Ana Gabriela Onofre Abad
Expediente 802/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Gabriela Onofre Abad y Otros.
- Ana Gabriela Onofre Abad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. SE DECLARA FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Ana Gabriela Onofre Abad, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley en la materia, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO En atención a lo anterior y toda vez que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar en este asunto, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con este asunto, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del aludido acuerdo, en razón de haberse SOBRESEÍDO el juicio de amparo, por lo que se estima es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy Fe.eegCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. SE AGREGA ESCRITO COMO CONSTANCIA. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el escrito de cuenta, que suscribe Santiago Orozco Valencia, representante especial del menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a través del cual formula alegatos; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que mediante acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE EL JUICIO DE ORIGEN. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Tercero Oral Familiar de este Distrito Judicial, a través del cual informa que el ocho de noviembre del año en curso, Eduardo Onofre Aguado y Ana Gabriela Onofre Abad, parte actora y demanda, respectivamente, dentro del juicio especial oral familiar 368/2021, lograron conciliar convenio por virtud del cual se dio por concluido el juicio; y que dicho convenio fue elevado a la categoría de sentencia firme y para acreditarlo remite copia certificada de la constancia respectiva, la cual se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo promovida por ANA GABRIELA ONOFRE ABAD, por sí y en representación de su hijo menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por los actos que en esta vía reclama: Auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, dentro del juicio especial oral familiar 368/2021, en que determinó la convivencia presencial de Eduardo Onofre Aguado, con el menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, de las constancias que obran dentro del presente juicio constitucional, así como de las remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, consistentes diversas copias certificadas del juicio especial oral familiar sobre convivencia número 368/2021, de su índice, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°; se desprende lo siguiente: a) Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa ANA GABRIELA ONOFRE ABAD, por sí y en representación de su hijo menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, presentó demanda de amparo en contra de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en la que reclamó el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial oral familiar 368/2021, en que determinó la convivencia presencial de Eduardo Onofre Aguado, con el menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, mismo que fue admitido a trámite por auto de veintisiete de agosto siguiente. b) Por auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado que rindió la juez responsable, en el que indicó que era cierto el acto reclamado, dado que mediante fecha de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dentro de las actuaciones del juicio especial oral familiar 368/2021, decretó la convivencia presencial de Eduardo Onofre Aguado, con el menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19. c) Posteriormente, mediante oficio 1184/2021, recibido en este órgano jurisdiccional, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la juez responsable informó que el día ocho de noviembre de la presente anualidad, las partes en litigio dentro del juicio de origen, llegaron a un convenio, mismo que es del tenor literal siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como se ve, la juez responsable elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada el convenio celebrado entre las partes en litigio dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, dando por concluido el juicio respectivo. De ahí que, si la parte quejosa hizo valer como acto reclamado dentro del presente juicio constitucional, el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial oral familiar 368/2021, en que determinó la convivencia presencial de Eduardo Onofre Aguado, con el menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, no menos cierto es que la juez responsable, al haber llegado a un convenio las partes en litigio, dio por concluido el juicio correspondiente. Por lo anterior se advierte que en la especie opera la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito, en virtud de que las violaciones de que se duele la parte quejosa, quedaron consumadas al haberse elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada el convenio a que llegaron las partes en conflicto dentro del juicio de origen, como se acredita con la copia certificada que exhibe la autoridad responsable, misma que quedó digitalizada con antelación, la cual se dio valor probatorio en párrafos que anteceden. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (once horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE EL JUICIO DE ORIGEN. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Tercero Oral Familiar de este Distrito Judicial, a través del cual informa que el ocho de noviembre del año en curso, Eduardo Onofre Aguado y Ana Gabriela Onofre Abad, parte actora y demanda, respectivamente, dentro del juicio especial oral familiar 368/2021, lograron conciliar convenio por virtud del cual se dio por concluido el juicio; y que dicho convenio fue elevado a la categoría de sentencia firme y para acreditarlo remite copia certificada de la constancia respectiva, la cual se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo promovida por ANA GABRIELA ONOFRE ABAD, por sí y en representación de su hijo menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por los actos que en esta vía reclama: Auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, dentro del juicio especial oral familiar 368/2021, en que determinó la convivencia presencial de Eduardo Onofre Aguado, con el menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, de las constancias que obran dentro del presente juicio constitucional, así como de las remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, consistentes diversas copias certificadas del juicio especial oral familiar sobre convivencia número 368/2021, de su índice, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°; se desprende lo siguiente: a) Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa ANA GABRIELA ONOFRE ABAD, por sí y en representación de su hijo menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, presentó demanda de amparo en contra de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en la que reclamó el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial oral familiar 368/2021, en que determinó la convivencia presencial de Eduardo Onofre Aguado, con el menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, mismo que fue admitido a trámite por auto de veintisiete de agosto siguiente. b) Por auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado que rindió la juez responsable, en el que indicó que era cierto el acto reclamado, dado que mediante fecha de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dentro de las actuaciones del juicio especial oral familiar 368/2021, decretó la convivencia presencial de Eduardo Onofre Aguado, con el menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19. c) Posteriormente, mediante oficio 1184/2021, recibido en este órgano jurisdiccional, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la juez responsable informó que el día ocho de noviembre de la presente anualidad, las partes en litigio dentro del juicio de origen, llegaron a un convenio, mismo que es del tenor literal siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como se ve, la juez responsable elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada el convenio celebrado entre las partes en litigio dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, dando por concluido el juicio respectivo. De ahí que, si la parte quejosa hizo valer como acto reclamado dentro del presente juicio constitucional, el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial oral familiar 368/2021, en que determinó la convivencia presencial de Eduardo Onofre Aguado, con el menor de edad Eduard Benjamín Onofre Onofre, a pesar de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, no menos cierto es que la juez responsable, al haber llegado a un convenio las partes en litigio, dio por concluido el juicio correspondiente. Por lo anterior se advierte que en la especie opera la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito, en virtud de que las violaciones de que se duele la parte quejosa, quedaron consumadas al haberse elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada el convenio a que llegaron las partes en conflicto dentro del juicio de origen, como se acredita con la copia certificada que exhibe la autoridad responsable, misma que quedó digitalizada con antelación, la cual se dio valor probatorio en párrafos que anteceden. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (once horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.
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- Ana Isabel Villafuerte García1290/2019
- Ana Isabela Navarrete Ybarra428/2015
- Ana Karen Alavarez Valdes858/2020
- Ana Karina Avalos Zarate601/2017
- Ana Karina Garza Velarde1394/2022
- Ana Karina Herrera Galvez521/2022