Ana Julia Romero Hernández

Expediente 709/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
709/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • Ana Julia Romero Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra del proveído mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...II

  2. Principal

    Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ****, por medio del cual manifiesta que se desiste de la presente demanda de amparo; en esa virtud, y como se advierte de la comparecencia que antecede que la citada quejosa, en esta misma fecha, ratificó el contenido y firma del escrito en comento; consecuentemente, se provee: Este órgano jurisdiccional estima necesario el análisis del asunto que nos ocupa, en virtud, de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aquí quejosa, se desistió del juicio de amparo. En efecto, como quedó expuesto, mediante escrito presentado en esta fecha, ante este Juzgado de Distrito, la referida quejosa, externó su deseo de desistirse de la presente instancia constitucional. En esta misma fecha, la impetrante de garantías compareció ante este Juzgado y ratificó el contenido y firma del escrito de mérito, desistiéndose del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses, tal como se advierte de la comparecencia que antecede. Bajo esa tesitura, del referido escrito de desistimiento de la demanda de amparo y de la comparecencia respectiva, se obtiene la manifestación expresa de voluntad de la quejosa de desistirse del presente juicio de amparo, lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo, implica el sobreseimiento de la citada instancia constitucional. Así es, para evidenciar la aseveración anterior, resulta conveniente reproducir el contenido del artículo 6, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito deriva el principio de existencia de un agravio personal y directo, que estatuye que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por otra parte, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. [.]" En ese orden de ideas, tomando en consideración que el juicio de amparo sólo se sigue a instancia de parte agraviada y, en el caso, la quejosa, manifestó y ratificó ante la presencia judicial, su voluntad de desistirse del mismo; en consecuencia, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Máxime que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el desistimiento de la demanda de amparo puede realizarse en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria. El criterio de mérito es el identificado con el número 2a./J. 33/2000, correspondiente a la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 147, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Asimismo, por el criterio que sostiene, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia con número de registro 239867 de la Séptima Época, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Cuarta Parte, página 387 del epígrafe y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMÁS, RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo." Y, la diversa tesis con número de registro 803492 de la Sexta Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, XCII, página 32 de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO, SOBRESEIMIENTO POR. Para que prospere el desistimiento en el juicio constitucional, se requiere cláusula especial en los poderes, así como la ratificación del escrito relativo ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado (artículos 14 y 30, fracción III, de la Ley de Amparo)." En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha que se encontraban señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, visto el diverso escrito signado por la quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de la Materia, según su numeral 2°, expídase a su costa copias certificadas de lo que solicita, debiendo asentar razón de su recibo en autos, autorizando para recibir las mismas a la persona que refiere. Finalmente, respecto al oficio que signa el Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, por medio del cual pretende rendir su respetivo informe justificado, sin embargo, conforme a lo acordado en líneas precedentes, se ordena glosar únicamente a los autos para que obre como constancia.

  3. Principal

    Ténganse por recibidos y se ordena glosar a los presentes autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: Director de Asuntos Legislativos y Jurídicos, en representación del Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro. Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, con apoyo en el artículo 118 de la Ley de Amparo. Con apoyo el artículo 9° de la Ley anteriormente referida, téngase a dichas autoridades responsables, designando como delegados de su parte a las diversas personas que indica en su respectivo informe; asimismo, se les tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que invoca.....II

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda promovida por ********************, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 709/2018-II, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO PARCIAL. Previo a proveer lo que en derecho corresponda, respecto la admisión de la demanda de amparo, es menester precisar del análisis integral de la demanda de amparo, a que este órgano jurisdiccional está obligado, se advierte que la ******************** señala como autoridades responsables a las siguientes: Legislatura del Estado de Querétaro; Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro; y, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro; Asimismo, que los actos reclamados los hace consistir en: El proceso legislativo origen de los preceptos legales encargados de regular la inscripción de derechos registrales; y, La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados relativos al pago correspondiente a la escritura pública número ********************, misma que acompañó a su demanda. Fijado lo anterior, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de que rige el Juicio Constitucional, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De igual manera, se destaca el contenido de los numerales 61, fracción XXIII, así como el 108, fracción IIII, ambos de la Ley de Amparo, que son de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los numerales transcritos con antelación, se advierte que tratándose de demandas de amparo, en las que se controviertan normas generales, únicamente se señalarán como autoridades responsables a aquellos que en el ámbito de sus facultades se les haya encomendado la promulgación de los ordenamientos legales controvertidos, mientras que a las autoridades que intervinieron en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, sólo se les señalará con el carácter de responsables, cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Así pues, de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente del amparo, no impugnó las diversas etapas del proceso legislativo que dio origen a las disposiciones legales que tilda de inconstitucionales, por vicios propios, de ahí que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria e indudable una causal de improcedencia, atento a lo previsto en el ordinal 113 de la norma en cita, proceda el desechamiento de la demanda de amparo por lo que hace a los actos que la ******************** atribuye al Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. Apoya lo expuesto anteriormente la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/49 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." De la misma manera, resulta aplicable la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/50 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata, por lo que hace al resto de las autoridades responsables. Se precisa que en el presente juicio de amparo se tramitará bajo las reglas previstas en el numeral 118 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados provienen de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia temática. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que en el caso sea necesario formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la ********************. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 116 y 118 de la Ley de Amparo, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables mismas que deberán rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley, lo anterior, por que como se especificó en párrafos previos, las normas combatidas ya fueron declaradas inconstitucionales por jurisprudencia en este caso, y la Ley de Amparo autoriza el trámite del juicio de manera sumaria. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la ******************** y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedores a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la ********************, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la ******************** ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda; lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, pues para el presente asunto así lo prevé el ordinal 26, fracción II, inciso c), de la referida ley. PRUEBAS. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de la ******************** las que ofrece en su escrito de cuenta, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. OTRAS CONSIDERACIONES. Hágase saber a la parte agraviada que, en el evento de obtener sentencia favorable en el presente asunto, y con miras a lograr la simplificación y eficacia en el trámite de ejecución de este expediente, desde este momento, se encuentra en aptitud de solicitar ante este órgano jurisdiccional que el reintegro de la cantidad que pudiera serle devuelta, sea a través de una transferencia electrónica bancaria, en cuyo caso, deberá por escrito y bajo protesta de decir verdad elevar expresamente su petición, proporcionando su clabe interbancaria, la cual tendrá que corresponder forzosamente a la ********************, acompañando además el documento que lo avale; a efecto de que la autoridad exactora se encuentre en posibilidad de realizar el depósito correspondiente. En el entendido de que la anterior determinación atiende al elevado cúmulo de expedientes que ante este órgano jurisdiccional se tramita en etapa de ejecución de sentencia, donde el uso de la tecnología disminuye significativamente el empleo de recursos materiales y humanos; lo cual, va acorde con el espíritu de la Ley de Amparo, en la que se contemplan figuras como la notificación y firma electrónica, cuyo fin precisamente es la sistematización en el trámite de los juicios. Asimismo, se aclara a la autoridad responsable que sólo en el caso de que este juzgado le proporcione dicha información, podrá proceder a realizar el reintegro por la vía anotada, pues previo a ello, debe verificarse la veracidad de la información proporcionada y así constatar que sea efectivamente la ******************** quien reciba la cantidad requerida. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la ******************** y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juzgados de Distrito, a ********************, toda vez que acreditó contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y respectos de la diversa que menciona en términos restringidos de dicho numeral hasta en tanto acredite ser licenciada en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación

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