Ana Laura Chairez Muñoz
Expediente 1543/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1543/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ana Laura Chairez Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1543/2017-V, promovido por Ana Laura Chairez Muñoz, y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 150/2018, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 1543/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por Ana Laura Chairez Muñoz." En consecuencia, glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, primero de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio 3618/2018 signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los autos del juicio de amparo 1543/2017-V, asimismo, informa que por auto de veintiocho de febrero del año actual, se admite el recurso de revisión interpuesto, quedando registrado con el número 158/2018; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.Jc
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Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la constancia de notificación que antecede, se advierte que la parte quejosa, Ana Laura Chairez Muñoz interpone recurso de revisión contra sentencia dictada en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos y téngase a la promovente haciendo valer RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Hasta en tanto esté totalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que se hace valer, se ordena agregar a los autos su escrito original de agravios. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, CORRIÉNDOLES TRASLADO CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1543/2017-V, promovido por ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ, contra actos de la Directora General , Titular del Área Médica y Titular del Área Técnica, todas del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS Femenil Morelos" y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. El uno de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió la demanda de amparo promovida por ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ, por derecho propio, contra actos de la Directora General, Titular del Área Médica y Titular del Área Técnica, todas del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos, que por turno se remitió al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien lo radicó con el número 1427/2017. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 03), el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, determinó que era procedente realizar la separación de demandas, a fin de que se tramitara una por cada una de las quejosas. De ahí que la promovida por ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ, fue turnada a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, el tres de octubre de ese año (fojas 71 a 75), y se registró con el número 1543/2017-V; por lo tanto, en esa fecha este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó a conocer de la demanda se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; y al reclamarse omisión de atención médica y tener efectos positivos, es competente el juez de distrito donde tienen ejecución éstos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa consisten en la omisión de proporcionarle atención médica en su persona, particularmente para atenderla en: Dermatología por acné y dermatitis; Traumatología por dolor de huesos; Ginecología por descontrol hormonal; Nutriología para una dieta Calórica; Medicina general por migraña, gastritis, caída de cabello en exceso, dolor de riñón, estreñimiento y presión baja. Actos reclamados a las autoridades, Directora General, Titular del Área Médica y Titular del Área Técnica, todas del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la quejosa, ello a pesar de que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, y al efecto exhibieron diversas constancias para acreditar que sí han proporcionado a la quejosa el servicio médico general y especializado. En efecto, en el caso no es factible tener como inexistentes dichos actos, pues se debe determinar mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho fundamental a la salud, al ser este precisamente el acto reclamado, partiendo de la base de que la quejosa, al estar privada de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarla en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio médico y en qué condiciones. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia deberán ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio. La quejosa reclama en este juicio, entre otros actos, la omisión de atención médica en las materias de nutriología para obtener dieta calórica y traumatología por el señalamiento genérico de dolor en huesos sin especificar cuál o cuáles. Actos reclamados a las autoridades, Directora General, Titular del Área Médica y Titular del Área Técnica, todas del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. Sin embargo, por cuanto a dicha omisión, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.". Del contenido del precepto antes transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen conjuntamente, las siguientes hipótesis: a) Que las normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución: b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, mediante oficio recibido en este juzgado el siete de noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, remitió fotocopia certificada de la demanda de amparo promovida por la aquí quejosa, ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ, presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, radicada con el número 1307/2017, del índice de dicho órgano jurisdiccional, es decir, con anterioridad a la presentada con motivo del presente juicio, que se recibió, como se dijo, por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, el uno de septiembre del mismo año. De las constancias certificadas de la demanda del juicio 1307/2017, del índice del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos aquélla demanda, se aprecia que la quejosa reclamó, entre otras cosas, la omisión de atención médica en materia de nutrición, respecto a valoración en ese ámbito (foja 97 reverso); así como la omisión de proporcionarle atención médica en traumatología, pues refirió que desde hacía un año que estaba solicitando atención en esa materia, por dolores intensos que sufre en el área de la cadera y placa en pelvis. En tanto que, en el presente juicio de amparo se advierte que combate omisiones de tratamiento médico, entre otras materias, en la de nutrición para que se le otorgue dieta calórica y en traumatología, por dolores en huesos. Por lo tanto, se estima que tales omisiones aquí combatidas, son esencialmente las mismas que la quejosa ya se encuentra reclamando en aquél juicio de amparo 1307/2017, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, como se explicó. Además de que los actos en ambos juicios, son reclamados a las mismas autoridades responsables del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Lo anterior es así, en atención a que de una interpretación teleológica del precepto y fracción invocado, se desprende la intención del legislador al haber redactado la disposición en comento, implica que la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. Es aplicable, por analogía, la tesis aislada de la Época: Novena Época, Registro: 170490, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta localización: Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Común; Tesis: III.2o.P.41 K, Pag. 2791, que se cita enseguida, "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión.". En las condiciones apuntadas, el presente juicio de amparo deviene improcedente en términos de X del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede que se sobresea conforme a la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal. Por otro lado, en relación a la omisión de proporcionar atención médica a la quejosa, para gastritis y presión baja, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado, como se expondrá en los siguientes párrafos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." A juicio de este juzgador, se actualiza dicha causal en cuanto al acto reclamado se hizo consistir, en la omisión de las autoridades responsables de proporcionarle atención médica a ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ, entre otros padecimientos, los de gastritis y presión baja. Es así, porque de las constancias remitidas por las autoridades responsables destaca la nota médica de nueve de septiembre de dos mil diecisiete, en la que precisamente se diagnosticó que la quejosa presentaba gastrocolítis e hipotensión arterial, además de otros síntomas (foja 6 del anexo I). Para la gastrocolitis se le prescribió dieta ovolactovegetariana, sin harinas y pastas, alta en hierro y en fibra, ya se le venía proporcionando como aparece en constancia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (foja 59 del anexo I). En lo que hace a la hipotensión, únicamente se consideró, como aparece en la nota médica, la toma de la presión arterial una vez por semana, sin que se prescribiera un medicamento para ello, aunque sí para los demás síntomas que en ese momento presentaba y que fueron diagnosticados, por lo que se infiere que sin no se prescribió un medicamento en particular es porque no se considerónecesario por el facultativo, pero quedó de manifiesta la atención a la salud, incluso con la orden de la revisión semanal de la presión sanguínea. A dichas constancias, al encontrarse debidamente certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, alcanzan el rango de documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y son idóneas para generar convicción en el suscrito juzgador de que a la quejosa se le ha otorgado atención médica para el padecimiento de la gastritis y presión baja. En estas condiciones, es claro que la autoridad responsable al haber brindado tal atención médica para la salud general de la aquí quejosa, hizo que cesaran los efectos de la omisión reclamada, con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, por lo que se actualiza la causal de improcedencia analizada y por tal motivo es procedente que se sobresea en el juicio en que se actúa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". QUINTO. Análisis del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados por los motivos que enseguida se expresan. En efecto contrario a lo sustentado por la peticionaria de amparo, durante su estadía dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Morelos, las autoridades responsables le han brindado la atención médica necesaria para cada una de sus enfermedades y/o padecimientos y/o síntomas que refirió en la demanda de amparo, con lo cual se ha garantizado su derecho fundamental a la salud, reconocido en el numeral 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien y a fin de sustentar la anterior conclusión, es importante señalar que el artículo constitucional en mención, en su tercer párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2, fracciones I a la VII del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. A su vez, los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud). Por atención médica se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud (artículo 32 de la Ley General de Salud). Las actividades de atención médica son: preventivas (incluyen las de promoción general y las de protección específica), curativas (que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno), de rehabilitación (que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física o mental) y paliativas (que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario (artículo 33, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Salud). De lo anterior, se puede dilucidar que el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, comprende el no padecer, prevenir y tratar una enfermedad. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Siendo importante destacar que el derecho a la salud, no sólo se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diversos instrumentos internacionales, como lo son el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el principio X. De lo anterior se aprecia que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Es decir, hay un doble sentido en la relación gobierno-gobernado, porque por un lado, implica una permisión al titular para acceder a los servicios de asistencia médica, con la acotación de que existen lineamientos a seguir, establecidos en la ley; por otra, el Estado se obliga a no interferir o impedir el acceso, de manera arbitraria, a los servicios, a realizar su adecuada prestación y supervisión, así como en la medida de sus posibilidades, a la creación de infraestructura institucional que se requiera para ese fin. El titular del bien jurídico de la salud, es todo ser humano, sin excepción alguna, pues aún y cuando una persona se encuentre privada de su libertad personal, tiene las mismas prerrogativas a la salud física y mental que cualquier hombre libre. En efecto, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. Ahora bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis dispone: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.). II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; (.)". "Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud (.)". "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. (.)" "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. (.)" "Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. (.)" "Artículo 79. Medidas Terapéuticas Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, podrá determinarlo la Autoridad Penitenciaria competente. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la Autoridad Penitenciaria competente determinar lo conducente. (.)" "Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los Centros Penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera continua y permanentemente en el Sistema Penitenciario Nacional. (.)" Dichos numerales prevén los derechos que tienen las personas privadas de su libertad dentro de un centro penitenciario, destacando el derecho a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de su salud, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley. Sentado lo anterior y del análisis del expediente clínico de la quejosa que, en fotocopia certificada fue allegada por las autoridades responsables, se arriba a la conclusión de lo infundado de los conceptos de violación. En efecto, por cuanto a la omisión de proporcionar a la quejosa atención médica en materia de ginecología, son infundados en virtud de que del expediente médico de la quejosa, remitido en fotocopias certificadas por la autoridad responsable, se advierte que los médicos de dicho centro de reinserción en que la peticionaria de amparo, ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ, se encuentra recluida, le han proporcionado atención médica para los padecimientos en esa materia, particularmente para atender el padecimiento de sangrado uterino anormal. En la nota médica de veintiséis de agosto de dos mil diecisiete (foja 7), se aprecia que, entre otros aspectos como el de la dieta, por el que se considera que se actualizó la improcedencia del juicio por litispendencia, se solicitó atención médica porque refirió que tenía metrorragias e hiperpolimenorrea, estreñimiento recurrente; además, rinorrea recurrente, adinamia y frecuentes lesiones en boca de tipo ardorosas y dolorosas. De igual manera, se hizo constar que al interrogatorio refirió olor sui géneris ocasional, disuria y poliuria. Refirió reducción abierta y fijación interna (RAFI) de pelvis ósea y que continuaba con altralgia, dolor recurrente y reciente en rodilla derecha y que se le traba. Aunado a lo anterior, indicó que tenía hombro izquierdo con limitación en movimiento para ciertas actividades como peinarse, cargar pesado y ponerse camisola. La impresión diagnóstica fue OBESIDAD I.; SANGRADO UTERINO ANORMAL EN MANEJO. ESTREÑIMIENTO. HERPES LABIAL. INFECCIÓN D VÍAS URINARIAS POR UROCULTIVO. ALTRALGIA CADERA Y GONARTRALGIA DERECHA Y SÍNDOME DE HOMBRO DOLOROSO. El uno de septiembre de dos mil diecisiete, de acuerdo a la constancia respectiva (foja 48), se practicó a ANA LAURA CHAIREZ MUNOZ, un estudio de colposcopia por el médico gineco-obstetra-colposcopista, en el que se aprecia que el resultado fue colposcopía satisfactoria, zona de transformación normal, metaplasia escamosa e inflamación. También se hace constar que se le otorgó tratamiento médico por cervicitis hormonal para regularizar el periodo menstrual, así como anti-inflamatorio para artralgia y colposcopia anual. Se le otorgó los medicamentos en esa misma fecha, según la documentación consistente en el control de medicamento en estancia, asentando la quejosa su firma en conformidad con el tratamiento recibido (foja 49). En las condiciones apuntadas, se puede advertir que tanto el veintiséis de agosto como el uno de septiembre de dos mil diecisiete, se le otorgó atención médica en materia de ginecología, no solo para el padecimiento que refirió es decir, descontrol hormonal, atendido con estradiol nogestrel tabletas, sino también por otros diversos padecimientos que ahí se describen y que no fueron materia de reclamo en el presente juicio de garantía, por lo que se estima que las responsables han brindado, en esa materia, la atención básica, y especializada necesaria y reciente para la quejosa, pues la atención se otorgó incluso en la misma fecha de presentación de la demanda. Se analizará ahora, la omisión respecto al otorgamiento de asistencia de para atender: en dermatología, acné y dermatitis; y en medicina general, migraña, gastritis, caída de cabello en exceso, dolor de riñón, estreñimiento y presión baja. Respecto a los referidos padecimientos de acné y dermatitis, caída de cabello abundante y migraña, no se advierte que con anterioridad a la presentación de la demanda, particularmente el veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, fecha más reciente a que se le otorgó atención médica con anterioridad a la presentación de la demanda, la quejosa hubiera solicitado atención médica para atender tales malestares. Sin que pase por alto que el nueve de septiembre de ese año, refiriera cefalea; sin embargo, es un padecimiento posterior a la presentación de la demanda y que, además, difiere a la migraña. En efecto, en la nota médica de veintiséis de agosto de dos mil diecisiete (foja 7), se aprecia que, entre otros aspectos, refirió que tenía metrorragias e hiperpolimenorrea, estreñimiento recurrente; además, rinorrea recurrente, adinamia y frecuentes lesiones en boca de tipo ardorosas y dolorosas. De igual manera, se hizo constar que al interrogatorio refirió olor sui géneris ocasional, disuria y poliuria. Refirió reducción abierta y fijación interna (RAFI) de pelvis ósea y que continuaba con altralgia, dolor recurrente y reciente en rodilla derecha y que se le traba. Aunado a lo anterior, indicó que tenía hombro izquierdo con limitación en movimiento para ciertas actividades como peinarse, cargar pesado y ponerse camisola. La impresión diagnóstica fue OBESIDAD I.; SANGRADO UTERINO ANORMAL EN MANEJO. ESTREÑIMIENTO. HERPES LABIAL. INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS POR UROCULTIVO. ALTRALGIA CADERA Y GONARTRALGIA DERECHA Y SÍNDOME DE HOMBRO DOLOROSO. Por lo que es evidente que no existe omisión de atención médica para atender acné y dermatitis, caída de cabello abundante y migraña, pues los síntomas observados por el facultativo no reflejan tales condiciones de afectación en la salud de la quejosa. Entonces, no puede imponerse a capricho de la interno, que sea atendido por un determinado especialista, que, por otro lado, no se demuestra que requiera, sino que debe ser coherente con lo que se ha dictaminado, en principio, por el referido médico general, respetando su derecho humano a la salud en armonía con la regulación normativa que exige el centro de reclusión en el que se encuentra la quejosa; máxime, que de lo asentado por los médicos que la atendieron, no se advierte la necesidad de ello. En lo que se refiere a la omisión de atender los padecimientos de dolor de riñón y estreñimiento, desde el veintiséis de agosto de dos mil diecisiete (foja 7), se diagnosticó, entre otras cosas, ESTREÑIMIENTO e INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS POR UROCULTIVO. Y se le proporcionó el tratamiento completo, como consta en la documental consistente en el control de medicamento por estancia de esa misma fecha (visible a foja 76 del anexo I), pues se aprecia que para el estreñimiento se le proporcionaron senosidos veinte tabletas, dos tabletas cada cuarenta y ocho horas. En tanto que para la infección de vías urinarias se le prescribió el antibiótico noflexacino tabletas una cada doce horas por catorce días. Luego, de los documentos antes descritos, se puede deducir que a la fecha de presentación de la demanda, uno de septiembre de dos mil diecisiete, se venía proporcionando a la quejosa la atención médica necesaria y también con posterioridad a esa fecha se atendieron de los padecimientos que se advirtieron. A las constancias certificadas del expediente médico de la quejosa, remitidas por la autoridad responsable, por ser documentos públicos, al haber sido emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se les otorga plena eficacia probatoria, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, se arriba a la conclusión de que son infundados los conceptos de violación que sostienen que no se le ha brindado una dieta adecuada que, de forma destacada, reclama en la demanda. En ese contexto, si bien la quejosa sostiene en su demanda la atención médica; sin embargo, tal aserto es insuficiente para demostrar que requiere cuidados médicos especiales, pues como se ha relatado anteriormente, de las copias certificadas de su expediente clínico, se puede advertir ha sido atendida en relación a los padecimientos que fueron dictaminados por el médico general y los de ginecología tratantes, y además, se le ha suministrado diversos medicamentos para cada uno de ellos, por lo que no puede imponerse a capricho de la interno, que sea atendido por un determinado especialista, que, por otro lado, no se demuestra que requiera, sino que debe ser coherente con lo que se ha dictaminado, en principio, por el referido médico general, respetando su derecho humano a la salud en armonía con la regulación normativa que exige el centro de reclusión en el que se encuentra la quejosa. En lo conducente, se orienta lo anterior de la tesis que emitió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2012470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h, en Materia Constitucional, Tesis I.8o.A.2 CS (10a.), que dispone: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU INSTRUMENTACIÓN RESPECTO DE INDIVIDUOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DEBE OPERAR EN EL CONTEXTO REGULATORIO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTREN. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, la privación de la libertad de un individuo no es una circunstancia que justifique el desconocimiento de la oportunidad con la que cuenta, como cualquier persona, para la atención eficiente de su salud, aspecto que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el bienestar y preservar la vida de los internos; sin embargo, en estos casos, no debe pasarse por alto que dicha prerrogativa se encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Por tanto, la instrumentación del derecho mencionado debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión en donde se encuentren, el cual admite las previsiones que, por razón de seguridad, adopten los órganos del Estado. Esta conclusión es congruente con el primer precepto constitucional citado, al determinar que la protección a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades que defina la normativa aplicable, así como con lo establecido en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a que si bien los individuos sujetos a encarcelamiento gozan de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión." En ese sentido es inconcuso que las autoridades responsables, Directora General y Titular del Área de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS Femenil Morelos, con sede en Coatlán del Río, Morelos, no han trasgredido en modo alguno el derecho fundamental a la salud de la quejosa reconocido en el artículo 4º Constitucional, y que le han brindado una adecuada atención médica general y especializada en estricto apego a los numerales 9, 34, 76, 78, 79 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Cabe señalar, por cuanto a la declaratoria de inexistencia en la omisión de atención médica, así como de la cesación de los efectos de la misma, por cuanto a otros padecimientos, que no obstante la determinación, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud; además, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Orienta lo anterior, lo establecido en la tesis que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época, con registro 169316, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, en Materia Constitucional y Administrativa, Tesis 1a. LXV/2008, página 457, del rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." De igual forma, ilustra la consideración antes plasmada, la diversa tesis que sustentó el Pleno del Alto Tribunal del país, ubicada en la Novena Época, con registro 161333, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, en Materia Constitucional, Tesis P. XVI/2011, página 29, que dispone: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Además, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad. En efecto, el artículo 18° de la Constitución Federal establece las bases mínimas sobre las que se organiza el sistema penitenciario del Estado Mexicano, el cual, precisamente, descansa en el respeto de los derechos humanos, entre ellos el de la salud; no obstante, el propio precepto indica que esa base deberá fungir como plataforma toral para lograr la finalidad primordial impuesta a dicho sistema, consistente en lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, lo cual se deduce del segundo párrafo del precepto en cita: "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." De lo anterior se advierte que el derecho a la salud tratándose de internos por prisión preventiva o en ejecución, por inferencia lógica, si bien tiene los mismos alcances, no puede instrumentarse del mismo modo que para la generalidad de las personas quienes están en una situación de libertad, la cual les permite acudir al centro que estimen conveniente dentro de sus posibilidades. Más bien se trata de una prerrogativa que, a su vez, encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional están en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública, máxime si se trata de sujetos relacionados con temas de delincuencia organizada. Por consiguiente, el derecho a la salud de los internos de un centro de reclusión no puede operar fuera del contexto regulatorio de los centros de reinserción social, dado que admite las previsiones que, por razón de seguridad, se adopten al respecto por los órganos del Estado lo cual, además, es compatible con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Federal al determinar que el derecho a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades para el acceso a los servicios relativos que se establezca en la normatividad aplicable. Esa opinión se corrobora con lo establecido en los puntos 5 y 9 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la resolución 45/111, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa: "5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 5 y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 33 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo 33, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas. (...) 9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica. (...)" Como se puede advertir, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó diversos puntos con relación al tratamiento que se debe dar a las personas restringidas de su libertad, reconociendo que si bien tales individuos deben gozar de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, éstos deben de ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión; además, se reconoce que el tratamiento médico se debe desarrollar de acuerdo a los servicios de salud de los que disponga el país sin discriminación alguna. El contexto precedente conlleva a determinar que en materia de salud las personas internas en centros penitenciarios opera el derecho a recibirla, si bien con todos los alcances necesarios para lograr su rehabilitación, no se debe desconocer el contexto normativo que regula la implementación de tales medidas. Por lo anterior, en atención a lo expuesto, la ejecución de tales medidas no debe considerarse absoluta, es decir, las autoridades responsables pueden actuar con las modalidades que impone el sistema penitenciario, y acorde a los medios que tiene a su alcance para salvaguardar ese derecho humano a las personas privadas de la libertad. En ese contexto, en el caso, se puede advertir ha sido atendida en relación a los padecimientos que refirió en la demanda y que fueron diagnosticados por los médicos tratantes, y además, se le ha suministrado diversos medicamentos para cada uno de ellos, respetándose su derecho humano a la salud en armonía con la regulación normativa que exige el centro de reclusión en el que se encuentra la quejosa. En lo conducente, se orienta lo anterior de la tesis que emitió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2012470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h, en Materia Constitucional, Tesis I.8o.A.2 CS (10a.), que dispone: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU INSTRUMENTACIÓN RESPECTO DE INDIVIDUOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DEBE OPERAR EN EL CONTEXTO REGULATORIO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTREN. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, la privación de la libertad de un individuo no es una circunstancia que justifique el desconocimiento de la oportunidad con la que cuenta, como cualquier persona, para la atención eficiente de su salud, aspecto que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el bienestar y preservar la vida de los internos; sin embargo, en estos casos, no debe pasarse por alto que dicha prerrogativa se encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Por tanto, la instrumentación del derecho mencionado debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión en donde se encuentren, el cual admite las previsiones que, por razón de seguridad, adopten los órganos del Estado. Esta conclusión es congruente con el primer precepto constitucional citado, al determinar que la protección a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades que defina la normativa aplicable, así como con lo establecido en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a que si bien los individuos sujetos a encarcelamiento gozan de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión." En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no advertirse materia qué suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ, respecto de las autoridades y por los actos identificados en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ANA LAURA CHAIREZ MUÑOZ, respecto de las autoridades y por los actos identificados en el considerando QUINTO de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de febrero de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores del juzgado ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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