Ana Lilia García Longares
Expediente 1945/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1945/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/01/2023
Partes del expediente
- Ana Lilia García Longares
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la determinación de veinticinco de agosto pasado no se realizó la notificación correspondiente a la parte quejosa a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a efecto de que notifiquen a la parte quejosa la determinación antes citada. ... Toluca, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de nueve de agosto del año en curso, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "El oficio 110/F/B/7819/2020 suscrito por la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual se incluye al quejoso en la lista de personas bloqueadas." "El bloqueo de la cuenta bancaria número 22800034487 de la Institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat." "La emisión del acuerdo 145/2020, por medio del cual se ordena bloquear las cuentas bancarias de las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas entre las que aparece, la beneficiaria del aquí quejoso; acuerdo que se reclama por vicios propios y como el primer acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito." "La emisión del oficio 110/F/B/7819/2020, de ocho de octubre de dos mil veinte mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera instruye a las instituciones de crédito mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejecutar la orden de bloquear las cuentas bancarias de las personas incluidas en el Acuerdo 145/2020." "La ejecución de la orden de bloqueo, inmovilización, cancelación, suspensión o revocación señalada en el inciso previo sobre las cuentas bancarias, entre otras la identificada con número 22800034487, aperturada en la Institución Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, así como las consecuencias jurídicas emanadas de dicho acto." "La emisión del oficio 214-4/9742452/2020 de nueve de octubre de dos mil veintiuno, expediente E/AS3-2010-005906-ECM, mediante el cual remite a la institución financiera citada el oficio 110/F/B/7819/2020 suscrito por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que atienda la solicitud contenida en el mismo, esto es, proceda a materializar la orden de suspender los servicios bancarios del aquí quejoso, entre otras, respecto de la cuenta bancaria señalada." Previa substanciación del juicio de amparo, el trece de agosto de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a J. Félix Benítez Jaramillo, para el efecto de que la autoridad responsable: "el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, gire instrucciones a fin de que se deje insubsistente el bloqueo que impera sobre la cuenta bancaria 22800034487 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, a nombre de J. Félix Benítez Jaramillo. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras responsables Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Por tanto, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable, remitiera las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, por acuerdo de nueve de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 26527/2022 con anexos, suscrito por el apoderado legal de SCOTIABANK INVERLAT S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT, mediante el cual, remite diversas constancias en la cual se aprecia que dejó sin efectos el bloqueo de la cuenta 22800034487, por lo que actualmente se encuentra activa, ello en cumplimiento al oficio 110/F/B/1580/2022, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, las constancias remitidas por las autoridades responsables por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se han dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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