Ana Karen Escalera Ordaz

Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
513/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Ana Karen Escalera Ordaz

Actuaciones

  1. Principal

    En treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibido físicamente, registrado bajo el folio 15532. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de noviembre de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional emite las determinaciones, siguientes:********************1. Se recibe testimonio. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, al cual acompaña el testimonio autorizado de la ejecutoria correspondiente al recurso de queja administrativa ********************/2022 en que dicho tribunal declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto dictado por este Juzgado, que desechó la demanda de amparo; asimismo, acompaña los autos originales del juicio en que se actúa. Acúsese recibo a la Superioridad.********************2. Orden de archivo. Consecuentemente, se ordena el archivo definitivo del presente expediente, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

  2. Principal

    En nueve de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE Interconexión), registrado bajo el folio 11992. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Incorpórese al sumario el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el auto de nueve de septiembre pasado en que se informa que la superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo, mismo que se registró bajo el número 179/2022 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    En cinco de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito recibido electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrado bajo el folio 11749. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. SE INTERPONE QUEJA. Téngase por recibido el escrito signado por Jorge Álvarez Banderas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta de agosto del año en curso, que desechó la demanda de amparo. 2. SE RINDE INFORME. Atento a lo anterior con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de queja comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia en turno, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el citado proveído se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Karen Escalera Ordaz, contra actos del Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin que sea el caso proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes de la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que desechó la demanda de garantías, por lo que no existen más partes en el juicio. 3. SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE. En mérito de lo anterior y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase el juicio en que se actúa, así como original y copia del escrito de expresión de agravios VÍA ESTAFETA, a la Superioridad, para lo que tenga a bien determinar. Asimismo, de no tener inconveniente alguno, remita el acuse de recibo respectivo; para el efecto legal conducente. 4. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Infórmese al tribunal de alzada que se encuentra disponible el expediente electrónico, a fin de que proceda a realizar su vinculación correspondiente, y pueda realizar su consulta; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    En treinta de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que Jorge Álvarez Banderas y José Luis Martínez Guzmán, cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que los acredita como licenciados en derecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con lo anterior y con la demanda de amparo recibida electrónicamente a través de juicio en línea, registrada bajo el folio 11484, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ana Karen Escalera Ordaz, por su propio derecho, contra actos del Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 513/2022. 1.2. Causa de improcedencia. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, último párrafo y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos y omisiones reclamados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. La referida improcedencia está determinada por la imposibilidad de los tribunales de la federación, de estudiar, mediante el juicio de amparo, actos que, aun siendo violatorios de derechos humanos reconocidos y sus garantías, no deriven de un ente en su carácter de "autoridad". Para entender mejor lo anterior, resulta necesario precisar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicha legislación, ello implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Conforme a los referidos artículos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, existen diversos tipos de relaciones que se establecen entre las partes al momento de interactuar en una situación jurídica; la primera de ellas es la de coordinación, en la cual, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, supuesto en el cual ambas estarán en el mismo nivel y existirá bilateralidad en su interrelación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se suscitan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Entonces, para determinar si las autoridades señaladas como responsables, son autoridades para efectos del juicio de amparo, deberá examinarse, en principio, el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si ésta se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y que el ente al que se atribuye el acto reclamado actúe en un plano superior. En efecto, para determinar si un ente tiene la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, deberá acreditarse: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011. Ahora bien, del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado esencialmente el siguiente: " (.) III. Autoridades responsables. El C. Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la UMSNH, con domicilio en Paseo Lázaro Cárdenas número 2290 en la Colonia Emiliano Zapata, Código Postal 60170 en esta ciudad de Uruapan, del Estado de Michoacán. IV. Acto reclamado. La falta de contestación a las peticiones de fecha 12 de mayo de 2022, presentado en esa misma fecha al C. Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", documentos que se aluden y describen en el posterior capítulo de hechos o antecedentes de esta demanda. (.)" Asimismo, de los antecedentes narrados en su demanda bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que exhibe, se advierte que la quejosa a través del juicio de amparo pretende obtener una respuesta a la impugnación que formuló el doce de mayo de dos mil veintidós, en relación con el resultado desfavorable que obtuvo en su participación en el concurso oposición abierto para la asignación de materias de forma definitiva en la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", en Uruapan, Michoacán de Ocampo, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolaás de Hidalgo. Por lo anterior, resulta necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 3, fracción VII Constitucional, en lo conducente, establece que: "Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas (...) Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere". En otras palabras, el precepto inserto establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal, son de naturaleza laboral y deben sujetarse a lo establecido en el apartado "A" del artículo 123 de la propia constitución y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo; lo que permite colegir que las decisiones que tome la Universidad en los aspectos laborales con su personal, incluyendo los académicos - como en la especie- pueden ser sometidos a la potestad de las autoridades laborales para el análisis de su legalidad, en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; pues dicha facultad, la institución educativa de mérito sólo la ejerce en relación con determinar las bases o lineamientos, que regulan el ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, mas no en lo relativo a su aplicación, pues esas determinaciones se encuentran sujetas al control de la legalidad, a través de las juntas de conciliación y arbitraje, y no mediante el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 102/2002, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3o. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente". De igual forma resulta indispensable analizar lo dispuesto en el Reglamento del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1. Este Reglamento, tiene por objeto normar las relaciones entre la Universidad y su Personal Académico, de conformidad con lo dispuesto en: el Artículo 3o. de la Constitución General de la República, en su Fracción VIII; en el Artículo 353 incisos J, K, L y M de la Ley Federal del Trabajo; en los artículos 12 Fracción I, 28 y 29 de la Ley Orgánica vigente; así como lo dispuesto en los demás ordenamientos de la Legislación Universitaria. Artículo 2. Se considera como miembro del Personal Académico a la persona física que presta sus servicios en la docencia, en la investigación, en la difusión de la cultura y en la extensión universitaria, conforme a los planes y programas establecidos por la Institución. Artículo 6. Conforme a la jornada de trabajo contratada, el personal académico definitivo o interino se clasifica en: a) Por Horas; b) Medio Tiempo; y c) Tiempo Completo. Artículo 7. Por su relación de trabajo, el personal académico se clasifica en: a) Ordinarios; b) Visitantes; c) Extraordinarios; y d) Eméritos Artículo 26. Toda persona para ingresar a la Universidad como miembro del personal académico, deberá presentarse a un concurso de oposición abierto. Artículo 27. El concurso de oposición abierto, es el procedimiento público de ingreso del personal académico, a través del cual puede participar cualquier persona que cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos para ocupar una plaza vacante o una plaza de nueva creación. Artículo 28. El concurso de oposición interno es el procedimiento mediante el cual participarán exclusivamente los integrantes del personal académico de la Universidad, con el fin de ocupar una plaza vacante o de nueva creación ajustándose a los lineamientos establecidos para tal efecto. Artículo 29. La convocatoria para el concurso de oposición abierto o interno, será emitida por el Titular de la Dependencia, previa aprobación del Consejo Técnico. Artículo 30. La convocatoria para el concurso de oposición abierto deberá publicarse no menos de quince días hábiles antes de la realización del mismo en lugares visibles de la Dependencia correspondiente, y en un periódico de mayor circulación. Artículo 32. La convocatoria para el concurso de oposición interno se publicará en lugares visibles de la Dependencia correspondiente, quince días hábiles antes de la realización del mismo. Artículo 33. Cuando a un concurso de oposición abierto no se presenten aspirantes, o bien se declare desierto, el Titular de la Dependencia propondrá al C. Rector, al candidato a ocupar la plaza sujeta a concurso por un tiempo determinado, que no excederá de un ciclo escolar. En un plazo no mayor de diez días hábiles se convocará nuevamente a otro concurso de oposición abierto. Artículo 34. Cuando un concurso de oposición interno, sea declarado desierto o a juicio del Consejo Técnico los aspirantes no reúnan los requisitos se convocará al concurso de oposición abierto, dentro de los diez días hábiles siguientes. Artículo 35. Para la realización de los concursos de oposición abierto o interno, los Consejos Técnicos de las Dependencias nombrarán a una o varias Comisiones Académicas Dictaminadoras de acuerdo a las necesidades de la Institución. Artículo 36. Las Comisiones Académicas Dictaminadoras, estarán integradas por tres Profesores propietarios y dos suplentes, miembros del personal académico definitivo, competentes en la materia o área motivo del examen. Los miembros suplentes, entrarán en funciones en ausencia de los propietarios. Estas Comisiones durarán dos años en funciones, pudiéndose a juicio del Consejo Técnico ratificarlos para otros períodos iguales. Artículo 37. Para poder ser miembro de una Comisión Académica Dictaminadora, se deberá poseer como requisito mínimo, el grado académico que exija la convocatoria en el área para la que se concursa, así como reconocida capacidad en la docencia o en la investigación y destacada conducta ética profesional. Cuando una Dependencia no cuente con personal con el grado académico que exija la convocatoria, el Consejo Técnico respectivo dictaminará al respecto. El Director y demás miembros del Consejo Técnico de la Dependencia correspondiente, no podrán ser integrantes de las Comisiones Académicas Dictaminadoras. Cuando un miembro de una Comisión Académica Dictaminadora, aspire a concursar por alguna vacante, éste será sustituido en ese caso por el suplente respectivo. Artículo 38. Los Consejos Técnicos por acuerdo o a petición de las Comisiones Académicas Dictaminadoras podrán invitar como Asesores o miembros de la propia Comisión, cuando el caso concreto lo requiera, a Profesionistas expertos en la materia o área en la que se concursa. Artículo 39. Una vez nombradas las Comisiones Académicas Dictaminadoras, sus miembros elegirán de entre ellos al Coordinador. Artículo 45. Los concursantes podrán interponer el recurso de inconformidad por escrito ante el Presidente del Consejo Técnico respectivo, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se dieron a conocer los resultados, aportando las pruebas conducentes. Artículo 46. El Consejo Técnico, analizará en un término no mayor de cinco días hábiles, las inconformidades presentadas por los concursantes para emitir su resolución definitiva, la cual será inapelable. Las citadas disposiciones establecen en esencia que: El Reglamento general del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, rige las relaciones entre ella y su personal académico. Los concursos de oposición son los procedimientos para el ingreso o la promoción de los profesores e investigadores, siendo el concurso de oposición abierto el procedimiento público de ingreso del personal académico, a través del cual puede participar cualquier persona que cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos para ocupar una plaza vacante o una plaza de nueva creación; mientras que el interno, es el procedimiento mediante el cual participarán exclusivamente los integrantes del personal académico de la Universidad, con el fin de ocupar una plaza vacante o de nueva creación ajustándose a los lineamientos establecidos para tal efecto. El concursante podrá interponer el recurso de inconformidad por escrito ante el Presidente del Consejo Técnico respectivo. Finalmente el Consejo Técnico, analizará en un término no mayor de cinco días hábiles, las inconformidades presentadas por los concursantes para emitir su resolución definitiva, la cual será inapelable En el caso, la posición de la quejosa no es la de gobernado, ya que el acto reclamado no emerge del imperio que le corresponde a la autoridad como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado, sino que tienen como origen las legislación que de manera interna e incluso jurisdiccionalmente rigen las relaciones laborales; lo anterior, pues el reclamo no es un acto emitido en función del ejercicio público de acuerdo al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecte por sí y ante sí de manera unilateral la esfera jurídica de la quejoso en su carácter de gobernada Es así, pues de lo narrado en la demanda de amparo, se pone de manifiesto que entre la parte quejosa y el Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, existe una relación jurídica de carácter laboral, lo cual es de especial relevancia para considerar actualizada la referida causal de improcedencia, esto es, la relación no es de supra subordinación, como correspondería a una autoridad con un gobernado, puesto que la cuestión de la que la quejosa se duele, a través de la impugnación de doce de mayo de dos mil veintidós, tiene que ver con el resultado del concurso de oposición abierto para la asignación de materias de forma definitiva en la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", en Uruapan, Michoacán de Ocampo, las cuales no surgen del imperio que pudiera corresponder al mencionado Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sino que dicho acto tiene una naturaleza laboral, pues deriva de la relación de trabajo que existe entre la parte quejosa en su calidad de trabajadora docente y la referida Universidad (a través de sus órganos internos), en un plano de coordinación o igualdad, o sea, como patrón y trabajador, cuyo incumplimiento o violación debe dirimirse en sede ordinaria ante la autoridad laboral que corresponda y no en el juicio de amparo. De ahí que, el acto reclamado, consistente en la falta de contestación a las peticiones de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, presentado al Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", se circunscribe al ámbito laboral y no derivan de autoridades para efectos del juicio de amparo, en una relación de supra a subordinación, pues tal como se advierte del Reglamento del Personal Académico de la citada Universidad, se establecen las bases para determinar, por medio de un concurso, si alguno de los aspirantes se encuentra en aptitud de ocupar una plaza dentro de su plantilla de trabajadores, lo que de suyo indica que el acto que ahora reclama deriva de un conflicto suscitado de un patrón con un trabajador, y no de un ente público con un gobernado. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, último párrafo y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 42/2001, del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Asimismo, apoya lo anterior la tesis: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO. De las consideraciones que sustentan la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.", se colige que de conformidad con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza. En virtud de la citada autonomía, las universidades públicas están facultadas para gobernarse a sí mismas y autorregularse, de lo que derivan las siguientes competencias: normativas, es decir, pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación; ejecutivas, inherentes al desarrollo y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artículo constitucional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, de supervisión, referentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad que desarrollan. Consecuentemente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, relativa a sus facultades de autonormación y autogobierno, porque al hacer uso de tales atribuciones no ejerce un poder público que afecte unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge del imperio que corresponde a la mencionada institución como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado y, por tanto, al no realizar esas actuaciones en carácter de autoridad, no está obligada a informar de ellas en términos del artículo 8o. constitucional." Así como, la diversa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer Circuito al resolver el Amparo en Revisión Administrativa 186/2021. 1.3 Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito; autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Álvarez Banderas y a José Luis Martínez Guzmán, en razón de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, se registran sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al resto de los profesionistas que indica. 1.4. Usuario y correo electrónico. Por otra parte, proporciona el usuario "Damocles" para tener acceso al expediente electrónico así como para recibir notificaciones, por tanto, se instruye al actuario de la adscripción darlo de alta. Téngasele proporcionando también el correo electrónico y el número telefónico que indica; por tanto, manténgase bajo resguardo, a fin de que sea utilizados como medios especiales y expeditos de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso 16/2022, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3388/2022, de once de julio de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de conformidad con el artículo 3°, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano