Ana Luisa Barrón Castruita
Expediente 425/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ana Luisa Barrón Castruita
- Juez Primero de lo Mercantil en el Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En dieciséis de julio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del dos al quince de julio de dos mil quince, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el veinticinco de junio de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 425/2015.- DOY FE. En la misma fecha el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil quince, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. De igual forma, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo en cita, se determina que el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. DOY FE.
- Principal
SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARTHA ALICIA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ANA LUISA BARRON CASTRUITA por sí y en representación de su menor hija ANA ISABEL RODRÍGUEZ BARRON, contra las autoridades responsables y en cuanto a los actos precisados en el considerando segundo, inciso 2, de este fallo.".
- Principal
El treinta de junio de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez, con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de junio de dos mil quince. Vista la razón actuarial de veintiséis de junio de dos mil quince, asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, en el sentido de que no le fue posible notificar la sentencia de veinticinco de junio del año en curso, a la tercero interesada Martha Alicia Márquez Rodríguez, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones a nombre de ésta, no obstante haber sido legalmente notificada y requerida para que lo señalara; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de abril de dos mil quince (fojas 58 a 61), y se ordena se practique a la tercero interesada en comento, la notificación de la referida resolución, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 425/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ANA LUISA BARRÓN CASTRUTIA, por propio derecho y en representación de su hija Ana Isabel Rodríguez Barrón formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital; por los actos que se precisan a continuación: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acto que se reclama es el incidente de notificación, emplazamiento y ejecución de los autos dictados por el C. Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital en lo relativo al acuerdo de fecha 19 de Marzo del 2015, en donde se autoriza se emplee la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras en la casa donde habitamos la quejosa y sus hijos". 2°. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince, la registró bajo el número 425/2015 y, previno a la promovente para que precisara con claridad el acto que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables, además, para que exhibiera cuatro copias más del escrito de demanda, de la misma forma, se le previno para que señalara el domicilio en que puede ser emplazado JESÚS RODRÍGUEZ ALVAREZ; así mediante escrito de fecha seis de abril de dos mil quince, se dio cumplimiento a la prevención, por lo que se admitió a trámite en auto de siete de abril de dos mil quince, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó al tercero interesado y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el catorce de abril de dos mil quince. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, dictado por el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, en el cual autoriza se emplee la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras en el domicilio donde habita la quejosa y sus hijos. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Mercantil con sede en esta ciudad, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas al Juicio Mercantil Ejecutivo marcado con el número 954/2014 en donde consta el acto reclamado; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". En el caso, este Juzgado de Distrito de oficio, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo vigente. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." y "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, la faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto; así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, procede evidenciar, por qué los actos reclamados, a saber, el auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio mercantil ejecutivo número 954/2014 del índice del Juzgado Primero Mercantil de la capital, por el cual se autoriza el uso de la fuerza pública, el rompimiento de chapas y cerraduras, no afectan la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. En principio conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del citado Juicio Mercantil Ejecutivo número 954/2014, y en esencia son: Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil catorce, Gloria Lorena Botello Orozco y Fernando Reveles Estrada, en su carácter de endosatarios en procuración de Martha Alicia Márquez Rodríguez, promovieron en la vía Mercantil Ejecutiva la acción cambiaria directa contra Jesús Rodríguez Alvarez (fojas 70 a 59). Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil catorce, el Juez Primero del Ramo Mercantil con sede en la capital, admitió a trámite la demanda, ordenó requerir de pago al demandado JESÚS RODRÍGUEZ ALVAREZ y en caso de no hacerlo el embargo correspondiente (foja 60). El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el actuario judicial realizó el requerimiento de pago al demandado Jesús Rodríguez Alvarez, en el domicilio ubicado en avenida Prolongación la Condesa número treinta y cinco, fraccionamiento la Joya en Guadalupe, Zacatecas, al no realizar el pago el propio demandado señaló bienes para embargo (fojas 82 y 83). Mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil quince, la autoridad responsable a petición de la parte actora revocó el cargo de depositario judicial del demandado y ordenó requerirlo por la entrega de los bienes embargados, así como el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario (foja 90). Hecha esa precisión, es importante destacar que la parte quejosa a su escrito inicial de demanda anexó: 1). Copia simple de una credencial de elector a nombre de Ana Luisa Barron Castruita (foja 8). 2). Copia fotostática certificada del proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince (foja 10). 3). Copias fotostáticas simples de diversas actuaciones de un juicio de divorcio necesario promovido por Ana Luisa Barrón Castruita contra J. Jesús Rodríguez Alvarez (fojas 13 a 48). 4).Tres actas de nacimiento a nombre de Juan José, Jesús Manuel y Ana Isabel, todos de apellidos Rodríguez Barrón (fojas 55 a 57). Documentales las antes precisadas que no acreditan que a la quejosa se le vaya a ocasionar un perjuicio con motivo de la diligencia de requerimiento de entrega de los bienes embargados dentro de los tres días siguientes al mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo se autorizará el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario a realizarse en el domicilio del demandado, ordenado por el Juzgado Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. Lo anterior se afirma, en virtud de que, si bien es verdad que la autoridad mercantil, dentro del Juicio número 954/2014, el veintiséis de febrero de dos mil quince, dictó auto de requerimiento de entrega de los bienes embargados dentro de los tres días siguientes al mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo se autorizará el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario a realizarse en el domicilio del demandado, ordenado por el Juzgado Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, el cual debe de ser realizado en el domicilio del demandado JESÚS RODRÍGUEZ ALVAREZ ubicado en Prolongación la Condesa número treinta y cinco, Fraccionamiento las Joyas, Guadalupe, Zacatecas. Sin embargo, la quejosa si bien en su escrito de demanda manifestó tener su domicilio en Avenida Ampliación de la Condesa número treinta y cinco, Colonia las Joyas, Guadalupe, Zacatecas, no exhibió prueba alguna con la cual demuestre tener su domicilio en el domicilio mencionado, y no el de la parte demandada en el juicio natural; esto es, no está demostrado que el inmueble en el cual se ordenó realizar la diligencia de requerimiento de entrega de los bienes embargados dentro de los tres días siguientes al mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo se autorizará el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario a realizarse en el domicilio del demandado, ordenado por el Juzgado Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital sea precisamente el domicilio de la impetrante de garantías, pues se insiste, no exhibió documento alguno con el cual acredite tal circunstancia. Por tanto, es evidente que los actos reclamados, esto es, el requerimiento por la entrega de los bienes muebles embargados en el juicio natural, ordenada por el Juez Primero del Ramo Mercantil con sede en esta ciudad, no afecta la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. Por otro lado, en cuanto a lo que aduce la quejosa que con el acto de molestia de requerimiento de entrega de bienes muebles embargados ordenado por auto de veintiséis de febrero de dos mil quince, debe sostenerse que al respecto tampoco se encuentra acreditado que se afecte el interés jurídico de la misma. Se afirma lo anterior, ya que, en primer lugar, la diligencia ordenada por proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince, no está dirigida ni ordena el requerimiento de entrega de bienes muebles embargados propiedad de ANA LUISA BARRON CASTRUITA (quejosa), pues de su lectura se desprende que va dirigida a requerir al demandado JESÚS RODRÍGUEZ ALVAREZ. Asimismo, no se desconoce que la quejosa tenga preocupación con el acto de molestia que se pretende realizar en el domicilio ubicado en Prolongación la Condesa número treinta y cinco, Fraccionamiento las Joyas, Guadalupe, Zacatecas; sin embargo, el hecho de que se constituya el actuario a realizar una diligencia ordenada por su superior, que claramente está destinada a una persona distinta de la hoy quejosa, no da lugar para que quien habite en la actualidad ese domicilio pueda alegar una afectación que trascienda a su esfera jurídica de derechos, pues en todo caso, el no localizar al demandado únicamente provoca que se haga una investigación en la que se determine sí el demandado cuenta con domicilio dónde pueda ser buscado, pero en modo alguno legitima a quien se vea en la necesidad de atender el acto de molestia, a que el actuario se constituya en el domicilio que el actor del juicio señaló como del demandado, incluso, a que no se ejerza la acción. De ahí que no se le está afectando algún derecho sustantivo protegido por alguna norma legal, lo que provoca que se actualice la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, es procedente decretar el sobreseimiento del juicio conforme con la fracción V del artículo 63 del cuerpo normativo invocado. Es aplicable a lo anterior, las tesis del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.- La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto al acto reclamado a la autoridad ejecutora Director de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". No es óbice a lo anterior, el que la quejosa ANA LUISA BARRÓN CASTRUITA, promueva el presente juicio de garantías por propio derecho y en representación de la menor de edad Ana Isabel Rodríguez Barrón, toda vez que con la conclusión a la que se arribó en esta determinación no se vulnera en perjuicio de la menor de edad, lo establecido por los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla, el otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan, pues aun y cuando la madre de la menor, dice que el requerimiento de entrega de los bienes embargados lo será el domicilio en que supuestamente vive con la menor de edad, se insiste, no acreditó tener su domicilio en el lugar donde habita el demandado en el juicio natural. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ANA LUISA BARRON CASTRUITA por sí y en representación de su menor hija ANA ISABEL RODRÍGUEZ BARRON, contra las autoridades responsables y en cuanto a los actos precisados en el considerando segundo, inciso 2, de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo, hasta el día hoy veinticinco de junio de dos mil quince.
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