Ana Daniela Rubio Suárez y Otros.

Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
72/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Ana Daniela Rubio Suárez y Otros.
  • Ana Daniela Rubio Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de seis de julio de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por *******************, en representación de su hijo de iniciales*******************no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de los acuses de notificación a las autoridades responsables, del auto de sobreseimiento decretado en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de dicha determinación. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Atendiendo al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el legajo de copias certificadas formado con motivo del recurso de queja interpuesto, deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud, de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso, *************, en representación de su hijo de iniciales D.E.G.R. reclamó en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños menores de once años de edad en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 al quejoso en cita, quien cuenta con once años de edad. Sin embargo, resulta un hecho notorio para el suscrito que al día de hoy ya está contemplado el registro para el quejoso de iniciales D.E.G.R., (quien cuenta con la edad de once años), debiéndose ajustar a los programas, fechas y condiciones que determinen las autoridades responsables competentes, lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de cinco años o más se encuentra habilitado, como se verá a continuación. Asimismo, de la página de internet https://coronavirus.guanajuato.gob.mx se advierte que a la fecha el grupo etario de cinco a once años (al que pertenece el quejoso por contar actualmente con la edad de once años de edad), abrió su jornada de vacunación en su primera dosis. Datos que representan un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Además de haber sido publicitados por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población en general. Es por ello, que se afirma que actualmente el quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. En relatadas condiciones, ha quedado demostrado que el acto omisivo aquí reclamado cesó a través de una conducta positiva, consistente en que el mencionado Plan Nacional de Vacunación sí contempla ya al grupo etario al que pertenece el quejoso y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sean inoculados. Máxime que, como se desprende del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, el infante quejoso fue citado por la autoridad sanitaria a efecto de que acudiera el treinta de junio de dos mil veintidós a las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, a recibir la aplicación del biológico en su primera dosis. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Consejo de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que vía electrónica remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; atento a su contenido, téngasele informando que ya se cuenta con el biológico adecuado para vacunar a los niños de 5 a 11 años, y que será aplicado en primer término a los que presentaron juicio de amparo, por lo que al niño de iniciales D.E.G.R.: Se le generó una cita a las TRECE HORAS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato; para la aplicación del biológico en su primera dosis. Dicho infante deberá acudir con los siguientes documentos: i Auto donde se concede la suspensión de plano, provisional o el que acredite la presentación de la demanda de amparo o en su defecto la sentencia; ii Clave Única de Registro de Población (CURP); iii Identificación Oficial vigente del padre, tutor o representante legal del niño o niña. En ese sentido, con fundamento en el numeral 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, así como en el precepto 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que notifiquen telefónicamente a la parte quejosa la cita programada.

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