Ana Teresa Flores Suàrez
Expediente 452/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Teresa Flores Suàrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En doce de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria, certifica: Que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva, transcurrió del veinticinco de agosto al siete de septiembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada el veintitrés de agosto del presente año, sin que lo hubiere hecho; Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y documentación. 4. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 5. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, es legalmente competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto podría tener ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De las responsables 1. Agente Primero del Ministerio Público Investigador, perteneciente a la Fiscalía de la ciudad de Sahuayo Michoacán de Ocampo, 2. Agente Segundo del Ministerio Público Investigador, perteneciente a la Fiscalía de la ciudad de Sahuayo Michoacán de Ocampo, 3. Agente Primero del Ministerio Público de la ciudad de San Francisco del Rincón Guanajuato, 4. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Plaza de la Fiscalía de la ciudad de Sahuayo, Michoacán De Ocampo, 5. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Plaza de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato: "LA PRETENSIÓN DE PRIVARLA DE SU LIBERTAD DE FORMA ILEGAL, ARBITRARIA E INJUSTIFICADA, SIN QUE EXISTA ORDEN JUDICIAL NI CAUSA JUSTIFICADA POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES". Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO.- Inexistencia de autoridades señaladas como responsables. Por acuerdo de tres de los corrientes, se ordenó agregar la razón actuarial de fecha dos de agosto del año en curso, de la que se desprendía la imposibilidad de entregar los siguientes oficios a las autoridades responsables: 13302/2022 Agente Primero del Ministerio Público de la Ciudad de San Francisco del Rincón Guanajuato. 13303/2022 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Plaza de la Fiscalía de la Ciudad de Sahuayo, Michoacán de Ocampo. 13304/2022 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Plaza de la Fiscalía de la Ciudad de San Francisco del Rincón Guanajuato. Lo anterior, toda vez que, al comunicarse vía telefónica con el Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Sahuayo, Michoacán de Ocampo y con las agencias del Ministerio Público y ser atendida por el Auxiliar de la Jefatura de Zona de San Francisco del Rincón, Guanajuato, fue informada que dichas autoridades no existen es dichas ciudades. En esas condiciones, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de las referidas autoridades. Ahora bien, en proveído de once de agosto pasado, se tuvo a las precitadas autoridades como inexistentes y se ordenó suspender toda comunicación con ellas, toda vez que la parte quejosa no manifestó nada, respecto a la inexistencia de las mismas. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, ya que su inexistencia fue determinada en el referido proveído. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que, las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas con relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En relación con el acto materia del presente considerando, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, las autoridades responsables Agentes Primero, Segundo del Ministerio Público Investigador y Director de la Policía de Investigación de Sahuayo, todos los citados pertenecientes a la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, el último mencionado en su denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como "JEFE DE GRUPO DE LA POLICÌA MINISTERIAL ENCARGADO DE LA PLAZA DE LA FISCALÌA DE LA CIUDAD DE SAHUAYO, MICHOACÀN DE OCAMPO", negaron categóricamente la existencia de los actos que la parte quejosa les reclama en esta vía, sin que éste haya aportado prueba en contrario para desvirtuar esas negativas. Cobra aplicación, la Jurisprudencia que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ANA TERESA FLORES SUÁREZ, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. A
- Incidental
VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, ANA TERESA FLORES SUÁREZ, solicitó la suspensión de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinte de julio del año en curso, este Juzgado Federal concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, requirió a las autoridades responsables su informe previo y señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X de la 03/07/23 16:28:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO SEXTO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN URUAPAN, MICHOACÁN DE OCAMPO. Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamados. La parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto de la pretensión de privarla de su libertad de forma ilegal, arbitraria e injustificada, sin que exista orden judicial ni causa justificada por las autoridades señaladas como responsables. TERCERO.- Inexistencia de autoridades señaladas como responsables. Por acuerdo de tres de los corrientes, se ordenó agregar la razón actuarial de fecha dos de agosto del año en curso, de la que se desprendía la imposibilidad de entregar los siguientes oficios a las autoridades responsables: 13307/2022 Agente Primero del Ministerio Público de la Ciudad de San Francisco del Rincón Guanajuato. 13308/2022 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Plaza de la Fiscalía de la Ciudad de Sahuayo, Michoacán de Ocampo. 13309/2022 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Plaza de la Fiscalía de la Ciudad de San Francisco del Rincón Guanajuato. Lo anterior, toda vez que, al comunicarse vía telefónica con el Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Sahuayo, Michoacán de Ocampo y con las agencias del Ministerio Público y ser atendida por el Auxiliar de la Jefatura de Zona de San Francisco del Rincón, Guanajuato, fue informada que dichas autoridades no existen es dichas ciudades. En esas condiciones, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de las referidas autoridades. Ahora bien, en proveído de once de agosto pasado, se tuvo a las precitadas autoridades como inexistentes y se ordenó suspender toda comunicación con ellas, toda vez que la parte quejosa no manifestó nada, respecto a la inexistencia de las mismas. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, ya que su inexistencia fue determinada en el referido proveído. CUARTO. Normas, actos u omisiones cuya existencia no quedó acreditada. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Agentes Primero y Segundo del Ministerio Público Investigador de Sahuayo de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, en razón de que así lo informaron al rendir sus informes de ley, cada una de ellas y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. Por tanto, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por lo que corresponde a las mencionadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente, la que no contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario."1 Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ANA TERESA FLORES SUÁREZ, en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
- Principal
En doce de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado bajo el folio 10770, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de agosto de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente:********************INFORME JUSTIFICADO. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, en su denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como "JEFE DE GRUPO DE LA POLICÌA MINISTERIAL ENCARGADO DE LA PLAZA DE LA FISCALÌA DE LA CIUDAD DE SAHUAYO, MICHOACÀN DE OCAMPO", rindiendo su informe justificado; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
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