Ana Karen Dávalos Romero
Expediente 1238/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ana Karen Dávalos Romero
Actuaciones
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 05/septiembre/2023, que dice:Auto. Hermosillo, So********************ra, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de ********************, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las a********************taciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Ple******************** del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y desti******************** final de los expedientes judiciales generados por los órga********************s jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del térmi******************** de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que ******************** se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de So********************ra, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 21/agosto/2023, que dice:Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de la menor con nombre de iniciales ********************, mediante la cual acude ante esta instancia constitucional contra el acto que atribuye a la juez B del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, consistente en el auto de diez de agosto del año en curso, dictado en autos del juicio ********************, con el cual se ordenó solicitar al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sonora, que señalará fecha para dar inicio al proceso de revinculación paterno filial. Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Así se afirma, toda vez que el acto reclamado no le causa a la parte quejosa un perjuicio irreparable, que afecte materialmente derechos sustantivos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. De los citados numerales, relacionados a su vez con los diversos artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En ese tenor, los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Ley de amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, solo cuando se trate de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los que se caracterizan por la afectación material directa e inmediata que producen a derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales; es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impedirían en forma actual el ejercicio de un derecho. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, que dice; JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. En efecto, en la legislación vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente. Es así, pues de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 107, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Es decir, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo contra la sentencia definitiva, que es donde estas pueden producir una afectación, o bien cuando verdaderamente se afecte la esfera jurídica del justiciable, porque impidan el disfrute de un derecho sustantivo. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece el ordinal 107, fracción III, inciso b) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Además define lo que debe entenderse por "acto de imposible reparación", como aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esta aclaración del legislador secundario, establecida en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que motiva la causa de improcedencia que ahora se reflexiona, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a esos actos de imposible reparación, lo que obsequia certeza jurídica al sistema de control constitucional, puesto que unifica un criterio para tratar de establecer el principio de concentración que se venía gestando incluso de las discusiones que llevaron a establecer la "exposición de motivos de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once", que apropósito de la causa que se estima actualizada, es conveniente traer a colación, únicamente en la parte conducente, donde se sostuvo que: "(.) Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias.." (Énfasis propio) Ahora bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia (sea a través del medio de impugnación que conceda la ley del acto, o en la sentencia), para agotar la definitividad, o bien, en la medida en que el acto influya para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. De esta manera, el nuevo paradigma constitucional y legal permite estimar que la improcedencia del juicio de amparo así dictada por el legislador, es congruente con la lógica del sistema de amparo establecido tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria de la materia. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que inmediatamente infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.A.E.J/5 (10ª), registro 2011338, en Materia Común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2019, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPRABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Ahora, en el particular, la parte quejosa refiere en los antecedentes de su demanda, narrados bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: En auto de ********************fue radicado el juicio de divorcio incausado promovido por ******************** en contra del ********************, cuyo expediente es del conocimiento de la juez "B" del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, en donde se sigue el asunto con el número de expediente ********************. Indica la quejosa, que el ********************se celebró dentro del expediente mencionado en el punto inmediato anterior un convenio de mediación que establecía cuestiones atinentes a la pensión alimenticia y a régimen de convivencia entre ********************y su hija de iniciales ******************** Sigue explicando, que con fecha ********************, la juez Tercero de lo Familiar, ordenó al agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, le informara acerca del estado procesal de la carpeta de investigación ********************. Indica, que el ********************, el juez Tercero de lo Familiar, acordó sobre la suspensión provisional de la convivencia aludida. Expone, que el dos de junio del año en curso, la parte demandada ********************, promovió la revinculación con su hija; y que el seis de junio pasado, ordenó la escucha de la niña con iniciales ******************** El ********************, la promovente ******************** interpuso recurso de revocación en contra del auto de ********************, el cual fue declarado infundado el siete de julio próximo pasado. Refiere, que en contra de esa resolución interpuso juicio de amparo, del cual correspondió el conocimiento a este Juzgado, en donde se radicó con el número de expediente ********************, en el que se concedió la suspensión para efectos de no desahogar la diligencia de escucha de la menor ******************** Finalmente, menciona la impetrante, que el ********************, la jueza "B" del Juzgado Tercero Familiar señalada como responsable, requirió al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sonora, para que señalará fecha para dar inicio a un proceso de revinculación paterno filiar entre la niña ******************** y ********************. Ese último auto, de ********************, dictado por el juez señalado como responsable, en el que éste solicita al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sonora, que señale fecha para dar inicio al proceso de revinculación paterno filial, es el que constituye aquí el acto opuesto como reclamo. Sin embargo, este juzgador considera que la sola emisión del auto reclamado en la forma indicada por la agraviada, no le afecta materialmente, de manera inmediata derechos sustantivos a la esfera jurídica de la quejosa, pues en todo caso, esto ocurrirá una vez que el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sonora, a quien el juzgador solicitó el señalamiento de una fecha para dar inicio al proceso de revinculación paterno filial, y que el juez responsable ordene dicha revinculación, cuando pudiera afectarse los derechos sustantivos de que se habla, teniendo incluso en ese eventual momento, a su alcance el medio de impugnación ordinario que le otorga la ley de la materia, o bien, la posibilidad de acudir al amparo, en caso de considerar una afectación irreparable a derechos de la menor (hija de la amparista); de modo que, en tanto ésto no ocurra con el auto reclamado, resulta improcedente el presente juicio de amparo. Así las cosas, se considera que el acto reclamado no caus a la parte quejosa en este momento procesal del juicio de origen, un perjuicio de imposible reparación, para los efectos del amparo, ya que, se reitera, esto ocurriría en caso de que el juzgador de origen reciba respuesta de la dependencia a la que dirigió la solicitud de señalamiento de fecha y que con ello, el juzgador dictase un acuerdo con el que se ocasionara un perjuicio irreparable para la menor quejosa, y será en ese momento cuando la violación de que ahora se duele la impetrante, pueda ser combatida con el medio de impugnación ordinario conducente y/o en su oportunidad mediante el juicio de amparo correspondiente, en caso de que con ello estime conculcados los derechos humanos de dicha agraviada; lo cual con la actuación que se le reclama al juez se considera no acontece. No se inadvierte que en el caso se encuentran involucrados derechos de una menor; sin embargo, tal como se trata en esta resolución, al considerar que no se le afectan a la parte quejosa materialmente derechos sustantivos, ni que con el acto reclamado se advierta que de manera directa y actual se le acuse un perjuicio irreparable, de ahí, que se arribe a la conclusión de que el juicio de amparo planteado en la presente demanda, resulte improcedente. Se cita como apoyo, en lo conducente, la tesis número 1a./J. 113/2013 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 350, del Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2005039, del contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En esa medida, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, procede desechar y se desecha el escrito de demanda en estudio. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. En cuanto a la persona que menciona en su demanda la promovente, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Liliana Bringas Villalba, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a la parte promovente que proporcione un número telefónico, para establecer contacto en caso de requerirse. En la inteligencia de que proporciona una dirección de correo para ese mismo efecto, con la cual habrá de entablarse comunicación sobre cuestiones no procesales, de ser necesario. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la resolución que puso fin al presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 10. Copias de constancias del expediente electrónico. Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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