Ana Karen García Reyes
Expediente 259/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Karen García Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de julio de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 64), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, **********, para el efecto que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz: ". 1. Deje insubsistente el acto reclamado y acorde con los lineamientos de esta resolución; 2. Emita una nueva en la que, para resolver la reclamación, atendiendo al contenido de esta ejecutoria, omita tomar en cuenta el tema de que la actora no demostró ser concubina desde la fecha en que propone vivió en concubinato con el deudor, ya que dicho argumento versa sobre tópicos de procedencia de la medida solicitada, cuestiones que deberán ser motivo de análisis al resolver el fondo en el juicio de origen; 3. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente sobre la proporcionalidad de la pensión provisional fijada, esto es, analice las pruebas existentes en autos para poder establecer el estado de necesidad de la acreedora y a las posibilidades reales del deudor, con base en lo cual, con libertad de criterio, deberá resolver la cuestión planteada en reclamación." De lo que se infiere que la autoridad responsable, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: - Dejar insubsistente la resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 942/2018, de su índice. - Emitir una nueva en la que omita tomar en cuenta el tema de que la ahora actora no demostró ser concubina desde la fecha en que propone vivió en concubinato con el ahora tercero interesado, por versar dicho argumento sobre tópicos de procedencia de la medida solicitada. - Con plenitud de jurisdicción dictar una nueva en la que resolviera lo conducente sobre la proporcionalidad de la pensión provisional fijada, esto es: Analizar las pruebas existentes en autos para poder establecer el estado de necesidad de la acreedora y las posibilidades reales del deudor; y con libertad de criterio resolver la cuestión planteada en reclamación. Por auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 69 y 70), se declaró que la sentencia dictada en autos causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, la autoridad responsable remitió las constancias con las que consideró acataba dicho cumplimiento (fojas 76 a 85), por lo que por auto de veintiocho de junio del presente año, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 86). Documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintiocho de junio de este año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz, se advierte que: 1. En resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dejó sin efectos la diversa de siete de marzo del año en curso (acto reclamado), y 2. Emitió una nueva, en la que: a) Omitió tomar en consideración si Ana Karen García Reyes, aquí quejosa, demostró ser concubina desde la fecha que propuso vivió en concubinato con el deudor alimentario, y b) Analizó las pruebas existentes en autos y, con plenitud de jurisdicción declaró improcedente la reclamación al considerar, entre otras cuestiones que, la circunstancia de que la quejosa sea o no concubina será analizada al dictar sentencia definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste, una vez transcurridos cinco años, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses, es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se desprende que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz, remitió copias certificadas del juicio ordinario civil **********, con el que se formó un tomo de prueba, y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, once de julio de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 64), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, **********, para el efecto que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz: ". 1. Deje insubsistente el acto reclamado y acorde con los lineamientos de esta resolución; 2. Emita una nueva en la que, para resolver la reclamación, atendiendo al contenido de esta ejecutoria, omita tomar en cuenta el tema de que la actora no demostró ser concubina desde la fecha en que propone vivió en concubinato con el deudor, ya que dicho argumento versa sobre tópicos de procedencia de la medida solicitada, cuestiones que deberán ser motivo de análisis al resolver el fondo en el juicio de origen; 3. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente sobre la proporcionalidad de la pensión provisional fijada, esto es, analice las pruebas existentes en autos para poder establecer el estado de necesidad de la acreedora y a las posibilidades reales del deudor, con base en lo cual, con libertad de criterio, deberá resolver la cuestión planteada en reclamación." De lo que se infiere que la autoridad responsable, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: - Dejar insubsistente la resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 942/2018, de su índice. - Emitir una nueva en la que omita tomar en cuenta el tema de que la ahora actora no demostró ser concubina desde la fecha en que propone vivió en concubinato con el ahora tercero interesado, por versar dicho argumento sobre tópicos de procedencia de la medida solicitada. - Con plenitud de jurisdicción dictar una nueva en la que resolviera lo conducente sobre la proporcionalidad de la pensión provisional fijada, esto es: Analizar las pruebas existentes en autos para poder establecer el estado de necesidad de la acreedora y las posibilidades reales del deudor; y con libertad de criterio resolver la cuestión planteada en reclamación. Por auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 69 y 70), se declaró que la sentencia dictada en autos causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, la autoridad responsable remitió las constancias con las que consideró acataba dicho cumplimiento (fojas 76 a 85), por lo que por auto de veintiocho de junio del presente año, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 86). Documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintiocho de junio de este año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz, se advierte que: 1. En resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dejó sin efectos la diversa de siete de marzo del año en curso (acto reclamado), y 2. Emitió una nueva, en la que: a) Omitió tomar en consideración si Ana Karen García Reyes, aquí quejosa, demostró ser concubina desde la fecha que propuso vivió en concubinato con el deudor alimentario, y b) Analizó las pruebas existentes en autos y, con plenitud de jurisdicción declaró improcedente la reclamación al considerar, entre otras cuestiones que, la circunstancia de que la quejosa sea o no concubina será analizada al dictar sentencia definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste, una vez transcurridos cinco años, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses, es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se desprende que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz, remitió copias certificadas del juicio ordinario civil **********, con el que se formó un tomo de prueba, y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen.
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, once de julio de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 64), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, **********, para el efecto que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz: ". 1. Deje insubsistente el acto reclamado y acorde con los lineamientos de esta resolución; 2. Emita una nueva en la que, para resolver la reclamación, atendiendo al contenido de esta ejecutoria, omita tomar en cuenta el tema de que la actora no demostró ser concubina desde la fecha en que propone vivió en concubinato con el deudor, ya que dicho argumento versa sobre tópicos de procedencia de la medida solicitada, cuestiones que deberán ser motivo de análisis al resolver el fondo en el juicio de origen; 3. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente sobre la proporcionalidad de la pensión provisional fijada, esto es, analice las pruebas existentes en autos para poder establecer el estado de necesidad de la acreedora y a las posibilidades reales del deudor, con base en lo cual, con libertad de criterio, deberá resolver la cuestión planteada en reclamación." De lo que se infiere que la autoridad responsable, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: - Dejar insubsistente la resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 942/2018, de su índice. - Emitir una nueva en la que omita tomar en cuenta el tema de que la ahora actora no demostró ser concubina desde la fecha en que propone vivió en concubinato con el ahora tercero interesado, por versar dicho argumento sobre tópicos de procedencia de la medida solicitada. - Con plenitud de jurisdicción dictar una nueva en la que resolviera lo conducente sobre la proporcionalidad de la pensión provisional fijada, esto es: Analizar las pruebas existentes en autos para poder establecer el estado de necesidad de la acreedora y las posibilidades reales del deudor; y con libertad de criterio resolver la cuestión planteada en reclamación. Por auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 69 y 70), se declaró que la sentencia dictada en autos causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, la autoridad responsable remitió las constancias con las que consideró acataba dicho cumplimiento (fojas 76 a 85), por lo que por auto de veintiocho de junio del presente año, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 86). Documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintiocho de junio de este año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz, se advierte que: 1. En resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dejó sin efectos la diversa de siete de marzo del año en curso (acto reclamado), y 2. Emitió una nueva, en la que: a) Omitió tomar en consideración si Ana Karen García Reyes, aquí quejosa, demostró ser concubina desde la fecha que propuso vivió en concubinato con el deudor alimentario, y b) Analizó las pruebas existentes en autos y, con plenitud de jurisdicción declaró improcedente la reclamación al considerar, entre otras cuestiones que, la circunstancia de que la quejosa sea o no concubina será analizada al dictar sentencia definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste, una vez transcurridos cinco años, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses, es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se desprende que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz, remitió copias certificadas del juicio ordinario civil **********, con el que se formó un tomo de prueba, y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, once de julio de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 64), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, **********, para el efecto que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz: ". 1. Deje insubsistente el acto reclamado y acorde con los lineamientos de esta resolución; 2. Emita una nueva en la que, para resolver la reclamación, atendiendo al contenido de esta ejecutoria, omita tomar en cuenta el tema de que la actora no demostró ser concubina desde la fecha en que propone vivió en concubinato con el deudor, ya que dicho argumento versa sobre tópicos de procedencia de la medida solicitada, cuestiones que deberán ser motivo de análisis al resolver el fondo en el juicio de origen; 3. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente sobre la proporcionalidad de la pensión provisional fijada, esto es, analice las pruebas existentes en autos para poder establecer el estado de necesidad de la acreedora y a las posibilidades reales del deudor, con base en lo cual, con libertad de criterio, deberá resolver la cuestión planteada en reclamación." De lo que se infiere que la autoridad responsable, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: - Dejar insubsistente la resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 942/2018, de su índice. - Emitir una nueva en la que omita tomar en cuenta el tema de que la ahora actora no demostró ser concubina desde la fecha en que propone vivió en concubinato con el ahora tercero interesado, por versar dicho argumento sobre tópicos de procedencia de la medida solicitada. - Con plenitud de jurisdicción dictar una nueva en la que resolviera lo conducente sobre la proporcionalidad de la pensión provisional fijada, esto es: Analizar las pruebas existentes en autos para poder establecer el estado de necesidad de la acreedora y las posibilidades reales del deudor; y con libertad de criterio resolver la cuestión planteada en reclamación. Por auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 69 y 70), se declaró que la sentencia dictada en autos causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, la autoridad responsable remitió las constancias con las que consideró acataba dicho cumplimiento (fojas 76 a 85), por lo que por auto de veintiocho de junio del presente año, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 86). Documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintiocho de junio de este año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz, se advierte que: 1. En resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dejó sin efectos la diversa de siete de marzo del año en curso (acto reclamado), y 2. Emitió una nueva, en la que: a) Omitió tomar en consideración si Ana Karen García Reyes, aquí quejosa, demostró ser concubina desde la fecha que propuso vivió en concubinato con el deudor alimentario, y b) Analizó las pruebas existentes en autos y, con plenitud de jurisdicción declaró improcedente la reclamación al considerar, entre otras cuestiones que, la circunstancia de que la quejosa sea o no concubina será analizada al dictar sentencia definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste, una vez transcurridos cinco años, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses, es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se desprende que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Orizaba, Veracruz, remitió copias certificadas del juicio ordinario civil **********, con el que se formó un tomo de prueba, y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Ana Cecilia Camacho Vargas819/2022
- Ana Cristina Chávez Campos335/2023
- Ana del Carmen Estudillo José114/2020
- Ana Elizabeth Preciado Rodríguez930/2022
- Ana Imelda Reyes Onofre691/2019
- Ana Isabel Espejo Toledo307/2020
- Ana Karen Peña Bautista672/2021
- Ana Karen Peña Bautista701/2019
- Ana Karen Rosales Ceron641/2019
- Ana Laura Velazco Vera930/2021
- Ana Laura Villa Villanueva645/2019
- Ana Leticia Salmerón Nieves987/2022