Ana Karen Escalón Loo
Expediente 1146/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1146/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/09/2023
Partes del expediente
- Ana Karen Escalón Loo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la inconstitucionalidad de los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que establecen el cobro de derechos registrales relativos a la inscripción de compraventa de inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro; así como el acto de aplicación de dichas normas, que derivó del contrato de compraventa suscrito por la parte quejosa. De igual forma, se tiene que de la prueba de informes que desahogó el Notario Público Titular de la Notaría Pública número *********** de la demarcación territorial de Querétaro, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, retuvo a la parte quejosa la cantidad correspondiente a los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro, tal como se advierte de la transferencia electrónica que para tal efecto remite en copia certificada. Así también se despende que la demanda de amparo se presentó el seis de septiembre de dos mil veintitrés, como se advierte de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Es menester analizar las causas de improcedencia hechas valer las partes, así como las que este juzgado de Distrito advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la jurisprudencia II.1o. J/5, cuyo rubro y texto se transcriben: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, del análisis integral de autos, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la ley de la materia, los que, a la letra, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales reproducidos se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente cuanto se promueva fuera de los plazos establecidos para tal efecto; asimismo, se advierte que, por regla general, la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado (conforme a la ley que lo rige), o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de dicho acto o de su ejecución. De igual modo, el citado artículo 17 estable una serie de supuestos en que la acción constitucional puede ejercerse fuera plazo antes indicado, a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días el plazo para promover la demanda. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, supuesto en que el plazo para promover la demanda será de ocho años. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comuna, caso en que el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, hipótesis en que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. En el caso, como ya se precisó, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que establecen el cobro de derechos registrales relativos a la inscripción de compraventa de inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro; así como el acto de aplicación de dichas normas, que derivó del contrato de compraventa suscrito por la parte quejosa, es decir, se reclama como heteroaplicativa, por lo que se debe estar al plazo general de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Luego, según se desprende de la prueba de informes desahogada por el Notario Público Titular de la Notaría Pública número Treinta y Ocho (38) de la demarcación territorial de Querétaro, que el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, retuvo a la parte quejosa la cantidad correspondiente a los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro, y para tal efecto remite copia certificada de la transferencia electrónica respectiva. Así es, que de lo anterior, se advierte que el acto de aplicación que resintió la parte quejosa, ocurrió el veintiocho de julio de dos mil veintitrés; en ese sentido, se tiene que el plazo de quince días para la presentación de la demanda debe contarse a partir del siguiente a aquél en que tuvo lugar el acto de aplicación. Por lo que, con base en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para promover la demanda transcurrió del treinta y uno de julio al dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días cinco, seis, doce y trece de agosto de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de la materia. Sin embargo, como se aprecia de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, la demanda de amparo se presentó el seis de septiembre de dos mil veintitrés, es decir, trece días hábiles después de aquél en que feneció el plazo para promover el juicio de amparo. En ese sentido, dada la extemporaneidad en que incurrió la quejosa, es claro que consintió tácitamente el acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." III. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. IV. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Visto lo asentado en la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin que sea factible su desahogo, en razón a que aún transcurre la vista otorgada a la parte quejosa en autos de dieciocho y diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Legislatura y Gobernador del Estado de Querétaro. II. Diferimiento. Por lo que a efecto de respetar el término concedido para que las partes se impongan del contenido de dichos informes, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las TRECE HORAS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. I. Se recibe prueba de informes. Agréguese a los autos el escrito signado por el Notario Público Titular de la Notaría Pública número ************* al requerimiento formulado en autos, desahoga la prueba de informes solicitada y al efecto exhibe copia certificada del instrumento notarial que suscribió la parte quejosa, para avalar la información vertida en su informe. Ahora, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que anexa, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ésta al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio. II. Se da vista a la parte quejosa. Con la prueba de informes desahogada, dese vista a la parte quejosa, para que, de considerarlo necesario manifieste lo que a su interés legal convenga respecto el desahogo de la prueba de que se trata. III. Causales de improcedencia. Agréguese a los autos el oficio sin número signado por el delegado del Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones, entre las que se destacan diversas causales de improcedencia. En ese sentido, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable, por conducto de su delegado, haciendo valer diversas causales de improcedencia, las cuales, serán analizadas al momento de resolver el presente asunto. a) Pruebas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas las que refiere en su oficio, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. I. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual se rinde informe justificado en representación de la siguiente autoridad responsable: Gobernador del Estado de Querétaro. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la referida autoridad, con el que se ordena dar vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. II. Delegados y domicilio. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que refiere en su informe, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. III. Datos de localización. Asimismo, téngase a la citada autoridad, proporcionando datos de localización, de los que se toma nota para los efectos conducentes. IV. Acceso al expediente electrónico (consulta). Ahora, en atención a la solicitud de la representante del Gobernador del Estado de Querétaro, y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "*******". Con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza a la autoridad responsable la consulta del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario antes referido. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta del expediente electrónico, para los efectos legales conducentes.
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