Ana Isabel Espejo Toledo

Expediente 307/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Ana Isabel Espejo Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos originales exhibidos por la quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado; apercibida que de no hacerlo, correrá la misma suerte que este expediente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vistas las piezas devueltas por el Servicio Postal Mexicano de Correos, con sede en Córdoba, Veracruz, por los motivos expuestos en las cubiertas, que contienen los oficios 17289/2020 (al que se adjuntaron los diversos 9808/2020 y 10269/2020) y 18053/2020, de veintitrés y treinta de septiembre de dos mil veinte, dirigidos al Secretario de Salud, por sí, y en representación del Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México; únicamente agréguense para que obren como corresponda, toda vez que el diecinueve de octubre de dos mil veinte se tuvo por rendidos sus informes justificados y el veintisiete de noviembre siguiente se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Cúmplase.

  3. Principal

    .Córdoba, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción. en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De tales preceptos, interpretados contrario sensu, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis. De conformidad con el criterio anterior, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Es pertinente señalar que en la contradicción de tesis. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad. en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo, y no a uno en materia administrativa. Para arribar a dicha conclusión, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País señaló que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus. como es evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del virus, derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. La ejecutoria en cita dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente. En el caso, la quejosa. reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz, lo siguiente. El Decreto emitido por el Presidente de la República el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus. con motivo de su aplicación, consistente en la orden para que se presente a trabajar en el área implementada para el tratamiento de pacientes con. en lugar de la diversa a la que se encuentra adscrita. en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz. La omisión de proporcionarle el equipo médico de seguridad sanitaria para la atención de pacientes con. Sustenta su pretensión sobre la base de que es médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz, adscrita a la Unidad de Medicina Familiar de dicho Instituto. En ese entendido, si los actos reclamados derivan de la relación laboral que la parte quejosa tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien, en su calidad de patrón, pretende que se presente a trabajar en el área implementada para el tratamiento de pacientes portadores del virus. y es quien debe proporcionar el equipo médico de seguridad sanitaria para la atención de estos; entonces, la controversia tiene una naturaleza laboral, dado que se trata de garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Luego, al ser la relación entre la inconforme y el Instituto Mexicano del Seguro Social. de naturaleza laboral, por tanto, los actos que deriven de esa relación no son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo, sino en jurisdicción ordinaria. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Cabe destacar que el si bien el precepto 5. fracción. último párrafo, de la Ley de la Materia, establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria, cuya funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, en el caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social. al instruir a la impetrante trabajar en el área para la atención de determinados pacientes y no otorgarle el equipo médico de seguridad sanitaria para prevenir riesgos de contagio viral; no crea, modifica o extingue la situación jurídica de ésta en forma unilateral y obligatoria, sino que actúa como consecuencia de la relación laboral existente entre éstos. En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo. todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado consistente en el Decreto emitido por el Presidente de la República el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus. pues al resultar improcedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, también lo es respecto de la disposición normativa aplicada, dado que éstos no pueden desvincularse. En consecuencia, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración, esto es, las diez horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Subdirector de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación de las autoridades responsables, 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y 2. Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación de este proveído, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su informe, y delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica para tal efecto; en el entendido de que las notificaciones correspondientes se realizarán mediante oficio que al efecto se libre, en el domicilio proporcionado, como lo establece el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. En relación con su solicitud de que se le practiquen las notificaciones mediante oficio, ante la imposibilidad que manifiesta de seguir el juicio en línea, deberá estar a lo acordado en el párrafo que antecede, en el que se proveyó lo conducente. Respecto de que se suspenda el trámite del presente asunto y se aplique lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dada la imposibilidad que tiene para seguir el juicio en línea; no se acuerda de conformidad, debido a que dicho Acuerdo ya no se encuentra vigente, pues a partir del tres de agosto de dos mil veinte entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, que en sus artículos 2 y 20, se ordena el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, así como la reactivación del trámite de los asuntos; y si bien, en el numeral 19 de este ordenamiento legal, se prevé la posibilidad de regresar al esquema implementado en el Acuerdo General 13/2020, en caso de que la contingencia se agrave, la única facultada para determinarlo es la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, quien hasta el momento no ha informado algún comunicado en ese sentido, en lo que respecta a este órgano de control constitucional.

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