Ana Luisa Ulloa Mendoza y Otros.

Expediente 285/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
285/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Aldo Gómez Caballero
  • Ana Luisa Ulloa Mendoza y Otros.
  • Ana Luisa Ulloa Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), remite copia de la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal 36/2023 de su índice, mediante la cual, resolvió el procedimiento abreviado solicitado por la fiscalía, en esa causa. Atento a lo anterior, de la certificación de cuenta se obtiene que la audiencia constitucional en el presente sumario, se llevó a cabo a las once horas del ocho de mayo de dos mil veintitrés, y se turnaron los autos para su estudio y elaboración de la resolución que en derecho corresponda. En consecuencia, tómese conocimiento de las circunstancias informadas por la autoridad responsable, debiendo comunicarse lo mismo al secretario proyectista a quien le fueron turnados los autos, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibidos el oficio de cuenta, mediante el cual, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en atención a lo solicitado el pasado veintiuno de abril, informa que ha realizado las gestiones necesarias para vincular en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), la audiencia de uno de febrero del año en curso; circunstancias de las que se toma conocimiento. Cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, formula alegatos a manera de intervención ministerial dentro del presente juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas sus manifestaciones a manera de alegatos, las cuales serán relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con relación a las copias que solicita el promovente de la resolución que este Juzgado de Distrito emita dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, una vez que obre en autos la sentencia correspondiente, expídase en un tanto copia simple de la misma al solicitante. En diversa guisa, visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no obra constancia de notificación personal a los quejosos Ana Luisa Ulloa Mendoza, Aldo Gómez Caballero y León Jose Valdenegro Jacobo, respecto del auto de siete de marzo del año en curso, mediante el cual se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano); por lo tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio constitucional, y se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que se constituya en el centro carcelario donde guardan reclusión los quejosos, les notifique de manera personal el auto de referencia y les dé vista con el informe justificado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, a fin de integrar correctamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y a su vez, se fijan las trece horas del veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de Defensora Pública Federal de ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez, en funciones de Juez de Control; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 285/2023-II. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: El auto de vinculación a proceso, dictado el seis de febrero de dos mil veintitrés dentro de la causa penal ********************del índice de la responsable, así como, la calificación de legal de la detención. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por ********************, en su carácter de Defensora Pública Federal de ********************, contra los actos reclamados antes mencionados; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. En otro sentido, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda, y la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas del treinta de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá, en lo individual una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el supuesto de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Además, en atención a la última reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de dos mil dieciséis y con apoyo en lo dispuesto en el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio señalado como responsable, para que, de ser cierto el acto reclamado, remita con su informe justificado el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes, así como, la versión escrita del auto de vinculación a proceso que en su momento haya dictado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá, en lo individual, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio al Juez responsable, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita la certificación correspondiente, informando si efectivamente la promovente ********************, ostenta el carácter de defensora púbica de ********************, dentro de la causa penal ********************de su índice y remita las constancias que así lo acrediten; apercibida que en caso de ser omisa o no informar la imposibilidad que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Además, se apercibe a la promovente que para el caso de carecer del carácter con el que se ostenta en este juicio, se hará acreedora, a una multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público ********************, por ser quien interviene en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado; por lo que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena librar oficio para emplazarlo a este asunto, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII.3o. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2713, Décima Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO". En otra tesitura, respecto al medio de prueba ofertado por la parte quejosa, reseñado a continuación: Los registros de audios y videos de las audiencias de uno y seis de febrero del año dos mil veintitrés, celebradas dentro de la causa penal ********************del índice de la responsable. Atento a lo anterior, se reserva a hacer mayor pronunciamiento tocante a la probanza ofertada, hasta en tanto, la autoridad responsable rinda su informe justificado. En diverso orden, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a la persona restante que refiere la promovente, por así haberlo solicitado. Luego, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el físico y electrónico señalados para tales efectos, sin que ello constituya una violación procesal a los directos quejosos, quienes actualmente se encuentran privados de su libertad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, undécima época, registro digital 2025391, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. [.] Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. [.] Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable... " Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de éste y de las demás partes en este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Así, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actúa. Notifíquese.

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