Ana Angelica Mendoza Quinto

Expediente 694/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
694/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Ana Angelica Mendoza Quinto
  • Presidente del Consejo de Administración Y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato, Municipio de Tangamandapio, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    En trece de junio de dos mil veintitrés, el secretario certifica: Que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el presente juicio, transcurrió del veintinueve de mayo al nueve de junio de este año, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificada por medio de lista el veinticinco de mayo pasado. Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de dos de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto es susceptible de destrucción. 2.2. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. De conformidad con citado artículo 20, primer párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3 DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno original incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en ése, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 694/2022, sin la asistencia de las partes. Así mismo, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; e, Informes justificados. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por hecha la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente:S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo 694/2023, promovido por********************, contra actos del Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán de Ocampo y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia,********************, promovió demanda de amparo contra actos del Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán de Ocampo y otra autoridad; por razón de turnó correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito, con sede en la ciudad Capital del Estado de Michoacán, quien por auto de siete de noviembre de ese mismo año, declinó su competencia legal a este circuito judicial. SEGUNDO. Aceptación de competencia y trámite del juicio. Mediante boleta de turno de once de noviembre de dos mil veintidós, se recibió en este órgano jurisdiccional la demanda y anexos, se registró con el número 694/2022; y, en esa misma data, desechó la demanda de amparo, por lo que se refiere a la autoridad que el quejoso señaló como responsable "Conrado Mendoza Victoriano", y los actos que le atribuyó; asimismo, se admitió a trámite dicha demanda por lo que se refiere al resto de los actos y autoridades responsables; de igual manera, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, En el caso, el impetrante solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: ". AUTORIDADES ORDENADORAS: 1.- El Jefe de Tenencia de la localidad de Tarecuato, perteneciente al municipio de Tangamandapio. 2.- Al H. Ayuntamiento de TANGAMANDAPIO, Michoacán, con domicilio en el palacio municipal de Santiago Tangamandapio, colonia centro de esa población. 3.- el particular de nombre CONRADO MENDOZA VICTORIANO. AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- El Jefe de Tenencia de la localidad de Tarecuato, perteneciente al municipio de Tangamandapio. 2.- Al H. Ayuntamiento de TANGAMANDAPIO, Michoacán, con domicilio en el palacio municipal de Santiago Tangamandapio, colonia centro de esa población (.) IV.- ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: 1.- la pretendida privación de mi propiedad y objetos personales. 2.- Al H. Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán el intento de ingreso a mi propiedad todo fuera de contienda judicial y sin orden previa emitida en contra de la suscrita. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- Reclamo la ejecución inminente del intento de despojo de objetos de mi propiedad y del ingreso sin mandato judicial a mi propiedad lo que se tipifica como allanamiento de morada. 2.- del H. Ayuntamiento la ejecución, del allanamiento e intento de ingreso a mi propiedad para llevar acabo un supuesto embargo y sustracción de bienes de mi propiedad dejándome en estado de indefensión dado que es fuera de cualquier contienda judicial. (.)" Asimismo, en auto de once de abril de dos mil veintitrés (fojas 158 a 160), se tuvo como autoridad responsable en su denominación correcta al Presidente del Consejo de Administración y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán de Ocampo. La parte quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos relativos a la privación de la propiedad y desposesión de bienes muebles, que se ubican en la localidad de Tarecuato, perteneciente al municipio de Tangamandapio, dentro de la circunscripción territorial, en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa señaló en su calidad de autoridades ordenadoras y ejecutoras, a las autoridades: 1.- Presidente del Consejo de Administración y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán de Ocampo; y, 2.- Del Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán. De quienes reclamó lo siguiente: 1.- La pretensión de privarla de bien inmueble y bienes muebles de su propiedad. 2.- Al Ayuntamiento de Michoacán la pretensión de ingresar a su propiedad, fuera de procedimiento judicial y sin orden previa emitida en su contra. 3.- La respectiva ejecución de dichos actos. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado. Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. Ilustra, la jurisprudencia 21, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, del tomo V, segunda parte-2, enero-junio de 1990, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 226432, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". En ese contexto, cuando se reclame un acto o una omisión, su existencia debe analizarse de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que el juicio constitucional sólo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Ilustra, la tesis sin número, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 273, del tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207528, que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Lo anterior es así, pues la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la intromisión y privación de un inmuebles y bienes muebles de su propiedad, localizados en calle Allende número 26, Barrio República********************, sin existir una orden previa en su contra; así como su ejecución. Al respecto, el Presidente del Consejo de Administración y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán de Ocampo; y, Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán, al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron la existencia de los actos que la quejosa les atribuye. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades, al rendir sus respectivos informes con justificación negaron su existencia, correspondía a la quejosa acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba idónea, que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con los mismos. Pues en efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente se haya girado alguna orden para privarla de la propiedad de sus bienes muebles e inmueble, ya que los medios de prueba ofertados, resultan insuficientes para acreditar ese extremo. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuye, argumentando que no son ciertos, entonces la carga de la prueba recae sobre la solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." Pues si bien, para acreditar la existencia de los actos reclamados, la quejosa ofreció los siguientes medios de pruebas: 1. Copia de un escrito signado por el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, de la Localidad de Tarecuato, Tangamandapio, Michoacán de Ocampo, del cual se advierte que Ofelia Quinto Lázaro, es propietaria del inmueble ubicado en calle Allende número 26, Barrio República********************. 2. Copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, expedida a favor de********************. Documentales, que si bien tienen valor probatorio en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al ser documentales expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Empero, dichos medios de prueba resultan insuficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados, pues con ellas únicamente se demuestra, con la primera, que Ofelia Quinto Lázaro, es propietaria del inmueble ubicado en calle Allende número 26, Barrio República********************, no así la impetrante del amparo; y, con la segunda, que la quejosa se encuentra inscrita ante el Instituto Nacional Electoral, para efectos de emitir su voto en elecciones populares. En consecuencia, se procede a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisada en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto, de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del licenciado Ernesto Adame Ruíz, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En diez de mayo de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 5882. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de mayo de dos mil veintitrés. SE DA DE BAJA DESPACHO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexos, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 140/2023 (orden 257/2023), del índice de este juzgado; dese de baja la citada comunicación oficial y hágase la anotación en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En tres de mayo de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado bajo el folio 5585. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de mayo de dos mil veintitrés. 1. Informe Justificado. Téngase al Presidente del Consejo de Administración y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato, Municipio de Tangamandapio, Michoacán de Ocampo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, rindiendo INFORME JUSTIFICADO, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. 1.1 Usuario y Notificaciones Electrónicas. Téngase a la autoridad oficiante, proporcionando el usuario Jairo1891, a fin de tener acceso al expediente electrónico, así como recibir las notificaciones que se desprendan del presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de la adscripción, para que habilite dicho usuario para los fines precisados. Asimismo se le tiene señalando el correo electrónico que refiere como medio de contacto con este órgano de control constitucional. 1.2 Designación de delegados. Se le tiene designando como delegado en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a la persona que refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe..

Quedan 35 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano