Ana Luz Pinal Rodríguez

Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
580/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Ana Luz Pinal Rodríguez
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    MESA IV. Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, comunica que causó estado el acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente de queja ********************, por el cual declaró sin materia el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, contra el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en este asunto; asimismo, devuelve las copias certificadas de este incidente que se le remitieron a fin de sustanciar dicho recurso. Por tanto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior; asimismo, acúsese el recibo correspondiente. Luego, dado que las copias certificadas que devuelve carecen de relevancia documental y son susceptibles de destrucción en términos el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, serán destruidas. Finalmente, reingrésese este expediente al archivo al que se encontraba. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) El duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, mientras que el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho Acuerdo General. d) En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en los párrafos anteriores, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En tanto que, el original del incidente de suspensión y este expediente, permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán los expedientes y terminado ese proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de quince de agosto del año en curso, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que las autoridades responsables, realizaron en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Atento a lo anterior, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Once de agosto de dos mil veintidós. Veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Quince de agosto de dos mil veintidós. Diecisiete de agosto de dos mil veintidós. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México a la menor de edad de iniciales I.S.P." Previa substanciación del juicio de amparo, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la menor de identidad reservada de iniciales I.S.P., para el efecto de que la autoridad responsable el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y los Secretarios de Salud del Gobierno Federal y del Estado de México, por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México: "1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y los Secretarios de Salud del Gobierno Federal y del Estado de México, por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acrediten que ya aplicaron la primer dosis de la referida vacuna, a la menor de edad quejosa de identidad reservada con iniciales I.S.P., y en caso de no haberlo hecho lleven a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remitan las constancias que acrediten dicha circunstancia.. 2. Una vez aplicada la primera dosis del biológico PfizerBioNTech, las autoridades responsables deberán gestionar y ordenar la aplicación de la segunda dosis del referido biólogo, a los menores quejosos." El once de agosto del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a las responsables, remitieran las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, en auto de quince de agosto pasado, se dio cuenta con la constancia de notificación personal practicada el doce de agosto del año en curso, por el actuario judicial adscrito, por la cual, la parte quejosa le hizo constar que la menor quejosa de identidad reservada de iniciales I.S.P., había sido vacunada contra COVID-19 el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, constancias de las que se acredita el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. De la constancia de notificación personal practicada el doce de agosto del año en curso, por el actuario judicial, se advierte que la parte quejosa le hizo constar que su menor hija de identidad reservada I.S.P., había sido vacunada contra COVID-19 el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, y para acreditar su dicho, le puso a la vista el comprobante de vacunación correspondiente, mismo que se adjunta a la presente razón de notificación. En ese sentido, se estima innecesario requerir el cumplimiento a las autoridades responsables, en virtud de que los efectos para los cuales fue concedida la protección constitucional a la parte agraviada quedaron satisfechos. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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