Ana Karina Garza Velarde
Expediente 1394/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1394/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Karina Garza Velarde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la moral quejosa Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, por conducto de su apoderada, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes: SE ORDENA ARCHIVO Siguiendo con la vista del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la segunda parte de la certificación que antecede, de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las medidas cautelares solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del cuaderno de suspensión. Así, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista o la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado en la cual hace constar que no le fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada********************, la resolución con engrose de veintitrés de febrero del año en curso, dictada por este juzgado, por las razones a que alude, por lo tanto, se ordena efectuar la notificación así como las subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este Órgano de Control Constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1394/2022, promovido por Ana Karina Garza Valverde, en su carácter de apoderada del organismo público descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al organismo público descentralizado SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1394/2022, promovido por Ana Karina Garza Valverde, en su carácter de apoderada del organismo público descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Ana Karina Garza Valverde, en su carácter de apoderada del organismo público descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Actos que estimó violatorios de los derechos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda registrada bajo el número VIII-1394/2022; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo en vigor; 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en atención a que la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 3C-2685/2021, donde la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, declaró "improcedente" el incidente de competencia planteado por la parte aquí quejosa Servicios de Salud de Michoacán. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra a lo referido en el pedimento del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado, lo que se acredita con copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral. Prueba documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, la cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 1003219 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos Materia(s): Común Tesis: 1340 Página: 1502 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son ineficaces los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa atento a las siguientes consideraciones. En ellos quien se agravia señala que: 1) El acto reclamado carece de una debida fundamentación, en atención a que no se ajusta a los criterios actualizados respecto de los Organismos Públicos Descentralizados, además de que era necesario que la responsable realizara un verdadero análisis de tales organismos. A más de que no se aplica el criterio jurisprudencial más actual contenido en la tesis 10/2021 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ", lo que también denota falta de exhaustividad. También arguye que la junta no abordó en forma exhaustiva los argumentos que expuso en su incidente de incompetencia sobre que: Aplican al caso las clausulas tercera, fracción IV, último párrafo; décimo sexta y décimo octava del Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Organismos Públicos de Salud; El argumento de que desapareció la restricción para que la relación de trabajo de los organismos descentralizados con sus empleados se regule en la legislación laboral burocrática; Acorde al numeral 1 del Decreto de Creación de los Servicios de Salud del Estado de Michoacán y 701 de la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán y de sus Municipios, esta es de observancia general, regula las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados; por tanto, debe conocer el tribunal burocrático. Lo que se refuerza con lo previsto en los artículos 1 y 13 fracción IX, del Reglamento Interior del Organismo Descentralizado; los transitorios de las Condiciones de Trabajo y el contenido de la tesis 145/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ISAPEG). LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEBEN APLICARSE EN TODO AQUELLO QUE FAVOREZCA A SUS TRABAJADORES Y QUE NO SE OPONGA AL RÉGIMEN PREVISTO EN EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", registro 171745. 2) Que la autoridad responsable aplicó los criterios de reglas generales incompletas, siendo inadecuado aplicar una regla general por exclusión. Siendo que de conformidad con los artículos 116, fracción VII y 123, apartado B), fracciones V, VII y VIII, Constitucionales; 1 y 96, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; clausulas 3, fracción IV, último párrafo, 16 y 18 del Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Organismos Públicos; y, tercero transitorio, párrafos segundo y quinto, de las Condiciones Generales de Trabajo; corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje la competencia para conocer del juicio natural; al tratarse la reo de un organismo descentralizado parte del Ejecutivo Estatal; virtud de la relación de trabajo entre las partes; y, que es competencia de dicho tribunal resolver tales controversias. 3) Además, que es inexacta la aplicación del artículo 1º de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán, al ser gramatical y restrictiva, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, cuando así lo decida el legislador secundario, se podrán regir las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados no solamente a través del régimen del apartado A del artículo 123 Constitucional, sino también por el apartado B o incluso del régimen mixto, a cuyo efecto invocó la tesis 10/2021. 4) Asimismo señaló que el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud se firmó cuatro años después de los hechos sujetos al control constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que considera que es válido afirmar que las relaciones con sus trabajadores se han regido y se rigen en la actualidad por el apartado B. 5) Que del artículo 1º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios se colige que dicha legislación regula las relaciones laborales existentes con los trabajadores que prestan servicios a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre otros, y que los conflictos individuales que se susciten entre ellos deben ser resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Los conceptos de violación son infundados. En primer lugar cabe destacar que la junta responsable declaró improcedente (sic) el incidente de previo y especial pronunciamiento de incompetencia bajo los siguientes argumentos: Que dadas las circunstancias particulares que rodean al organismo descentralizado demandado, corresponde conocer del conflicto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ya que no se contempló por el legislador local la aplicación expresa de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Que por el contrario, dada la participación de la federación (vía acuerdo de coordinación y la propia creación del organismo, la solución de conflictos estará sujeta a la Ley Federal del Trabajo, y bajo ese contexto legal, debe concluirse que las relaciones laborales de un organismo público descentralizado de carácter local debe regirse por el apartado A del artículo 123 Constitucional. No obstante que sus trabajadores tengan derechos adquiridos y consagrados en el apartado B del citado artículo, por su naturaleza el organismo cuenta con una personalidad jurídica distinta a la del Estado, por lo que no puede incluírseles en el apartado B. Que los organismos descentralizados de carácter federal no forman parte del Poder Ejecutivo y, por igualdad de razón, tampoco integran al Poder Ejecutivo local. Que por tanto la competencia para resolver esos conflictos debe recaer en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues dada la participación de la federación, la solución de conflictos estará sujeta a la Ley Federal del Trabajo. Que si bien en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se considera que existe absoluta libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, para establecer el régimen laboral de los organismos descentralizados; en el caso concreto el órgano creador del organismo descentralizado no decidió su régimen laboral, pues no se hizo referencia expresa, por lo que, empleando el método de exclusión, deben solucionarse los conflictos a la luz de la Ley Federal del Trabajo y, por ende la competencia para resolverlos recae en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. Además, que se debe atender conforme a lo dispuesto en los artículos 73, fracción X, última parte; 115, fracción VIII; 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto I y apartado B, de la Constitución Federal; así como a los diversos 1, 2 y 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; atento a los cuales se evidencia que la demandada es un organismo público descentralizado y que al no especificarse que para dirimir controversias de índole laboral sea aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, estos deben solucionarse a la luz de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, la competencia para resolverlos recae en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Máxime que del contenido de los artículos 4 y 5 del decreto que crea al organismo demandando, se observa que para su funcionamiento recibe aportaciones del gobierno federal, circunstancia que además verifica el acuerdo de coordinación, situación que fortalece la hipótesis de que dadas las circunstancias particulares que rodean al organismo descentralizado, corresponde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado la solución de conflictos, ya que cuenta con una personalidad jurídica distinta a la del Estado y, por consiguiente, sus relaciones de trabajo no pueden incluirse en el apartado B, que se refiere a relaciones burocráticas y menos regirse por las leyes de trabajo expedidas por las legislaturas de los Estados. Finalmente, que el apartado B del multicitado precepto, es limitativo en su ámbito de aplicación, por lo que fuera de los poderes de un Estado, no es constitucionalmente válido incluir en el régimen burocrático a sujetos ajenos a los enunciados, como los organismos descentralizados que no forman parte del Poder Ejecutivo, por lo que sus relaciones laborales escapan a las facultades reglamentadoras de las legislaturas locales. (Hasta aquí lo resuelto por la junta) De ahí que, contra lo afirmado por la quejosa en los motivos de disenso precisados, en una parte del numeral 1), la resolución sí es exhaustiva porque implícitamente la junta abordó los temas propuestos esencialmente en el incidente de incompetencia planteado, con vinculación a los ordenamientos y convenios invocados. De ahí que sea infundado el argumento en análisis. Al margen de que tales argumentos reiterados en sus conceptos de violación aquí expuestos y precisados en los numerales del 1) al 5), también son infundados. En efecto, la determinación de la junta responsable es legal, ya que en principio, el Alto Tribunal del país ha sostenido reiteradamente la libertad configurativa que tienen los Estados de la Federación para regular las relaciones laborales entre los organismos locales - centralizados, descentralizados e incluso constitucionalmente autónomos- y sus trabajadores, según lo juzguen conveniente, de acuerdo con el apartado A o el apartado B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que la obligación de hacerlo se encuentre sujeta a alguno de ellos en especial. Es así -explica el Alto Tribunal del País- en primer lugar, porque de esta manera se atiende a la voluntad del Poder Reformador de otorgar flexibilidad para que las normas locales, respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada Estado y Municipios; y, en segundo lugar, porque refleja una interpretación gramatical del texto del artículo 116 constitucional, en su fracción VI4 , en tanto que afirma que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, lo que significa para los poderes locales, organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como organismos constitucionales autónomos de la entidad, quedan sujetos a un régimen especial de derecho. Agregó el Tribunal Constitucional que no es obstáculo para arribar a tal conclusión, lo que sostuvo la Segunda Sala al resolver los amparos en revisión 783/2011, 163/2012, 164/2012, 365/2012, 372/2012, 389/2012, 478/2012 y 503/2012, en cuanto a que lo determinante para concluir si los organismos descentralizados se rigen por algún apartado del artículo 123 Constitucional, es precisamente su característica de descentralización. Esto es así, ya que lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Federal, se refiere específicamente a las empresas que "sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal" y no a las entidades que dependan de los gobiernos locales. En ese orden, lo que se determinó fue que las actividades que tienen encomendadas los organismos descentralizados corresponden a fines muy variados, como podrían ser la prestación de algún servicio público o social; la explotación de bienes o recursos estatales; la investigación científica o tecnológica; la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad sociales, entre otras, finalidades que incluso se multiplican a nivel local. Consecuentemente la multiplicidad de organismos y de funciones es precisamente la razón por la que se le otorgó la facultad expresa al Legislador Local para que, atendiendo a las particularidades de las entidades que forman el orden jurídico local, emitiera la normatividad que regulara las relaciones de trabajo de los servidores públicos con el Estado, por lo que no podría considerarse que únicamente por tratarse de organismos descentralizados, las relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 Constitucional. El Alto Tribunal hizo la precisión de que si se toma en cuenta que el ámbito de aplicación del apartado A del artículo Constitucional referido, consiste en cualquier contrato de trabajo en la República Mexicana y que el Poder Reformador al modificar en mil novecientos sesenta el artículo 123 Constitucional, quiso distinguir de manera expresa las relaciones laborales de los servidores públicos y las personas que prestan servicio de índole privado (o público y que la constitución lo haya diferenciado expresamente); de así estimarlo la Legislatura Estatal, al regular las relaciones laborales de los organismos descentralizados, que en el algunos casos actúan de manera similar a empresas privadas, podría atenerse al contenido del apartado A) del artículo constitucional referido o, incluso, remitirse directamente a él y a su ley reglamentaria, en atención, precisamente, a las funciones económicas equivalentes a las entidades del sector privado (como se hace a nivel federal). Sin embargo -precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación- no todos los organismos descentralizados actúan como empresas paraestatales, y aún si se toma en cuenta que una de las características principales de éstos es que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propios, lo anterior no implica que tengan una finalidad distinta a la de contribuir al bienestar general y que, por ende, sus trabajadores ejerzan una función pública que los hace sujetos de la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Federal. Por tanto -concluyó-, que las relaciones de los trabajadores de los organismos descentralizados de carácter local como entes públicos que cumplen con diversos propósitos dentro de la actividad estatal forman parte de la atribución prevista en el artículo 116, fracción VI, Constitucional, por lo que las Legislaturas Locales gozan de libertad configurativa para emitir la normatividad correspondiente que atienda a las características y particularidades de cada localidad. Este criterio fue reflejado en la tesis de jurisprudencia 130/2016 (10a.), citado como sustento de lo resuelto por la junta responsable, que dice: Época: Décima Época Registro: 2012980 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 130/2016 (10a.) Página: 1006 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. En ese tenor, lo importante -entonces- es conocer cuál es la voluntad del legislador michoacano. Para ello, debemos acudir a los numerales 1 y 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, puesto que tales dispositivos normativos establecen que la Ley aludida regula las relaciones laborales de los organismos descentralizados siempre y cuando en sus leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. Artículo 1. La presente es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. Artículo 2. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley se entiende establecida, para los efectos legales, entre los trabajadores de base al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos e instituciones, a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley. Como se ve, el legislador michoacano estatuyó que la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado está supeditada a que la ley, decreto o reglamento que regule al organismo descentralizado señale su aplicación. Sentado lo anterior, el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, se descentralizó a través del "Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Michoacán, para la descentralización integral de los servicios de salud en la entidad", publicado el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis. Dicho acuerdo hace referencia a las relaciones laborales entre el organismo público y los trabajadores, que por virtud a aquella descentralización, fueron trasladados de la federación al Sistema Estatal; empero, nada se dice de los que no pertenecen a la federación. Al respecto, el acuerdo en cita establece en su capítulo V de título "DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SSA QUE SE INCORPORRAN AL SISTEMA ESTATAL" lo siguiente: "DECIMOSEXTA. EI proceso de descentralización de los servicios de salud deberán garantizarse los derechos adquiridos por los trabajadores, tales como inamovilidad, catálogo de puestos, escalafón, permutas y otros de índole muy diversa, consagrados en el Apartado B del Artículo 123 y su Ley Reglamentaria, y en las Condiciones Generales de Trabajo de la SSA y en sus reformas futuras, comprendiendo las prestaciones genéricas y específicas, así como los mecanismos vigentes de actualización salarial y los acuerdos y convenios celebrados sobre el particular con el SNTSSA, conforme a la legislación federal. [.] VIGESIMA. Se reconoce al SNTSSA, en su estructura de Comité Ejecutivo Nacional, secciones, subsecciones y delegaciones sindicales, como el representante legal, legítimo y único de los derechos laborales de los trabajadores de base que prestan sus servicios al Gobierno Federal y que pasarán a prestarlos a los organismos descentralizados estatales que se harán cargo de los servicios de salud y de los que en el futuro se incorporen a dicho organismo, conforme al proceso de descentralización." A su vez, el organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo fue creado por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el diez de septiembre de dos mil quince, el cual contiene solamente un artículo que hace alusión a las relaciones laborales pero sin establecer un régimen específico. El citado normativo establece: Artículo 21. Las relaciones laborales entre el 'REPSS' y sus trabajadores se regirán por los ordenamientos legales aplicables. En ese contexto, dado que no existe una norma especializada que con base en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, sea el competente para conocer de la controversia, es aplicable la norma general; por tanto, dada la libertad configurativa del legislador michoacano y la naturaleza de la demandada, como lo consideró la responsable, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado es la competente para conocer del conflicto laboral. La determinación adoptada también encuentra sustento en los razonamientos vertidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2020, suscitado entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, (aquí autoridad responsable), en el que determinó: ".Por tanto, aplicando el método de exclusión, habrá de estimarse que en las leyes o decretos, donde no se expresa claramente la aplicación de la Ley de los trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, deben solucionarse a la luz de la Ley Federal del trabajo y, por ende, la competencia para resolver estos conflictos laborales debe recaer en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado." Contra lo afirmado por la quejosa, tales consideraciones convergen con lo expuesto en la tesis con registro digital 2024102, aun cuando no fue expresamente citada por la responsable; y que dice: Registro digital: 2024102 Instancia: Pleno Undécima Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 10/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Hechos: Derivado de la aplicación de casos concretos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la sustitución de la tesis jurisprudencial P./J. 1/96 mediante la cual, el Pleno del Alto Tribunal determinó que las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados se rigen por lo previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, contrario a lo señalado en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala considera que existe absoluta libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, según corresponda, para establecer el régimen laboral de tales organismos. Criterio jurídico: El artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General, no contiene una regla sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados, sino sólo un criterio de competencia en favor de los tribunales federales, por lo que existe libertad configurativa para establecer en la ley, o en los decretos de creación respectivos, el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados. Justificación: No es posible derivar el tipo de régimen laboral de los organismos descentralizados de una interpretación sistemática de otras disposiciones de la Constitución General considerando un criterio funcional, pues sólo en el caso de las universidades e instituciones de educación superior, así como tratándose de la banca de desarrollo, se adopta un régimen laboral específico en forma expresa; de este modo, debe atenderse a la libertad de configuración tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo Federal, porque la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión de política pública, en donde el órgano creador del organismo descentralizado federal decide su régimen laboral, a fin de lograr de una mejor manera la finalidad para la que fue creado. Máxime que, en ejercicio de su libertad contractual, al celebrar las condiciones de trabajo las partes no acordaron que para dirimir las controversias que se suscitaran con motivo de tales condiciones, se sometían a la jurisdicción del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues no se hace referencia expresa que sea aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Bajo esa tesitura, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. No pasa inadvertido para quien suscribe lo resuelto por los Jueces de Distrito similares en los asuntos que precisa la parte quejosa en su demanda de amparo; sin embargo, los efectos de dichas concesiones únicamente dan lugar a una concesión por vicios formales; y, si bien las determinaciones de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, sí involucran un pronunciamiento de fondo, no resultan vinculantes para quien suscribe y disiente de dichos criterios en atención a que del análisis de fondo se aprecia que las alegaciones vertidas no tienen sustento legal. Máxime que existe una determinación de un Tribunal Colegiado de este Circuito, en el sentido en que se dicta el presente fallo. Finalmente, dado el sentido del presente fallo, se considera innecesario hacer mayor pronunciamiento en torno a los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación, máxime que no forman parte de la Litis. Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario pronunciarse sobre los alegatos vertidos en autos, aunado a que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al organismo público descentralizado SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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