Ana Bertha Nolasco Hernández

Expediente 54/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
54/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Ana Bertha Nolasco Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados.????? Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados.???????? Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente.

  3. Principal

    NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE QUEJOSA. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 54/2020, promovido por . por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz y otras autoridades, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 5, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, ., por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz. 2. Departamento Jurídico del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz. 3. Director de Protección Civil del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: "[.] La "INVITACIÓN" que más bien es una orden emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz; a través del Responsable del Departamento Jurídico y del Director de Protección Civil de dicho ayuntamiento para "desocupar el espacio que ocupa con su estanquillo y/o puesto" la suscrita "otorgándome" un término de diez días naturales para ello, misma orden que es ilegal y trasgrede mis derechos humanos elementales al carecer de fundamentación motivación y no haber sido emitida por autoridad competente." SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 38, 107, 118 y 124 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que los actos reclamados de ser ciertos tendrán ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que consisten en: - El oficio o acuerdo de notificación de quince de enero de dos mil veinte, signado por el Jefe del Jurídico y Director de Protección Civil, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, donde hacen la invitación a la quejosa . para desocupar el estanquillo o puesto ubicado en ese municipio, en donde se le otorga un plazo de diez días naturales para retirarlo, y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, pues aceptaron la omisión del oficio de invitación para retirar el estanquillo o puesto del municipio, además, dicha existencia se corrobora con el oficio o acuerdo de notificación de quince de enero de dos mil veinte, signado por el Jefe del Jurídico y Director de Protección Civil, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, del que se advierte que se hizo la invitación a la quejosa, . para desocupar el estanquillo o puesto ubicado en ese municipio, en donde se le otorga un plazo de diez días naturales para retirar, desocupar su puesto o estanquillo. Dicha constancia tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las invoquen o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia infundada. Por otra parte, las autoridades responsables, en su informe justificado, formularon argumentos tendentes a evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 de la Ley de Amparo, porque consideran que la orden de invitación para retirar el puesto o estanquillo se hizo de manera legal, con el fin de evitar un accidente pues pretenden realizar obras al tanque de agua que está en ese lugar. Argumento que resulta ineficaz, pues sus manifestaciones, vinculadas con que el acto reclamado es constitucional, porque se debe dar mantenimiento u obra a un tanque de agua que está en el perímetro del estanquillo o puesto, constituyen precisamente la materia de análisis de este juicio. De ahí que si se hace valer una causal que involucra el estudio de fondo del asunto la misma debe desestimarse. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Causal de improcedencia fundada. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, del propio ordenamiento legal, los cuales disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. En el caso, la quejosa manifestó contar con interés jurídico, al precisar en su demanda que durante más de catorce años cuenta con un estanquillo o puesto de comercio, ubicado en el municipio de Atoyac, Veracruz, que tradicionalmente ha estado a cargo de su mantenimiento, orden, limpieza y que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, le dio la autorización de establecer su negocio y que el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, le otorga agua potable y limpia pública; por lo que es pertinente precisar los elementos constitutivos de dicho interés, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXX/2013, visible en la página 1854, del Libro XXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil trece, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora bien, de la demanda de amparo se observa que la quejosa reclama el derecho a realizar sus labores de comerciante en el estanquillo o puesto de comida, dentro del municipio de Atoyac, Veracruz, el cual señala tiene su origen en el permiso u autorización del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana; por tanto, para acreditar su interés jurídico debió demostrar que efectivamente cuenta con dicho permiso o autorización para laborar en ese lugar público. Sin embargo, ofreció las siguientes pruebas: 1. El oficio de quince de enero de dos mil veinte, signado por el Jefe del Jurídico y Director de Protección Civil, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, donde hacen la invitación a la quejosa, . para desocupar el estanquillo o puesto ubicado en ese municipio, en donde se le otorga un plazo de diez días naturales para retirarlo. 2. Recibo 41305 de pago de limpia pública, expedido por el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 3. Recibo 39872 de pago de limpia pública, expedido por el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 4. Recibo 16377 del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, por concepto de puestos fijos y semi-fijos. 5. Recibo 1843 del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, por la cantidad de tres pesos. 6. Recibos de pago de servicio de agua semanal del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, a nombre de . 7. Recibos de cuotas de recuperación número 5495968 del Servicio de Salud de Veracruz a nombre de . 8. Tres secuencias fotográficas. En relación con los recibos de limpia pública, de puestos fijos y semi-fijos, servicio de agua y cuotas de recuperación del servicio de salud, tiene valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, resultan ineficaces para acreditar . que la impetrante cuenta con derecho para realizar la actividad que lleva a cabo a un costado del tanque de agua en el Municipio de Atoyac, Veracruz, pues sólo demuestran que la quejosa realizó los pagos que ahí se precisan. En cuanto a las tres impresiones fotográficas con las que pretende acreditar la existencia de su derecho vulnerado por las autoridades, también carecen de eficacia demostrativa, al no estar certificado el día y hora en que se reprodujeron o a qué lugar corresponde, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca como apoyo la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 284, Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FOTOGRAFÍAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo." En relación con el oficio de quince de enero de dos mil veinte, signado por el Jefe del Jurídico y Director de Protección Civil, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, donde hacen la invitación a la quejosa, ., para desocupar el estanquillo o puesto ubicado en ese municipio, en donde se le otorga un plazo de diez días naturales para retirarlo; dicho oficio no acredita la existencia de un permiso u autorización, sino sólo la existencia del acto reclamado. Por tanto, aun cuando la quejosa manifiesta que tiene más de catorce años en posesión de un estanquillo en la vía pública y que cuenta con permiso de un sindicato, y que cumple con los requisitos de pagar, el agua, limpia pública y condiciones de sanidad; lo cierto es que no acreditó la existencia de permiso o autorización alguno que le hubiere sido otorgado para llevar a cabo la actividad que comercial que realiza en el estanquillo cuya desocupación temporal se le solicitó, por lo que no demostró su interés jurídico. Al respecto, se invoca como apoyo, por similitud jurídica, la tesis XIII.1o.37 A del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 978, que dice: "COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA. PARA QUE QUIEN LO EJERCE ACREDITE EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE EXHIBIR LA LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACIÓN EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL RESPECTIVO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD LOCAL APLICABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Aun cuando el comercio en la vía pública se encuentra permitido, sin embargo, para que pueda desarrollarse en el marco de la ley, el interesado, previamente a desempeñar esa actividad, de acuerdo con el artículo 48, fracción XVII, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, debe tener la autorización del Cabildo Municipal y ajustarse a las normas sanitarias estatales, para que una vez satisfechos estos dos requisitos, pueda obtener el permiso correspondiente por parte del presidente municipal respectivo, a quien compete la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para dicho funcionamiento. Por tanto, para que quien ejerce dicha actividad demuestre interés jurídico en el juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, no basta con afirmar que como expendedor de productos en los mercados que se establecen en la vía pública o tianguista, se han cubierto los impuestos municipales por concepto de pago de piso, pues lo único que justifica legalmente esa actividad y, por tanto, dicho interés jurídico, es la exhibición de la licencia, permiso o autorización municipal, expedido previo cumplimiento de las exigencias requeridas por la normatividad local aplicable." En esas condiciones, las pruebas reseñadas, aun valoradas en su conjunto, son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la quejosa, esto es, que sea titular de un permiso o autorización expedido por el citado Ayuntamiento para realizar la actividad de comercio en el estanquillo que se ubica a lado del tanque de agua en el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz; lo que resulta un presupuesto necesario para proceder a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado que dice vulnera su derecho a vender en la vía pública. Por tanto, aun cuando manifieste que detenta el estanquillo por más de catorce años, y que paga los servicios de agua, limpia y servicio de salud públicos; ello resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico en este juicio de amparo, pues no basta su simple aseveración, ya que el interés jurídico debe probarse y no simplemente manifestarse o deducirse; máxime si en el procedimiento la quejosa tuvo oportunidad de demostrar la existencia de ese derecho, lo que no ocurrió. Cobra aplicación la tesis de la Sala Auxiliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Volumen 64, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERES JURIDICO EN AMPARO. DEBE PROBARSE. NO SE DEMUESTRA CON LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO. La simple aseveración que el quejoso haga en su demanda de amparo de que es el propietario del predio que causa el tributo que reclama de inconstitucional, no debe considerarse suficiente para acreditar su interés jurídico, ya que éste debe probarse y no simplemente deducirse; máxime cuando en el procedimiento de amparo se da al quejoso oportunidad para recabar y exhibir la prueba documental ofrecida por él mismo al respecto y no lo hace." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Dado el sustento del fallo en torno al acto reclamado, no es jurídicamente posible emprender el análisis de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de la autoridad responsable, por estar vinculadas con el fondo del asunto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por . contra los actos reclamado de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto, de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo...

  4. Principal

    Notificación Personal a las partes.

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