hipótesis contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la tesis X.1o.1 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, materia penal, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, con sede en Guanajuato, capital; por tanto, se difiere la misma y se señalan las diez horas con doce minutos del catorce de junio de dos mil veintiuno, para su celebración.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Ana María Damian Figueroa217/2019
- Ana María Damian Figueroa526/2017
- Ana María Damian Figueroa479/2017
- Ana María Damian Figueroa842/2018
- Ana María Damián Figueroa231/2021
- Ana María Flores Rodríguez y Otros.881/2017
- Ana María García Camacho408/2021
- Ana María González Contreras230/2017
- Ana María Guadalupe Rodríguez Durán1142/2017
- Ana María León Torres86/2015
- Ana María López Centeno532/2015
- Ana María Pérez García960/2019