Ana Karen Dávalos Romero

Expediente 1138/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1138/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Karen Dávalos Romero
  • A. V. C. D.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1138/2023-C, promovido por********************, en representación de su menor hija con nombre de iniciales ********************; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, y remitido en esa misma data a este Juzgado por razón de turno,********************, representación de su menor hija con nombre de iniciales ********************, promovió juicio de amparo contra el acto y autoridad que habrán de precisarse en el considerando II de esta resolución. Resguardo de identidad de la menor de edad quejosa. El estudio integral de la demanda que analizan las y los juzgadores es de gran importancia para determinar las circunstancias particulares de cada caso; por ello, los impartidores de justicia, en casos que involucren derecho o afectación de niñas, niños o adolescentes, deben tomar en consideración cierta protección a la identidad de la infancia. En ese sentido, este juzgador advirtiendo que en el caso interviene una niña de seis de años, a fin de proteger su intimidad y la reserva de sus datos personales, se hizo notar desde el auto admisorio que al hacer referencia a ella, se le indicaría por las iniciales de su nombre y apellido, lo cual rige en esta sentencia en la que así habrá de referírsele, o indistintamente como la infante, niña o menor quejosa. Ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4, párrafo noveno, de la Constitución Política Federal, en relación con los diversos 3.1. y 19.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 5, primer párrafo, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 76 de la Ley de los Derechos de Niñas, y asimismo, como orientador -no vinculante- de este criterio, los puntos seis (privacidad) y siete (medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes), del capítulo III, del Protocolo de Actuación expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Representante especial. Asimismo, se hace notar que este juzgador, con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, a fin de no incurrir en violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo, durante el trámite del sumario, consideró necesario nombrarle un representante especial, a fin de que fuera éste el que pudiera intervenir en el juicio y la represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia del conflicto de intereses entre los padres de la menor, quienes al parecer, ejercen la patria potestad sobre la infante, se hace necesario garantizar que cuente con cierta representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de amparo. Por lo anterior, previa solicitud de este juzgador a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, se designó al licenciado Eduardo Echeverría Cota, en su calidad de defensor público federal, como representante de la niña de iniciales ******************** Trámite de la demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se radicó y admitió a trámite en este Juzgado la demanda de amparo con el número estadístico relativo al juicio ********************; asimismo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las nueve horas con dieciocho minutos del trece de octubre del año en curso, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, en términos de los siguientes C o n s i d e r a n d o s : Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama una determinación judicial de una autoridad jurisdiccional que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción y competencia este órgano jurisdiccional. II. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la promovente de la demanda señala como autoridad responsable a la juez "B" del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, y se precisa que el reclamo constitucional, se hizo consistir en lo siguiente: La resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, emitida en autos del expediente 1396/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en la que se determinó como infundado el recurso de revocación con el cual se impugnó el auto de seis de junio de la propia anualidad, en el que se ordenó "la escucha de la menor" con nombre de iniciales ******************** Existencia del reclamo constitucional. La autoridad responsable juez "B" del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado, mas no su inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la juzgadora responsable de mérito, aportó copia certificada de diversas actuaciones concernientes al acto reclamado, las cuales obran en trece tomos por separado; documentales a las que se otorga plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." IV. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe analizarse si en el caso existen causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 192, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, no se hizo valer ninguna causal de improcedencia y este órgano no advierte la actualización de alguna de manera oficiosa, como lo prevé el artículo 62, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, por lo que se procederá enseguida al estudio de los motivos de disenso formulados por el impetrante de garantías. V. Innecesaria transcripción de conceptos de violación En sus conceptos de violación, la parte quejosa aduciendo perjuicio al interés superior de la menor, argumenta que el acto reclamado viola los derechos humanos y constitucionales, por los razonamientos que se tienen por reproducidos en este apartado para los efectos legales a que haya lugar, atento a la jurisprudencia por contradicción de tesis consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164618, bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Acotando al respecto, que los motivos de disenso se estudiarán en forma conjunta, sin tratarlos precisamente en el orden propuesto por la peticionaria, ya que los argumentos que opone, se encuentran estrechamente vinculados y conllevan la misma finalidad, aunado a que así lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo que se analizarán así los conceptos de violación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada en virtud de que la ley no impone la obligación de seguir el orden presentado por la parte quejosa en el escrito de demanda. Es aplicable a lo anterior, la tesis (IV Región) 2º. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 2018, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011406, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Estudio de fondo. Son ineficaces e infundados los conceptos de violación hechos valer en la demanda. Para explicación y comprensión de lo que aquí se determina, previamente se procede a efectuar una breve relatoría de los antecedentes destacados que dieron lugar a la emisión de la resolución reclamada. Lo anterior se efectúa con base en las actuaciones del juicio de origen, que en copia certificada remitió con su informe justificado la juzgadora responsable y que obran en legajos por separado (tomos de prueba I al XIII); documentos a los que se otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, asimismo, habrá de tomarse en consideración como hecho notorio la existencia del diverso juicio de amparo 803/2023, del índice de este propio Juzgado, promovido por la aquí quejosa de lo cual se obtiene al respecto lo siguiente: 24.1. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, se instauró ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, el juicio de divorcio incausado, promovido por********************, en contra de ******************** (fojas 19 a 21 del tomo I de pruebas). 24.2. En dicho procedimiento, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo un convenio de mediación, en el que se estableció la separación legal del matrimonio y se fijaron diversas cláusulas, entre otras, las relativas a la custodia, manutención, educación de la menor hija del matrimonio de nombre con iniciales ********************, así como la relativa a la convivencia de dicha infante con ambos ex cónyuges (fojas 56 a 60 del tomo I de pruebas). 24.3. El uno de abril de dos mil diecinueve, la juez del proceso dictó sentencia definitiva en ese juicio de divorcio, en el que declaró disuelto el yugo matrimonial, decretó sin efecto medidas provisionales y aprobó de plano judicialmente, el convenio de veintiuno de febrero de aquel año, celebrado entre las partes divorciantes y reservó el derecho de ambos ex cónyuges, para hacer valer alguna cuestión adyacente al divorcio que quedara pendiente. Dicho fallo causó ejecutoria el siete de mayo de ese año (fojas 63 a 72 y 83 del tomo I de pruebas). 24.4. No obstante lo anterior, con posterioridad, en relación con la convivencia de la menor con su progenitor, se suscitó controversia entre los padres de la infante, y se suspendió dicha convivencia con motivo de la emisión de medidas de protección decretadas por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, en la carpeta de investigación ATP/HER/012/02188/08-21, con número único de caso SON/HER/FGE/2021/012/36848, incoada en contra de ********************, por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de la menor ********************; turnada a la juez de Control del Juzgado Oral Penal de esta ciudad. 24.5. Derivado de lo anterior, el catorce de octubre de dos mil veintidós la juez de Control del Juzgado Oral Penal que conoció de esa carpeta de investigación, en audiencia para resolver la impugnación, de esa fecha, dejó sin efectos las medidas de protección (fojas 103 y 106 del tomo XIII de pruebas). 24.6. Mediante escrito agregado en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ********************, con motivo del levantamiento de las medidas de protección, solicitó a la juez responsable, se permitiera la comunicación con su menor hija; sin embargo, la ahora responsable, previo a proveer tal petición, ordenó girar oficio dirigido a la juez del proceso penal, solicitándole que de manera oficial le informara si se habían levantado las medidas de protección información sobre ******************** (fojas 135 y 136 del tomo XIII de pruebas). 24.7. El diez de noviembre de dos mil veintidós, la juez familiar, tuvo noticia formal, relativa a que las medidas de protección se habían dejado sin efecto (fojas 137 y 138 del tomo XIII de pruebas). 24.8. Mediante escrito agregado en acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, el padre de la menor quejosa, hizo del conocimiento de la juzgadora responsable, que se había dictado auto de no vinculación a proceso en su favor en el expediente ********************/2022 y pidió se requiriera a la juez de oralidad penal para que le remitiera copia certificada de dicha resolución, lo cual acordó de conformidad la juez familiar (fojas 179 del tomo XIII de pruebas). 24.9. De igual forma, mediante escrito agregado en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el ahora tercero interesado, puso en conocimiento de la juez responsable que mediante resolución de dieciocho de mayo del año en curso, el Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito del Estado de Sonora, especializado en Justicia para Adolescentes y en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral, había confirmado la resolución de no vinculación a proceso en el toca ********************/2023, formado con motivo de la apelación presentada en la causa penal ********************/2022; asimismo, exhibió copia de dicha resolución (fojas 191; 192 a 232 y 233 del tomo XIII de pruebas). 24.10. El uno de junio de dos mil veintitrés, la juez familiar responsable, recibió la información formal y oficial de la resolución de alzada penal (fojas 237 y 239 a 283 del tomo XIII de pruebas). 24.11. Así, mediante acuerdo de seis de junio del año en curso, tomando como base el interés superior de la infante, procedió a ordenar "la escucha de la niña con iniciales ********************", señalando al respecto hora y fecha para tal efecto, y determinando citar a la menor, por conducto de su progenitora********************, a la vez que ordenó notificar al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora como representante de la menor. Asimismo, en dicho acuerdo se tuvo por presente al padre de la niña, solicitando se ordenara la revinculación para la convivencia (fojas 295 a 297 del tomo XIII de pruebas). 24.12. No obstante, en contra de ese acuerdo de seis de junio pasado, Liliana Bringas Villalba en su carácter de autorizada de********************, madre de la menor con nombre de iniciales ********************, interpuso recurso de revocación, el cual se admitió mediante auto de quince de junio de dos mil veintitrés, respecto del cual previo el trámite respectivo, el siete de julio pasado, la ahora juez responsable dictó la resolución correspondiente en la que se declararon infundados los agravios opuestos; resolución que constituye el reclamo en este biinstancial (fojas 331 a 335 del tomo XIII de pruebas). Aquí, es dable abrir paréntesis para hacer notar, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, que es un hecho notorio para quien resuelve, que en este propio órgano de control constitucional, se tramitó y resolvió el juicio de amparo 810/2023, promovido por la aquí quejosa, en contra de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de Cosme Cota Soufflé, en la causa penal ********************/2022, incoada por probables hechos constitutivos del delito de abuso sexual agravado reiterado. En relación con la emisión de la resolución reclamada, la quejosa opone como conceptos de violación los argumentos que expone en el capítulo respectivo de su demanda, los cuales hace valer en los siguientes aspectos substanciales: 26.1. Refiere la impetrante que el agravio medular se identifica principalmente en la argumentación emitida por la responsable que a título de motivación se contienen en las premisas siguientes: Que las especificaciones de cómo se llevará a cabo la escucha de la niña ******************** no implica que se pasó por alto los lineamientos del protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en caso que involucren niñas niños y adolescentes. Que se cuenta con los materiales que se requieren para llevar a cabo la audiencia de escucha de todo niño, niña o adolescente, de acuerdo al protocolo. Que en caso de ser videograbada dicha audiencia y por contener material sensible, éste será resguardado en el secreto del juzgado y las partes no podrán tener acceso al mismo. Que la participación de la niña debe estar sujeta a una valoración por parte del juzgador que tome en cuenta la particular condición y situación del infante de que se trate, para decidir de manera fundada y motivada. 26.2. Aduce la impetrante, que esas premisas sostenidas por la juez, causan agravio a la niña ********************, pues a su consideración son incorrectas a la luz del parámetro de regularidad que se describe en los artículos 1 y 4 Constitucional. 26.3. Es así, dice, pues resulta una falacia que la responsable afirme que estableció las especificaciones relativas al modo de realizar el procedimiento de la escucha de la menor y que esa inferencia no implica que tales medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales, para proteger el interés superior de la menor quejosa, atendiendo a su condición y situación, es decir, que no se advierte que la juez haya tomado en cuenta y se refleje la perspectiva de género. 26.4. De igual modo, en lo que concierne a la argumentación de la juzgadora, en lo que la quejosa clasifica como la "segunda premisa", dicha peticionaria expone que las medidas que estableció la juez familiar como las especificaciones del modo de realizar el procedimiento de la escucha de la menor, no satisfacen el protocolo de actuación que los jueces deben observar en lo atinente a casos en los que se involucren derechos de niños, niñas o adolescentes. 26.5. Cita al respecto, los requisitos que se deben cumplir en la intervención de la niña (escucha de la menor) como forma de participación, los cuales dice, la juez pasó por alto. 26.6. En relación con la "tercer premisa" que alude la impetrante, refiere que la juez no observó la condición de la infante en lo siguiente: 1) que es una niña y debía estar a la perspectiva de género; 2) que tiene seis años y se debe estar a la autonomía progresiva de la infante; 3) que fue víctima de abuso sexual por parte del progenitor, afirmando que se encuentra abierta una carpeta de investigación ********************, en contra del padre; y, que se encuentra en terapias psicológicas en virtud de su calidad de víctima. 26.7. Que por lo anterior, es de vital importancia tomar las medidas idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales; y, entre esas se considera la forma de desarrollar la escucha de la menor en la forma que establece el protocolo para quienes imparte justicia, cuando se involucran derechos de menores. 26.8. Considera la quejosa, que a efecto de garantizar los derechos de la infante, previo a realizar la escucha, como acto preparatorio se requiere de un informe psicológico que determine su madurez mental y que la niña está en condiciones óptimas de rendir algún tipo de manifestación o responder preguntas abiertas; y, para efecto de realizar videograbación, no hacerlo al momento mismo de la diligencia de escucha de la menor, en virtud de que no existe medio de prueba que justifique que la menor en la hora y fecha de la diligencia se encuentre en condiciones de emitir manifestación. 26.9. Que es así, pues al momento de exponer a la infante a las condiciones propias de la diligencia, como es la cantidad de personas ajenas a su entorno, le genera estrés y a condición de su vulnerabilidad y condición de víctima, no resulta ser una medida idónea estrictamente proporcional y no se estaría protegiendo el interés superior de la niña. Con ello afirma, que la responsable interpreta incorrectamente el principio del interés superior del infante. 26.10. Aduce que existe incompatibilidad en el ejercicio conjunto de los derechos de la menor, y advierte que la autoridad no ponderó que existe colisión de los derechos siguientes: El derecho a la participación de la infante en los procesos jurisdiccionales, en su vertiente de "escucha del menor". El derecho de la infante a una vida libre de violencia e integridad personal, en su vertiente de no revictimización; y, El derecho de la menor a la convivencia con sus padres. 26.11. Concluye afirmando que el acto reclamado es inconstitucional, en razón de que se encuentra indebidamente motivado y fundado, pues dice que se interpretó inexactamente los artículos 1 y 14 Constitucionales, pues reitera que la responsable se apartó del parámetro de regularidad constitucional y de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esencialmente esos son los argumentos opuestos como conceptos de violación; sin embargo, como se adelantó este juzgador los estima ineficaces e infundados. Veamos. Para clara explicación de lo que aquí se resuelve, en principio precisa dejar muy claro los aspectos concernientes al interés superior de la infancia, para lo cual se parte del artículo 4o. constitucional que trata dicho tópico como un derecho humano de primer orden. En efecto, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela tal interés, en lo conducente, es del tenor siguiente: "Artículo 4o. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios..." El interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes previstos en el citado artículo 4° Constitucional. Esta interpretación encuentra respaldo en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al texto del artículo 4°, donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de la infancia. En este sentido, el interés superior de la niñez es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de la infancia. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. Tal como lo hace notar la parte quejosa en la tesis que invoca de rubro "INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO", la Convención sobre los Derechos del Niño, en el numeral 3 indica: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo. Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." Sin embargo, esta misma normativa refiere que: "SEPARACIÓN DE PADRES Y MADRES. Es un derecho del niño vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés superior del propio niño. Es derecho del niño mantener contacto directo con ambos, si está separado de uno de ellos o de los dos. Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto, en el caso de que la separación haya sido producida por acción del mismo. Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. (.) PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS Es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. Artículo 19 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. (.)" Los citados artículos reconocen el principio del interés superior de la niñez como rector de todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos de los Estados parte, a fin de garantizar al menor un nivel de vida adecuado. Al respecto, los artículos 17.4 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos adoptada en San José, Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, establecen: "Artículo 17. Protección a la Familia (.) "4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. "Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado." De la literalidad de los citados preceptos se desprende que en caso de disolución del matrimonio, se deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de los hijos, con base en su interés y conveniencia, asimismo que los niños y las niñas tienen derecho a las medidas de protección que su condición de infancia requieran por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, es decir, que el interés superior de la niñez es un punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos, y que han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y niñas y a la promoción y preservación de sus derechos. Incluso nuestro Máximo Tribunal ha reconocido en varios precedentes la importancia del principio del interés superior en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño. En este sentido, se "ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño que implica entre otras cosas tomar en consideración aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre Derechos del Niño." Asimismo, el Alto Tribunal ha reconocido la importancia del principio del interés superior en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño, como en el caso de la siguiente tesis de rubro y texto: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." En ese contexto, se advierte que el interés superior de la niñez es un principio que desempeña un papel muy relevante en el derecho internacional, y es recogido expresamente en disposiciones internas como un principio rector de los derechos de la infancia. Ahora bien, el interés superior de la niñez tiene tanto una función justificativa, como directiva: por un lado, sirve para justificar todos los derechos que tienen como objeto la protección de las y los infantes. Por el otro, constituye un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio y relacionada con los derechos de las y los niños, lo que incluye no sólo la interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces, sino también todas las medidas emprendidas por el poder legislativo, así como las políticas públicas, programas y acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades administrativas. En definitiva, el principio del interés superior de la niñez debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los infantes. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a la niñez en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún infante. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de las niñas, niños y adolescentes y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. En ese orden, se tiene que las disposiciones y acciones dirigidas a tutelar un valor sustantivo, se deben formular, interpretar y llevar a cabo de tal manera, que tengan como resultado la satisfacción de la finalidad perseguida y no efectos opuestos a ella. Al aplicar esa consideración con base en la protección de los intereses de los menores de edad, considerados uniformemente como valores superiores dentro del sistema jurídico y de la organización social, conduce a determinar que ese interés no debe verse limitado en modo alguno sino cuando la limitación resulte la única medida posible para asegurar la integridad física y psicológica de los sujetos protegidos o evitar la distorsión de su formación integral. Como se ha dilucidado, el interés superior de la infancia es un principio de rango constitucional que demanda que en toda situación donde se vea involucrada la niñez se trate de proteger y privilegiar sus derechos. En tal virtud, el desarrollo normal de un niño o niña se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asiste a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con la y el progenitor, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. Atento a lo expuesto, el derecho de visita y convivencia con la madre y padre, debe catalogarse como un derecho fundamental de los infantes porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres, cuando el juzgador estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños y niñas a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental; y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que la niñez pueda gozar de ese máximo principio de convivir tanto con el padre, como con la madre y las familias de éstos, para lo cual deben tomarse las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. Es orientadora la jurisprudencia VI.2o.C. J/16 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior." Bajo ese contexto, este juzgador considera ineficaces e infundados los conceptos de violación esgrimidos por la promovente de la demanda, madre de la menor con nombre de iniciales ********************, por lo siguiente: En principio, no debe perderse de vista que la resolución impugnada en esta sede constitucional versó sobre el recurso de revocación hecho valer por la madre de la menor, en contra del auto de seis de junio pasado, en el que la ahora juez responsable, al contar con elementos que consideró suficientes, determinó "la escucha de la menor", y ordenó citar a ésta para efectuar tal diligencia, para lo cual la madre de dicha infante debía cumplir tal citación; determinación que la ahora responsable confirmó al declarar infundados los agravios formulados por la recurrente en el escrito de revocación que se interpuso por conducto de la autorizada legal de********************. Pues bien, dicha resolución reclamada se estima legal y correctamente determinada, cuenta habida que la juez familiar atendió los agravios opuestos que ahora destaca en esta instancia la quejosa, sin que se advierta por este órgano de control constitucional, errónea o ilegal la resolución reclamada. En efecto, contrario a lo sostenido por la impetrante, la resolución controvertida cumple con los parámetros de legalidad y observación de la tutela del interés superior de la infante, pues la responsable señaló las especificaciones de cómo se llevaría a cabo el procedimiento de la escucha de la niña ********************, explicando al respecto que una vez que la infante compareciera al juzgado, sería escuchada por la juez apoyada de la psicóloga adscrita a ese órgano y que previamente a dicha diligencia, la niña recibiría una plática preparatoria por parte de la psicóloga mencionada, quien le haría saber la naturaleza, propósito y mecánica de la diligencia, así como las libertades con las que cuenta y que en general se le explicaría a la niña cualquier situación para que participara sin temor. Lo ineficaz de los argumentos de la quejosa en relación con lo anterior, estriba en que no ataca frontalmente lo así determinado por la juzgadora, pues únicamente se concreta a efectuar afirmaciones genéricas, sin explicar el por qué esas medidas no son las idóneas en el caso, ya que al respecto la peticionaria se refiere a que las medidas adoptadas por la juzgadora "son una falacia" y que ello no implica que las medidas establecidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales para proteger el interés superior de la menor y que no advierte la perspectiva de género; sin embargo, tales afirmaciones resultan fútiles, dado que no proporciona elementos que permitan razonar que efectivamente lo considerado por la juzgadora haya sido ilegal, pues no indica cómo es que la plática preparatoria de la niña con la psicóloga de la adscripción del órgano judicial ordenada por la juez familiar, y las circunstancias tratadas al respecto, no son las idóneas. Lo anterior, sin que este juzgador advierta alguna práctica de protocolo de actuación ilegal con dicho mandamiento de la juzgadora, pues es de suyo conocido, que los profesionistas en psicología que coadyuvan en esa clase de diligencias del orden familiar, cuentan con la experiencia necesaria en el trato que deben dispensar a los menores para la preparación de la entrevista de éstos con los juzgadores, de tal modo que los argumentos opuestos por la quejosa a este respecto devienen ineficaces. De igual modo, la juez analizó correctamente el agravio relativo, en el que la recurrente expuso que el auto combatido no cumplía con las directrices previstas en diferentes protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como adecuar salas de enjuiciamiento de escucha, contar con material didáctico, establecer mecanismos de videograbación, respecto de lo cual la juzgadora familiar destacó en su resolución la forma en que habría de llevarse a cabo la entrevista con la niña e hizo patente que el hecho de que el auto combatido no contuviera cuestiones mencionadas por la recurrente, referente a la adecuación del espacio, material didáctico o preservación del testimonio, no implicaba que pasara por alto los lineamientos del Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en casos que se involucran derechos de niñas, niños y adolescentes. Además enfatizó, que por tratarse de un juzgado en materia familiar se cuenta con los materiales que se requieren para llevar a cabo la audiencia de escucha de toda niña, niño y adolescente, de acuerdo al protocolo, sin que existiera la necesidad de anunciarlo o plasmarlo en todos los acuerdos. Asimismo, la responsable dejó claro que el auto combatido señalaba que previo a la escucha de la niña, se llevaría a cabo una entrevista con la psicóloga de su adscripción, quien en ese momento a su leal saber y entender con los conocimientos de la materia de la profesión, determinaría los mecanismos óptimos necesarios e idearía la estrategia adecuada para el correcto desarrollo de la escucha de la menor, de modo que quedaran protegidos los derechos de la niña. En relación con tales consideraciones de la juez, resultan ineficaces los argumentos de la solicitante de amparo, toda vez que se considera correcta la apreciación que al respecto efectuó la juzgadora, al aducir lo innecesario de detallar en el auto impugnado en revocación, la forma de cumplir con las exigencias de los protocolos de actuación. Es así, pues como correctamente destacó la responsable, se trata de un órgano judicial especializado en materia familiar, que imparte justicia respecto a controversias relativas a niñas, niños y adolescentes, de modo que si la finalidad de "la escucha de la menor" es que la juzgadora pueda ponderar de primera mano la condición de la menor y se allegue elementos para la emisión de una posterior determinación respecto a la convivencia de la infante, en el caso le resulta imprescindible que la madre de la menor acuda ante el órgano judicial impartidor con la niña y cumpla así con la obligación que le surte de proporcionar a la juez todos los elementos posibles para una correcta resolución de la controversia. Resultando retardatorios y fútiles los argumentos opuestos con los que la peticionaria afirma que la menor fue víctima de abuso sexual por parte del progenitor, dado que, como se evidenció al relatar los antecedentes, si bien, se advierte la existencia del proceso penal ********************/2022, incoado en contra del aquí tercero interesado (padre de la menor), ante el Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, de esta ciudad, con motivo de la carpeta de investigación ********************, lo cierto es que en dicho proceso la juez del órgano penal dictó auto de no vinculación a proceso en favor del imputado, mismo que fue confirmado por el Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito del Estado de Sonora, especializado en Justicia para Adolescentes y en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en el toca ********************/2023, formado con motivo de la apelación presentada en la referida causa penal ********************/2022; de ahí, que ese argumento resulte infundado para la pretensión de que se declare ilegal la resolución de la juez responsable, y sin demérito de que la menor se encuentre asistiendo a terapias psicológicas. Como consecuencia de lo anteriormente considerado, son también ineficaces los argumentos relativos a que por la condición de la infante, "colisionan" sus derechos relativos a su participación en el proceso jurisdiccional, a una vida libre de violencia e integridad personal y al de la convivencia con sus padres, aduciendo que la escucha de la menor le resultaría perjudicial. Se afirma lo anterior dado que, contrario a tal aseveración, la juzgadora responsable con lo determinado, busca en medida de lo posible la tutela máxima del interés superior de la menor, volviéndose incluso protectora de los mismos al buscar un equilibrio entre los derechos de la infante y los de ambos padres dando prevalencia con su resolución, a aquéllos derechos de la infante que aseguran su libre desarrollo y una adecuada convivencia con ambos progenitores, respecto de un derecho humano que actualmente se encuentra suspendido en relación con el progenitor de la infante de iniciales ******************** Se cita al respecto, con motivo del derecho de los infantes a participar en el proceso en el que se ven involucrados sus derechos, la tesis 1a./J. 12/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 288, Décima época, con registro digital: 2013952, que dice: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional." Así se juzga, cuenta habida que la alegación que opone la quejosa al respecto, substancialmente parte de la afirmación relativa a que la menor es víctima de hechos con apariencia de delito de abuso sexual, dado que en contra del padre de ********************, se encuentra abierta una carpeta de investigación (********************) y no se ha decretado el no ejercicio de la acción penal. Expresiones que en esa forma expuesta, son infundadas y no pueden tomarse en consideración para determinar en la forma que pretende la solicitante, dado que al respecto, la juzgadora contó como elemento probatorio en contrario al respecto, con las documentales relativas al expediente penal incoado en contra de ******************** (padre de la menor), en el que se decretó auto de no vinculación a proceso, mismo que impugnado en apelación fue declarado firme por el Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito del Estado de Sonora, especializado en Justicia para Adolescentes y en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en el toca ********************/2023; de ahí, que es ineficaz lo argumentado por la quejosa en lo aquí tratado, pues la juzgadora tomó en consideración el acervo probatorio correspondiente existente en el expediente de origen, para decidir sobre la escucha de la menor, lo que reiteró en la resolución reclamada. Por otra parte, en lo concerniente a lo que concluye la impetrante, en cuanto a que el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado, se califica de infundada tal afirmación. Sobre el particular, es necesario tener en consideración que el artículo 14 Constitucional, en lo que interesa, obliga a las autoridades a que, de manera previa al acto conculcatorio y/o en su caso, privativo de libertad, propiedad, posesiones o derechos, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados; dichas formalidades deben cumplir también con la diversa garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la propia Carta Magna. Así, el objeto del derecho humano de legalidad, establecido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte que interesa dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causal legal del procedimiento.". Del contenido del precepto constitucional trascrito, deriva que todo acto de autoridad que pretenda incidir válidamente en la esfera jurídica de un gobernado, debe reunir los siguientes requisitos: Ser emitido por autoridad competente; y, Que se encuentre debidamente fundamentado y motivado. Por cuanto hace a la fundamentación y motivación, ésta se cumple en la medida en que el acto de autoridad reúne las siguientes formalidades: Expresa el precepto legal aplicable al caso (fundamentación); Señala las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación); y, Existe concordancia entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, para cumplir con el imperativo constitucional, la autoridad debe expresar con precisión los preceptos legales que apoyan la emisión del acto, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración y justificar la adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas. La finalidad de dicho dispositivo constitucional estriba en no dejar al gobernado en estado de indefensión, ante el desconocimiento de las disposiciones que facultan a la autoridad para emitir la resolución que le afecta y el carácter con que la emite, pues es evidente que su ausencia equivaldría a privarle de la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si es conforme o no a la Constitución Federal o a la ley aplicable al caso particular. Asimismo, tratándose de determinaciones emitidas por autoridades jurisdiccionales -como la que en el caso se ocupa-, la fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso particular. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, visible en la página 162, cuyo rubro y texto dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En el caso, se considera que la resolución reclamada cumple las estipulaciones y requisitos necesarios vistos con antelación, para considerarla suficientemente fundada y motivada. Es así, pues el despliegue de las consideraciones sostenidas por la juez responsable, se basaron prioritariamente en el principio de la tutela del interés superior de la menor, lo que de suyo resulta suficiente para sostener la fundamentación del acto reclamado, pero además, la responsable hizo mención que con su actuación quedan protegidos los derechos de la niña ********************, en la forma consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y en los numerales 8, 12, 15, 17 y demás relativos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, y siguiendo los lineamientos expuestos en el Protocolo de Actuaciones para quienes imparte justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que al respecto resultara necesario que la juez desglosara en su totalidad cada uno de los preceptos y normas en las que sustentó su actuar, dado que lo prioritario en el caso fue realizar el análisis del acto combatido en revocación, lo que efectuó la responsable con los motivos que con antelación fueron analizados en esta sentencia y que este juzgador considera correctos. En medida de lo anterior, este juzgador no advierte ilegalidad en la resolución recurrida en este sumario, en relación con los conceptos de violación vertidos en la demanda, ante lo cual lo procedente será negar el amparo y protección de la justicia federal a la solicitante. Decisión: De acuerdo a lo analizado, dado que este órgano constitucional no advierte conculcación a los derechos humanos de la parte quejosa, en los preceptos 1, 4 y 14 Constitucionales, ni transgresión a derechos del interés superior de la menor con iniciales ********************, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en lo restante. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 1º, fracción I, 74 a 75, y demás relativos, todos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e : Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, promovente de la demanda de amparo en representación de la menor con nombre de iniciales ********************, contra los actos y autoridad precisados en el considerando II, por las razones, fundamentos y motivos, tratados en el diverso apartado VI, de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario, con quien actúa y da fe, terminando de engrosar la resolución hasta hoy, diez de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permiten las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA RESOLUCION CONSTITUCIONAL, ENGROSADA EL 10/NOVIUEMBRE/2023, QUE DICE:..... RESOLUCION CONSTITUCIONAL....lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en lo restante. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 1º, fracción I, 74 a 75, y demás relativos, todos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e : Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, promovente de la demanda de amparo en representación de la menor con nombre de iniciales ********************, contra los actos y autoridad precisados en el considerando II, por las razones, fundamentos y motivos, tratados en el diverso apartado VI, de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario, con quien actúa y da fe, terminando de engrosar la resolución hasta hoy, diez de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permiten las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION CONSTITUCIONAL ENGROSADA EL 10/NOVIEMBRE/2023, QUE DICE:RESOLUCION CONSTITUCIONAL....lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en lo restante. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 1º, fracción I, 74 a 75, y demás relativos, todos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e : Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, promovente de la demanda de amparo en representación de la menor con nombre de iniciales ********************, contra los actos y autoridad precisados en el considerando II, por las razones, fundamentos y motivos, tratados en el diverso apartado VI, de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario, con quien actúa y da fe, terminando de engrosar la resolución hasta hoy, diez de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permiten las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de los autos se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha, toda vez que se encuentra pendiente que transcurra el término previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe justificado agregado en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia constitucional y se fijan las nueve horas con dieciocho minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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