Ana Laura Bustamante Miranda
Expediente 401/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 58 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 17/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ana Laura Bustamante Miranda
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se avoque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por Jacqueline Enríquez Díaz, autorizada de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones, solicitando se requiera a la autoridad responsable y se hagan efectivos los apercibimientos decretados en la Ley de Amparo; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado toda vez que por auto de diecinueve de julio del año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de once de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento del fallo protector; y en atención a ello realizó las manifestaciones que a su parte correspondieron. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ANA LAURA BUSTAMANTE MIRANDA, para los efectos siguientes: ".Así las cosas, ante la violación al derecho de la quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Ana Laura Bustamante Miranda, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente: Provea lo necesario para que las pruebas identificadas como 1, 2 y 3 en el auto de doce de febrero de dos mil dieciséis, admitidas a la parte demandada, se desahoguen en las fechas previstas. Para el caso que las pruebas mencionadas en el efecto que antecede, no se desahoguen en las fechas establecidas y proceda señalar nuevas fechas para ello, éstas tendrán que ceñirse al plazo previsto por el artículo 884, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo y deberá adoptar las medidas necesarias para desahogarlas en ésas fechas. Si las pruebas identificadas como 1, 2 y 8 en el auto de admisión de pruebas, correspondientes a la parte actora, no se desahogaron en las fechas señaladas para tal efecto y procedió el señalamiento de nuevas datas para ello, éstas deberán ajustarse al plazo previsto por el artículo 884, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que de no ser así, deberá dejar insubsistentes las fechas señaladas y fijar unas acordes con tal porción normativa, con la obligación de adoptar las medidas necesarias para desahogarlas en esas fechas. Gire los oficios necesarios para recabar las pruebas de informe de autoridad y las desahogue. Provea lo necesario y desahogue las pruebas periciales. Una vez que concluya el desahogo de las pruebas, deberá otorgar a las partes el plazo para formular alegatos, esto de conformidad con el artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, ya que tal acto marca el final de la etapa probatoria, sin perjuicio desde luego, de lo que surja a consecuencia de la certificación prevista por el artículo 885 de la ley laboral. Si bien esta sentencia impone a la autoridad responsable la obligación de desahogar las pruebas admitidas en el conflicto de origen, se precisa que: No deja sin efectos los apercibimientos decretados a las partes ni veda las facultades que la ley le confiere en materia de pruebas ni en ningún otro rubro, verbigracia, su facultad para declarar su deserción. No prejuzga sobre la legalidad o ilegalidad del desahogo de las mismas". Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada de las constancias de las que se advierte el desahogo y/o deserción de las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, remitió copia certificada del acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete, del que se desprende que no queda prueba pendiente por desahogar y concede a las partes un término para formular alegatos en el expediente laboral 01/902/15-I. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al haber desahogado las pruebas ofrecidas por las partes y otorgado a las mismas un término para formular alegatos en el juicio laboral de origen, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, agréguese para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones, las cuales resultan ineficaces, puesto que, como ya se dijo, cumple con los requisitos a los que fue constreñida la autoridad responsable, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que por acuerdos de veintinueve de agosto y doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictados en el juicio de origen, tuvo por legalmente desahogados los informes de autoridad rendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Sin embargo, se le deja expedito su derecho, para hacerlo valer en la vía y forma correspondiente. Resultan aplicables al caso en concreto las siguientes jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 14/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010983 1 de 1 Segunda Sala Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Pag. 717 Jurisprudencia(Común) RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces. Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008030 1 de 1 Primera Sala Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 605 Jurisprudencia(Común) RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair Garcia Meza, que autoriza y da fe.****
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