Ana Laura Reyes Reyes

Expediente 76/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
76/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Ana Laura Reyes Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 76/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El juez provee: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario da cuenta con el pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación y se hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en este Juzgado, Ana Laura Reyes Reyes y Salud Andrea García Reyes, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Bilingüe, adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia; y, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia. Con residencia en Zamora, Michoacán. Acto reclamado: La orden de captura emitida contra las quejosas, así como su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 76/2021; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Tercera. Al momento de rendir su informe justificado, el Agente del Ministerio Público Investigador de la mesa de atención inmediata y/o Agencia Bilingüe, con residencia en Zamora, Michoacán, manifestó que no es cierto el acto que se les atribuye. Dicha determinación se hace extensiva al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, ya que no rindió su informe justificado; sin embargo, la autoridad responsable ordenadora negó la existencia de los actos reclamados y ésta en su carácter de ejecutora no puede materializar actos inexistentes. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión la orden privativa de la libertad son actos positivos en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo actualmente en vigor y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ana Laura Reyes Reyes y Salud Andrea García Reyes, por su propio derecho, por inexistencia de los actos reclamados, atribuidas a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las doce horas del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III-76/2021-M, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que las partes no ofertaron medios de convicción. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para ofertar medios de convicción. Asimismo, dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Bilingüe, adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia; y, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia. Con residencia en Zamora, Michoacán. Acto reclamado: La orden de captura emitida contra las quejosas, así como su ejecución. Segunda. Al momento de rendir su informe previo, la agente del Ministerio Público Investigador de la mesa de atención inmediata y/o Agencia Bilingüe, con residencia en Zamora, Michoacán, manifestó que no es cierto el acto que se les atribuye; por tanto, lo procedente es negar la suspensión solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." Dicha determinación se hace extensiva al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, ya que no rindió su informe previo; sin embargo, la autoridad responsable ordenadora negó la existencia de los actos reclamados y ésta en su carácter de ejecutora no puede materializar actos inexistentes. Por lo anteriormente expuesto se resuelve: Único. Se niega a Ana Laura Reyes Reyes y Salud Andrea García Reyes la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa V de Atención Inmediata y/o Agencia Bilingüe, con sede en Zamora, Michoacán. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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