Ana Karen Rivera Villafaña

Expediente 433/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 43 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
433/2021
Año
2021
Actuaciones
43
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Ana Karen Rivera Villafaña
  • ANA KAREN RIVERA VILLAFAÑA y Otros.
  • Noe Abraham Rivera Jiménez
  • NOE ABRAHAM RIVERA JIMÉNEZ y Otros.
  • Elodia Santiago Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de mayo de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de veinte de abril de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese; y, mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de marzo de dos mil veintidós. I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director General de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Querétaro, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en autos, informa la imposibilidad que tiene para proponer a un experto en materia de trabajo social, sin mayor proveer al respecto, toda vez que ya se emitió el dictamen correspondiente en el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de marzo de dos mil veintidós. I. Se agrega razón actuarial. Agréguese a los autos la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, mediante el cual manifiesta la imposibilidad de entregar el oficio ...........Administrador General de la Administración Regional por conducto de la Administradora Regional en el Estado de Querétaro del Poder Judicial de la Federación, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, y a fin de cumplir con los lineamientos señalados por la Administración Regional, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se regulariza el procedimiento, lo anterior, a efecto de integrar debidamente el expediente en que se actúa, por tanto, se provee: En virtud de lo anterior y con fundamento al acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de mayo de dos mil siete, donde se establecen los "Lineamientos que establecen el procedimiento para solicitar la publicación de edictos, cédulas de notificación y otras, que se requieren en los juicios que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales", así como el numeral 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la invocada legislación, mediante oficio que derive del presente acuerdo, solicítese la publicación de los edictos de referencia a través de la Dirección General de Administración Regional, por conducto de la Administradora Regional en el Estado de Querétaro, a fin de que se sirva disponer la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, entre los cuales, están "El Universal", "Reforma", "El Financiero", "Milenio", "El Economista", "Excélsior" o "La Jornada" y otro de mayor circulación en el Estado, por tres veces consecutivas de siete en siete días hábiles; en el entendido que deberán mediar seis días hábiles y al séptimo día publicarse, anexando tres originales de los edictos correspondientes, haciéndole saber a los terceros interesados ............, que deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo de treinta días contado a partir del día siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo por sí mismas, por apoderado o gestor que puedan representarles, se seguirá este juicio conforme a derecho corresponda y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, agosto de 2010, página 416, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Asimismo, apoya el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, enero de 2003, página 99, que a la letra dice: "EDICTOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PUBLICACIÓN CON EL FIN DE ANUNCIAR LA VENTA EN SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES, DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, DEBE EFECTUARSE CON BASE EN DÍAS HÁBILES. La publicación de los edictos en las puertas (estrados) del juzgado u oficinas fiscales de la localidad por parte del funcionario judicial para anunciar la venta en subasta pública de bienes inmuebles, constituye una actuación judicial, puesto que se lleva a cabo en cumplimiento de un acto procesal emitido por el juzgador. En ese tenor, si de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1064 y 1076, párrafo primero, del Código de Comercio, las actuaciones judiciales deben practicarse en días hábiles y en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar dichas actuaciones, salvo los casos de excepción señalados por la ley, se concluye que el plazo de nueve días a que se refiere el diverso numeral 1411 del aludido código, es decir, el lapso durante el cual deben publicarse tales edictos, debe computarse en días hábiles y no en días naturales, pues sostener lo contrario, sería autorizar u obligar a ese funcionario judicial a realizar una actuación en contravención a aquellos preceptos, lo que resulta inadmisible." De igual forma el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, abril de 2008, página 220, que dice: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." II. Difiere. Ahora, vista la certificación se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; por lo que, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese; y, mediante oficio al Dirección General de Administración Regional, por conducto de la Administradora Regional en el Estado de Querétaro.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. I. Ratificación de dictamen pericial. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que la experta .............., trabajadora social de la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas, del Estado de Querétaro, designada por este juzgado, ratificó en todas y cada una de sus partes del dictamen pericial en materia de trabajo social que rindió el .................., a través de los escritos con folio ............., en consecuencia, se tiene por ratificado. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por emitido el aludido dictamen pericial, y hágase relación en la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. II. Estudio de dictamen. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, la autorizada de la parte quejosa, realizó diversas manifestaciones en relación a la situación económica de la parte quejosa, y su imposibilidad para cubrir el pago de los edictos para emplazar a la tercera interesada, siendo que respecto a su contenido se reservó proveer en cuanto a su contenido, una vez agotado el procedimiento respectivo para la búsqueda de domicilio donde se pudiera emplazar a la parte interesada faltante; así, por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada .............., por medio de edictos, al agotarse el procedimiento de investigación correspondiente; por lo que se levantó la reserva de dicho escrito y se admitió el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social a cargo de la perito designada por dicha parte, así como por el nombrado por éste órgano jurisdiccional. En ese tenor, de conformidad con el numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece como principio general que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones; de ahí que, en el caso, al quejoso le corresponda probar el estado de insolvencia que dice tener para erogar la publicación de edictos ordenada en autos. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito se ocupa de analizar el material probatorio ofrecido por la parte quejosa a efecto de corroborar su dicho y se esté en condiciones de pronunciar respecto a quien deberá cubrir el costo respectivo a la publicación de edictos. Dicha parte procesal, para acreditar su capacidad económica, propuso la prueba pericial en materia de trabajo social, la que se integró debidamente con los dictámenes emitidos por el perito designado por esa parte y el designado por este órgano jurisdiccional. Pues bien, para determinar el valor probatorio de las referidas opiniones periciales, es aplicable lo establecido en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." "Artículo 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal." Preceptos de los que se colige que el órgano jurisdiccional tiene la más amplia libertad para apreciar y determinar el valor de la prueba pericial, fundándose para tal efecto en la sana crítica, en la que interfieren las reglas de la lógica con la experiencia del juez, cuenta habida que no se trata de pruebas cuyo valor esté tazado por la ley. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 90/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005, página 45, que dice: "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen." Igualmente se cita la diversa jurisprudencia 2a./J. 97/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, página 815 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo." Así como el criterio 1a. CII/2011 emitido por la Primera Sala de ese Órgano Jurisdiccional, consultable en el tomo XXXIII, Junio de 2011 de la Novena Época, página 174 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 161783, de texto y rubro: "PRUEBA PERICIAL. LA MOTIVACIÓN DEL PERITO ES UN CRITERIO ÚTIL PARA SU VALORACIÓN. El objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia, consistente en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios de la materia de la que es experto, y de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio; conocimientos que además, resultan esenciales para resolver determinada controversia. Ahora bien, precisamente porque el juzgador carece de los conocimientos en que se basa un perito para elaborar su dictamen, resulta difícil determinar el alcance probatorio del mismo, sobre todo si dos o más peritos, respecto de la misma cuestión, emiten opiniones diversas o incluso contradictorias. En estos casos, resulta útil analizar el método y la fundamentación científica, artística o técnica que respaldan las opiniones de los peritos, pues si en el dictamen, además de exponer su opinión, el perito explica las premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, técnica o arte de que se trate, en las que se haya basado para analizar el punto concreto sobre el que expresa su opinión, y explica la forma en que dichas premisas, aplicadas al punto concreto, conducen a la conclusión a la que arriba y que constituye el contenido de su opinión, mediante un método convincente y adecuado a la materia de que se trate, será relativamente sencillo motivar la valoración de dicha probanza. Este método de valoración probatoria es además congruente con la naturaleza de la prueba pericial, la cual cumple con su objetivo, en la medida en que dote al juzgador de los conocimientos científicos, técnicos o artísticos necesarios para resolver." Precisado lo anterior, debe decirse que para determinar el alcance probatorio de un peritaje depende del análisis de los elementos que respaldan las opiniones de los expertos, pues además de exponer su opinión, el perito debe explicar las premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, técnica o arte de que se trate, en las que se haya basado para analizar el punto concreto sobre el que emite su conclusión, de ahí que para que cumplan con su objetivo, resulta indispensable que éstas se encuentren debidamente fundadas, claras y congruentes con el estudio realizado y así dotar al juzgador del conocimiento requerido para que pueda adoptarlas. Finalmente, cabe señalar que la prueba pericial en materia de trabajo social es la idónea para determinar las circunstancias económicas que prevalecen en los quejosos, para con ello obtener certeza de si la parte quejosa puede o no erogar el gasto que representa la publicación de edictos a efecto de que se realice el emplazamiento a las terceros interesadas que no se ha podido emplazar de forma personal. Entrando al estudio de los dictámenes emitidos por los peritos, se advierte que ambos especialistas, coinciden en su opinión de que la parte quejosa carece de solvencia económica para sufragar el gasto de la publicación de edictos de que se trata, por las condiciones económicas que tienen, en donde ambos quejosos, no cuentan con casa propia, con ingresos suficientes para realizar ese gasto, pues se encuentran en un nivel socioeconómico "C". De este modo, a la conclusión a la que llegaron ambos expertos, se hizo exponiendo las técnicas de investigación y las entrevistas que realizaron de los quejosos, así como de lo que observaron en cuanto al inmueble donde habitan, junto con diversos familiares, incluso; por ello, a dichas opiniones se les otorga valor probatorio pleno a efecto de generar certeza respecto de la imposibilidad que los quejosos tiene para realizar el pago generado con motivo de la publicación de edictos de las terceras interesadas. III. Edictos a costa del consejo. Aunado a lo anterior, es inconcuso que este resolutor federal debe ponderar el derecho humano a la no discriminación y a un acceso de justicia gratuita, pronta, completa e imparcial contemplados en los artículos 1° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que sea procedente ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior y con fundamento al acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de mayo de dos mil siete, donde se establecen los "Lineamientos que establecen el procedimiento para solicitar la publicación de edictos, cédulas de notificación y otras, que se requieren en los juicios que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales", se solicita la publicación de los edictos de referencia a través de la Dirección General de Administración Regional, por conducto de la Administradora Regional en el Estado de Querétaro, a fin de que se sirva disponer la publicación en el Diario Oficial de la Federación; en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana y otro de mayor circulación en el Estado, por tres veces consecutivas de siete en siete días hábiles; en el entendido que deberán mediar seis días hábiles y al séptimo día publicarse, anexando tres originales de los edictos correspondientes, haciéndole saber a la tercera interesada, que deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo de treinta días contado a partir del día siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo por sí misma, por apoderado o gestor que pueda representarle, se seguirá este juicio conforme a derecho corresponda y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, agosto de 2010, página 416, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Asimismo, apoya el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, enero de 2003, página 99, que a la letra dice: "EDICTOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PUBLICACIÓN CON EL FIN DE ANUNCIAR LA VENTA EN SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES, DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, DEBE EFECTUARSE CON BASE EN DÍAS HÁBILES. La publicación de los edictos en las puertas (estrados) del juzgado u oficinas fiscales de la localidad por parte del funcionario judicial para anunciar la venta en subasta pública de bienes inmuebles, constituye una actuación judicial, puesto que se lleva a cabo en cumplimiento de un acto procesal emitido por el juzgador. En ese tenor, si de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1064 y 1076, párrafo primero, del Código de Comercio, las actuaciones judiciales deben practicarse en días hábiles y en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar dichas actuaciones, salvo los casos de excepción señalados por la ley, se concluye que el plazo de nueve días a que se refiere el diverso numeral 1411 del aludido código, es decir, el lapso durante el cual deben publicarse tales edictos, debe computarse en días hábiles y no en días naturales, pues sostener lo contrario, sería autorizar u obligar a ese funcionario judicial a realizar una actuación en contravención a aquellos preceptos, lo que resulta inadmisible." De igual forma el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, abril de 2008, página 220, que dice: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." IV. Difiere. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración Notifíquese; y, mediante oficio a Dirección General de Administración Regional, por conducto de la Administradora Regional en el Estado de Querétaro.

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