Ana Laura Bustamante Miranda

Expediente 62/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
62/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Ana Laura Bustamante Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 62/2019-IV-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 62/2019-IV-B, promovido por ANA LAURA BUSTAMANTE MIRANDA, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este juzgado, ANA LAURA BUSTAMANTE MIRANDA, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 3 a 5). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de enero e dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y tercera interesada (fojas 6 a 9). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en:  La omisión de acordar la promoción presentada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho en el juicio laboral 01/902/15, del índice de Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado, no obstante que la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó el mismo (fojas 15 y 16). Tal inexistencia se desprende de la documental que exhibió la responsable en copia certificada relativa al juicio laboral 01/902/15 (fojas 18 a 20), de las que se destaca el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, del que se advierte que se proveyó lo relativo al contenido del escrito presentado el veintiocho de septiembre del año pasado; constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la parte quejosa presentó la demanda de amparo el quince de enero de dos mil diecinueve, por la que impugnó una omisión genérica, en cuanto a que reclamó que la autoridad responsable ha sido omisa en proveer respecto del escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. En ese sentido, el acto combatido es inexistente porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de enero de dos mil diecinueve), no existía la omisión de acordar el aludido ocurso, en virtud de que por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la junta responsable proveyó lo conducente, ordenado notificar a las partes por medio de boletín laboral. En esas condiciones, el acto atribuido al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, es inexistente. Lo anterior, atendiendo a que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso, el quince de enero de dos mil diecinueve; ello para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual modo, ilustra lo anterior, la tesis VII.1o.C.4 K, localizable con el número de registro 198320, visible a página 433, tomo VI, julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". (el subrayado y resaltado no es de origen). Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: LXXXII/90, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, octava Época, página 194, de texto y rubro siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PERMITE EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN LA FRACCION VI DEL ARTICULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, VARIAR LA LITIS CONSTITUCIONAL." Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obsta a la determinación anterior, la falta de emplazamiento de la persona moral tercera interesada OPERADORA DE RESTAURANTES EDC, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el presente juicio de amparo, toda vez que esta sentencia no le finca obligación alguna, ni obliga a la autoridad responsable a hacerlo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ANA LAURA BUSTAMANTE MIRANDA, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy veinte de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el actuario adscrito, manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Operadora de Restaurantes EDC, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio señalado en autos por los motivos que expone. En mérito de lo anterior, se reserva a proveer lo que a derecho corresponda en el momento procesal oportuno. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Ediaz*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. ADMISIÓN DE DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por ******************** por su propio derecho contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese el expediente 62/2019-IV-B; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. En términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercero interesado a ********************. Sin que obste lo anterior lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda en la que refiere no existe tercero interesado, toda vez que el carácter a que se refiere el artículo antes citado, esto es, cuando éste haya sido contraparte del agraviado en el juicio o en el procedimiento seguido en forma de juicio que haya dado lugar al juicio de amparo, no puede dejar de existir, aun cuando se reclamen las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 constitucionales, en cuanto al derecho de petición, y la expedición de una justicia pronta y expedita, en específico, cuando se desprenda la falta de acuerdo a una solicitud o promoción de un gobernado, o por la omisión de algún órgano de dictar la sentencia correspondiente, dentro de los términos legales, pues la ostentación de dicho carácter se entiende como un derecho procesal protegido por la ley. Lo anterior se funda en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de la Novena Época, sustentada en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario para que emplace a la parte tercera interesada ********************, por conducto de quien legalmente lo represente, en el domicilio ubicado en Calle Mitla, número 5 (cinco), colonia Las Palmas, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, al hacerlo deberá correr traslado con copia simple de la demanda, auto de admisión de demanda, así como del presente acuerdo; para que si a sus intereses conviene comparezca a juicio, además, les informe la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional y le requiera para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que ese surta efectos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2° de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo el emplazamiento de la tercera interesada. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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