Ana Karen Dávalos Romero
Expediente 1490/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1490/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ana Karen Dávalos Romero
- Cosme Cota Souffle
- A. V. C. D.
- Ana Karen Dávalos Romero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, por la Junta Especial que preside y por el actuario notificador adscrito, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Se tiene a la responsable en cita ofreciendo las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de desahogarlas y hacer relación de ellas durante la audiencia constitucional y valorarse al dictarse la sentencia respectiva, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Terceros interesados. En términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de terceros interesados a ******************** Se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio que se advierte de las constancias que remitió como prueba documental el presidente de la Junta responsable, ubicado en avenida Alfonso Iberri, número 65, calle 24, despacho número 04, edificio Porlamar, de esta ciudad, y proceda a llevar a cabo los emplazamientos a juicio de los aludidos terceros interesados por conducto de su representante legal, corriéndoles traslado con copia simple del escrito de demanda, asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio cierto donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aun las personales, se le harán por lista, lo anterior conforme al artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágasele del conocimiento que en el sumario se señalaron las diez horas con diez minutos con treinta y nueve minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados por conducto de su representante legal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que contiene el informe justificado rendido por la directora general del Centro de Convivencia Familiar y Servicios Especializados del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas. El secretario hace constar que la parte quejosa exhibió una prueba documental. El juez acuerda: con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida y desahogada la prueba en mención y por perdido el derecho de las restantes partes para ofrecer probanzas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario certifica que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: se les tiene por perdido el derecho para formular los alegatos a que se refiere el artículo 144 de la ley de la materia. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1490/2023; y, R e s u l t a n d o s: I. Antecedentes A petición de Ana Karen Dávalos Romero en representación (madre) de la menor A.V.C.D.,, por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual dio inicio a las nueve horas con treinta minutos de hoy, y culmina con la resolución interlocutoria que se emite al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s : II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, substancialmente se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en el auto dictado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se acordó dar inicio al proceso de revinculación entre el tercero interesado Cosme Cota Souffle y su hija con nombre de iniciales A.V.C.D., derivado tal reclamo del juicio 1396/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, promovido por la aquí quejosa, en representación de su menor hija. IV. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe previo. Por otra parte, la juez Tercera de Primera Instancia de lo Familiar del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo niega el acto que le reclama; sin embargo, se desvirtúa dicha negativa, toda vez que de la narrativa expuesta en su informe previo se logra vislumbrar la existencia de la controversia familiar en la que dicha juez refiere que".previo a dar inicio a dicho proceso ordenó citar a las partes, tanto a Cosme Cota Souffle como a Ana Karen Dávalos Romero, padres de la niña de iniciales A.V.C.D., para que se presentaran en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sonora, el día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés (Cosme Cota Souffle) a las diez horas y el día treinta de septiembre del año en curso (Ana Karen Dávalos Romero), a las catorce horas."; eventualidad por la que este juzgador determina desvirtuar la negativa de la responsable y tener por cierto el reclamo para efectos suspensionales. V. Estudio de la medida cautelar definitiva En principio, es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo. Lo anterior se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes. [.]" En la citada porción normativa se establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver el juez de Distrito a sensibilidad, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos requisitos para la procedencia de ésta figura en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." Señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: Expresamente la solicite el quejoso; Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Ahora, en el caso, se obtiene que el primer requisito se satisface, en tanto que la quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, aspecto que colma el primero de los requisitos. En cuanto al segundo de los requisitos, también se encuentra satisfecho, pues así se desprende de los informes rendidos por las autoridades responsables, lo que, concatenado a las propias manifestaciones de la quejosa, realizadas bajo protesta de decir verdad permite tener certidumbre del acto reclamado. Ahora, respecto del inciso c), se destaca que también se cumple, pues se trata el reclamo de un auto tendente a dar inicio al proceso de revinculación entre Cosme Cota Souffle y su hija con iniciales A.V.C.D., en el juicio 1396/2018 del índice de la autoridad responsable; lo que constituye una actuación de la autoridad que se traduce en la realización de un acto que la quejosa considera que vulnera los derechos humanos de su menor hija, dado los motivos que delata en su demanda. Respecto de las últimas dos exigencias, se tiene que en el caso, no se contravienen disposiciones de orden público ni de interés social, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni ninguna otra. Ahora bien, del análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que promovida la suspensión del acto reclamado se deberá efectuar tal ejercicio y en su caso, acordar lo conducente respecto de la medida cautelar solicitada por el justiciable. En relación con la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 15/96 que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera posibilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia de amparo pudiera declararse la inconstitucionalidad del acto reclamado, implicando con ello que debe atenderse al derecho violado y también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. De tal manera que el órgano jurisdiccional para evitar que la medida cautelar concedida sea ineficaz con la sola paralización del acto reclamado, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva (sentencia de fondo), si los actos impugnados son constitucionales o no. Esto es, el análisis debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho; es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados y teniendo en cuenta siempre que la suspensión solo tiene el carácter provisional y se funda en meras hipótesis o presunciones y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. De manera que la apariencia del buen derecho deberá sopesarse con el perjuicio que pueda sufrir el interés social, esto es, si es mayor el daño que pueda sufrir la parte quejosa, ya que la preservación del interés social está por encima del interés particular afectado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.204/2009, de la Segunda Sala, visible a página 315, Novena Época, tomo XXX, Diciembre de 2009, del Seminario Judicial de la Federación, que dispone: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 139 y 151, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que, sin que se paralice el procedimiento de revinculación, suspenda el inicio de éste y, previamente la juez responsable tome todas las medidas necesarias e idóneas a efecto de salvaguardar los derechos de la menor, para llevar a cabo tal revinculación padre e hija, medidas que deberán considerar cualquier acto necesario que en relación con la experiencia sobre la materia familiar aporte la juez responsable, al caso concreto, incluyendo la emisión de una postura en torno a la existencia de la carpeta de investigación ATP/HER/012/02188/08-2021, que la quejosa refirió que fue aperturada en contra del progenitor; debiendo la autoridad responsable remitir al efecto cualquier documentación e informe al respecto. Dicha medida surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el fondo del presente juicio de amparo en la audiencia constitucional. En el entendido de que la medida cautelar no tiene el alcance de paralizar en la forma que pretende la quejosa, el procedimiento de revinculación del progenitor y la menor, que se tramita ante el juez responsable, dado que este juzgador no cuenta con elementos suficientes y objetivos para tal efecto (lo que deberá ser objeto de fondo del Asunto) y de emitir una medida en la forma pretendida se alteraría el orden social y el interés público, dado que la sociedad está interesada en la armoniosa convivencia familiar (padres-hijos). Debe acotarse, que respecto a la información que delata la impetrante, relativa a que en contra del progenitor de la menor "se encuentra aperturada" una carpeta de investigación (ATP/HER/012/02188/08-/2021), afirmando que la menor fue víctima de abuso sexual por parte del progenitor; la juzgadora responsable, en su informe previo hace del conocimiento de este órgano de control constitucional, que dicho asunto tiene otro estatus, indicando que con fecha trece de febrero de dos mil veintidós la jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, en la causa penal 6745/2023, dictó resolución de no vinculación a proceso a favor de Cosme Cota Souffle, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado reiterado, cometido en perjuicio de la niña A.V.C.D., y que dicha determinación fue confirmada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés por el Primer Tribunal Regional de Circuito del Estado especializado en Justicia para Adolescentes y en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral. Lo anterior, robustece la concesión de la suspensión definitiva, en el sentido de que debe darse prevalencia a la convivencia bajo la supervisión del órgano jurisdiccional sin paralización del procedimiento de revinculación padre-hija, pero con observancia de los efectos determinados con antelación al otorgar la suspensión provisional. Cobra aplicación al caso, en lo conducente y por el criterio que sostiene, la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), visible en la página 14, Libro 63, Tomo I, Febrero de 2019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, cuyo rubro y texto indican: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Asimismo, sirve de apoyo también la tesis 1a. LXXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad." Se cita también, en lo conducente, la tesis V.3o.C.T.2 C (10a.), del Tercer Tribunal en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1871, Décima Época, con registro de localización 2015195, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. RELEVANCIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA EN LOS JUICIOS FAMILIARES QUE TENGAN POR OBJETO DEFINIR ESOS ASPECTOS, ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todas las autoridades del Estado Mexicano deben realizar, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para velar por el interés superior de la niñez; por su parte, el artículo 17, segundo párrafo, de dicho Ordenamiento Supremo prevé el derecho fundamental a una justicia pronta y expedita. Ahora bien, la conjugación de estos derechos fundamentales, adquiere una especial relevancia tratándose de juicios donde se demande la guarda y custodia de un menor y el régimen de convivencia. Así, en este tipo de asuntos, se requiere su pronta y expedita resolución, pues entre más demore el órgano jurisdiccional en determinar quién de los padres ejercerá en definitiva la guarda y custodia del menor, así como el régimen de convivencia que habrá de prevalecer, mayor es la posibilidad de que éste pueda resultar afectado emocionalmente, debido a la situación de inestabilidad en la que se le ubica hasta en tanto se definan esos aspectos, en perjuicio de su derecho a un sano desarrollo de la personalidad; máxime cuando de las constancias que obren en autos se adviertan datos objetivos que obliguen al juzgador a actuar con mayor acuciosidad. En estos casos, la autoridad jurisdiccional inmediatamente debe adoptar las medidas necesarias para cerciorarse del bienestar del menor y, en todo caso, garantizar la continuación de la convivencia familiar con ambos padres durante la sustanciación del juicio, como lo ordenan los artículos 9, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 315 bis del Código de Familia para el Estado de Sonora, salvo que esto represente un riesgo, aunque sea mínimo, para la integridad física y/o psicológica del menor." Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Ana Karen Dávalos Romero en representación (madre) de la menor A.V.C.D., contra el acto que reclama a las autoridades que precisada quedó en el considerando IV, por los motivos expuestos en el diverso apartado V de esta interlocutoria. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Informe previo (registro 15586). Conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por la directora general del Centro de Convivencia Familiar y Servicios Especializados del Poder Judicial del Estado de Sonora; téngase por rendido el informe previo solicitado y desde vista a las partes con su contenido para su conocimiento y efectos legales conducentes. Recepción de testimonio (registro 15638). De igual modo, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente, por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite impresión con evidencias criptográficas de la sentencia emitida en sesión de cinco de octubre del año en curso, de la que se advierte que en la materia del recurso de queja civil 139/2023, los magistrados de dicho órgano plenario resolvieron lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Ana Karen Dávalos Romero, por su propio derecho, en calidad de representante legal y madre de la menor A.V.C.D., contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1490/2023." Acúsese el recibo de estilo de la ejecutoria dictada en la queja civil 139/2023, del control del colegiado, vía interconexión Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Ana Josefina Pacheco Soto564/2023
- Ana Judith Romo Velasco1456/2023
- Ana Judith Verduzco Santeliz1800/2023
- Ana Julia Contreras Villa1166/2021
- Ana Julia Contreras Villa718/2018
- Ana Karen Dávalos Romero927/2021
- Ana Karen Dávalos Romero810/2023
- Ana Karen Dávalos Romero1138/2023
- Ana Karen Dávalos Romero1238/2023
- Ana Karen Torres Carreón1199/2022
- Ana Karen Torres Carreón351/2022
- Ana Laura Aguilar Leyva535/2019