Ana Luisa Sánchez Vázquez

Expediente 167/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
167/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Ana Luisa Sánchez Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y considerando que el presente juicio de garantías se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*

  2. Principal

    CAUSA ESTADO El secretario licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de queja transcurrió del veintiuno al veintisiete de este mes y año, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Doy fe. El secretario Lic. Héctor Hugo Mejorada Bedolla. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez, con el estado de autos, en específico, con el acuerdo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, a través del cual se desechó la demanda de derechos promovida y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de derechos que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito; se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Se hace la debida aclaración que la parte quejosa no anexó a su demanda de amparo documentos originales ni alguno otro que amerite su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*

  3. Principal

    CUENTA. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Ana Luisa Sánchez Vázquez, registrada con el folio 2187 y seis copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que Sonia Iveth Flores Rayas y Arturo Flores Torres, tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (8793361 y 3356546), respectivamente. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por Ana Luisa Sánchez Vázquez, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 21, de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 167/2017-6 que por su orden le corresponde; en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución General de la República, reformada el dieciocho de junio de dos mil ocho. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. En ese contexto, el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución General de la República, reformada el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece: "Artículo 20. ... "C. De los derechos de la víctima o del ofendido. ... VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Del precepto anterior se deduce la posibilidad para la víctima o el ofendido de impugnar, entre otros actos, las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, a través de la vía jurisdiccional. Por tanto, constituye un derecho fundamental de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público puede emitir dentro de la carpeta de investigación. En concordancia con lo anterior, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". El normativo referido sujeta a control judicial las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Para tal efecto, la víctima u ofendido podrá impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días siguientes a que le sean notificadas. Luego, el precepto anterior concreta el derecho de fundamental de impugnación contenido en el artículo 20, apartado c, fracción VII, constitucional. En consecuencia, al tratarse de medios de impugnación previstos constitucionalmente en favor de la víctima u ofendido, el recurso establecido en esos términos en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo. Esto es así, pues sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/1 P (10a.) del Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, página: 974: "ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO. Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Morelos, entre las cuales se encuentra la de abstenerse de investigar los delitos u otras omisiones, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control, a través de la queja, en términos del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado. Por tanto, si en el juicio de amparo se señala como acto reclamado la omisión u abstención del representante social de integrar la carpeta de investigación, sin que previamente se haya interpuesto ese medio ordinario de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sostener que es innecesario interponer ese medio ordinario de impugnación -queja- previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que una omisión del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente". En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la determinación sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y no se impugna previamente al juicio de amparo en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional en cita artículo 20, inciso "C", fracción VII. En la demanda de amparo, de manera toral, el acto reclamado se integra por la resolución de diez de noviembre de dos mil quince, emitida en la carpeta de investigación 01864-UEI-MIX/2015-ZAC-I (seguida contra Elena Guadalupe Ramos Ruíz y Jorge Luis Cuevas González, por el delito de fraude específico en agravio de la quejosa), en la que, con fundamento en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determinó la abstención de investigación respecto de los hechos denunciados. De manera que se trata de uno de los actos que marca el artículo 258 de la codificación penal nacional citada, pues se determinó la abstención del Ministerio Público de investigar, en relación con una carpeta de investigación regida por dicha legislación, es decir, tramitada conforme al sistema penal acusatorio (tal y como se advierte de la constancia de notificación que se anexa a la demanda). Luego, es evidente que el acto reclamado es materia de la impugnación regulada por el precepto citado; de ahí que, en conformidad con lo expuesto, debe agotarse ese medio de impugnación previamente al juicio de amparo, a efecto de que la determinación controvertida sea definitiva y no se abuse de dicho medio de control constitucional. En conclusión, al no agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional 20, inciso "C", fracción VII, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos en estudio, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Se tienen como autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Sonia Iveth Flores Rayas y Arturo Flores Torres, toda vez que cuentan con cédulas profesionales 8793361 y 3356546, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Juan de Tolosa 104-B, Centro en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza, licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. *María del Carmen*

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