Ana Gabriela Gómez García

Expediente 164/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
164/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Ana Gabriela Gómez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el presente juicio. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Ana Gabriela Gómez García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la institución educativa denominada Universidad Vasco de Quiroga, Asociación Civil. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Ampliación, admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 164/2021 y en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (foja 20) se admitió la demanda en los términos planteados por la promovente del amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Seguido el juicio por sus cauces legales, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (foja 152), se dio vista a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: *Manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la omisión de registrar el título profesional que la acredita como médico general en el Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo Nacional, conforme al Convenio de Coordinación y Unificación de Registro Patrimonial, suscrito el catorce de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, entre la Secretaría de Educación Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; *Manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable también al Secretario de Educación Pública; y, *Exhibiera las copias de su escrito de desahogo de prevención, necesarias para correr traslado a todas las partes. Por lo anterior, mediante proveído de dos de julio de dos mil veintiuno (foja 196) se admitió la ampliación de demanda formulada por la quejosa en los términos de la vista que este juzgado le dio; por ello, se solicitó su informe justificado a la autoridad Secretario de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, por ser la autoridad a la que expresamente señaló como responsable la peticionaria del amparo; sin que proceda tener con tal carácter al Secretario de Educación en el Estado, a quien incorrectamente se le emplazó a esta contienda de amparo, dado que dicha responsable no fue señalada con esa calidad en el escrito de ampliación de demanda. Finalmente, seguido el juicio por su cauce legal, el dieciséis de noviembre del año pasado (foja 236), se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo a las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de diciembre del año pasado; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye entre otras, a tres autoridades con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa son: Actos reclamados: A la Universidad Vasco de Quiroga, Asociación Civil, con residencia en esta ciudad, la omisión de registrar el título profesional que acredite a la quejosa como médico general en el Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo Nacional, en términos del artículo 141 de la Ley General de Educación; y, Al Secretario de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, el oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para Coordinar y Unificar el Registro Profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se atribuye a la Universidad Vasco de Quiroga, Asociación Civil, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de registrar el título profesional que acredite a la quejosa como médico general en el Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo Nacional, en términos del artículo 141 de la Ley General de Educación, según se aprecia del informe justificado que obra a partir de la foja 32. En dicho informe, la autoridad señalada indicó que no es cierto el acto que se le atribuye, en esencia, porque mediante oficio SEP/0127/2018 de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de abril del mismo año, la Secretaría de Educación Pública notificó al Ejecutivo del Estado de Michoacán, la terminación del convenio de coordinación y unificación del registro profesional, suscrito el catorce de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho; convenio bajo el cual, se instituyó un solo registro de títulos y grados académicos para la expedición de cédulas de ejercicio con efectos de patente, a cargo de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal. Señaló que en términos de la cláusula segunda de ese convenio, el Gobierno del Estado de Michoacán, se obligó a no registrar títulos profesionales ni expedir cédulas profesionales durante la vigencia del mismo; por ello, indicó, en el marco de ese convenio y durante su vigencia, las instituciones de Educación Superior de nuestro Estado, públicas o privadas, obtenían una cédula profesional federal para su ejercicio. Sin embargo, argumentó, a partir de la terminación de ese convenio de colaboración y de la aprobación de la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el veinte de enero de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y de la publicación de su respectivo Reglamento, el doce de junio siguiente, su representada al ofrecer la Licenciatura en Médico General con el reconocimiento y validez oficial de Estudios (REVOE), otorgado por la Secretaría de Educación en el Estado, sólo se encuentra obligada a registrar el título en la Dirección de Profesiones del Estado, de conformidad con el marco legal siguiente: Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo: ARTÍCULO 1. Naturaleza. La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Michoacán de Ocampo y reglamenta lo establecido en el artículo 5° y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones generales de esta Ley y su respectivo Reglamento son competencia del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación del Estado, por medio de la Dirección de Profesiones. ARTÍCULO 2. Objeto de la Ley. Esta Ley tendrá por objeto: (.) III. Establecer los requisitos para el registro y la expedición de la Cédula Profesional con efectos de patente de las profesiones y grados académicos; (.) ARTÍCULO 3. Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (.) IV. Cédula Profesional: Documento con efecto de patente para el ejercicio profesional que otorga la autoridad en materia de profesiones, a quien solicita el registro de su título; (.) ARTÍCULO 4. Autoridades. Es autoridad en materia de profesiones y su ejercicio; la Secretaría de Educación del Estado, a través de la Dirección de Profesiones, en términos de la Ley. ARTÍCULO 5. Atribuciones de la Secretaría. Tendrá la Secretaría a través de la Dirección de Profesiones, la obligación de la aplicación de esta Ley. ARTÍCULO 6. Dirección de Profesiones. La Dirección de Profesiones del Estado es una dependencia de la Secretaría de Educación del Estado, integrada por: I. Un Director designado por el Gobernador a propuesta del Secretario de Educación en el Estado, que es el representante legal de la Dirección; y, II. El personal administrativo necesario para la supervisión, vigilancia del ejercicio profesional y el desahogo de los asuntos de su competencia. ARTÍCULO 7. Atribuciones de la Dirección de Profesiones. La Dirección tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Vigilar y promover el cumplimiento de esta Ley; II. Tendrá a su cargo la organización, desarrollo, control y vigilancia del ejercicio profesional en el Estado de Michoacán de Ocampo; III. Realizar el registro de títulos profesionales o diplomas; IV. Expedir las cédulas profesionales con efectos de patente, necesarias para el ejercicio profesional; ARTÍCULO 12. Para ejercer en el Estado cualquiera de las profesiones registradas en el Sistema Educativo Nacional se requiere: (.) III. Poseer Cédula profesional con efectos de patente expedida por la Dirección de Profesiones del Estado o autorización correspondiente en los términos establecidos en esta Ley; (.) ARTÍCULO 13. La cédula profesional es un documento expedido por la Dirección de Profesiones, que autoriza el ostentarse como poseedor de un título, diploma o grado y que da fe de la expedición legal de los documentos acreditativos de cada modalidad de cédula.(.) ARTÍCULO 14. Requisitos de la Cédula Profesional con Efectos de Patente. La Cédula Profesional se expedirá de forma electrónica y física, y contendrá: I. Un número de cedula profesional; II. El nombre del profesionista; III. La clave única del registro de población; IV. El número de clave de registro que corresponde al Estado de Michoacán; V. Los datos del registro; VI. Nombre del programa; VII. Número de la clave del programa; VIII. Los datos de la institución educativa y su clave; IX. Los datos de expedición y su clave electrónica; X. La cadena original; XI. La firma electrónica avanzada; y, XII. Sello digital de la Dirección. Reglamento de la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículo 11. Para efectos de dar cumplimiento a los artículos 8 y 9 de la Ley, los registros se llevarán bajo el esquema siguiente: (.) c) Sección Tercera: Lo relativo a Títulos, Diplomas, Grados otorgados y Cédulas; (.) Artículo 35. Para efectos de obtención de cédula profesional con efectos de patente, se deberá registrar el título, grado académico o diploma de especialidad en la Dirección. Artículo 44. Una vez cubiertos los requisitos en cualquiera de las modalidades, se expedirá cédula electrónica establecida en el artículo 14 de la Ley. Como se aprecia del contexto normativo inserto, efectivamente la institución educativa responsable no está obligada a efectuar el registro del título ante la Secretaría de Educación Pública y expedición de la cédula profesional federal, pues sólo se encuentra obligada a registrar el título en la Dirección de Profesiones del Estado; no obstante ello, en el caso, la quejosa argumenta que sí está obligada a hacerlo en el Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo Nacional, en términos del artículo 141 de la Ley General de Educación, que dispone: "Artículo 141. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República. La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero." Como contexto en el asunto, debe indicarse que el Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo Nacional (SIGED), de conformidad con lo expuesto en el artículo 113, fracción XIII, de la propia Ley General, es un sistema de información creado por la autoridad educativa federal, con el propósito de que en él se integre, entre otras, un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional. La implementación de este sistema busca primordialmente que la Secretaría entable una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas que permitan la descarga administrativa a los docentes. Entre los servicios informativos que proporciona este sistema de base de datos se encuentran la de incorporar, crear, administrar y proveer información relevante y oportuna para la operación del Sistema Educativo Nacional; además, busca proveer oportunamente información confiable y actualizada para contribuir al fortalecimiento del servicio profesional docente conforme a lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Igualmente, entre los servicios informativos de este sistema, está el custodiar y proteger la confidencialidad y consistencia de la información integrada en la plataforma tecnológica de información, respecto de la identidad de los estudiantes, directivos, docentes, padres de familia o tutores y demás actores del Sistema Educativo Nacional, con estricta observancia a los principios rectores de la protección de datos personales y normativa aplicable en la materia. Mientras que, por lo que corresponde a los servicios de gestión, busca también el regular y/o proporcionar soluciones de automatización a las escuelas públicas de educación básica que permitan establecer una comunicación directa entre los directores de las escuelas y las autoridades educativas, así como fortalecer la autonomía de gestión, reducir las cargas administrativas y resolver problemas básicos de las escuelas, entre otros. De la misma forma, entre esos servicios de gestión, está el coadyuvar al fortalecimiento y la simplificación de trámites y procesos administrativos mediante el uso de registros electrónicos que se encuentren bajo el resguardo del propio sistema y que faciliten la consulta y verificación de información. Además de lo anterior, conviene tener en cuenta el Acuerdo número 07/03/18 a través del cual se emitieron los Lineamientos Generales del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en los cuales se dispone para lo que aquí nos interesa, lo siguiente: CAPÍTULO II DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA Sexto. El SIGED es un conjunto orgánico y articulado de procesos, Lineamientos, normas, instrumentos, acciones y sistemas tecnológicos que permiten recabar, administrar, procesar y distribuir la información del SEN, generada por los sujetos y autoridades a las que se refiere el numeral Segundo de los presentes Lineamientos, con la integridad, consistencia y oportunidad necesarias para apoyar a los procesos de operación, administración y evaluación del SEN. Séptimo. El SIGED tiene por objeto dotar al SEN de una sola Plataforma tecnológica de información que permita a la Autoridad Educativa Federal llevar a cabo su planeación, operación, administración y evaluación, facilitando la transparencia y rendición de cuentas. DE LA INFORMACIÓN DEL SIGED Décimo Tercero. El SIGED se integrará con la información siguiente: I. Registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; (.) Décimo Séptimo. El SIGED integrará la información conducente del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas, así como del Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos y en coordinación con los SEIE y con las autoridades educativas, mantendrá actualizada al menos la siguiente información: (.) IV. Información de los documentos académicos oficiales: Respecto de los documentos académicos que expidan las instituciones y autoridades educativas, y que hayan sido integrados a los registros estatales de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y al Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, para su vinculación con los alumnos y el soporte a la trayectoria académica, la simplificación de procesos y la implementación de servicios para la sociedad en general que dependan de esta información, el SIGED integrará la siguiente información: a) Identificación de la institución educativa que los expidió; b) Tipo de documento; c) Fecha de expedición; d) Estudios realizados, y e) Identificación de la persona a favor de quien se expidió. La integración de la información de documentos académicos oficiales al Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, se hará constar mediante un mecanismo electrónico que asegure la autenticidad e integridad de la información. Vigésimo Segundo. La Autoridad Educativa Federal pondrá a disposición de las Autoridades educativas locales, el acceso al Módulo de Gestión Educativa del SIGED para su operación en las escuelas públicas de educación básica, para lo cual será necesario que se formalicen los instrumentos jurídicos correspondientes. La operación de las funciones del Módulo de Gestión Educativa, podrá realizarse de forma modular por escuela conforme ésta cuente con las condiciones normativas, presupuestales, operativas y de infraestructura requeridas para su funcionamiento. Las Autoridades educativas locales podrán optar por no utilizar el Módulo de Gestión Educativa del SIGED, siempre que manifiesten ante la DGSIGED, tener la posibilidad de ofrecer a las escuelas públicas de educación básica, la operación de un sistema de gestión educativa que cubra las mismas funciones y que se cumpla con el envío de la información requerida por la DGSIGED en los términos y plazos que para cada proceso se determinen por dicha unidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral Vigésimo Séptimo de los presentes Lineamientos, y en los términos previstos en los instrumentos jurídicos de operación que se suscriban con las Autoridades educativas locales. Vigésimo Tercero. La información que se registre en el Módulo de Gestión Educativa estará a disposición de las escuelas y de las autoridades educativas para su consulta y apoyo al cumplimiento de sus respectivas funciones y responsabilidades. CAPÍTULO VI DE LA INTEGRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SIGED Vigésimo Séptimo. La DGSIGED en coordinación con las Autoridades educativas locales responsables de regular los procesos generadores de información que se requiera integrar al SIGED, definirán y convendrán los procedimientos para la entrega, recepción y acceso a la misma, indicando contenido, características, medios, periodos y plazos de entrega; así como su clasificación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de Datos personales. Para estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo anterior, la DGSIGED requiere ser informada oportunamente de cada una de las iniciativas de sistematización definidas por las autoridades educativas a nivel federal y estatal, que involucren el registro de datos e información del SEN para su almacenamiento o publicación. La DGSIGED publicará a través de su portal institucional, el procedimiento que deberán seguir las autoridades educativas a efecto de informar el diseño y planificación de su iniciativa, por lo que dicha autoridad deberá emitir el análisis y recomendaciones al diseño, para efectos de actualización de inventarios y asegurar las condiciones de la información de conformidad con los presentes Lineamientos." Establecido lo anterior, en el caso tenemos que la peticionaria de la tutela constitucional señala en su demanda que, el hecho que la responsable Universidad Vasco de Quiroga, Asociación Civil, no registre su título profesional en el Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo (SIGED), le priva de la posibilidad de tramitar y obtener la cédula profesional federal que la acredite como médico general y como consecuencia de ello, le imposibilita ejercer su profesión; sin embargo, contrario a lo que afirma la peticionaria del amparo, conforme al marco legal es posible concluir que: *El SIGED no tiene injerencia alguna en el tema del registro de profesiones, ni del registro de títulos profesionales y menos aún, en la expedición de cédulas profesionales, ya que dicho sistema sólo tiene como propósito recabar, administrar, procesar y distribuir la información del Sistema Educativo Nacional, esto es, dotar al propio sistema de una sola plataforma tecnológica de información que permita a la Autoridad Educativa Federal llevar a cabo su planeación, operación, administración y evaluación, facilitando la transparencia y rendición de cuentas; en otras palabras, tiene como intención principal la recabación de la información necesaria para la implementación de la política pública educativa; *Aunque es cierto que al SIGED se debe integrar un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, entre los que se encuentran los que expidan las instituciones y autoridades educativas, y que hayan sido integrados a los registros estatales de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; dicha integración no tiene como fin el registro de títulos profesionales y grados académicos y menos aún, el de la expedición de cédulas profesionales con efectos de patente, ya que de conformidad con el artículo 40, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, dicha atribución corresponde en exclusiva a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; *El registro de la documentación académica en el SIGED, no tiene diverso propósito, que el establecimiento de la vinculación con los alumnos y el otorgamiento de soporte a su trayectoria académica; *La integración, actualización y acceso a la información del SIGED, corresponde en exclusiva a la Dirección General del Sistema de Información y Gestión Educativa adscrita a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría Federal, en coordinación con las Autoridades educativas locales responsables de regular los procesos generadores de información que se requiera integrar al SIGED, quienes definirán y convendrán los procedimientos para la entrega, recepción y acceso a la misma, indicando contenido, características, medios, periodos y plazos de entrega; así como su clasificación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales; y, *La Dirección General del Sistema de Información y Gestión Educativa adscrita a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría publicará a través de su portal institucional, el procedimiento que deberán seguir las autoridades educativas a efecto de informar el diseño y planificación de su iniciativa, por lo que dicha autoridad deberá emitir el análisis y recomendaciones al diseño, para efectos de actualización de inventarios y asegurar las condiciones de la información de conformidad con los lineamientos. Como se observa de las conclusiones anteriores, primero, se tiene que el registro de la documentación académica de la quejosa, como lo es su título profesional en la plataforma del SIGED, no tiene injerencia alguna ni se erige como un obstáculo para que ella pueda tramitar el registro de su título profesional y la expedición su cédula profesional federal, ya que tales aspectos constituyen atribuciones exclusivas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En segundo aspecto y a juicio del suscrito, el más importante, se tiene que la implementación de ese sistema que como ya se dijo, tiene meros efectos de recopilación informativa para las autoridades educativas, corresponde en exclusiva a las autoridades educativas locales, en coordinación con la propia Secretaría de Educación Federal; atendiendo al Glosario de Términos Educativos, que localizamos en la página web del propio SIGED https://siged.sep.gob.mx/SIGED/glosario.html, del que obtenemos que, se define como autoridad educativa local al Ejecutivo de cada uno de los Estados de la Federación y del extinto Distrito Federal, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para la prestación del servicio público educativo: Entonces, no es posible atribuir legalmente a la Universidad Vasco de Quiroga, Asociación Civil, la obligación legal de registrar el título de la quejosa en el Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo (SIGED), ya que la implementación de esa plataforma, corresponde a las autoridades educativas locales, que en el caso de esta entidad federativa, lo es el Ejecutivo del Estado de Michoacán; adicionalmente, porque como también se dijo, la falta del registro de su título en esa plataforma, no tiene impacto en que ella pueda registrar su título profesional ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública competentes, esto es, ante la Dirección General de Profesiones, ni tampoco en que pueda obtener su cédula profesional federal. Bajo el anterior estado de cosas, en el caso debe considerarse inexistente el acto atribuido a la referida institución educativa, ya que constituye criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa alega. Por tanto, si en los párrafos que anteceden ya se demostró que, legalmente no corresponde a la Universidad Vasco de Quiroga, Asociación Civil, la obligación legal de registrar el título de la quejosa en Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo (SIGED), entonces, se impone determinar inexistente el acto analizado en este apartado. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En consecuencia, ante la inexistencia del acto atribuido a la Universidad Vasco de Quiroga, Asociación Civil, la obligación legal de registrar el título de la quejosa en Sistema de Información y Gestión Educativa del Sistema Educativo (SIGED), se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se impone sobreseer en el juicio por lo que corresponde a esa responsable. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, consistente en el oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para Coordinar y Unificar el Registro Profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, que obra a foja 242. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Falta de interés. Al respecto, el Secretario de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, por conducto del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, señaló al rendir su informe justificado, que la quejosa no acreditó afectación alguna respecto a la emisión del oficio por el que se notificó la terminación del Convenio para Coordinar y Unificar el Registro Profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, ya que cuando la quejosa realizó su examen para obtener su título profesional que la acreditara como médico general, el oficio ya había sido publicado. Además de lo anterior, dijo, el solo hecho de la emisión de ese oficio, no le genera a la quejosa afectación alguna, ya que el registro de su título puede realizarlo de manera electrónica y asimismo, obtener su cédula profesional para ejercer como médico general (foja 243). Calificación: Dicha causal se estima fundada. En efecto, en la especie el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Federal; numerales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los dispositivos transcritos se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando los actos reclamados no lesionan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Según se tiene de las porciones normativas reproducidas, es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, si bien en los preceptos transcritos ahora se amplía la oportunidad para acudir a este juicio de control constitucional, ya no solamente a través del acreditamiento de la titularidad de lo que antes se conocía como "interés jurídico" por medio del cual se defendían los derechos subjetivos, sino además, a través de un "interés legítimo", por el que se defiende la afectación indirecta a la esfera jurídica por virtud de una especial situación frente a la norma, ya sea de manera individual o colectiva, esta segunda posibilidad tiene acotaciones. Para comprender lo dicho en líneas previas, así como para el entendimiento de la causal, se hace referencia a ambos conceptos. Se tiene que el "interés jurídico", desde un punto de vista general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede acudir al juicio de amparo. Siendo la base del concepto anterior, la noción de derecho subjetivo, se precisa su titularidad. A partir de ello, se da la facultad de exigir, siendo correlativa de un deber jurídico, que implica cumplir con esa exigencia. Luego, si existe una violación o desconocimiento, ello representa el incumplimiento de la obligación. De esta manera, el agravio es entendido como toda restricción o privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad del Estado. De acuerdo con los criterios que existían por parte del Poder Judicial de la Federación, antes de la reforma al texto constitucional, de seis de junio de dos mil once, para efectos de demostrar el interés jurídico, era necesario que alguna norma reconociera la posibilidad de que la parte quejosa pudiera hacer o dejar de hacer algo, o lo beneficiara con una situación jurídica determinada, para que ante la existencia de algún acto concreto de autoridad que vulnerara ese derecho jurídicamente tutelado, procediese el juicio de amparo para reclamar su discrepancia con la ley fundamental. La definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se puede advertir de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a. /J. 168/2007, en la página 225, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Enero de 2008, Novena Época, registro 170500, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En torno al "interés legítimo", el ahora ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su obra "Hacia una nueva Ley de Amparo", publicada en México, 2002, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, que no exige la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco se trata de que cualquier persona esté legitimada para promover el juicio de amparo con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas, pues no es una acción popular. Al respecto, abunda en explicar que el presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, pero tal obligación no corresponde a un derecho subjetivo del que sean titulares determinados particulares, a pesar de que sí se afecta su esfera jurídica. Este perjuicio se acarrea por dos motivos: a) Por la particular posición de hecho en que una persona se encuentre frente a un acto administrativo; y, b) Porque ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo que se discute. Acorde con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el alcance del concepto de interés legítimo en el juicio de amparo, al emitir la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro: 2007921, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." El contexto anterior evidencia la existencia de elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, los cuales son concurrentes pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. En efecto, para acreditar el interés jurídico necesariamente la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien, la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Establecidos los elementos del interés jurídico, tenemos que en el caso particular y como ya quedó precisado anteriormente, la quejosa señala en su escrito de ampliación de demanda que el oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para Coordinar y Unificar el Registro Profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, actualiza una vulneración a sus derechos adquiridos, ya que ese convenio reducía la tramitología y las erogaciones que debía realizar para registrar su título y para obtener su cédula profesional; además, que el contar con una cédula profesional federal, le implicaba el beneficio de no tener que registrar su cédula profesional en cada Entidad Federativa. Sin embargo, pese a esas argumentaciones, el suscrito juzgador advierte que la quejosa no demostró que con la sola emisión del oficio por el que se dio por terminado el convenio, le impida que verifique el registro de su título profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y menos aún, el obtener su cédula profesional federal para ejercer como médico general. Se realiza esa afirmación, porque de conformidad con los artículos 5° y 121, fracción V, del Pacto Federal, la ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo; además, los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a sus leyes, serán respetados en las otras. De ahí que, bajo el marco constitucional anotado, no existe impedimento legal para que la autoridad competente, esto es, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, verifique el registro del título y expida la cédula federal, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, esta dirección dependiente de la Secretaría de Educación Pública, es la encargada de la vigilancia del ejercicio profesional. Aunado a lo anterior, la citada ley reglamentaria, en su artículo 12 establece que, los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, serán registrados, siempre que su otorgamiento se haya sujetado a sus leyes respectivas, de conformidad con la fracción V del artículo 121 de la Constitución. Bajo ese orden de ideas, constitucional y legalmente no existe impedimento alguno para que la quejosa, pueda verificar ante la Dirección General de Profesiones, el registro de su cédula y para que pueda obtener su cédula profesional federal, pues como se aprecia de la normativa mencionada, los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, serán respetados en las otras y son susceptibles de su registro ante esa dirección. Sin que resulte un obstáculo para determinar lo anterior, lo alegado por la quejosa, en el sentido que no es posible tramitar su cédula profesional electrónica, ya que el grado de estudios que obtuvo en la Universidad Vasco de Quiroga no se encuentra registrado en el portal correspondiente de la Secretaría de Educación Pública, esto es en el Registro Nacional de Profesionistas: Lo anterior, por principio, porque es evidente que si atendiendo a lo resuelto en la consideración que antecede, la Universidad Vasco de Quiroga, Asociación Civil, con residencia en esta ciudad, no está obligada a verificar el registro de su título y de su cédula, sino únicamente en la Dirección de Profesiones de la Secretaría del Estado de Michoacán, tal y como lo hizo; entonces, su título y cédula no aparecerán en ese sistema, porque el mismo está, como ya se dijo, a cargo de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, instancia, ante la cual, debe realizar su trámite de registro, en términos de lo anotado en los párrafos que anteceden. Además, tampoco sobra decir que aunque es cierto que para el trámite en línea, denominado "Registro de título y expedición de cédula profesional electrónica para mexicanos con estudios en México, para niveles de técnico, técnico superior universitario y licenciatura", que se localiza en la página web oficial, efectivamente se exige como requisito, que el título esté registrado ante la Dirección General de Profesiones por la autoridad educativa: También cierto es que el mismo trámite relativo al registro del título profesional se ofrece en la modalidad presencial, en la cual no se exige ese requisito, esto es, que el título esté previamente registrado por la institución educativa, sino que basta presentar en físico el título original ante dicha dirección, tal y como se observa: De ahí que, la circunstancia relativa a que la quejosa no pueda verificar el registro en línea de su título, tampoco se constituya como un obstáculo para que una vez realizado ese trámite en forma presencial, su título profesional y cédula profesional aparezca en el Registro Nacional de Profesionistas. Por todo lo anterior, debe concluirse que la peticionaria del amparo no acreditó su interés jurídico, en la vertiente de la afectación a su derecho consagrado en el artículo 5° Constitucional, respecto del acto reclamado que se analiza en esta consideración, pues como quedó acreditado, no está demostrado que el oficio por el que se notificó la terminación del Convenio para Coordinar y Unificar el Registro Profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, se constituya como un obstáculo para registrar su título profesional a nivel federal y tampoco para que pueda obtener su cédula profesional con efectos en toda la república. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones y debe demostrarse a plenitud que quien lo defiende, es el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectaron real y efectivamente los bienes amparados en su favor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 206338, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, en su vertiente de afectación material a un derecho subjetivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Federal, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria del juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro: 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ana Gabriela Gómez García, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero que antecede, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 09 de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos que residencia en Cuernavaca, mediante el cual remite el informe justificado del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación de su titular de dicha dependencia, dado que fue remitido por la forma errónea por la responsable. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación de su titular de dicha dependencia, con residencia en La Ciudad de México. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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