Ana del Carmen Camberos Morales
Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/11/2021
Partes del expediente
- Ana del Carmen Camberos Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del proveído dictado en once de octubre de dos mil veintiuno (en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto). En tal virtud, tomando en consideración de que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En términos del artículo décimo octavo, fracción b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo décimo octavo, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en dos de marzo de dos mil veintiuno, se aperturó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional, en resolución de nueve de marzo del año en curso, se concedió la suspensión definitiva, y en determinaciones de veintiséis de agosto, veintinueve de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se negó la suspensión definitiva; el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo fracción II, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables, sin que hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que el veintiuno de abril del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa. Al no estar conforme con la sentencia dictada en el presente asunto, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turnó correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, quien mediante testimonio dictado en el amparo en revisión civil 103/2021, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Ana del Carmen Camberos Morales, contra los actos puntualizados en el considerando segundo de la sentencia recurrida, que reclamó del Juez y Actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en los términos delo expuesto en el sexto punto considerativo de esta ejecutoria. TERCERO. El presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad, en términos de lo establecido en el último punto considerativo de esta ejecutoria." Motivo por el cual, en auto de diez de septiembre del año en curso, se solicitó a las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, el cumplimiento a la ejecutoria dictada por el referido tribunal revisor, a fin de que realizaran lo siguiente: "[.] el Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, deje insubsistente el auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, por el cual ordenó llamar a juicio a la demandada a través de edictos y todo lo actuado con posterioridad en el juicio 1444/2018, y hasta su procedimiento desde esa actuación, para conducirlo hasta su conclusión conforme a las leyes que lo rigen. [.] Protección constitucional que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, virtud a que tales actos no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del emplazamiento reclamado; ello, conforme a la jurisprudencia 1325, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 1003207. [.]." Posteriormente, en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se tuvo al Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, informando que mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1444/2018, determinó -en lo que aquí interesa-, lo siguiente: "[.] En razón de lo anterior, se procede a dar cumplimiento a la ejecutoria, por lo se deja sin efecto legal alguno el auto de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, el cual ordenó llamar a juicio a la parte demandada por medio de edictos, así como todo lo actuado en el presente juicio a partir de dicha actuación. En consecuencia, se deja sin efecto la sentencia definitiva dictada en autos en fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, así como lo actuado dentro de la etapa de ejecución forzada de la sentencia. [.]" Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, quedó demostrado con las constancias respectivas que la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, dio cumplimiento al fallo protector, toda vez que acreditó que en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1444/2018 de su índice i) dejó sin efecto el auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se ordenó llamar a juicio a la parte demandada por medio de edictos, ii) así como todo lo actuado en dicho asunto a partir de dicha actuación (dejando sin efecto la sentencia definitiva dictada en autos el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, así como lo actuado dentro de la etapa de ejecución forzosa de la sentencia). Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. Con lo anterior, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido que de no hacer manifestación alguna se proveerá respecto al cumplimiento del presente fallo protector. Notifíquese personalmente a las partes y córrase traslado con el oficio de cuenta.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión civil 103/2021, en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Ana del Carmen Camberos Morales, contra los actos puntualizados en el considerando segundo de la sentencia recurrida, que reclamó del Juez y Actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en los términos de lo expuesto en el sexto punto considerativo de esta ejecutoria. TERCERO. El presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad, en términos de lo establecido en el último punto considerativo de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las copias certificadas con que se formó, ya que son susceptibles de destrucción. Ahora, en la determinación tomada por la superioridad en la que procedió a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto siguiente: "[.] el Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, deje insubsistente el auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, por el cual ordenó llamar a juicio a la demandada a través de edictos y todo lo actuado con posterioridad en el juicio 1444/2018, y hasta su procedimiento desde esa actuación, para conducirlo hasta su conclusión conforme a las leyes que lo rigen. [.] Protección constitucional que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, virtud a que tales actos no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del emplazamiento reclamado; ello, conforme a la jurisprudencia 1328, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 1003207. [.]." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo. Debiendo remitir las constancias en copia certificada con las que así lo acrediten. Se apercibe a dichas autoridades que de no hacerlo así y sin causa justificada que lo acrediten, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables requeridas que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Notifíquese personalmente.
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