Ana Karen Valencia Leiva

Expediente 819/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
819/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Zacapu, Michoacán (Luis Felipe León Balbanera)
  • Ana Karen Valencia Leiva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión virtual de ocho de octubre de dos mil veinte, dictada dentro de la revisión administrativa ********************, de la que se advierte que dicho tribunal confirmó la sentencia recurrida por la que se sobreseyó en el presente juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismos Acuerdo General, toda vez que se concedió la suspensión provisional. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. En caso de que existan constancias pendientes en devolver a su lugar de origen por considerar innecesaria su retención, se ordena remitirlas sin formular ulterior acuerdo. Por otro lado, en el supuesto de obrar documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Finalmente, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado y en el sistema SISE, la determinación de 30 de octubre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el articulo 27 fracción I inciso(c), de la ley de amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguense los escritos firmados por Joaquín Leafar Reynoso Esparza, autorizado de la parte quejosa, mediante los cuales interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 819/2019; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Ana Karen Valencia Leiva, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zacapu, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los que se contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se le dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Por último, este juzgado en proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve tuvo por no señaladas como autoridades responsables al Jefe o Encargado Operativo de Seguridad, de la Policía Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zacapu, Michoacán y Encargado de Resguardo de vehículos y/o Automotores del Ayuntamiento Constitucional de Zacapu, Michoacán, toda vez que de las constancias derivaba su inexistencia. De igual forma, y toda vez que se advirtió la intervención de diversa autoridad en el acto reclamado, se requirió al quejoso para que en el término de quince días hábiles manifestara si deseaba señalar como responsable a la Fiscalía Regional del Bajío, Unidad de Investigación de Zacapu Mesa II, apercibiéndole que de no hacerlo se resolvería únicamente respecto de las autoridades y autoridades precisados en el escrito inicial de demanda. Sin embargo, y toda vez que la peticionaria de amparo fue omisa al respecto, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento decretado; con posterioridad se celebró al tenor del acta que antecede, así pues, se procede a resolver el presente juicio de garantías; y C O N S I D E R A N D O : Primero. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 8/2013, del mismo órgano, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa al Presidente Municipal y al Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán , consiste en: La retención y/o aseguramiento del vehículo tipo Pick-up, de la marca Toyota, de color negro, con placas de circulación del Estado de Jalisco, JT07956, número de serie JT4VN13G4K0000110, modelo 1989; efectuado el nueve de julio de dos mil diecinueve. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; sin embargo, señalaron que el vehículo materia del presente juicio fue retenido y puesto a disposición de la Fiscalía Regional del Bajío, Unidad de Investigación Zacapu Mesa II, en virtud del reporte de robo con que cuenta. Así se advierte de las copias certificadas que acompañaron las autoridades responsables como soporte de su informe justificado. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados precisados en esta consideración. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así, este juzgador advierte de manera oficiosa que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo; cuestión que se considera en este sentido por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .." La interpretación, invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcritos, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en la medida en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional; en ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 30/96, visible en la página 250 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA"; de igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, como se dejó anotado en el resultando tercero de esta sentencia, del informe justificado rendido por las responsables este juzgador advirtió la participación de la Fiscalía Regional del Bajío, Unidad de Investigación Zacapu Mesa II, en la emisión del acto reclamado, puesto que el vehículo retenido se puso a su disposición; por ello, en auto de dos de octubre de dos mil diecinueve de octubre del año en cuso se le formuló prevención a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como responsable a dicha autoridad. No obstante ello, la peticionaria del amparo fue omisa al respecto, según la certificación de treinta y uno de octubre de la anualidad que transcurre, y en consecuencia se ordenó resolver el presente juicio sólo respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas en el escrito de demanda. En el entendido que, en la especie resultaba necesario que se llamara como responsable a la Fiscalía Regional del Bajío, Unidad de Investigación Zacapu Mesa II, porque es quien tiene retenido el vehículo materia del juicio. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación a contrario sentido de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron, en este caso, la Fiscalía Regional del Bajío, Unidad de Investigación Zacapu Mesa II; pues así quedó demostrado con constancias que obran en autos, en las que se aprecia, el acta de nueve de dos mil diecinueve, en donde se advierte que el vehículo Pick-up, de la marca Toyota, de color negro, con placas de circulación del Estado de Jalisco, JT07956, número de serie JT4VN13G4K0000110, modelo 1989 fue asegurado con motivo de los hechos que ahí se indican; y que posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía antes citada para dejarlo a su disposición (fojas 53-64); por ello, si a la fecha subsiste el aseguramiento del vehículo materia de la controversia, ya no es una conducta que se pueda atribuir a las autoridades señaladas inicialmente, porque éstas ya lo pusieron a disposición de otra diversa. Así, debe entenderse que si la quejosa no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar su derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto subsiste pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita del justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en la retención y/o aseguramiento del vehículo tipo Pick-up, de la marca Toyota, de color negro, con placas de circulación del Estado de Jalisco, JT07956, número de serie JT4VN13G4K0000110, modelo 1989; efectuado el nueve de julio de dos mil diecinueve. Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, Octubre de 1995, página 468, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Sirve de sustento, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ana Karen Valencia Leiva, contra los actos que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy doce de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

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