Ana León Castañeda

Expediente 829/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
829/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Ana León Castañeda
  • Genevie Larissa García
  • ANA LEÓN CASTAÑEDA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Sergio Beas Becerra, defensor privado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, y en lo que aquí interesa, solicita que se regularice el procedimiento en el presente asunto con motivo de la ratificación de comparecencia llevada a cabo el ocho de agosto del año en curso, en virtud de que refiere que el escrito que debió ratificar era el registrado con el folio 10143. Ahora, del estado que guardan los autos se obtiene que por auto de tres de agosto del año en curso, con motivo del escrito registrado con el folio 10691 firmado por el referido promovente, se hizo constar que la firma de dicho ocurso era notoriamente distinta a las firmas que obraban tanto en el escrito inicial de demanda la cual fue materia de prevención en el auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, así como del escrito registrado con el folio 10143 el cual fue materia del auto de veinticuatro de julio del presente año, motivo por el cual se ordenó que ratificara únicamente el contenido del escrito registrado 10691, lo que en el caso aconteció el ocho de agosto siguiente, no así del registrado con el folio 10143 como lo refiere en el escrito de cuenta, respecto al cual no se ordenó ratificación alguna, contrario a lo que señala. Sin embargo, ambos así como la demanda fueron considerados para la emisión del acuerdo de nueve de agosto pasado; por lo anterior, no ha lugar a proveer favorable su petición. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la constancia de comparecencia de ocho de agosto del año en curso, se advierte que Sergio Beas Becerra defensor privado de los directos quejosos Ana León Castañeda también conocida como Ana Castañeda León, Genevie Larissa García, Luis A. Loera Ramos y Andreé Iván Castañeda, ratificó el contenido del escrito registrado con el folio 10691. Desechamiento. Del escrito de demanda y escritos aclaratorios se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables lo siguiente: Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-2 de UEIDCS (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a través de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud) de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México. -La pena de nueve años, dos meses de prisión y 210 (doscientos diez) días de multa propuesta por dicha fiscalía con motivo de la solicitud del procedimiento abreviado por la defensa de los procesados, aquí quejosos, dentro de la causa penal 838/2021. Fiscal General de la República, con residencia en la Ciudad de México. -Que se impida a los procesados, aquí quejosos el acceso legal al mecanismo del procedimiento abreviado dentro de la causa penal 838/2021. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. -El auto de apertura a juicio oral dentro de la causa penal 838/2021 ya que no podría llevarse a cabo el procedimiento abreviado solicitado por la defensa de los procesados, aquí quejosos. En atención al principio de continencia de la causa se analizan en su conjunto los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, se pone de manifiesto que los actos reclamados al Fiscal General de la República, con residencia en la Ciudad de México, así como al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, son en vía de consecuencia del acto reclamado destacado consistente en la pena de nueve años, dos meses de prisión y 210 (doscientos diez) días de multa propuesta por dicha fiscalía con motivo de la solicitud del procedimiento abreviado por la defensa de los procesados, aquí quejosos, dentro de la causa penal 838/2021, que se le atribuye al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-2 de UEIDCS (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a través de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud) de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis XXIV.1o.20 P (11a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con número de registro digital 2026828 de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE SEÑALAN TANTO LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE ADMITIÓ EL DE APELACIÓN, COMO LA DICTADA EN ÉSTE, NO DEBEN ANALIZARSE DE FORMA AUTÓNOMA O DESVINCULADA, SINO CONSIDERARSE A LA PRIMERA COMO UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS QUE RIGEN EL TRÁMITE DE LA APELACIÓN. Hechos: En una demanda de amparo indirecto la parte quejosa reclamó de forma destacada tanto lo resuelto en el recurso de revocación que interpuso contra el auto que admitió a trámite el diverso de apelación previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto por el imputado contra la negativa a modificarle alguna de las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso, como la interlocutoria dictada en la apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se señalen como actos reclamados en el juicio de amparo indirecto en materia penal tanto la interlocutoria que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto que admitió el de apelación, como la resolución dictada en éste, no deben analizarse de forma autónoma o desvinculada, aunque así se hayan reclamado, sino que de acuerdo con el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, debe considerarse a la primera como una violación a las reglas que rigen el trámite del recurso de apelación. Justificación: Lo anterior, porque de acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito al emitir las sentencias tiene la obligación de analizar la demanda y desentrañar cuál o cuáles son realmente los actos reclamados, a fin de determinar los que tienen esa naturaleza o, en su caso, constituyen violaciones procesales y no actos destacados y autónomos, aunque así se señalen en la demanda, para con base en ello resolver lo efectivamente planteado. En consecuencia, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclama alguna determinación que constituye la última dentro del procedimiento de ejecución o cuyos efectos sean de imposible reparación, junto con ella deben impugnarse todas las violaciones procesales que acontezcan durante el trámite de la secuela procesal que le dio origen, pero no de forma destacada, porque el juicio de amparo indirecto no procede contra violaciones acaecidas en la secuela del procedimiento que dio origen a aquéllos; de ahí que si el Juez de Distrito en primer orden resuelve lo relativo al recurso de revocación como un acto autónomo y destacado, y no como una violación procesal acaecida durante el trámite del recurso de apelación, con ello divide la continencia de la causa, al estudiar dichos actos en forma diversa a lo que prevé la ley cuando se reclaman ese tipo de violaciones." Por tanto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I de la Constitución General de la República; y 1, fracción I, 5 fracción II (aplicado en sentido contrario) y primer párrafo del artículo 217 de la ley de la materia, para desechar de plano la demanda de amparo. Los artículos referidos establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución." Ley de Amparo "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. (.)". "ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" La interpretación lógica y sistemática de las normas transcritas, permite inferir que la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a esos derechos, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es menester que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse a través del juicio constitucional, sino únicamente los "actos de autoridad". En este contexto, es pertinente precisar que una autoridad, para efectos del amparo, es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De lo anterior se puede resumir que las características de un acto de autoridad, para efectos del amparo, requiere: -La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. -Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. -Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. -Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ilustran lo anterior, las tesis visibles bajo los rubros y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, de los antecedentes de los actos reclamados señalados bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refirió que en la causa penal 838/2021 que se le instruye a los directos quejosos, el veintiuno de junio del año en curso le fue informada la pena de nueve años, dos meses de prisión y 210 (doscientos diez) días de multa propuesta por la fiscalía con motivo de la solicitud del procedimiento abreviado por la defensa de los procesados, aquí quejosos, lo cual a su consideración es ilegal. Luego, el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que: "Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el Juez la oposición que se encuentre fundada, y III. Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación." De la disposición transcrita contiene los presupuestos jurídicos que deben cumplirse para la tramitación del procedimiento abreviado. Esto, entre otras cuestiones, implica que sólo si todos esos presupuestos enunciados están plenamente satisfechos, entonces el Juez de Control admitirá la apertura de dicho procedimiento y procederá al dictado de la sentencia respectiva. Lo anterior, encuentra su complemento en el artículo 202 del propio cuerpo de leyes en estudio, el cual establece la oportunidad al Ministerio Público para solicitar la reducción de la pena mínima de prisión en el procedimiento abreviado, en los términos que a continuación se trascriben: "Artículo 202. Oportunidad El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador." La norma procesal transcrita ilustra el método general al que debe ajustarse la actuación del Ministerio Público en la formulación de la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y de la reducción de las penas de prisión. Consecuentemente, es la ley adjetiva citada la que otorga categóricamente al fiscal la facultad de solicitar la apertura del procedimiento abreviado. Esto, en su calidad de sujeto parte en el procedimiento respectivo, como dispone el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, si bien la Constitución Federal incorpora beneficios en la lógica de la terminación anticipada del proceso en el sistema penal acusatorio y oral, también establece que será en la ley secundaria donde se preverán los mismos, acorde al modelo de justicia criminal que diseña la propia Norma Fundamental. De ese modo, los beneficios relativos adquieren una connotación puramente instrumental. Esto es, constituyen medidas adecuadas para generar los resultados y fines que el artículo 20, apartado A de la Carta Fundamental, adscribe al sistema penal acusatorio. Su función es incentivar que los imputados opten por la "aceptación" voluntaria de la participación, no sólo con el objetivo específico de terminar en forma anticipada el proceso penal, sino para que disfrute de los beneficios legales que procedan, tales como la obtención de penas menos estrictas; previa garantía de reparación del daño a la víctima u ofendido por el delito de que se trate. No obstante, lo anterior se actualizará siempre y cuando el fiscal estime la viabilidad jurídica de su solicitud. En efecto, dicha condición constitucional debe verse como una medida adecuada y funcional en la justicia penal. El Ministerio Público ha de valorar discrecionalmente las estrategias que faciliten la terminación anticipada de los procedimientos penales, garantizando la reparación del daño a la víctima del delito, con respeto a los derechos humanos del imputado, como textualmente lo refiere la aludida disposición fundamental. En ese sentido, la petición de apertura del procedimiento abreviado corresponde en estricto sentido al Ministerio Público, en ejercicio de la política criminal diseñada por el legislador para la delimitación de los beneficios que se prevén con el mismo, obedeciendo a una intención de otorgar plena vigencia al principio democrático de derecho, dado que las circunstancias en que se desarrollan los procesos penales reflejan cierta dificultad para lograr una justicia pronta, completa y expedita, de conformidad con el texto del numeral 17, párrafo segundo, de la propia Constitución Federal. Por tanto, la actuación de los agentes del Ministerio Público, entendida como parte de una misma unidad, como sujetos del proceso penal acusatorio y oral, se verifica en calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en el procedimiento abreviado previsto en los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 89/2019, determinó que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A continuación se cita el criterio jurisprudencial 1a./J.34/2020 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2022071 de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." De lo hasta aquí expuesto se colige que el acto que se reclama de manera destacada en esta instancia, consistente en la pena de nueve años, dos meses de prisión y 210 (doscientos diez) días de multa propuesta por la fiscalía con motivo de la solicitud del procedimiento abreviado por la defensa de los procesados, no es un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. En tales condiciones, como se indicó, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1°, fracción I, 5°, fracción II, interpretado en sentido contrario, y primer párrafo del artículo 217 de la ley de la materia; en términos del artículo 113 del propio ordenamiento legal se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 45/2022 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2024606 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA. Hechos: Una Jueza de Control consideró improcedente la apertura del procedimiento abreviado solicitada por la defensa de un imputado, porque los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que debe pedirlo el Ministerio Público. Posteriormente, un Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto en el que se cuestionó la constitucionalidad de dichos preceptos, pero el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso de revisión respectivo levantó el sobreseimiento y ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera los temas relativos a su competencia originaria. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado, no transgreden el derecho de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa. Justificación: La interpretación sistemática de los artículos 17, párrafo quinto, y 20, apartado A, fracción VII, constitucionales, revela que el procedimiento abreviado tiene una doble función en el sistema penal acusatorio y oral: instrumental y de garantía. Su función instrumental consiste en despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales; mientras que su función de garantía obedece a que se erige como un mecanismo de acceso a la justicia restaurativa. Esta circunstancia denota que el procedimiento abreviado no es un derecho en sí mismo, sino una institución procesal diseñada para hacer más eficiente el sistema y materializar la justicia restaurativa, por lo que el derecho que subyace es el de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa, el que se verá afectado en la medida en que se impida u obstaculice injustificadamente acudir al mismo. Así, la circunstancia de que en los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se faculte únicamente al Ministerio Público para solicitarlo al Juez de Control, no obstaculiza ni impide el acceso a una justicia restaurativa, pues lo relevante en el procedimiento abreviado no es la función del Juez de Control -que consiste en verificar que se cumplan las características que le dan validez-, sino el acuerdo al que lleguen las partes respecto a la reparación del daño y la reducción de la pena a imponer -el cual no corresponde modular al Juez de Control-, por lo que tal solicitud se reduce a una simple notificación de que se alcanzó un acuerdo, de lo que se sigue que resulta irrelevante quién la formule para efectos de ejercer el derecho de acceso a una justicia restaurativa. Lo realmente trascendente es que exista un panorama que permita el acercamiento de las partes a fin de que puedan llegar a un acuerdo, el que se encuentra salvaguardado por los artículos 117, fracción X, y 131, fracción XVIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto establecen que ambas partes, defensa y acusador, deben estar dispuestos a negociar la posibilidad de acudir al procedimiento abreviado. Además, el hecho de que se establezca que corresponde al Ministerio Público solicitarlo, lejos de obstaculizar el acceso al mismo, lo agiliza, en tanto que permite que en la solicitud respectiva se fijen las bases necesarias para verificar la aceptación informada por parte del implicado respecto a resolver el conflicto de esa manera y sus consecuencias, esto es, la acusación, los datos de prueba que la sustentan, las penas y el monto de la reparación del daño. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado al parecer por Sergio Beas Becerra, defensor particular de la parte quejosa, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento que le fue formulado el catorce de julio de la presente anualidad. Atento a lo anterior y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la firma que calza el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la plasmada en su escrito inicial de demanda y al escrito aclaratorio de fecha doce de julio de dos mil veintitrés, registrado con folio 10143; en consecuencia, requiérase al promovente para que manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta, pudiéndolo hacer en el acto de la notificación de este acuerdo; o bien, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído se presente ante este Juzgado en día y hora hábil, debidamente identificado. Se le apercibe que de no comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro del término señalado para tal efecto, o manifestar al respecto en el acto de la notificación, se tendrá por no presentado dicho escrito. En apoyo a lo anterior, se cita por identidad jurídica la jurisprudencia 258, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cuatro, Tomo VI, parte SCJN, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, registro 394214, bajo rubro y texto siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, quien actúa ante Francisco Eduardo Jerónimo Osorio Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Rosita

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