Ana Lilia Valenzuela Bastida
Expediente 377/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 17 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Lilia Valenzuela Bastida
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Cuenta con autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Pronunciamiento del cumplimiento de ejecutoria. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, sigue analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Inconformidad 439/98. Raúl Enríquez Alvarado y Valentín Hernández Martínez. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Inconformidad 419/98. Gilberto Camilo Alquicira Zanabria. 19 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Hugo Guzmán López. Inconformidad 407/98. Mayo Sergio Raúl Chavira Díaz. 12 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Inconformidad 466/99. Bertha Carmela Cortés Hernández. 21 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Inconformidad 446/99. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 28 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil. Nota: Esta tesis interrumpe parcialmente la jurisprudencia 2a./J. 85/98 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 408, con el rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUEZ DE DISTRITO TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA AL HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN UN AUTO ANTERIOR, DONDE ORDENÓ DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE YA CUMPLIÓ.". Precisión de los efectos del amparo. En sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas en auxilio de este órgano jurisdiccional, se concedió la protección de la Justicia Federal a la quejosa Ana Lilia Valenzuela Bastida, para el efecto de que el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca I-81/2017. 2. Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación en la que resuelva el recurso de apelación de que se habla, en el que atienda no solo los agravios del apelante sino también los argumentos hechos valer por la quejosa en contestación de aquellos." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo. Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tiene superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Así, mediante oficio presentado ante oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el catorce de diciembre del año pasado por la autoridad responsable, remitió copia certificada de la sentencia y acuerdo de trece de ese mes y año dictados en el toca I-81/2017, que dictó para cumplir con el fallo protector, y de los cuales se tomó conocimiento en proveído de dieciocho del mismo mes y año, en los que para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1.- Dejó sin efecto la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca I-81/2017. 2.- Con plenitud de jurisdicción procedió a emitir una nueva resolución en la cual resolvió el recurso de apelación hecho valer por Ricardo Bastida Arriaga en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 692/2010 de su índice, seguido a bienes de Ventura Bastida Arriaga; y, 3.- Analizo los agravios hechos valer por el apelante así como los argumentos hechos valer por la ahora quejosa en contestación de aquellos, declarando fundados los primeros e infundados los segundos, por lo que determinó revocar el auto apelado para los efectos precisados en su último considerando. Con dichas actuaciones, se consideró se daba cabal cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete y luego de dictar una nueva resolución siguiendo los lineamientos que le fueron trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Original del incidente de suspensión. Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Se autoriza devolución de billete. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-795616, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), el cual fue exhibido por la quejosa a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida en autos; en esa virtud, por resultar innecesaria su retención, se deja a su disposición la cédula bancaria descrita, por lo que deberá comparecer ante este juzgado, identificada con documento oficial para hacer efectiva su devolución, previa acta que de ello se levante para constancia legal, bajo apercibimiento que de no recoger la cédula bancaria dentro del lapso de dos años, contados a partir del siguiente a la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50, de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declarará que ha prescrito ordenándose remitir a la Tesorería de la Federación en México, Distrito Federal, a efecto de que se sirva hacerlo efectivo a favor del Erario Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Ana Karina Avalos Zarate601/2017
- Ana Karina Garza Velarde1394/2022
- Ana Karina Herrera Galvez521/2022
- Ana Lilia Barriga Aguillar826/2021
- Ana Lilia González Del Rio1347/2019
- Ana Lilia Sosa Ledezma118/2016
- Ana Liz Cardiel Sánchez180/2019
- Ana Lucia Cardiel Rios346/2019
- Ana Luisa Oseguera Gil y Otros.150/2022
- Ana Luisa Ramírez Aguilera y Otros.733/2020
- Ana María Alva Aguilar429/2021
- Ana María Espinoza Miranda709/2022