Ana Jurado Gámez
Expediente 811/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 34 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 08/06/2023
Partes del expediente
- Ana Jurado Gámez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de quince días que prevé el numeral 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad a que alude la fracción I, del artículo 201 de la propia ley, en contra del auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida sin exceso ni defecto la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia; se tiene por consentida dicha determinación. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal es conservable, al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción II del Acuerdo General antes mencionado. En términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General, toda vez que mediante resolución interlocutoria de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, se determina que el original del cuaderno incidental es susceptible de conservación, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 26 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "conservable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por lo que corresponde al duplicado del incidente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, se establece que éste es susceptible de destrucción; motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el párrafo tercero del artículo 19 del Acuerdo General citado Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Finalmente, al advertirse que obran documentos originales en el presente expediente, en cumplimiento al artículo 19 del citado acuerdo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dichos documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas junto con el expediente, en el momento oportuno. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio; sin que lo realizaran. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Ana Jurad********************, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, realicen los pagos de pensión mensuales futuros, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de las pensiones, y para lo cual, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. A fin de delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente sentencia, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo en trámite de ejecución no quede por tiempo indefinido de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, se estima que el plazo de tres meses, es un plazo razonable, para que este órgano jurisdiccional vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente sentencia." En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, al no haberse recurrido la sentencia protectora, se declaró ejecutoriada la misma y se requirió a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el cumplimiento del fallo protector. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido oficio por el cual, la autoridad responsable comunicó haber realizado el pago de la pensión a la quejosa correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós, lo que acreditó con copia de los comprobantes de nómina correspondientes; de igual modo, en diverso auto de trece de enero del año en curso se tuvo a la responsable remitiendo copia certificada de las constancias que acreditaron haber hecho entrega a la parte quejosa Ana Jurad******************** el cheque valioso por la cantidades de ******************** pesos (******************** pesos ******************** moneda nacional). Luego, en auto de diecisiete de febrero del presente año, se tuvo por recibido oficio por el cual, la autoridad responsable informó haber realizado los pagos de la pensión a la quejosa correspondientes a los meses de diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés; lo que acreditó con copia de los comprobantes de nómina correspondientes. En proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés se tuvo a la autoridad responsable informando las fechas en que dejó a disposición de la parte quejosa el numerario relativo a los pagos de pensión correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero; lo que acreditó con copia de los comprobantes de entrega de cheques correspondientes. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, sin perjuicio de que la parte quejosa intente el medio de impugnación correspondiente. Lo anterior, ya que la autoridad responsable acreditó haber cumplido los lineamientos de la ejecutoria de amparo pues realizó en el tiempo establecido en la ley (es decir al menos los dos últimos días hábiles de cada mes correspondiente, conforme lo dispone el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en el rubro "Políticas de Operación"), los pagos de pensión relativos a los meses de octubre, noviembre, diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés, ya que estos fueron dejados a disposición de la quejosa para su cobro el veintiséis de octubre, veintitrés de noviembre, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós y veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y entregados a aquella de forma personal como se advierte de las documentales denominadas "Relación de Firmas correspondiente a la nómina de burocracia" Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y datos de identificación se citan a continuación: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." (Novena Época, Registro: 165807, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301). Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con anexos, signado por la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, y al efecto adjunta las documentales conducentes. Por lo expuesto, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio y anexos de cuenta, así como con los diversos con los que la autoridad responsable informó las gestiones para dar cumplimiento al fallo protector, dese vista a la parte quejosa, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, se proveerá respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el total cumplimiento del fallo protector, sin que lo realizaran, no obstante estar debidamente notificadas para tal efecto. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numerales 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, cumplan en su totalidad con la sentencia dictada en autos, esto es, informen las fechas en que se hizo entrega de los pagos de pensión correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero a la quejosa, lo que deberán acreditar con las constancias conducentes, o bien dentro del citado plazo, informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello. Por lo anterior, se reitera a las autoridades responsables que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, es decir, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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