Ana Josefina García Fonseca y Otros.

Expediente 164/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
164/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Ana Josefina García Fonseca y Otros.
  • Ruth Abigail Salas García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 12/2021, suscitado entre el suscrito y la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, Guanajuato, en relación a la demanda de amparo promovida por ************, estos seis últimos de apellidos *************, que en sus puntos resolutivos determinó: PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. La juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese recibo a la superioridad. Por lo anterior, se ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto concluido, el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso j) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó la incompetencia para conocer del presente asunto. Por otra parte, remítanse a la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, Guanajuato, los billetes de depósitos N 900956 y N 903961, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, respectivamente, valiosos por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibidos para garantizar la suspensión provisional y definitiva. Solicitando el acuse de recibo de estilo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para conocer del juicio de amparo promovido por *************, el cual se registró con el número 12/2021.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 164/2021-IV del índice de este órgano jurisdiccional, los cuadernos incidentales y doce tomos de prueba, en virtud de no haber aceptado la competencia planteada por este Tribunal, con base en las consideraciones siguientes: - Que los actos reclamados, que indica son la sentencia de segunda instancia que confirmó la adjudicación directa y las consecuencias que esta conlleva, sí tienen ejecución material. Y dicha ejecución consiste en poner en posesión material y jurídica de los bienes adjudicados y dictar las ordenes necesarias como es la desocupación del bien ubicado en ********************. - Que el fallo de alzada y los de primera instancia, por sí constituyen actos ejecutivos, ya que en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte dictado en el juicio de origen se indicó que: Una vez que quede firme la presente determinación, deberá requerirse, en forma personal, al demandado ***************), y a sus causahabientes" Es decir, en dicho auto no solo se declaró que procede la adjudicación directa, sino que también se emitió un mandato de ejecución material sobre el inmueble adjudicado, el cual, se encuentra subordinado a su firmeza, sin embargo, arguye dicha situación también es parte de los actos que se reclaman, pues es precisamente la resolución de segunda instancia que le otorga esa firmeza, al haber sido confirmado. - Que como se advierte del arábigo 2,323 del Código Civil Federal de aplicación supletoria al Código de Comercio, que a la letra dice: Artículo 2,323 - Las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate públicos, se regirán por las disposiciones de este Título, en cuanto a la substancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las modificaciones que se expresan en este Capítulo. En cuanto a los términos y condiciones en que hayan de verificarse, se regirán por lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles." Indica que la adjudicación suma, de manera inmediata, a la esfera jurídica del adquiriente, el derecho real de propiedad por lo que las consecuencias como el otorgamiento de escritura o poner en posesión del comprador el inmueble, derivan de la venta judicial y es precisamente esos efectos, los que se materializan sobre el inmueble ubicado en *****************, es decir fuera de la circunscripción del juzgado de su adscripción. Que dicho criterio fue sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación al resolver la Contradicción de Tesis 420/2018. - Que dichos razonamientos son parte de la "ratio decidendi" pues justamente la Sala resolvió si era necesario o no agotar alguna formalidad con posterioridad a la adjudicación o remate para poner en posesión al comprador judicial, y concluyó que no lo era; situación que, refiere, sirve para considerar que dicho juzgado no es competente para conocer de la demanda de amparo, puesto que la adjudicación reclamada y sus consecuencias tiene ejecución sobre el bien embargado. - Que no comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil de este circuito judicial, que adoptó en el conflicto competencial 4/2021 de su índice, puesto que la adjudicación directa, si bien es un acto que en parte es declarativo, también tiene consecuencias sustantivas inmediatas y ejecutables, las cuales también son señaladas como actos reclamados; además que señala que la situación de hecho que se sometió a consideración en ese conflicto competencial es diversa, ya que en aquél asunto el acto reclamado era, entre otros, la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca 427/2020, que confirma el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 100/2018, en el cual el juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato, determinó la procedencia de la adjudicación directa en favor del actor, del cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad del inmueble en cuestión; mientras que en el presente asunto se reclama esa determinación más sus consecuencias, que se traducen en actos de ejecución en la esfera jurídica de las partes del juicio de origen y materiales en el inmueble aludido. Pues bien, el suscrito con todo respeto no comparte la opinión de la Juez oficiante, e insiste en declinar la competencia al Juzgado Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato. Lo anterior es así, en virtud de que en la resolución reclamada de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca 427/2020 que confirmó el auto de veinticuatro de septiembre del mismo año, emitido en el expediente 100/2018, en el cual el Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato, determinó la procedencia de la adjudicación directa en favor del actor, del cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad del inmueble ubicado en avenida Campestre número 101, condominio horizontal denominado Arboledas del Campestre, lote 21, manzana 3, en Celaya, Guanajuato, en sí mismo no conlleva de ejecución material, contrario a lo que plantea la homologa oficiante. Se considera así, en virtud de que la resolución donde se confirma el auto que declaró procedente la adjudicación directa en favor del ejecutante, si bien está inmerso en una serie de actuaciones previas tendentes a la preparación de esa resolución, en la medida que para ello es necesario que el bien embargado sea objeto de un avalúo en los términos previstos por el artículo 1410 del Código de Comercio; también es cierto que el artículo 1412 bis de la legislación citada, dispone que cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados, previamente valuados en términos del artículo 1410, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes en el valor fijado en el avalúo. Lo cual implica que al declarar procedente la adjudicación directa, el juez debe examinar si se satisfacen los requisitos para que opere ese procedimiento alterno a la figura del remate, y si es así declarará la adjudicación directa de los bienes en favor del ejecutante; en ese sentido, hasta esa fase del procedimiento, ese tipo de resolución es, por una parte, declarativa en cuanto a la satisfacción de los requisitos exigidos por la ley y, por otra, constitutiva del derecho de propiedad o adjudicación del ejecutante; pero en si misma considerada como tal no precisa de mayor ejecución. Es cierto que una vez que esa resolución cause estado, en términos del artículo 1412 bis-2 del Código de Comercio, "se dictarán las medidas necesarias a petición de parte interesada para poner en posesión material y jurídica de dichos bienes al adjudicatario", "dándose para ello las órdenes necesarias, aun las de desocupación de fincas habitadas por el demandado o terceros que no tuvieren contratos para acreditar el uso, en los términos que fija la legislación civil aplicable"; resolución que, evidentemente por su propia naturaleza, sí requiere de una ejecución material, pero se trata de una actuación posterior al auto que aprueba la adjudicación. Por ello, se itera que el suscrito no coincide con las razones vertidas por la Juez oficiante para considerar que el acto que se reclama sí tiene ejecución material. Máxime que las consideraciones vertidas con antelación, fueron sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, al resolver el conflicto competencial 4/2021 suscitado entre el suscrito y la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato, derivado de la demanda de amparo promovida por *************, en donde se reclamó entre otros, el mismo acto que en esta instancia se tacha de inconstitucional, el cual, cabe señalar, a juicio del suscrito es esencialmente el mismo; conflicto en el que se declaró competente para conocer del asunto a la oficiante. Resulta importante destacar que la demanda de amparo de que se trata, fue presentada de manera primigenia ante la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, la que en auto de trece de enero de dos mil veintiuno se registró con el número 6/2021-VI de la estadística del juzgado a su cargo, no obstante que, como se advierte del proveído que se trascribe en el oficio de cuenta, se le asignó un número de demanda distinto. De ahí que, como se dijo en auto de veintiuno de junio pasado, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que el acto reclamado no tiene ejecución material, por lo cual es competente para competente para conocer el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, por ser ante quien se presentó la demanda; por lo que se insiste en declinar la competencia. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y 37 -fracción VI- de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos, los cuadernos incidentales y doce tomos de prueba al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto de competencia que por territorio se presenta entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. Se ordena comunicar lo anterior a la homologa mencionada. Finalmente, únicamente agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual, en atención al auto de diecinueve de los actuales, informa que el uno de julio de la presente anualidad la titular de ese órgano jurisdiccional rechazó la competencia planteada y ordeno devolver los autos del juicio de amparo 164/2021 a este tribunal; toda vez que en esta data se tuvo por recibido el auto de referencia y se acordó lo conducente.

  4. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que el veintiuno de junio de la anualidad que transcurre, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto por razón de territorio, por lo cual se ordenó remitir el presente juicio de amparo, los cuadernos relativos al incidente de suspensión así como los tomos de prueba a la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato, Guanajuato, sin que a la fecha haya informado sí aceptó la competencia declinada; en ese sentido, con todo comedimiento solicítese a la homóloga federal que informe sobre la determinación tomada respecto de la incompetencia legal planteada a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda.

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