Ana Luisa Valerio Rodríguez
Expediente 541/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 16/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ana Luisa Valerio Rodríguez
- Juez Tercero En Materia Familiar, Con Residencia En Torreón, Coahuila.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
En dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 565.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Ana Luisa Valerio Rodríguez; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídansele las copias certificadas de las constancias que solicitan, previa identificación y toma de razón que por su entrega se asiente en autos. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
En once de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora.- Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El treinta de noviembre de dos mil quince, se dictó la sentencia en el presente juicio de garantías, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: . . ."Consecuentemente, en atención a que los argumentos examinados que han sido suplidos en su deficiencia, y que han resultado fundados para determinar la ilegalidad del proveído de veintitrés de marzo de dos mil quince, puesto que de manera carente de motivación se decreta la medida cautelar de guarda y custodia de los menores Carlos Ignacio y Diego, ambos de apellidos Hernández Valerio, a favor de Juan Carlos Hernández Sifuentes; lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia de la unión a Ana Luisa Valerio Rodríguez, para efecto de que el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila (quien ahora conoce del contradictorio), deje insubsistente dicho acuerdo y emita uno nuevo en el que se pronuncie sobre la guarda y custodia de los menores tomando en cuenta lo siguiente: Deberá considerar, aunque no de manera textual, lo prescrito por los numerales del código adjetivo civil del Estado a que se hizo alusión en el cuerpo de la presente sentencia. Deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. La decisión judicial de guarda y custodia deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para los infantes, así como también deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para los menores. Deberá considerar que los menores necesitan tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de la edad. Deberá evaluar la posibilidad de escuchar la opinión de los menores previamente a emitir la medida cautelar de guarda y custodia, o bien, tomar en cuenta la diligencia de veinticuatro de marzo de dos mil quince desahogada por la autoridad ejecutoria relativa a la comparecencia de los menores, en donde les fue otorgado el uso de la voz, ponderando ésta con las circunstancias especiales del caso, y con ello arribar a una determinación teniendo como eje rector el interés superior de los menores. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, en virtud de que su reclamo se realiza como consecuencia del emitido por la ordenadora y no así por vicios propios. ". . . (f. 201-218). Posteriormente, en auto de catorce de enero de dos mil dieciséis, se declaró que la sentencia protectora de garantías causó ejecutoria y se procedió a requerir su cumplimiento (f. 264). Al efecto, en auto de veintiséis de enero del año citado, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Villanueva, Zacatecas, mediante el cual remitió copia certificada del auto de veintidós de enero del año en curso, por el que dejó insubsistente el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil quince, así como las actuaciones realizadas en el exhorto recibido para su diligenciación (f. 273). Por otra parte, en proveído de tres de febrero de la presente anualidad, se tuvo por recibido, vía fax el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de Torreón, Coahuila, por el que transcribió el auto emitido el dos de febrero citado, dentro del expediente 891/2015 del que emanan los actos reclamados mediante el cual dejó insubsistente el proveído de veintitrés de marzo de dos mil quince, en todo lo relativo a la custodia provisional de los menores hijos de la aquí quejosa, y señaló fecha para una audiencia, en la que resolvería respecto a dicha custodia (f. 277). Posteriormente, en auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se recibió el oficio remitido por la mencionada autoridad responsable, al que adjuntó copia certificada de la audiencia celebrada el diez de febrero de dos mil dieciséis (f. 285). Como consecuencia, con los proveídos antes citados se dio vista a la quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, desahogando dicha vista mediante escrito recepcionado en este juzgado el veintinueve de febrero del presente año, con registro 4265 (f. 287-289). Conforme a lo expuesto, toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada en los términos y para los efectos antes precisados, esto es, para que el Juez de Primera Instancia y de lo Familia de Torreón, Coahuila, dejara insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil quince, y emitiera otro en el que se pronunciara sobre la guarda y custodia de los menores Carlos Ignacio y Diego, ambos de apellidos Hernández Valerio, tomando en consideración lo prescrito en los numerales del Código Adjetivo Civil del Estado de Coahuila, a que se hace mención en la sentencia de que se trata; y asimismo, atender en todo momento el interés superior del menor, así como el escenario que resultara menos perjudicial para dichos menores; buscar una solución estable, justa y equitativa lo más benéfica para los mismos; considerar que necesitan tanto del padre como de la madre; y, evaluar la posibilidad de escuchar la opinión de los menores previamente a emitir la medida cautelar a que se alude. Además, existe constancia en autos de que el juez responsable dejó insubsistente el proveído de veintitrés de marzo de dos mil quince, en todo lo relativo a la custodia provisional de los menores hijos de la aquí quejosa; asimismo, que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Villanueva, Zacatecas, también dejó sin efecto el auto de veintitrés de marzo de dos mil quince, así como las demás actuaciones realizadas en el exhorto que el propio Juez de Torreón le giró; y, que esta última autoridad celebró nueva audiencia en la que, luego de escuchar a los referidos menores quienes entre otras cosas manifestaron, que tienen nueve y seis años de edad, por lo que cursan el cuarto y primer grado de instrucción primaria en una escuela en Matamoros, Coahuila, donde viven con sus abuelos maternos; que el primero tiene calificaciones entre ocho y nueve, que desde chiquito vive con sus abuelitos, pues su madre vivía con ellos, pero se fue a trabajar a Zacatecas a una escuela porque ahí trabaja un tío; que una vez estuvieron viviendo con ella, pero no los dejaba jugar mucho, porque siempre estaba dormida porque decía que el día fue duro y que cuando estaban con su mamá a veces iba con ellos una amiga de ella, y que ya después los recogía para llevarlos a su casa y que comían en la casa de la amiga; mencionó también el menor de nueve años, que no le gustaba mucho estar con su mamá, porque casi no lo dejaba salir a jugar, pero que si lo dejaba salir más a jugar, sí le gustaría estar con ella; que el padre de los mismos trabaja en una escuela en un rancho que se llama Nieves a donde fueron a visitarlo y vive con otros dos amigos en una casa de tres cuartos, por lo que ocupa uno de dichos cuartos, que fue donde se quedaron cuando lo fueron a visitar; que su padre va a visitarlos cada domingo con sus abuelos y a su madre la ven poco; encontrándose presentes en la audiencia los padres de los propios menores, es decir, la aquí quejosa y el tercero interesado; y, atendiendo a las circunstancias referidas por los menores de mérito, así como a lo que resultara más benéfico para ellos, ambos progenitores estuvieron de acuerdo en que sus menores hijos permanezcan bajo la guarda y custodia provisional de sus abuelos maternos, hasta en tanto se continúe con el juicio de divorcio y se tengan mayores elementos que les permitan convenir nuevamente en relación al cuidado de los hijos, o bien la autoridad resuelva en definitiva lo que en derecho proceda. En razón de lo cual, la autoridad responsable hizo constar que se encontraban presentes Nicolás Valerio Reyes y María Luciana Rodríguez Ramírez, abuelos maternos de los aludidos menores, a quienes previa identificación, se les hizo saber el mencionado acuerdo, habiendo manifestado que si era su deseo hacerse cargo de dichos menores, con lo que se celebró el convenio respectivo, concluyendo la responsable en los siguientes términos: ."En consecuencia de lo anterior esta autoridad acuerda: como lo solicitan las partes del presente litigio, y por las razones que han sido expuestas, y en busca del interés superior de los menores hijos de las partes en litigio, y como una medida provisional de protección hacia su persona e integridad tanto física como emocional, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 372, 552 y 554 del Código Civil, así como lo expuesto en la convención sobre los derechos del niño, en sus artículos 3, 9 y 12, y considerando que con el referido acuerdo establecido por las partes en esta audiencia, se atiende el interés superior del menor al establecer un lugar distinto al domicilio de sus padres, y que es el lugar en donde han permanecido a última fecha, por lo que se encuentran involucrados en una dinámica familiar al lado de sus abuelos maternos, y que ante una situación nueva o distinta a la que ellos habitualmente se encuentran acostumbrados, pero que además se encuentran respetados los derechos de convivencia de ambos progenitores y que incluso los propios menores hijos de las partes expresaron la conformidad con lo anterior al respecto, y que también se corrobora lo anterior con el estipulado de la investigación que fuera solicitada de llevar a cabo a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, y de la cual obra agregada en autos referente a una investigación de campo y visita domiciliaria que arroja como resultado precisamente que el domicilio habitual de los referidos menores es al lado de sus abuelos maternos, esta autoridad aprueba el anterior acuerdo entre las partes en lo referente a la guarda y custodia provisional de los menores hijos, régimen de convivencia y el pago de pensión alimenticia, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente asunto". Por lo tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Lo anterior, sin que constituya obstáculo lo manifestado por la quejosa en su escrito recibido el veintinueve de febrero del año en curso en el sentido de que la autoridad responsable continúa violentando los derechos del niño con su determinación de mérito, ya que sus menores hijos deben estar con ella, debido a que el padre de los mismos no vive con ellos, porque se fue a trabajar a lugar distinto, negándoles la posibilidad de estar con él, por lo cual, según aduce, la responsable viola en lo más profundo el interés superior del niño; pues como puede verse de lo antes expuesto, la propia responsable atendió a dicho interés superior de los menores y por tanto a lo determinado en la sentencia protectora de garantías. Además, la promovente del amparo estuvo presente en la audiencia a que se hizo referencia, por lo tanto, fue precisamente ella quien convino con el tercero interesado en que los menores estén provisionalmente al cuidado de sus abuelos maternos, quienes se han hecho cargo en los últimos meses, y con los cuales a los propios menores les gusta estar, lo que se refleja en las calificaciones que dice ha obtenido el que cuenta con la edad de nueve años. En atención a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.
- Principal
En uno de marzo de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 4265.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito signado por la quejosa ANA LUISA VALERIO RODRÍGUEZ, mediante el cual desahoga la vista ordenada en auto de veinticuatro de febrero del año en curso; y en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en su libelo, las cuales serán tomadas en consideración una vez que este Juzgado de Distrito se pronuncie sobre el cumplimiento otorgado a la ejecutoria protectora de garantías emitida en el presente asunto. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.
- Principal
En veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez con un oficio registrado con el número 3783 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de Torreón, Coahuila, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia celebrada el diez de febrero del año en curso; con su contenido se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a su legal notificación, manifieste lo que su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento dado al fallo protector de mérito conforme a las constancias que obran en este expediente, y las constancias aportadas por las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.
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