Ana Lidia Jiménez Martínez
Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2021
Partes del expediente
- Ana Lidia Jiménez Martínez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte promovente del presente juicio de amparo fue debidamente notificada del auto de veintidós de abril del año en curso; en consecuencia, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de referencia, en el que se tuvo desechada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito presentado por Erick Manuel Herrera Angulo, en su carácter de autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución de los documentos que solicita, previa copia certificada que se deje en autos para constancia. Sin perjuicio de que la parte promovente, señale una fecha que considere oportuna para que se le haga entrega la documentación antes referida, y en su caso, este órgano jurisdiccional provea lo conducente a fin de generar el código QR; lo anterior, con la finalidad de que pueda acceder a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para la diligencia de mérito. En el entendido que la parte quejosa podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ", para efecto de comparecer ante este órgano jurisdiccional y hacerle entrega de los documentos exhibidos en autos. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 266/2021-A. Del escrito de demanda se obtiene que Ana Lidia Jiménez Martínez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos D.F.A.J. y C.A.J., (lo que queda corroborado con las documentales que adjuntó a su escrito de demanda consistentes en las copias certificadas de las actas de nacimiento a nombre de los menores en cuestión con firmas electrónicas), solicita el amparo y la protección de la justicia federal contra los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad por medio de la División de Distribución Baja California, Zona de Distribución de Playas de Rosarito, consistentes en: "1. El oficio denominado Aviso de Revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica, sin número de folio de fecha dieciséis de marzo de la presente anualidad, en la que se menciona que es necesario se realice una revisión para constatar el correcto funcionamiento e integridad de los instrumentos y equipos de medición instalados en mi centro de carga, propiedad de C.F.E. 2. El acta de visita, denominada Revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica, con número de folio A0104662696 (sic), de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que me cancela arbitrariamente el disfrutar del servicio de energía eléctrica, a pesar de estar al corriente con mis pagos, y nunca tener problemas con dicha autoridad. 3. También lo es, la multa que me obligan a pagar para la reconexión de dicho servicio, sin saber el concepto o de qué manera determinaron la cantidad de $64,843.00 (sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres pesos), ya que de manera autoritaria se negaron a imprimirme algún comprobante en el que se me diera a conocer la cantidad exacta que presuntamente debo por alteración. Ahora, en el caso procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales intentada, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar, que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que se pueden llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no se especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, estableció diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. En efecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una norma de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 199459, de rubro siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO De lo anterior se tiene que, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 161133, que dice: Por lo que es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas cuatro notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. Ahora, en relación con el acto que se reclama en esta instancia, este órgano constitucional advierte que no puede considerarse propiamente un acto de autoridad, pues el acto realizado por las autoridad se encuentra relacionado con motivo del contrato de suministro de energía celebrado por la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos; lo cual se corrobora con la propia documental anexa a la demanda de amparo, consistentes en los recibos del servicio de electricidad relativos al número de servicio 005110401142, RMU: 22705 11-04-15 XAXX-010101 002 CFE, respecto al medidor 12E91W. Aunado, a que todos aquellos actores relacionados con el suministro de energía eléctrica incluido el corte, se encuentran inmersos en el contrato de suministro celebrado entre las partes, como un acto de coordinación, ello se advierte de las documentales que adjuntó la promovente a su demanda, específicamente del "aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica", documental de la que se advierte que de conformidad a lo pactado en el contrato mercantil de suministro de energía eléctrica entre las partes, procedieron a la revisión al sistema de medición e instalación eléctrica y en base a los estudios correspondientes la Comisión Federal de Electricidad procedió al ajuste correspondiente y al cobro de la aquí quejosa por las irregularidades de consumo de energía en su domicilio, actos que fueron realizados en armonía del contrato previamente establecido por las partes. Por lo que el referido acto reclamado no cumple con los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia citada, ya que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, de ahí que resulta ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad. Es preciso señalar, que a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se creó una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales, se redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía como actividades estratégicas de Estado. Asimismo, se modificó la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, la cual dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para ser una empresa productiva del Estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, precisando que las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica pasan a ser servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Asentado lo anterior, conviene traer a colación el contenido de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, que dicen: Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. De los citados preceptos, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, de acuerdo al nuevo marco jurídico vigente, son de naturaleza comercial, por lo cual se rigen por el Código de Comercio y, de modo supletorio por las disposiciones del Código Civil Federal. Ahora, el artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; En consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que los actos reclamados por la parte quejosa son actos de autoridad para los efectos del numeral 103 Constitucional, virtud que el acto que ejecuta la señalada como responsable, en relación con la ahora parte quejosa, son de naturaleza comercial. Por tanto, las diferencias que surjan entre éstos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales de la Federación, acorde al contenido del artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se trata de un acto que se generó por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional, de ahí que la parte quejosa esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 2016656, de texto y rubro que a la letra dice: De igual forma, robustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 2015944 de rubro y texto siguiente: Finalmente, apoya lo anterior la Jurisprudencia emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció criterio en contrario, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 2019230, de rubro siguiente: En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 61, fracción XXIII y 5º, fracción II, ambos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Sin que haya lugar a proveer respecto de la suspensión del acto reclamado que se solicita, toda vez que en el caso no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo. Señalamientos de autorizados y domicilio. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en los términos amplios a Erick Manuel Herrera Angulo y Samuel Sánchez Ortega, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que designo para tal efecto. En otro tenor, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de cuenta. Asimismo, se le tiene señalando correo electrónico y número telefónico a fin de establecer contacto con este órgano jurisdiccional. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita la promovente, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "erickhangulo95", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisd iccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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